Septiembre guarda su penúltimo día (29) para la celebración del Día Nacional del Maíz; pero, al ser el grano un inigualable elemento de la calidad alimentaria, una columna de la economía y un tesoro de nuestra cultura actualmente es el mejor momento para defender a la preciada planta -tal y como la conocemos- de su desaparición.

El día de ayer, martes (21), fue lanzado un boletín por parte de Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo, conformada con 53 personas, entre las cuales se encuentran representantes de 20 organizaciones de campesinos, apicultores, investigadores, artistas y defensores de los derechos humanos. En él se anuncia que esta semana los mecanismos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejarán de lado su reposo transitorio e iniciarán la discusión respecto a la conveniencia de conservar o revocar la medida precautoria que prohíbe la producción de maíz genéticamente modificado (GM) en México.

Los antecedentes

Por supuesto, esta guerra no es un evento reciente, tienen años de ser lidiada. Todo inició por la intención de campesinos y científicos de proteger tanto el reservorio genético, como la diversidad del maíz; aunque posteriormente la sospecha de alteraciones a la salud de los consumidores de maíz transgénico se sumó como un poderoso motivo para prohibir la siembra del maíz GM.

Fue justamente hace 8 años (septiembre del 2013) cuando la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo comenzó con un proceso de litigio para mantener suspendida la siembra de maíz transgénico en México. El recurso legal fue dirigido contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa, actualmente Sader), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los solicitantes de permisos de liberación o siembra comercial de transgénicos de maíz: Las corporaciones Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto.

Sin embargo, las grandes empresas del sector agroindustrial rebatieron esta proeza a través de decenas de impugnaciones y encontraron una oportunidad en los permisos con medidas de contención y con finalidad científica, es decir: argumentaron que al permitírseles continuar con la siembra de maíz transgénico (comúnmente asociado al herbicida glifosato) se abonaba a la innovación tecnológica y científica en pro del beneficio general.

Pese a que en marzo del 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato es posiblemente cancerígeno, para el 2016 los Tribunales Federales ya permitían la siembra “experimental” de maíz transgénico, porque en sus propias palabras: “podrían ser útiles para recabar elementos de prueba que demuestren los efectos (positivos o negativos) (…) y esos elementos podrían ponderare para decidir (…) si pueden permitirse o no liberaciones de OGM (organismos modificados genéticamente) de maíz”.

Los requisitos para que las agroindustrias sigan sembrando maíz MG son, básicamente, solicitar siembras experimentales (las cuales deben estar sujetas a vigilancia y control judicial) bajo el pretexto de aportar elementos para que los Tribunales Federales puedan llegar a un veredicto respecto al veto o admisión del maíz transgénico en los campos mexicanos.

Monsanto de nuevo

Pensar en la trasnacional Bayer-Monsanto representa para muchos hablar de glifosato, y es que dicha compañía ha protagonizado miles escándalos y problemas legales en Canadá, EE. UU. y Francia (por nombrar algunos países) por implementar dicha sustancia.

La demanda colectiva descubrió que la empresa Bayer-Monsanto, entre otras trasnacionales, ha ignorado los procesos de solicitud de permisos, los cuales consisten en que las autoridades ambientales y de salud hagan un dictamen previo en la zona donde se desea utilizar el glifosato. Así, también omiten la aportación de reportes mensuales de datos de control y seguridad de sus procesos, con el propósito de prevenir que su tecnología sea evaluada y en consecuencia la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo sea incapaz encontrar elementos útiles para aportar a los tribunales en contra de la trasnacional.

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Recordemos que la compañía Monsanto se había amparado legalmente para evadir un decreto presidencial expuesto el 31 de diciembre del 2020, en el cual se prohíbe la siembra del maíz transgénico, al igual que el uso, adquisición, distribución e importación del herbicida glifosato. No obstante, en mayo un juez revocó dicho amparo, demostrando que estas titánicas empresas, pese a ser poderosas, no son invencibles.

Queda esperar

En este momento, las ministras y los ministros de la SCJN tienen la importante tarea de analizar la información meticulosamente recabada por la Demanda Colectiva por los últimos cinco años y medio, y tomar en cuenta los descubrimientos de la IARC para proporcionar a la nación entera un fallo ético.