Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei
Fuente: Avispa Midia
Por Nelton Rivera/Prensa Comunitaria
Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.
A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.
El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.
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Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.
CHIAPAS, MICHOACÁN Y TLAXCALA SON MÉXICO | Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la vida sobre los ataques a defensores del territorio por parte del Narco–Estado
LA AUTONOMÍA ES LA VIDA, LA SUMISIÓN ES LA MUERTE
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde
Herman@s tod@s
El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.
La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.
Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:
La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.
La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.