4T
Denuncian criminalización y amenazas contra el defensor Carlos Beas Torres en el Istmo, Oaxaca
A los Gobiernos Federal y del Estado de Oaxaca.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión publica:
A los pueblos indígenas y a los organismos de la Sociedad Civil:
Denunciamos criminalización y amenazas contra el defensor Carlos Beas Torres en el Istmo
Las organizaciones, comunidades y colectivos que suscribimos el presente, condenamos enérgicamente las acciones que se vienen ejecutando por parte de los malos gobiernos en contra de los y las indígenas del Istmo de Tehuantepec que luchan por sus derechos, y que se han venido movilizando en la zona de Mogoñe Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, quienes de manera reiterada han venido siendo hostigados por elementos de la Secretaria de Marina y por los grupos del crimen organizado al servicio de las empresas.
También nos preocupa la situación del compañero Carlos Beas Torres, integrante del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI quien ha sido amenazado constantemente y que presuntos periodistas, lo han tratado de criminalizar señalandolo como responsable de las movilizaciones y vinculando a su organización con el crimen organizado. Le exigimos a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca sean respetados los derechos de los pueblos originarios afectados por el megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec y cese el hostigamiento en contra de Carlos Beas Torres y demás integrantes de la organización UCIZONI.
¡Basta de represión!
¡Alto a la violación de los derechos de los pueblos indígenas!
¡Basta de criminalización!
(Ve también: Organizaciones denuncian intento de criminalizar oposición al Corredor Transístmico)
El negocio del agua contra el derecho al agua
LLAMADO URGENTE
El negocio del agua contra el derecho al agua
Hoy la narrativa anti-neoliberal de la presunta 4T perdió toda legitimidad y demostraron que cuando se trata de la defensa de la vida y de los pueblos de éste país no hay ninguna transformación sino la continuidad del desprecio, el despojo y la represión que caracterizaba a quienes hoy desde la derecha se son sus contrincantes para ocupar los espacios de poder. El operativo de desalojo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla, hoy a la 1:20 de la madrugada en contra de la Altepelmecalli (Casa de los Pueblos) y los Pueblos Unidos de la región cholulteca en favor de Bonafont, filial de la empresa trasnacional Danone demuestra la vocación violentamente neoliberal de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa.
Seguramente hoy escucharemos la tradicional narrativa estatal de la “restauración del estado de derecho”, “hacer valer la constitución o la ley”, de las “minorías provocadoras” y demás lugares comunes que los gobiernos de antes ya ahora utilizan para tratar de hacer que la represión parezca un acto institucional legítimo. Pero no lo es. La ley, la constitución y el estado de derecho sólo tienen sentido si sirven para proteger la vida y la dignidad de quienes están bajo su supuesto cobijo, no para favorecer la extracción y comercialización voraz de un pequeño grupo de empresarios con alcance transnacional que pone en riesgo la vida y la dignidad de los pueblos y territorios que se alimentan del agua que quieren nuevamente embotellar y vender.
Ésta madrugada, los gobiernos federal de México y estatal de Puebla privilegiaron la privatización del agua para beneficio de Bonafont-Danone frente al derecho al agua de los 20 pueblos que llevan décadas tratando de proteger el agua que les da vida y nos da vida a todas y todos. Luis Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador, exactamente igual que todos los sexenios anteriores creen que el bien común está en que una empresa trasnacional que emplea a 357 personas con salarios que en conjunto difícilmente superan los 100 mil pesos diarios (eso si no se los descuentan por no manifestarse en su defensa), siga extrayendo un millón 640 mil litros de agua cada día y vendiéndolos en 3.28 millones de pesos diarios, y que las sequías y los socavones vuelvan a amenazar a las decenas de miles de habitantes de los 20 pueblos que en asamblea, en marzo de 2021, decidieron clausurar la planta de Bonafont para recuperar su agua.
A la 1:20 de hoy, para los pueblos de la región de Cholula en Puebla, para los pueblos indígenas de todo el país, para la gente que todavía logra sentir la injusticia más allá de la retórica o el afán por el escándalo, para el mundo quedó claro que para quienes gobiernan México lo que importa es el negocio del agua y no el derecho al agua. Es uso criminal de la ley que es costumbre institucional en México se confirma nuevamente.
Hoy es un día en el que como los ríos, la solidaridad fluirá hacia los Pueblos Unidos. Hoy el agua debe resistirse al cautiverio y con toda su fuerza y presión lograr que Danone-Bonafont no pueda seguir saqueando y lucrando con el agua que es de todos. Hoy López Obrador y Barbosa Huerta voltearon las armas del Estado Mexicano en contra del pueblo que dicen defender para favorecer a las empresas multinacionales que dicen querer contener. Su deprecio por los pueblos se hace cada vez más evidente, y ante esas agresiones los pueblos harán lo que siempre hacen cuando el poder amenaza y pretende someterlos, resistir y luchar.
1.- Lo que ahora es una amenaza es que así como parecen conducirse con la misma lógica represiva y de protección del interés privado sobre el púbico, los gobiernos federal y estatal decidan usar el aparato judicial para criminalizar a lo/as defensores del agua. No se puede permitir a estas alturas, no se puede aceptar que los verdaderos criminales sean tratados con preferencia y se coloquen sobre el interés común y que como suelen hacer ahora se persiga a quiénes sostuvieron el plantón en la Casa de los Pueblos y la defensa del agua.
