El dia de hoy el Comité de madres y padres de los 43 intentó entregar esta carta en palacio nacional solicitando una audiencia para tratar el tema de los 800 folios que no ha entregado el ejército, sobre el paradero de los 17 estudiantes de Ayotzinapa que estuvieron en la barandilla municipal y que fueron desaparecidos ese dia. Además sobre la situación de la extradición de Tomás Zeron de Lucio solicitada al gobierno de Israel.

Este es el asunto que debe primar sobre la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no recibir a las madres y padres de los 43 que estuvieron durante diez dias en plantón en el Zócalo de la ciudad de México.

Finalmente una funcionaria del gobierno recibió el documento y firmó el acuse de recibido.

Las madres y padres de los 43 anunciaron que regresarán en fecha próxima, después de la semana santa a la ciudad de México.

ASUNTO: Solicitando reunión

Zócalo de la Ciudad de México a 5 de marzo del año 2023 (SIC).

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE.

Los que suscribimos y al final firmamos comité de madres y padres de los 43, ante Usted con el debido respeto exponemos.

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 2, 8  y 35 fracción V de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a su investidura para solicitarle una reunión en la que abordemos los temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa, en razón de que Usted nos ha dicho que conduce personalmente la indagatoria.

En efecto, como es de su conocimiento con fecha 20 de septiembre del año 2023 presentamos un escrito en el que le solicitamos la entrega de 800 folios que el ejército mexicano no entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ), así como información adicional relacionada con el posible traslado de 17 estudiantes de los separos de barandilla municipal a un lugar a las afueras de la ciudad de Iguala.

Nuestra petición no ha sido contestada satisfactoriamente ya que la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional en reunión con la secretaria de Gobernación llevada a cabo el dia 25 de septiembre de 2023 no contiene los 800 folios faltantes ni la información relacionada con los 17 estudiantes.

Ahora bien, el ofrecimiento de Usted de abrir los archivos militares en un lapso de dos o tres meses, resulta ocioso en razón de que los archivos ya fueron abiertos y revisados durante casi dos años y de esta revisión faltan 800 folios por entregar, en tal virtud, es menester su entrega y que pueda revisarlos un ente independiente como el GIEI o en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si de esa revisión surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos, no tendríamos ningún inconveniente en participar.

Por lo tanto, es necesaria una próxima reunión con Usted para dialogar este tema. Aunado a lo anterior resulta relevante abordar lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de barandilla municipal de Iguala, la extradición de Tomás Zeron de Lucio prófugo en Isael (SIC)  y la extradición de José Ulises Bernabé prófugo en los Estados Unidos de Norte América.

Reiteramos nuestra solicitud de una próxima reunión para abordar los tópicos anotados, esperando una respuesta positiva a la presente.

Sin más le reiteramos nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE

Comité de madres y padres de los 43

Firmas al calce

C. Mario César González Contreras

C. Hilda Legideño Vargas

C. Emiliano Navarrete Victoriano

C. Cristina Bautista Salvador

C.   Martínez Zeferino

#AHORA 🔴 Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa explican lo sucedido en la mañana en Palacio Nacional.
📹 @Isavel_a pic.twitter.com/CV6WZocWqe

— Pie de Página (@PdPagina) March 6, 2024

EFE. Ciudad de México. 06 de marzo de 2024.- Jóvenes mexicanos que protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron este miércoles una de las puertas principales del Palacio Nacional mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizaba adentro su conferencia matutina.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso para proteger a militares involucrados, tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tumbar la puerta 1 sobre la calle Moneda del centro histórico de Ciudad de México.

Mientras respondía preguntas de la prensa, el mandatario se enteró del hecho, al que llamó una «provocación», aunque descartó represalias.

“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, manifestó el gobernante mexicano.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un «crimen de Estado» en el que también participó el Ejército.

En las últimas semanas han secuestrado camiones, han vandalizado instalaciones del Gobierno y han realizado un plantón en el Zócalo para exigir una audiencia con López Obrador.

«Ya es un movimiento en contra de nosotros, llevan como una semana que fueron a (la Secretaría de) Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación, o sea, clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, comentó el presidente.

Pese a las manifestaciones, el gobernante mexicano indicó que no los recibiría, al argumentar que dentro de «unos 15 o 20 días más» recibirá a las familias de los 43 estudiantes para «hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación».

El mandatario dijo a los padres que está «avanzando mucho en la investigación» pero «lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y «grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros».

«Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra”, expuso.

#EnEsteMomento Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera.

Video Diego García pic.twitter.com/4PYaAqipTe

— Somos el Medio (@Somoselmedio) March 6, 2024

Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera. Las madres y padres intentaban entregar un documento a AMLO y reiterar su solicitud de diálogo sin embargo no fueron recibidos pic.twitter.com/m2FYjI4fYw

— Somos el Medio (@Somoselmedio) March 6, 2024

Movilización mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores de parte del Comité de Madres y Padres de los 43.

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En el evento madres y padres anunciaron que no levantarían el plantón en el Zócalo a pesar de que las autoridades les “solicitaron” que para el primero de Marzo tendrían que quitarse para dar paso al evento de inauguración de la campaña de Claudia Sheinbaum

Durante su participación el Defensor de los Derechos Humanos Vidulfo Rosales declaro:

“De los gobiernos priistas por lo menos salía una comisión a recibirte, hoy en día este presidente y este gobierno, por que creen que tienen los consensos políticos, por que sienten que tienen el triunfo electoral en las manos, por que saben que van a ganar, se dan el lujo de tener la prepotencia de mirar con desprecio a las víctimas. Tienen la prepotencia y esa insensibilidad para no recoger el clamor de justicia de las víctimas en uno de las violaciones más graves a los derechos a manos de la historia reciente de nuestro país”

“Están seguros de su triunfo electoral, y mientras eso suceda, qué les importa los 43, qué les importa el caso Ayotzinapa. Hoy están preocupados por que mañana tendrán su gran concentración en el Zócalo, de manera fastuosa están gastando millones de pesos en esa megaestructura que colocaron ahí, pantallas que cuestan miles de pesos, para abrir una campaña de un gobierno que se precia que la columna vertebral de su política es la austeridad. Ellos le apuestan a eso, están preocupando por ese evento que van a tener el día de mañana, mientras tratan de invisibilizar a nuestro movimiento que se encuentra en el zócalo. Por eso les decimos compañeras y compañeros: No nos vamos a levantar, el plantón ahí va a continuar mañana. No nos vamos a mover hasta que haya respuesta. Estamos solicitando que haya una fecha para audiencia.”

Luego de no ser recibidos por ningún funcionario otra vez, Madres y Padres de Padres Y Madres De Ayotzinapa y estudiantes normalistas concluyeron el mitin cantando el himno “Venceremos”. Al finalizar los comités de lucha estudiantiles realizaron pintas y colocaron artefactos explosivos en la entrada de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La demanda fundamental ante la SRE es la extradición de Tomás Zerón quien ha sido protegido por la entidad sionista “Israel”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado viernes por la noche la juez del juzgado segundo de procesos penales federales del Estado de México, convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la juez sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.

El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo guerreros unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 20114 en Iguala, Guerrero. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la CoVAJ que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición.  Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.

Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, el mismo presidente de la república y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchará la buena imagen que tanto cuida el ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el ejército se ha negado a entregar, emplazó a la fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.

En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos 8 militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con guerreros unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La Juez Segunda de Procesos Penales Federales en el estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la Juez. Por su parte, el Juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la Juez de la causa citó audiencia a las partes. El ministerio público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión.  El primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la Juez de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la juez decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.

La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la juez impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a 8 acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los 8 militares.

Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la república para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos, es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus 6 informes.

Lo mismo acontece con la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión. Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del ejército. El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de 8 militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Solo permanecen 5 militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 batallón de infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada. Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Solo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al ejército siguen vigentes en la 4T.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.}

Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.

Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.

La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.

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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
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Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX}

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

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