Por la vida y memoria de nuestros pueblos
“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.
Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.
Para muchxs, parecería que, frente a la magnitud de las agresiones, ya no hay salida; se trata de una lucha perdida. Así lo expresó, por ejemplo, Mario Luna, del pueblo yaqui de Sonora y concejal del Concejo Indígena de Gobierno. Pero también nos llevó de la mano en un recorrido hacia el pasado del pueblo yaqui: los intentos de exterminio desde la Colonia, el desplazamiento forzado y la esclavitud en tiempos de Porfirio Díaz, los ataques armados, los bombardeos aéreos. Ante eso, el pueblo yaqui ha resistido más de cinco siglos, organizando sus autoridades sin permitir la injerencia del Estado, organizando sus tropas, su autonomía. Si hasta ahora se pudo, seguiremos resistiendo, aunque ahora la estrategia de muerte usada en su contra sea privarlos de lo que da sentido a sus vidas: el agua, el río que está siendo desviado para la construcción de un gran corredor industrial.
Despojar a los pueblos de sus territorios. Ya desde hace dos décadas el Subcomandante Marcos explicaba lo que para los zapatistas es la Cuarta Guerra Mundial: destruir y despoblar, para luego reconstruir y repoblar. Las y los desplazados de Chalchihuitan saben bien lo que esto significa. Más de 5 mil desplazados por fuerzas paramilitares a servicio del gobierno municipal de Chenalhó, con completa impunidad, que en su momento llevó a la muerte (de frío) de niños y ancianos, y que aún afecta a quienes no han podido regresar a sus tierras y que enfrentan los peligros de los constantes tiroteos y del terror impune cobijado por intereses políticos, ante la mirada indiferente de la mayoría de la sociedad.
Testimonios de la desaparición forzada y el terror impune de la mal llamada guerra contra el narco que ha devastado el país desde el gobierno de Felipe Calderón hace más de una década. Christian García y Claudia Iracema, de la organización FUUNDEC-FUNDEM, ambos con parientes desaparecidos, describieron los esfuerzos incansables de los familiares por encontrar a sus seres queridos, ante la omisión, complicidad y acción criminal directa del Estado. Búsquedas ciudadanas, el primer banco de ADN independiente, registro de personas desaparecidas… hacer lo que el Estado no hace, y al mismo tiempo luchar por la aprobación de legislaciones como la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Lo mismo expresó Reyna Guadalupe, del Comité de Familias Unidas Buscando a Nuestros Migrantes Junax Ko’tantik, incansable en su búsqueda de su hermano desaparecido. “Hoy lloré porque quería escuchar tu risa y sólo escuché gritos de dolor que salían de mi alma”, dice el texto “Dolor de madre”, de Claudia Iracema. Ante el vacío, “lo único que nos queda es no perder la esperanza”, dice Reyna Guadalupe.
Lydia Jiménez, de Pueblos Autónomos en la Defensa de los Usos y Costumbres, ha estado buscando justicia por el asesinato de su esposo a manos de militares. Su esposo viajó un día a Tabasco a buscar una pieza para un auto, pero fue emboscado y asesinado por militares que después encubrieron el homicidio, con la complicidad del Ministerio Público. “A mí no me importa el tiempo que pase, seguiré luchando por que se haga justicia.”
Mientras el crimen organizado y la violencia estatal cuentan con completa impunidad, luchadoras sociales como Sara López, de la Resistencia civil contra las altas tarifas de la luz eléctrica en Campeche, es brutalmente reprimida, con más de 30 vehículos policiales, allanamiento de morada, sus hijos encañonados y una posible sentencia de hasta 30 años de cárcel, que logró reducir a 11 meses tras la movilización y la presión política.
En Chiapas, desde antes del levantamiento de 1994, la represión y la violencia estatal contra los pueblos llevó a la creación de organizaciones como Las Abejas de Acteal, el Comité de Defensa de la Libertad Indígena y Xinich. A partir del levantamiento, el ejército mexicano crea una estrategia de contrainsurgencia, plasmada en el Plan Chiapas 1994, que incluye la creación de grupos paramilitares que devastaron el estado y continúan actuando impunemente hasta hoy. La masacre de Acteal, la masacre de Viejo Velasco, el caso de La Grandeza, los muchos muertos y desplazados de la Zona Norte a manos de la organización paramilitar Paz y Justicia. A pesar de eso, los pueblos organizados han sabido resistir y crear alternativas de vida. Educación, salud, seguridad, derechos de la mujer, alimentación, análisis políticos, son algunos de los ejes que los pueblos vienen desarrollando de manera autónoma, a partir de organizaciones que en su momento se crearon para resistir la violencia de Estado. Al mismo tiempo, la lucha jurídica produce algunas victorias, como el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de La Grandeza, después de 20 años de lucha.
Lo que se desprende de todo esto, a pesar del panorama sombrío de tantas historias, es que el terrorismo de Estado y la violencia del capital tienen su contrapeso en la organización de los pueblos, que no solo resisten, sino crean alternativas de vida frente a la muerte.
