Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Calel también denunció la participación excesiva de fuerzas policiales, agentes de seguridad privada y militares en los desalojos, lo que se traduce en serias violaciones a derechos como la alimentación, vivienda, educación, salud y la pérdida de la cultura de las comunidades desplazadas.

La lideresa de la UVOC resalta también que los desalojos son acompañados de la criminalización contra representantes y líderes campesinos e indígenas, por lo que destacó que, actualmente, existen más de 2,000 personas con orden de aprehensión en su contra, derivadas de la persecución judicial que acompañan los desplazamientos forzados.

Los delitos de usurpación y usurpación agravada son los cargos utilizados frecuentemente para facultar el desalojo inmediato de comunidades completas. Calel argumentó que la legislación procesal penal no exige un proceso previo para discutir y verificar la titularidad de la propiedad o posesión de los territorios por parte de supuestos propietarios que emprenden las acciones legales para desalojar a las comunidades campesinas e indígenas.

“Antes de autorizar los desalojos, las y los jueces de orden penal tampoco exigen haber agotado el proceso previo para la demostración de la titularidad de la propiedad o posesión”, denunció Calel, quien señaló que ocurre lo mismo para la emisión de órdenes de captura, ejecutadas durante los desalojos, contra defensores de la tierra y de los pueblos. Cabe destacar que la mayor concentración de personas criminalizadas está en la región norte de Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz. 

Resalta también que, en el marco de desalojos extrajudiciales, líderes y lideresas comunitarios son acusados de delitos graves como homicidio, lesiones graves y portación de armas ilegales, entre otros. 

A todo lo anterior, denunciaron ante la CIDH, los miembros de las comunidades indígenas y campesinas enfrentan el riesgo de agresiones contra su vida e integridad, que incluye el asesinato y la desaparición. Tal es el caso de Carlos Pop, líder y pastor de la comunidad Nueva Gloria, en el municipio de Purulhá, Verapaz, quien fue víctima de desaparición desde hace tres años, sin que se haya determinado su paradero, ni brindado justicia a su familia. 

En representación del Estado de Guatemala asistió Héctor Oswaldo Samayoa, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), quien deslindó al ejecutivo y aseguró que es el organismo judicial quien posee mayor responsabilidad en la emisión y ejecución de los desalojos.

La CIDH prepara una visita a Guatemala para los días 22 al 26 de julio, cuyo propósito, anuncia el organismo, es “observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017”. 

La Comisión trabajará en Ciudad Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

Despojo histórico

Como parte de la audiencia realizada ante la CIDH, las organizaciones sociales presentaron un informe mediante el cual aseguran que los factores determinantes del desplazamiento interno están relacionados con la implementación precaria de los Acuerdos de Paz, la desigualdad económica, la violencia de género, los proyectos de inversión a gran escala y los eventos naturales y climáticos.

En el documento aseveran que los desalojos, las extorsiones y amenazas, la presencia del crimen organizado, la expansión de megaproyectos como hidroeléctricas y los monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera son aspectos que provocan el desplazamiento interno en Guatemala. 

Las organizaciones argumentan que los despojos en Guatemala son históricos, pues desde finales del siglo XIX, en el periodo llamado “Reforma Liberal” se emitieron leyes que favorecieron la apropiación de tierras, supuestamente baldías, desarticulando la propiedad comunal y ejidal e invisibilizando la existencia de poblaciones indígenas.

Ya durante el conflicto armado interno, entre los años 1972 y 1996, las Tierras Bajas del Norte fueron violentadas con las políticas de tierra arrasada, lo que provocó que poblaciones enteras huyeran hacia montañas y selva para resguardar su vida. Destaca que, al menos un 40% de comunidades q’eqchi’ fueron desplazados y, para 1983, oficiales del Ejército guatemalteco concentraron el 60% de las tierras de la región.

Para el periodo entre 2002 al 2008 se registró un aumento en las denuncias por “ocupaciones” de fincas, presentadas por supuestos propietarios, terratenientes y empresarios agrícolas, lo que provocó un incremento en las órdenes de desalojo contra comunidades campesinas e indígenas al catalogar a éstas como invasoras y acusándolas de usurpación de tierras.

Aún más, el patrón de despojo se recrudeció a partir del año 2011, cuando una única orden judicial posibilitó el desalojo de 12 comunidades en El Estor. De acuerdo al registro de las organizaciones, el año 2022 es catalogado como el de mayor desalojos contra comunidades indígenas y campesinas, que supuestamente se encontraban ocupando propiedades privadas, particularmente en las Tierras Bajas del Norte y sobre todo en Alta Verapaz e Izabal. 

“Aunque el despojo territorial es un flagelo que compaña la historia de Guatemala, desde tiempos coloniales, la cooptación del sistema de justicia y las instancias de fiscalización y control del Estado por parte de la élite economica ha resultado en niveles de acaparamiento de tierra sin precedente los últimos años”, aseguró la lideresa de la UVOC. 

De acuerdo a datos recopilados por la investigadora Laura Hurtado, de 2015 al 2023 la Policía Nacional Civil ejecutó 41 desalojos en Izabal y Alta Verapaz. Actualmente, y pese a la existencia de una mesa de conflictividad agraria que opera desde febrero del 2024, en el primer semestre del gobierno de Bernardo Arévalo se han realizado 15 desalojos, cuatro de ellos de manera extrajudicial. Los desalojos acontecieron en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla y Jalapa. 

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), quien también participó en la audiencia de la CIDH, señala que existe un patrón en los desalojos del gobierno actual al considerar que es un intento de confrontación como parte del “pacto de corruptos”. En éste, argumenta él, participan la fiscal general, Consuelo Porras, fiscales distritales, corporaciones municipales e incluso bandas criminales de narcotráfico.

La audiencia ante la CIDH fue solicitada por el Comité Campesino del Altiplano, el Bufete Jurídico para Pueblos Indígenas, Protección Internacional de Mesoamérica, la UVOC y DPFL.