
8 de enero, el 6 de enero brasileño
Fuente: Avispa Midia
Por Colectivo CrimethInc. / Traducción por A Planeta.
En portada: Partidarios del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltan edificios gubernamentales en Brasili.
El 8 de enero de 2023, partidarios de extrema derecha del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, aparentemente en una grotesca imitación del fiasco en el que los partidarios de Donald Trump hicieron lo mismo en Washington, DC el 6 de enero de 2021. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Brasil detallan la trayectoria que condujo a estos acontecimientos y discuten los enigmas que los opositores al fascismo enfrentan en Brasil como consecuencia.
La incursión de la extrema derecha plantea cuestiones que los anarquistas y otros antifascistas deben afrontar en todo el mundo.
¿Quién está impulsando los esfuerzos de la extrema derecha para intensificar el conflicto civil y transformar las instituciones del Estado en un campo de batalla? Mientras que muchos en los Estados Unidos han sugerido la participación de Steve Bannon, Brasil y América Latina en general tienen una larga historia de golpes de Estado dirigidos por fuerzas militares y de derecha locales y apoyados por centristas, así como por conservadores dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, el propio Bolsonaro estaba ausente de Brasil durante el asalto a los edificios, habiendo huido antes de que terminara su mandato presidencial. Probablemente sea un error reducir estos acontecimientos a las maquinaciones de unos pocos autócratas.
Quienquiera que estuviera detrás de la incursión, ¿por qué la debacle del 6 de enero de 2021 se consideró lo suficientemente exitosa como para merecer repetirse? ¿Era el objetivo de los participantes tomar el poder, ejercer presión sobre la administración entrante o provocarla para que reaccionara de forma exagerada, legitimar tácticas extralegales como un paso hacia la construcción de un movimiento fascista? ¿O no hay aquí ningún objetivo racional, sino sólo los efectos secundarios de las estrategias de campaña de los demagogos de extrema derecha, la creciente polarización de una sociedad fragmentada y la irresistible atracción de las tácticas meméticas?
¿Cómo pueden las poblaciones marginadas que son objetivo de los movimientos fascistas movilizarse para defenderse sin legitimar las mismas instituciones del Estado que tanto fascistas como centristas emplean contra ellas? ¿Cómo pueden los anarquistas y otras personas comprometidas con un cambio social profundo evitar que los “rebeldes” de extrema derecha monopolicen la forma en que el público en general ve las tácticas que nosotros también tendremos que utilizar, aunque sea en pos de la liberación?
Esperamos que la siguiente contribución ayude a nuestras y nuestros camaradas a reflexionar sobre estas cuestiones.
Las elecciones no detienen al fascismo
Desde la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luís Inácio Lula da Silva por un margen de menos del 2% en las elecciones presidenciales brasileñas del 30 de octubre de 2022, las movilizaciones de la extrema derecha han ido escalando tanto en tamaño como en violencia. Poco después del anuncio de la victoria de Lula, los manifestantes acamparon alrededor de cuarteles del ejército y bloquearon carreteras, impugnando los resultados electorales y pidiendo la intervención militar. Muchos de estos campamentos estaban equipados con baños químicos, tiendas de campaña y cocinas; estaban financiados por empresarios y políticos afines al bolsonarismo y a la extrema derecha. En noviembre, el Tribunal Superior Federal ordenó que se bloquearan las cuentas de algunos de los financiadores, firmando órdenes de registro y embargo.
Como documentamos, camioneros organizados por grupos patronales bloquearon cientos de carreteras en todo el país, beneficiándose de la indulgencia de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Cuando estos bloqueos fueron derrotados, el impulso pasó a los movimientos bolsonaristas urbanos, especialmente los campamentos frente a los cuarteles militares. Los campamentos que habían comenzado con un carácter más diverso, incluyendo ancianos y niños, se convirtieron en predominantemente masculinos, con los participantes más dispuestos a utilizar la fuerza. Los linchamientos de personas que intentaban cruzar los bloqueos, secuestros e incluso torturas de quienes discrepaban de sus tácticas o puntos de vista se convirtieron en algo habitual.

En la noche del 12 de diciembre, durante el reconocimiento formal del presidente Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin como ganadores de las elecciones, la base callejera radicalizada del bolsonarismo avanzó un paso más en un ensayo general para los acontecimientos del 8 de enero. Grupos acampados en Brasilia atacaron una comisaría y la sede de la Policía Federal. Los partidarios de Bolsonaro incendiaron cinco autobuses y tres coches en respuesta a la detención de un indígena llamado Serere Xavante, pastor evangélico y bolsonarista. Xavante fue acusado de organizarse para dar un golpe de Estado, proferir amenazas y promover atentados contra el Estado democrático de derecho; el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención.
El Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de decenas de personas implicadas en las manifestaciones pro-Bolsonaro y en la financiación de los campamentos. La izquierda continuó apostando a que la represión institucional bastaría para frenar a los bolsonaristas. Contar con leyes e instituciones que no habían hecho nada para disminuir el ímpetu de la extrema derecha dejó las calles abiertas a la organización fascista. En general, a pesar de las detenciones mencionadas, la policía y otras autoridades siguieron tratando con permisividad al movimiento bolsonarista.
La imagen de un autobús en llamas -anteriormente un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la explotación capitalista, visto en las protestas contra la subida del billete de autobús en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, y la violencia policial en la periferia urbana- se asocia ahora con el “terrorismo de derechas”. La izquierda legalista e institucional, representada por el gobierno entrante, adopta el papel de “defensora de la ley y el orden.”
Incapaz de soportar la derrota electoral, Bolsonaro dejó que sus partidarios lucharan solos por su sueño golpista. El 30 de diciembre, partió hacia Orlando, Florida, en el avión presidencial con su séquito y familiares; el dinero público lo pagó todo. Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se convirtió en presidente interino, haciendo una declaración elogiando “la alternancia de poder en una democracia”.
La extrema derecha ve ahora tanto a Bolsonaro como a Mourão como traidores. Pero sin Bolsonaro, los Bolsonaristas sólo se volvieron más enfurecidos e impredecibles.
En la Nochebuena de 2022, el conductor de un camión de combustible encontró un artefacto explosivo en el vehículo y alertó a la policía. El autor del intento de atentado, George Washington de Sousa, fue detenido y confesó que pretendía hacer estallar el vehículo cerca del aeropuerto de Brasilia antes de la investidura de Lula, con la esperanza de obligar al todavía presidente Bolsonaro a establecer el estado de sitio. Las autoridades descubrieron un considerable stock de armas en el apartamento de Washington de Sousa; él afirmó haberlas adquirido a lo largo de los años, motivado por los discursos de Bolsonaro. Esto llamó la atención de las autoridades, incluido el gobierno entrante de Lula, sobre las formas en que las ocupaciones bolsonaristas estaban reclutando y radicalizando a la extrema derecha.
El 1 de enero de 2023, Lula juró el cargo bajo fuertes medidas de seguridad. Esto le convirtió en el único presidente elegido tres veces por votación democrática en Brasil, y a Bolsonaro en el primer presidente que no logra ser reelegido, así como en el primer presidente de la era democrática que se niega a pasar la banda presidencial en una ceremonia de investidura. Las imágenes de representantes de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los negros, de los discapacitados y de los excluidos pasando la bandera a Lula circularon por todo el mundo, significando optimismo, aunque las medidas paliativas para una sociedad capitalista en evidente declive probablemente no ofrecerán mucho más que una breve mejora superficial antes del colapso.

En cualquier caso, la sensación de calma tras la “derrota del fascismo en las urnas” no duró ni una semana.
La revuelta de los escoltados por la policía
Aunque la participación disminuyó después de que Lula asumiera el poder, las protestas y acampadas de extrema derecha continuaron. En los primeros días de enero, los partidarios de Bolsonaro convocaron una manifestación para el domingo 8 de enero. Aproximadamente 4000 personas que habían estado protestando a las puertas de los cuarteles en varias ciudades de Brasil tomaron autobuses fletados hasta la capital, Brasilia, uniendo fuerzas para una manifestación masiva de repudio a la toma de posesión de Lula como presidente. La multitud incluía un gran número de funcionarios, empleados de representantes parlamentarios e incluso tenientes de alcalde de ciudades más pequeñas. Afirmaban que las elecciones estaban amañadas y que Lula era el jefe de una banda criminal que pretendía malversar el dinero de Brasil para financiar el “comunismo”.
Cuando llegaron los autobuses a la capital, los fascistas vestidos con las camisetas de la selección brasileña de fútbol marcharon a primera hora de la tarde, sin sufrir interferencias ni acoso policial en un lugar que suele estar fuertemente vigilado y ser de difícil acceso. Se acercaron a los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palácio do Planalto (el palacio presidencial). Estas son las sedes de los tres poderes federales de Brasil: legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes asaltaron los edificios, destruyeron ventanas, equipos y mobiliario y dañaron y robaron objetos históricos y obras de arte raras de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Victor Brecheret valoradas en millones de dólares. Robaron documentos y armas de la Oficina de Seguridad Institucional, situada en la planta baja del Palacio del Planalto, lo que sugiere la posibilidad de que algunos de ellos tuvieran acceso previo a información sobre la ubicación de las mismas.
Al igual que en los sucesos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes filmaron ellos mismos todo lo que hicieron, mostrando sus rostros y publicando las imágenes en directo en las redes sociales sin preocuparse por el riesgo. Irónicamente, llevaron a cabo una acción desafiando a los mismos poderes que mucha gente había confiado en que bastarían para librar a la sociedad del fascismo tras la elección de un gobierno progresista de izquierdas.
Los invasores contaron con el apoyo tácito de la Policía Militar del Distrito Federal, comandada por el gobernador Ibaneis Rocha; no sufrieron oposición ni represión policial durante al menos tres horas. La policía les permitió entrar en los edificios. Sólo a las 18h la policía consiguió tomar la iniciativa y rodear los edificios. Varios vídeos muestran a agentes de policía tomándose selfies y riéndose mientras los manifestantes invadían el Congreso; otros muestran a agentes de policía confraternizando con los Bolsonaristas dentro de los edificios invadidos.

Sólo después de las 8 de la tarde la policía, incluida la Fuerza Nacional -que suele estar tan ansiosa por atacar a profesores, estudiantes, e indígenas– consiguió “contener” pacíficamente la protesta, deteniendo a unas 200 personas. En los vídeos vemos a la policía desalojando pacíficamente a los Bolsonaristas, sin heridos ni muertos, a pesar de que la policía brasileña es posiblemente la más letal del mundo.
Esta reacción institucional sólo comenzó cuando Lula, que se encontraba en una ciudad del interior de São Paulo, emitió un decreto de Intervención Federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal, nombrando al Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como interventor hasta el 31 de enero de 2023. En la práctica, esto significa retirar a la policía del gobierno del caso (la Policía Militar y la Policía Civil) y entregar el caso a la policía del gobierno federal (la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía Federal). En la noche del 8 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una declaración en la que afirmaba que se habían abierto investigaciones, se había identificado a los financiadores de los autobuses y se había detenido a unas 200 personas.
También habló el ministro de Justicia, Flávio Dino, ex juez y ex gobernador del estado de Maranhão, con un discurso mesurado en el que trató de salvaguardar la legitimidad de las instituciones de gobierno, describiendo a los participantes en las manifestaciones pro-Bolsonaro como radicales aislados que serían tratados como criminales, vaciando así el evento de contenido político al tiempo que lo describía como un intento de golpe de Estado. El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, activo durante todo el gobierno de Bolsonaro como “guardián del orden institucional democrático”, también ordenó la destitución del gobernador del Distrito Federal, conocido partidario del bolsonarismo.

Un día después de los hechos, la situación sigue siendo desconcertante para la prensa y las autoridades, a pesar de que la manifestación estaba anunciada desde hacía meses en las redes bolsonaristas.
Una manifestación local de una ola fascista global
Hay muchas similitudes entre los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil y los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC. Pero también hay diferencias significativas, empezando por el liderazgo político de los fascistas.
Jair Bolsonaro siempre se ha posicionado como partidario de Donald Trump, alineándose con movimientos globales de extrema derecha, como los de Polonia y Hungría. Bolsonaro tiene conexiones con Steve Bannon, de quien fue mentor a los hijos de Jair Bolsonaro para la campaña presidencial de 2018 y en 2022 afirmó que la elección de Jair Bolsonaro era la segunda más importante para su movimiento. Tras la derrota, Bannon y Trump aconsejaron a Bolsonaro impugnar el resultado electoral. Aun así, no se puede afirmar que haya una injerencia directa de Bannon o de la extrema derecha internacional.
La motivación de las dos invasiones de edificios gubernamentales también es similar en el contenido de la supuesta conspiración: los partidarios de Bolsonaro alegan que las elecciones fueron amañadas a favor de una élite globalista simpatizante del comunismo y China, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos nacionalistas para difundir lo que llaman “ideología de género”, fomentar el consumo de drogas y promover los intereses de los cárteles criminales internacionales. Siguiendo el ejemplo de la alt-right (izquierda alternativa) en otras partes del mundo, se declaran liberales en su programa económico y conservadores en su programa cultural. Así, afirman defender la familia cristiana tradicional como medio para difundir la supremacía blanca, el odio a las personas LGBTQI+ y la ansiedad por una supuesta amenaza comunista.
Tanto el 6 de enero de 2021 como el 8 de enero de 2023, una turba fascista que dice ser la verdadera representante del pueblo y se niega a reconocer la legitimidad del proceso electoral que derrotó a su candidato invadió las sedes físicas de los poderes constituidos para generar el caos con la esperanza de suspender el resultado de las elecciones.
Después de décadas de gestión democrática, durante las cuales prácticamente todos los partidos aceptaron que era la única forma posible de hacer política en la era de la globalización capitalista, la extrema derecha ha vuelto a situar la política en el terreno de la disputa y el enfrentamiento. Cada vez está más claro que el consenso construido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno a la fórmula capitalismo + democracia liberal + derechos humanos, que ignoraba las contradicciones y desigualdades inherentes al sistema capitalista y estatal, se ha roto. Significativamente, es la derecha la que apuesta por esta ruptura, avalando explícitamente la guerra civil, mientras que la mayor parte de la izquierda sigue aferrada a las instituciones democráticas y a la gestión de una paz cada vez más precaria.
Los acontecimientos en Brasil difieren de los de Estados Unidos en que los bolsonaristas se cohesionaron en torno a algo más antiguo que el culto a Trump, algo específico de la historia política brasileña: la nostalgia de la dictadura instaurada por un golpe cívico-militar con la ayuda de Estados Unidos en 1964 y la lealtad a todos los aspectos de la dictadura que persisten en la sociedad brasileña.
En la formulación del psicoanalista Tales Ab’Sáber: “¿Qué queda de la dictadura en Brasil? Todo, excepto la dictadura”.

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la elección de Biden, las Fuerzas Armadas brasileñas -compuestas por oficiales formados en escuelas militares impregnadas por el discurso anticomunista del contexto de la Guerra Fría y por el revisionismo histórico que denomina al golpe civil militar “Revolución del 64”- son parte fundamental de los movimientos golpistas. El bolsonarismo social y electoral involucra a numerosos oficiales de reserva del ejército, la marina y la fuerza aérea. Los oficiales en servicio activo apenas disimulan su apoyo a los manifestantes pro-Bolsonaro; desde 2014, han hecho declaraciones públicas expresando su oposición a los partidos y candidatos de izquierda. La prueba más evidente del apoyo de las Fuerzas Armadas a los movimientos golpistas es su tolerancia con las acampadas frente a sus cuarteles, que sin duda no habrían sido aceptadas si el contenido de las manifestaciones hubiera sido diferente.
Con la esperanza de lograr un acercamiento dentro de las instituciones, la coalición liderada por la izquierda institucional que ganó las elecciones de octubre nombró a José Múcio para el Ministerio de Defensa, un político de derechas amigo de los militares, cuyo partido (el Partido Trabalhista Brasileiro) utilizaba el lema “Dios, Familia, Patria y Libertad”. En su declaración sobre las manifestaciones, Lula admitió que el ministro de Defensa no había actuado para desalojar las ocupaciones en torno a los cuarteles.
Lo que está ocurriendo hoy en Brasil muestra la fuerza que la extrema derecha ha adquirido en la última década, capitalizando un difuso fascismo social que siempre ha existido en la sociedad brasileña. Las instituciones democráticas que se introdujeron con la Constitución brasileña de 1988 no supieron defenderse de ello, o no quisieron hacerlo. Podemos ver esto desde el principio, en la participación de los militares en el proceso de reintroducción de las elecciones democráticas en la década de 1980 y el “papel constitucional” de los militares como garantes del poder del Estado.
La mayor vergüenza para la izquierda en su conjunto -y especialmente para aquellos que se consideran radicales- es que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus milicias ha reorganizado toda la estructura del Estado, desmantelando la salud pública, la educación y las protecciones medioambientales, al tiempo que ha atacado a las personas negras e indígenas, a las mujeres y a las personas LGBTQI+, todo ello en medio de una pandemia global que mató a más personas en Brasil que la media per cápita mundial. Sin embargo, no fuimos capaces de responder a esos acontecimientos, ni con una huelga general, ni cerrando ciudades y carreteras, ni invadiendo el palacio presidencial.
Ahora todas esas acciones, que deberíamos haber emprendido para defendernos de la extrema derecha, se asocian a la extrema derecha. Esto contribuye a un discurso que nos paralizará, haciendo imposible ejercer la influencia que necesitamos contra los fascistas tanto fuera como dentro de las instituciones del Estado, por no hablar de los otros partidos que también utilizarán las instituciones del gobierno para seguir imponiéndonos los peores efectos del capitalismo.

Necesitamos fomentar una revuelta popular que incluya a todos los sectores de la sociedad privados de derechos, a todos los que son objetivo de los fascistas, a todos los que sufren bajo el capitalismo incluso cuando lo gestiona un gobierno progresista. No debemos deslegitimar la insurrección cuando el aparato del Estado está en manos del centro-izquierda mientras las calles siguen en manos de los fascistas y las fuerzas de seguridad. Debemos encontrar formas de resistir, rechazando el chantaje de quienes afirman que lo más importante es mantener el orden, con su eterno moralismo en defensa de la propiedad privada y el poder del Estado.
Detienen a indígena opositor a parque industrial del Corredor Interoceánico
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.
Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.
El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.
“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.
Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.
Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.

En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.
Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.
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“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.
Documentos falsos
Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.
“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.
De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.
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Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.
La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.
Protestas
Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.
Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.
Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
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Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.
La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.