COMUNICADO SOBRE LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE CRISTOBAL SÁNCHEZ

Ciudad Ixtepec, a 15 de julio de 2011 – El Albergue Hermanos en el Camino y defensores de derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, se pronuncian en contra de los actos violatorios de derechos humanos cometidos el día 14 de julio de 2011 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en contra de Cristobal Sánchez Sánchez -estudiante de licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), defensor de derechos humanos y organizador de la Caravana Paso a Paso hacia la Paz.

Alrededor de las 17:30 horas, Cristobal Sánchez Sánchez en compañía de Zuleyma Edain Ramos Valdéz y una persona migrante, se encontraban en el centro botanero “El Palomar” realizando investigación de campo, sobre el tema de explotación sexual, para la tesis de licentciatura. Aproximadamente, a las 18:00 horas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes (FEDCCI) y la Policía Estatal Fronteriza, irrumpieron en el lugar para efectuar un redada. Una persona pidió a Cristobal Sánchez y a sus compañeros que le mostraran sus identificaciones. Estos las mostraron y salieron del lugar.

Posteriormente, mientras se disponían a retirarse, un vehículo de migración pasó a lado de Cristobal Sánchez y sus compañeros. Un oficial de migración –a quien le apodan “El Chino“ quien ya ha sido señalado por corrupción- comenzó a insultarlos; ya que los compañeros de Cristobal comenzaron a tomar fotos con su teléfono celular.

A los pocos segundos, a bordo de una camioneta, llegaron elementos de la Policía Estatal Fronteriza y el ministerio público del fuero común. Estos agentes, representantes del orden público y la justicia en Chiapas, bajaron del vehículo y, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, detuvieron ilegalmente a Cristobal Sánchez y lo obligaron a subirse a la camioneta. Simultáneamente, Zuleyma Edain forcejeaba con los agentes federales de migración, quienes intentaban arrebatarle su teléfono celular. En esos mismos momentos, los miembros de la Policía Estatal Fronteriza se llevaron a Cristobal Sánchez, rumbo a las instalaciones de la FEDCCI, mientras, en el trayecto, lo golpeaban brutalmente entre varios agentes.

Ya en ese lugar -en el que estuvo más de dos horas completamente incomunicado y sin que se le informaran sus derechos- un policía adscrito a dicha Fiscalía encargada de la protección a personas migrantes, golpeó y amenazó con una pistola a Cristobal Sánchez Sánchez. Finalmente, fue trasladado a la Procuraduría General de la República en calidad de detenido, en donde, además de lo sucedido, se le levantaron cargos por daños, lesiones y resistencia de particulares.

Hasta el día de hoy, Cristobal continúa en calidad de detenido y severamente golpeado. Estos actos reprobables fueron documentados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde el Albergue Hermanos en el Camino, defensores y miembros de la sociedad civil, comunicamos lo siguiente:

Lamentamos y condenamos las serias violaciones a derechos humanos cometidas en contra de nuestro colega Cristobal Sánchez Sánchez.

Observamos con desconcierto e indignación la deplorable actuación del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes y la soltura con la que incurrieron en abusos de autoridad y violaciones a las garantías individuales de Cristobal Sánchez, contenidas en nuestra Constitución y tratados internacionales.

Exigimos como miembros de la sociedad civil, que las instancias encargadas de impartición de justicia en Chiapas, respeten los derechos consagrados en las leyes y castiguen a las autoridades que los violenten.

Reprobamos las declaraciones hechas por el Instituto Nacional de Migración que continúa desprestigiando de manera sistemática, y como medio de defensa, a cualquier defensor, civil o persona migrante que cuestione sus actuaciones.

Señalamos el historial de represión en contra de personas migrantes, característico de la delegada de migración en Chiapas, Maria de las Mercedes Gómez Mont, por lo que no nos sorprende que encubra los abusos de sus agentes y ponga en peligro la vida de los defensores de derechos humanos.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación con respecto a la violencia sistemática con la que actúan las autoridades en las redadas realizadas en contra de migrantes y nos indigna la represión violencia ejercida en contra de defensores de derechos humanos.

Entrevista a miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, quienes explican la criminazalición y persecución, por parte del Estado Mexicano, al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en particular a su director Nataniel Hernández Núñez. La entrevista fue realizada en el marco de una columna de radio que se realiza semanalmente, por internet, en Radio Teocelo (Veracruz) desde Barcelona, España. En esta ocasión, la entrevista consistió en una conexión entre Barcelona, Chiapas y Radio Teocelo, Veracruz.(Descarga aquí)  

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Quizás la indiferencia de tanta muerte, quizás porque sólo son estadísticas o cifras, quizás porque así son las autoridades del gobierno de Veracruz y de Orizaba y consideran que la muerte de dos trabajadoras sexuales no importan, que no tienen el carácter humano, ni mucho menos si son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecen al Colectivo Feminista Cihuatlatolli y a la Red Mexicana de Trabajo Sexual

El 29 de junio de 2011 nuestra compañera Rafaela Navarro fue degollada en el hotel “Los Pascuales”. Once días después, nuestra compañera Fabiola Orozco Isouza, de 23 años y con un embarazo de 8 meses, fue estrangulada en el hotel  “El paredón”. Las autoridades no dan respuesta, se mantienen insensibles ante los asesinatos de dos mujeres. Los dos hoteles, por ejemplo, donde se perpetraron los crímenes se mantienen aún abiertos, sin investigación alguna.

Existe miedo entre las trabajadoras sexuales, pues se teme que la lamentable ola de feminicidios llegue a Orizaba, más aún, con la indiferencia de las autoridades o su complicidad ante estos crímenes, ya no se sienten seguras. Ahí está, lo que vale la vida de las mujeres para las autoridades del estado de Veracruz y de la ciudad de Orizaba.

La Red Contra la Represión y por la Solidaridad protesta enérgicamente contra el asesinato de nuestras compañeras Rafaela Navarro y Fabiola Orozco. Estas muertes son agresiones contra La Otra Campaña. Pedimos mantenernos atentos, difundir la información sobre estos crímenes, realizar pronunciamientos, y a preparar y a mantener nuestra solidaridad.

ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA LA OTRA CAMPAÑA
ALTO A LOS FEMINICIDIOS
ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA EL COLECTIVO FEMINISTA CIHUATLATOLLI Y CONTRA LA RED MEXICANA DE TRABAJO SEXUAL
NO MÁS IMPUNIDAD

Contra el despojo y la represión…

la solidaridad

Red Contra la Represión y por la Solidaridad
RvsR

¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
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Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F. C.P. 06720

En este reportaje, conversamos con 4 activistas del Movimiento Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL) y de la Fundación de Afrodescendientes “Pedro Andaverez Peralta” (FUNDAFRO) sobre la historia de los afrodescendientes bolivianos y la lucha actual contra la discriminación y la invisibilidad, y por la reivindicación política y cultural en el contexto del “proceso de cambio” que promueve el gobierno de Evo Morales.

Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas. Este reporte relata las violaciones a derechos humanos y la prisión arbitraria cometida por el gobierno de Chiapas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva.

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Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas. Este reporte relata las violaciones a derechos humanos y la prisión arbitraria cometida por el gobierno de Chiapas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva.

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La impunidad y las nuevas estrategias de control sobre maestros y defensores de derechos humanos siguen presentes a 2 años de la represión del 10 de junio de 2009 en la ciudad de Puebla, en contra de estos grupos. Sin embargo sigue la constante de nuestra memoria, de la insistencia en señalar a los responsables de esa represión, de esos que ahora tratan de ocultarse bajo las burocracias, de esos que ahora reprimen como lo hicieron en años pasados en otros lados del país y que concentran un poder que no les pertenece.

El 10 de junio de 2009 más de 270 elementos de las policías Ministerial, Estatal, Metropolitana y Municipal atacaron una manifestación pacifica, agredieron y detuvieron a 15 maestros y a 2 observadoras de derechos humanos. El Gobierno del Estado de Puebla y la dirigencia “oficial” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la complicidad de las autoridades ministeriales, trataron de torcer la ley para hacer de la propuesta digna un delito. Fue gracias a la solidaridad y a la hermandad de personas y organizaciones de múltiples partes del mundo que se evidenció la naturaleza represiva y criminal de la alianza Marín-Gordillo y todos los detenidos fueron liberados.

Sin embargo, el pasado martes 10 de Mayo al oriente de la capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base militar estadounidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base militar se localizará en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasara a ser reserva militar. De esta manera se manifiesta una vez más la exacerbación de la violencia. Este paso es una muestra más de la lógica de guerra que ha sumergido al país en una situación de muerte y destrucción que ha dejado mas de 40 mil muertos y que como dicen las madres de los jóvenes asesinados en Salvacar es una guerra que nosotros no pedimos.

Este 10 de junio de 2011 nos recuerda que las posturas honestas, de quienes luchan y construyen con dignidad siempre serán una amenaza aterradora para aquellos desde el poder sólo saben de mezquindades, de pragmatismos corruptos, de negociaciones vergonzosas y arreglos indignos. Este 10 de junio del 2011 se ratifica nuestra convicción en caminar hacia un horizonte mas digno y de seguir construyendo un país con libertad, democracia y justicia.

Puebla, 10 de junio de 2011

Nodo de Derechos Humanos
Enlace Urbano de Dignidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 18 de mayo de 2011

Comunicado Conjunto

Director del Centro de Integración Social “Xicoténcatl” responsable de violación y abuso sexual contra niñas

Riesgo a la integridad y seguridad personal de las niñas y niños del Centro de Integración Social “Xicoténcatl”.

Las organizaciones abajo firmantes, manifiestan su preocupación por la integridad personal de las niñas y niños del Centro de Integración Social No. 30 “Xicoténcatl”, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, por los hechos ocurridos en días pasados, donde tuvimos conocimiento que el director de la escuela Manuel Gutiérrez Gómez, según acusación de una niña, es responsable de violación sexual, además de otras violaciones y abusos sexuales cometidos contra otras niñas hospedadas en el Centro.

Por los sucesos el viernes 13 de mayo de 2011, el director Manuel Gutiérrez Gómez, fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, “El Amate”.

De acuerdo a los testimonios recuperados de las y los alumnos del Centro, la violación y abuso sexual de estas niñas es una expresión más de la violencia, que durante años presuntamente ha sido ejercida por parte del director, el subdirector Marcos Ruiz Gómez y la planta docente de la escuela. Expresión de ello es que desde el momento de la denuncia, las 170 niñas y niños del plantel están siendo amenazadas por autoridades escolares, así como por miembros del Comité de Padres de Familia para que “ya no digan nada o se atengan a las consecuencias”.

Al día de hoy, dos de las niñas abusadas sexualmente se encuentran con sus familias y una otra niña se encuentra en un albergue bajo la tutela del programa Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Chiapas) mientras se localiza a sus padres. El resto de las niñas y niños permanece en el Centro bajo la vigilancia del supervisor Manuel Gómez Sánchez y la responsabilidad de los maestros y del subdirector quienes, lejos de coadyuvar a esclarecer los hechos, les siguen amenazando con expulsarlos del plantel, interrumpir sus estudios, retener sus certificados y agredirles a ellos y a sus familiares. Además se obstruye las salidas de las niñas y niños acompañadas por sus madres.

Por los hechos ocurridos nos preocupan las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las niñas y que las autoridades correspondientes sigan sin tomar medidas para garantizar la atención y seguridad de las niñas y niños que asisten a este centro escolar, lo que constituye un riesgo a su integridad personal y representa una violación a sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas que en su artículo 19 apartado D, señala que “en las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes y que será obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tenga conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de sus derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente”.

Lamentablemente este no es el primer caso documentado en que docentes, aprovechándose de su posición de poder frente a niñas y niños, violentan sus derechos con total impunidad; y la única intervención aportada por las autoridades es reubicar a los perpetradores a otro centro escolar, que lejos de solucionar el problema, lo invisibiliza y pone más en riesgo las víctimas.

Con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección a Víctimas del delito en el estado de Chiapas y la Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas exigimos:

1.      Se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables por acción y omisión sobre lo ocurrido en el Centro de Integración Social “Xicoténcatl”;

2.      Se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de las niñas, niños alumnos de la escuela;

3.      La destitución de los directivos del plantel y la separación del personal docente de sus actividades mientras se investiga lo sucedido, como una medida para restablecer la seguridad y protección de los derechos de todas y todos los estudiantes de la escuela.

4.      Se informe a todos los padres y madres de familia sobre los hechos y se les brinde información sencilla y precisa sobre las instancias responsables de la procuración de justicia.

5.      La intervención inmediata de las autoridades educativas para detener y prevenir todas las formas de violencia al interior del plantel siendo la escuela un espacio que debe promover el respeto a los derechos humanos y al desarrollo armónico e integral de las niñas, niños y jóvenes.

Atentamente,

Melel Xojobal A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Red Por los Derechos de la Infancia (REDIM)

Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.

Skolta’el Yu’un Jlumaltic, AC (SYJAC)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. (INICIA)

Desarrollo Educativo Sueniños A.C.

El 19 de abril de 2011, se cumplió un año de la muerte de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada por su esposo Elmar Darinel Díaz Solórzano, ex diputado federal, candidato del PRI a la diputación local en el 2010, quien tras cometer el delito se dio a la fuga. Tres meses después fue detenido por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, hasta ahora no ha sido sentenciado. El 10 de marzo, la justicia federal le concedió un amparo al acusado, quien se teme que pronto será liberado. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la familia de Tatiana Trujillo denuncia la impunidad y la injusticia.

Denuncia de la familia de Tatiana Trujillo:(Descarga aquí)  
Boletín del Frayba:(Descarga aquí)  
Preguntas y respuestas:(Descarga aquí)  

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This month’s report focuses on the effects in Chiapas of the violence generated by the Federal government and the local counter-insurgency strategies in the context of the Mesoamerica Project, and warns of the dangers of armed conflict and reactivation of paramilitary groups in the state.