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Radio Zapatista

Encuentro de las Esperanzas: 35 Aniversario del Frayba

En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.

35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.

¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.


Ceremonia de bienvenida

“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.

Rueda de Prensa:

A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.

Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:

¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.

Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.

Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:

El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.

Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.

Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:

Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.

 

Canción para el Frayba

Las Mañanitas

Ceremonia de Clausura:

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Radio Zapatista

Puente Madera: 3 años firmes en defensa de la vida y del territorio en el Istmo de Tehuantepec

Puente Madera, Oaxaca. Este 14 y 15 de marzo, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, Oaxaca, celebró con bailes, foros y ofrendas su tercer aniversario en la primera línea de combate contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La Asamblea llamó a la unidad entre pueblos, exigió un alto inmediato a la represión y advirtió en su comunicado que cualquier incursión en sus tierras comunales desatará “un conflicto de sangre y fuego.”

Imposición

Hace tres años, el 14 de marzo del 2021, una supuesta Asamblea de Comuneros en la cual se falsificaron más del 80% de firmas del padrón de comuneros, entre ellas las firmas de dos personas ya fallecidas, derivó en la entrega al capital extranjero de las tierras comunales de la comunidad Binnizá. Desde entonces han estallado acciones y mecanismos para romper el tejido social e imponer los proyectos del CIIT en la región: acarreo de gente por promesas y amenazas, cooptación, falsificaciones, violencia y criminalización.

Bajo el mando del entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, actual candidato al Senado de la República del partido Morena, hasta la fecha se han dictado 17 órdenes de aprehensión y una sentencia contra el Agente Municipal Comunitario y defensor de derechos humanos David Salazar Hernandez, sentencia de 46 años de prisión por delitos que David no cometió.

“Esta es vida”

En el centro de este conflicto está una lucha entre distintos modelos civilizatorios. Por un lado están las tradiciones, saberes, modos y formas de vida de un pueblo Zapoteco totopero y campesino. Del otro están el “progreso” y el “desarrollo” de la 4T que asegura prometer trabajo, poder, estatus y superación desde una perspectiva neocolonial.

Puente Madera tiene Memoria. Recuerdan la llegada a la región de otra oleada de “progreso”: la construcción en 1974 de la refinería Salina Cruz, la más grande del país. Al igual que el «Polo de Desarrollo para el Bienestar» que hoy en día el Gobierno planea construir, en ese entonces la Refinería también prometía y se vendía así misma a partir de grandes promesas. Sobre ella, se dice que tiempo atrás se peleaban fichas para trabajar, pero hoy solo salen -y eso a veces- contratos a corto plazo para suplantar turnos de 24 horas bajo el calor. Hoy la presencia de la Refinería se vive en altas tasas de cáncer y enfermedades relacionadas con la contaminación. Por lo normal la Refinería se lleva un 80% del agua de la presa Benito Juárez, pero la sequía sigue feroz y el monstruo sigue con sed, así que de hecho hace unas semanas decidieron dejar sin agua para el riego a los campesinos de la región.

En el Foro de este 2024, en el primer día del evento en lugar de hablar de “desarrollo” se habla claro de y sobre proyectos de muerte, y el narcoestado capitalista que los impone. Se nombran caciques con nombre y apellido, y se hacen análisis del despojo basados en datos e investigaciones exhaustivas. Para el segundo día realizamos un recorrido en el predio “El Pitayal”, el cual se está defendiendo. Realizamos una ofrenda para agradecer y sostenernos en la lucha. “Ésta es vida”, dice David en algún momento. “Trabajar la tierra es vida”, reitera.

Adelante

En junio de 2023, la comunidad logró gracias a su compromiso y sacrificio la suspensión de oficio de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa, Oaxaca.

Aun así, la Asamblea advierte en su comunicado que sigue presente la amenaza de que la Secretaría de la Marina (SEMAR) incursione militarmente en El Pitayal y en su comunidad, “lo que representaría un conflicto de sangre y fuego que implicaría muertes, detenciones y afectaciones a las personas que valientemente se defenderán de la represión por su libertad, la paz y tranquilidad de Puente Madera”.

Siguen vigentes la sentencia contra David Salazar Hernandez y las órdenes de aprehensión, y siguen los intentos mañosos de dividir y desarticular a la comunidad. Pero siguen también firmes lxs compas de Puente Madera y las organizaciones de la región y el mundo que lxs abrazan. Sigue la lucha, y se profundiza.

Foto: APIIDTT, 2 Julio, 2023

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REDIM | REDIAS

Graves afectaciones a niñxs y adolescentes por violencia del crimen organizado en Chiapas

  • El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  • Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]

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Radio Zapatista

Comunidades de Chicomuselo denuncian agresión por parte del Ejército y Guardia Nacional

Testimonio en audio de un poblador del ejido de Nueva América, Chicomuselo:
(Descarga aquí)  

La mañana de este martes 16 de enero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron con violencia a varias comunidades del municipio de Chicomuselo, resultando en el desplazamiento forzado de cientos de familias, según denunció en un comunicado la Sociedad Civil de Chicomuselo (ver abajo).

Desde hace dos años, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado de una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan la región fronteriza con Guatemala. Miles de personas han huído, perdiendo todas sus pertenencias, ante la violencia y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Ante eso, las fuerzas armadas han sido omisas, permitiendo enfrentamientos como el ocurrido el 4 de enero, que duró más de siete horas y en el que murieron unas 20 personas. En la región hay bloqueos permanentes de la delincuencia organizada, secuestros, cobros de piso y de paso, asesinatos y reclutamiento forzado sistemático, ante la inacción de las fuerzas armadas, que sin embargo violentan a la población.

En ese contexto, quienes permanecen en la región se han organizado para resguardar sus comunidades, impidiendo el paso tanto al crimen organizado como a las fuerzas armadas, cuya complicidad es evidente.

Ante la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, los pobladores pidieron que se retiraran e intentaron dialogar, explicando las razones. La respuesta fue la violencia, con gases lacrimógenos, piedras, golpes y, según un testigo, la detención de por lo menos dos personas, cuyo paradero se desconoce. Al entrar en las comunidades, los militares destruyeron las pertenencias de los pobladores.

Las familias huyeron como pudieron, dejando todo atrás, llevando a los enfermos en carretillas, caminando por las montañas hacia la presa La Angostura. Sin embargo, allá los lancheros también huyeron, por lo que la gente quedó atrapada a la orilla de la presa sin tener a dónde ir.

A continuación, el comunicado de la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, y más abajo, el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE).


Chicomuselo, Chiapas a 16 de Enero 2024.

COMUNICADO URGENTE
NUESTROS PUEBLOS NO SON CAMPO DE BATALLA
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerza armadas, quienes se están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles.

Hoy, 16 de enero de 2024, cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa: Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez del municipio de Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia, Chiapas, se encuentran huyendo por el ingreso de las fuerzas armadas: Ejército y Guardia Nacional, quienes se están violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio el día de ayer, 15 de enero, entre cárteles, alrededor de las 9:00 pm. por esta región. Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América, quitando las cercas con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los cárteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazaron a la población, señalando que a algunos los tenían ubicados.

La gente de estos ejidos, que evitaban el paso al Ejército y a la Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles por qué habían cercado, pero éstos se negaron a dialogar y los violentaron. La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.

Actualmente se reportan ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

La población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos nos les dicen nada. Por qué violentan a las comunidades en resistencia. Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con cassetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos.

SOCIEDAD CIVIL DEL PUEBLO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.


Ocosingo Chiapas a 16 de enero de 2024

COMUNICADO URGENTE
Justicia y Seguridad para Chicomuselo

Con una enorme indignación, como coordinación del MODEVITE queremos manifestarnos ante el comunicado urgente de Chicomuselo enviado el día de hoy en el que se narra el ataque de las fuerzas armadas, quienes violentaron a la población en el ejido Nueva América, con gases lacrimógenos y amenazas, lo cual ha ocasionado miedo, desconfianza y la huida de familias enteras.

Es inconcebible que los elementos de seguridad del 101 batallón de infantería actúe violentamente contra la población que meses atrás ha denunciado abiertamente la presencia de células delictivas y que hasta el momento no se ha resuelto el problema de raíz.

Basta de criminalizar a la sociedad civil organizada

Basta de la omisión al grito de dolor del pueblo de Chicomuselo

Basta de la ineptitud e ineficacia de las autoridades correspondientes para
resolver esta situación que es ya más que urgente

Exigimos solución inmediata a esta violencia suscitada por parte de las fuerzas
armadas.

Exigimos seguridad y diálogo con las comunidades organizadas.

Por un Chicomuselo en paz y libre de violencia

Coordinación General
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

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Chiapas Paralelo

Juez condena a 58 años de prisión a indígena que se opuso a grupos criminales en Chiapas


La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.

El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.

15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.

Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.

A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.

Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.

“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.

A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.

Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.

La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.

También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.

El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.


A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
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Medios libres

176 defensor@s de la vida asesinad@s en México durante la 4T

176 defensores y defensoras de la vida asesinad@s en México durante el gobierno de “centro-izquierda” de AMLO

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Radio Zapatista

Registro audiovisual de la Marcha por los 9 años de Ayotzinapa.

CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

Escuchar audios:

 

 

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A dónde van los desaparecidos

El arte de la mentira política

Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN, CSIM

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán desmiente y se deslinda de Claudia Sheinbaum, llama a la autonomía

NO SON CON MENTIRAS COMO SE GANA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades indígenas de Michoacán a 31 de julio de 2023.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente:

Durante el pasado fin de semana, en diversos medios de comunicación digitales e impresos, se publicaron notas periodísticas donde en la esencia de la información señalaban que “El Consejo Supremo Indígena de Michoacán conformado por las cuatro etnias del estado de Michoacán, nombraba ‘Nana’ a Claudia Sheinbaum en un acto histórico como signo de reconocimiento del apoyo que ha brindado a estas regiones”, ante lo cual declaramos lo siguiente:

1.- Nos deslindamos totalmente de Sheinbaum. Desmentimos y nos desmarcamos completamente de Claudia Sheinbaum, de ninguna manera, el CSIM apoya, respalda, ni mucho menos reconoce a Sheinbaum, ni a ningún precandidato a la Presidencia de la República. La precandidata miente totalmente, no son con mentiras y utilizando mañosamente el nombre de organizaciones sociales como se gana la Presidencia de la República señora aspirante. ¡Los sueños de las autonomías indígenas van más allá de las urnas electorales!

2.- Apoyo a la autodeterminación política. Reiteramos nuestro apoyo total a todas las comunidades indígenas de Michoacán que como parte de su libre autodeterminación política, han decidido o van a decidir en asambleas generales, expulsar a todos los partidos políticos y no dejar instalar casillas electorales durante las próximas elecciones, nos declaramos listos para respaldarlos y luchar colectivamente, de igual forma, manifestamos nuestro respeto a las comunidades que si decidan participar en las elecciones. ¡Exigimos al Estado mexicano respeto a la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas!

3.- El camino es la autonomía. Para los pueblos y comunidades originarias, la opción política no es únicamente a través del sistema de partidos, sino que también es mediante el camino de la autonomía, la semilla de la toma de decisiones en asambleas, la tierra de la comunalidad, el agua de la resistencia y lucha de los antepasados, las hojas y ramas de nuestros sistemas de seguridad y de justicia, y el fruto del poder comunal. ¡A los pueblos y comunidades originarias les reiteramos nuestro apoyo para seguir sembrando autonomía y cosechando libertad!

4.- Los pueblos originarios realizamos nuestra propia historia, más allá de los gobernantes, las instituciones o los partidos políticos, el sujeto de nuestra historia, es la asamblea general, es ahí donde se deben de tomar las decisiones y organizarnos para resolver nuestros problemas ancestrales, no necesitamos de paternalismos, ni de “Tatas” o “Nanas” ajenos a nuestras comunidades. ¡Los pueblos indígenas somos sujetos históricos, sujetos de conocimiento y sujetos jurídicos!

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN, CSIM

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Misión Civil de Observación

Misión Civil de Observación registra violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo

  • 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
  • La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.

Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

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