Radio Zapatista

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Acolzacan, Chilapa de Álvarez, Guerrero; El día 2 de Abril la caravana arribó a la Montaña de Guerrero, para encontrarse con más de 21 representaciones de comunidades y pueblos indígenas: NaSavi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Mestizos, organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). La marcha avanzó escoltada por filas de la Policía Comunitaria quienes iban pendientes de cuidar la movilización y estar atentos ante cualquier amenaza. Las columnas avanzaron hasta el centro de la comunidad donde se compartieron los mensajes y denuncias, para después comer y descansar de un largo viaje del día anterior. Por la madrugada se informó de la presencia de un convoy armado en Colotepec, Chilapa, esto fue confirmado por la Guardia Nacional quienes se mantuvieron al margen. EL CNI y organizaciones solidarias emitieron comunicados para demandar medidas de seguridad para la caravana y el alto al hostigamiento a los pueblos que luchan en la montaña. Toda la noche se organizaron guardias y por la mañana nuevamente escoltados por la Policía Comunitaria la Caravana siguió si paso hacia la Ciudad de México.

Los pueblos del CIPOG en la montaña, han estado sitiados por grupos criminales en complicidad con el mal gobierno, llamados «los ardillos» y «los rojos». Debido a la corrupción que impera en las fuerzas policías e instituciones, el margen de acción para estos narcotraficantes les ha permitido crecer y aterrorizar a las poblaciones con pocas o nulas consecuencias por parte del gobierno. Esta situación ha generado 48 asesinatos y 18 desaparecidos a la organización del CIPOG EZ, sin contar los demás crímenes que han generado en la zona estos grupos paramilitares. Los últimos dos activistas desaparecidos, fueron detenidos por la Policía Municipal de Atristan la cual los detuvo y nunca entregó. Sus compañeros han exigido una respuesta a las autoridades sin obtener ningún resultado positivo, ante ello han decidido buscarlos ellas y ellos mismos, sumándose a las brigadas nacionales de búsqueda. Cabe mencionar que los compañeros han denunciado la relación de estos grupos criminales y la gobernadora Evelyn Salgado y su padre (acusado entre otras cosas de violación) por lo que el no pudo competir a la gubernatura e impuso a su hija para mantener el poder.

Las comunidades campesinas de Guerrero han decidido desde hace años impulsar una policía comunitaria autónoma para autodefenderse, esta iniciativa ha sido criminalizada y han buscado doblegarla, comprarla y dividirla. Sin embargo esta se mantiene ante la necesidad de los pueblos. «La delincuencia tiene mas libertad que la gente que lucha, mientras que la gente que se organiza es reprimida por el crimen organizado y el Estado con ordenes de aprehensión. «Para los oídos del gobierno no somos nada y si nos hacen caso es porque estamos organizados»

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Puerto de Veracruz; El 2 de abril se llevó a cabo las actividades programadas en coordinación con las organizaciones que recibieron la caravana como la Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CIG y CNI en el Puerto de Veracruz y la Asamblea Ciudadana en Defensa del Agua en Veracruz, Boca del Río y Medellin, los compas del CNI en Totonacan, y compas feministas. Ellas y ellos nos platicaron de las problemáticas que viven en la región por la privatización y contaminación de agua que han hecho las empresas avaladas por el gobierno. Exigieron la cancelación de las concesiones privadas del grupo MAS integrado por Grupo Odebrecht y Grupo Acciona quienes han causado serios daños ecológicos de la flora, fauna, lagunas, ríos, manglares y la Zona Maritima de la zona. También demandaron la re conexión de agua y drenaje afectadas por estas empresas y la condonación de pagos. Remarcarcaron enfáticamente su rechazo a que se destinen recursos hídricos a Mega Proyectos industriales como el Proyecto Integral Morelos, las concesiones mineras y la extracción de hidrocarburos mediante el Fracking.

La actividad empezó poco antes del medio día con un mitín en el Zócalo del puerto, tras los discursos, partió una marcha que camino por el malecón denunciando los derrames de aguas negras y contaminadas al mar por grandes hoteles. También es Veracruz uno de los estados con mayor indice de violencia, que ocupa los primeros lugares en asesinatos de periodistas y feminicidios. La policía se ha mezclado y patrullan con militares y marinos fuertemente armados que han tomado las funciones de la policía municipal. La marcha concluyó en el Asta Bandera donde el movimiento feminista ha instalado una antimonumenta para recordar los feminicidios en el Estado. Ahí entre discursos, canciones y baile se mantuvo la protesta.

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 30 y 31 de Abril, Veracruz; En el noveno día, la Caravana se desplazó desde la zona central de Veracruz hacia la Sierra de Santa Marta, a la comunidad de Almoloya, región donde se asientan los pueblos nuntajiyi, nahuas y mestizos. En una cálida recepción se platicó brevemente de la sobre el movimiento social local para después continuar con un huapango presentado por músicos de la agrupación Alteptl.

El décimo día empezó con una ceremonia para inaugurar los trabajos de la asamblea regional extraordinaria del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto Por la Vida, en la cual participaron 26 comunidades diferentes, los oradores compartieron la palabra por la defensa de la tierra, el agua y la vida. Se habló de como megaproyectos privados y estatales intentan instaurarse en esta región ofreciendo mejoras de infraestructura, prometiendo disminución de precios en combustibles y en la canasta básica, esta estrategia no engaña a los pueblos, entienden que las mentiras y falsas promesas son solo una de las muchas formas que utilizan en sus ansias de explotar el territorio, la región ya tuvo la experiencia del desecamiento de pozos por proyectos anteriores de este tipo, ahora bajo el nombre de Comesa, nuevamente buscan apropiarse de los bienes comunes pero la organización se teje para hacerles frente fortaleciendo su máxima instancia de decisión, la asamblea.

La Caravana por el Agua y la Vida compartió las diferentes experiencias de las organizaciones que la integran haciendo un recuento de la lucha por el agua de los Pueblos Nahuas, la reivindicación del derecho a una vivienda digna para la comunidad Otomí, la militarización para la instauración de la termoeléctrica en Huexca, la represión al pueblo Mazateca de Eloxochitlan de Flores Magón, del despojo a compañeros de Triquis aglutinados dentro de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo al igual que la exigencia de justicia en el caso del asesinato de su compañero Luis Armando Aquino, de la represión a periodistas y compañeros de los doce pueblos de Tecamac, del despojo territorial por parte de una mina de carbón en Lutzerat, del despojo colonialista por parte de Inglaterra en otros países, de la ocupación de tierras en Francia contra la destrucción. Los compañeros abrazaron el esfuerzo de los pueblos que no se rinden, que resisten a la hidra capitalista, mientras defienden su autodeterminación.

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La crisis actual por el aumento en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales que impacta en el precio final, señaló la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.

En la actualidad, la tonelada de maíz se encuentra en 8,500 pesos, 20 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, cuando registró un costo de 6,900; es decir, 345 pesos por bulto de 50 kilos.

Mediante comunicado, la Campaña Nacional hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano. Destacó que difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica del país y de la soberanía alimentaria.

Liberalización

Entre 1988 y 1998 se liberalizó el sistema-producto maíz que estaba regulado por la intervención de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) a la compra y a la distribución bajo forma de tortillas con subsidio generalizado.

Malin Jönsson, coordinadora de la organización Semillas de Vida de la Campaña Nacional, explicó que en esa década se retiró el involucramiento del Estado en el comercio y distribución de alimentos. “Entonces el precio pagado a los productores es una cosa, pero el precio a los consumidores es otra y ninguno de los dos tiene subsidio y se supone que está controlado por el precio en el mercado internacional”.

Pero los costos están directamente relacionados con el precio en la Bolsa de Chicago que empieza a comprar contratos futuros de los alimentos básicos como el maíz y el trigo, y eso contribuye al incremento del precio en México y afecta de manera directa a los consumidores.

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Jönsson abundó que, en teoría, los números son vigilados, pero se aprovechan del contexto del conflicto bélico en Europa para subir costos pensando en un desabasto. No obstante, “no hay un desabasto de alimentos, realmente se está produciendo suficiente maíz para el consumo humano y no es necesario incrementar el precio”.

México produce suficiente maíz blanco para abastecer 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal. Mientras, al año se cosechan 24 millones de toneladas de maíz blanco.

El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada “que no merecemos las y los mexicanos”.

Maíces nativos

Para Semillas de Vida es muy importante la producción de los maíces nativos que necesitan subsidios con apoyos directos a la producción de la diversidad de los alimentos del país para hacerle frente a los verdaderos efectos económicos y alimentarios de las guerras.

En este contexto, es importante que el Estado tome un papel mayor en la producción, de lo contrario seguirá la fluctuación de los precios que no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, sólo a los intermediarios se quedan con esa ganancia y se pone en riesgo la soberanía alimentaria.

En abril de 2020 se promulgó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, pero a la fecha el reglamento no ha sido presentado, aunque existe la propuesta de crear un Consejo Nacional de Maíz Nativo donde se van involucrar diversos actores de las dependencias federales estatales, pueblos originarios, además de la sociedad civil.

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“Porque algunos actores no tienen la visión de la soberanía alimentaria, sino de dejar entrar a las grandes corporaciones, convencidos de que necesitamos ese apoyo”, lamentó Jönsson. Para la organización es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.

Consumo a la baja

En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Ahora, el maíz supera precios jamás vistos y el mercado de abasto es incierto.

La tortilla es el principal alimento de los mexicanos y proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.

Además, privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable, declaró la organización quien resiste la privatización de la semilla y que hace hincapié en la elaboración de tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, “es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional”.

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La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País señala la urgencia de que el país produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación, “es una meta que se puede alcanzar”.

En un documento hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano.

“No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinti

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado viernes (25) un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incendió las redes sociales.

En el documento, titulado ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?, la dependencia reclama que el actual gobierno federal “trabaja en la remediación del desastre socioambiental”, permitido y promovido por administraciones pasadas en dicha región del país.

Uno de los temas que menciona el comunicado de Semarnat por contribuir a la devastación del sureste mexicano es la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, los cuales demandan grandes cantidades de agua, así como la utilización de agroquímicos que generan severas afectaciones ambientales.

Una semana antes, Avispa Midia publicó la investigación El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma aceitera, donde revelamos la existencia de más de 7 mil hectáreas de palma aceitera cultivadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, un Área Natural Protegida (ANP) en Chiapas.

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Días después, el comunicado de Semarnat corroboró esta información al referir que existen 8,000 hectáreas de palma aceitera dentro de La Encrucijada, una ANP con extensión de 144 mil hectáreas, la cual alberga los ecosistemas de humedales más importantes del Pacífico Americano.

Lo que no menciona el comunicado de Semarnat, al pretender justificar que la expansión de la palma aceitera es un problema del pasado, es que la agroindustria recibe el apoyo de la actual administración federal por distintas instituciones. Mediante acciones u omisiones, permiten la expansión de los monocultivos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las Secretarías de Bienestar y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bajo la administración de la autodenominada “Cuarta Transformación”, continúan el trabajo de gobiernos pasados al apoyar el avance de la palma aceitera en el sureste mexicano.

Tal es el caso de la poca o nula fiscalización de la Profepa ante las reiteradas denuncias de contaminación por parte de las plantas procesadoras de aceite de palma ubicadas en Chiapas.

En ese estado, como reitera el comunicado de Semarnat, existen más de 49 mil hectáreas sembradas con ese monocultivo. Chiapas también posee la mayor infraestructura para su procesamiento, lo que en regiones como Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, está causando severos problemas de salud.

Apenas el pasado febrero, más de 4 mil personas se movilizaron para denunciar la contaminación que les provoca malestares como nauseas, mareos y dolores de cabeza; sequía, así como afectaciones en las tierras y muerte de ganado.

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La protesta de febrero sucedió tras años de denuncias ignoradas por las autoridades ambientales. Incluso, previamente los habitantes de Benemérito de las Américas enviaron documentos y cartas, tanto a la Profepa como al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta alguna.

Como documentó Avispa Midia, la expansión de la palma aceitera en la costa de Chiapas obtiene un nuevo impulso con el programa de gobierno Sembrando Vida. Así lo aseguró Juan Carlos Castro, director de La Encrucijada quien alertó que productores palmeros se “colaron” como beneficiarios del programa que pretende atender la degradación ambiental del país.

La organización Earthworm Foundation, quien trabaja con palmeros para alcanzar la “sustentabilidad” del monocultivo, también señaló que dentro de Sembrando Vida existen productores que están combinando sus cultivos de palma aceitera con cacao.

Esto lo confirmó la empresa Nestlé, quien mediante el documento Abastecimiento responsable de aceite de palma de 2020 aseguró que trabajó con el programa de subsidios del gobierno federal con productores dentro de La Encrucijada, quienes suministran a cuatro procesadoras de la región.

Cabe destacar que la multinacional Nestlé es la principal compradora del aceite de palma proveniente de La Encrucijada, lo cual implica numerosas infracciones al manejo del ANP.

Por su parte, la expansión de la palma en México también cuenta con el apoyo de la Sader. Su titular, Víctor Villalobos Arámbula ha mostrado su respaldo a la industria palmera, tanto con productores nacionales como con alianzas con compañías trasnacionales.

“La Sader es un aliado de los productores de palma de aceite, por lo que juntos revertiremos las opiniones infundadas y negativas de su cultivo con argumentos basados en la ciencia y la investigación, lo que redundará en ampliar la producción de aceite”, expresó Villalobos en una reunión de 2019 con representantes de gremios palmeros.

Entre los presentes en aquella reunión se encontraba Jorge Terrones López, Director General del Grupo Oleosur y presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite. Resalta la cercanía de representantes de Olesur con Sader, debido a que su subsidiaria, Plantaciones del Soconusco, cuenta con plantaciones dentro de la Reserva de La Encrucijada, sin contar con autorización de la Semarnat.

Más recientemente, en 2021, la Sader y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) se han sumado a las metas de PepsiCo a través de su programa “Agrovita”.

En mayo de 2021, Villalobos Arámbula participó en el lanzamiento del programa Agrovita, una iniciativa de PepsiCo Alimentos México, quien anunció una inversión de 20 millones de pesos para la expansión de palma de aceite en Chiapas y Tabasco, lo que se traduce en un renovado impulso para la expansión de las plantaciones de este monocultivo, principalmente en zonas que cuenten con las condiciones climáticas, como la región costa, selva y zona norte de Chiapas.

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Martes 29 de Marzo, Actopan, Veracruz; Al octavo día de andar, la caravana fue recibida en la Casa del Campesino, espacio de los ejidatarios en el municipio de Actopan. Los campesinos, el parroco y activistas se sumaron para compartir los alimentos y escuchar brevemente las palabras de los presentes sobre la problemática actual, una palabra cargada de preocupación y rabia por el acecho que tiene la minería en esta región. Los malos gobiernos han concesionado grandes extensiones del territorio mexicano a los intereses extractivistas mineros, estos tienen pleno acceso, autorización y dialogo con los diferentes niveles de gobierno para realizar sus actividades. El impacto que tienen para el medioambiente es irreversible, las áreas en las que se instaura la minería se vuelven zonas de sacrificio, la recomposición del territorio que generan destruye el ecosistema, saquea y contamina el agua, ademas, descomponen aceleradamente el tejido social para poder dividir consciencias, comprar voluntades, amedrentar o asesinar a sus detractores y opositores. «La mina mata», fue una de las consignas que se gritó, la Caravana escucha este grito y se suman al mismo por un territorio libre de minería, reivindicado el derecho de los pueblos a expulsar megaproyectos extractivos contrarios a la vida y al intéres común por defender la vida de todas y todos. La vida se habrá de defender con la vida misma.

En entrevista, un compañero nos compartió la grave situación que viven actualmente, existen en esta zona de Veracruz dos concesiones a empresas mineras con filiales mexicanas, minera Gavilan, minera Alondra y Candelaria minning, una en el municipio de Actopan y las otras en el municipio de Alto Lucero. La Ley Minera se ha instaurado como el baluarte máximo en beneficio de las empresas, esta ley, valida la depredación del territorio por periodos de 50 años, lo que hace la defensa territorial una lucha de toda la vida. Si bien aun las empresas mineras aun no empiezan la fase de explotación, bajo la fase de exploración han perforado ya 800 barrenos con una profundidad de 800, 1,000 y 1,200 metros, estas perforaciones han quebrado los mantos acuíferos desplazando el agua a una profundidad mayor por lo que en la zona ya existe una grave situación en la disponibilidad del vital liquido, manantiales y pozos que desde generaciones pasadas eran usados ahora se encuentran secos, la laguna en la que anteriormente se podía pescar, ahora es una planicie desertificada, la crisis ya empezó, de no organizarse por la expulsión de estas empresas la situación empeorara para la población.

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30 de marzo, 2022

*Organización en el campo y la ciudad para enfrentar el capitalismo en Apizaco, Tlaxcala.**

La Caravana, en su séptimo día de de viaje, llegó a Apizaco, Tlaxcala, para ser recibida por parte de la Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente UPADI. Han pasado 32 años desde la fundación de esta organización quienes se declaran adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, luchan «en contra del mal gobierno» y la imposición de sus leyes que afectan su vida o trabajo, buscando mejoras urbanas sin reglamentación excesiva. En ese sentido han hecho retroceder al gobierno en sus alzas de tarifas al predial y agua. Actualmente pelean por la expulsión de la empresa Coca Cola del municipio, esta empresa, le fue concedida la perforación de un pozo, denuncian que al interior de sus instalaciones han hecho tres más de forma ilegal. La UPDI también cuenta con miembros ejidatarios de la región de la Malinche que se manifiestan a favor de la semilla criolla frente a una política gubernamental que busca instalar la semilla mejorar y el paquete de agroquímicos que dañan la salud del ser humano y la tierra.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Desde los Altos de Chiapas en donde se encuentra la Tierra Sagrada de Acteal, venimos a este lugar para exigir una justicia verdadera y de raíz por el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro).

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, sobrevivientes de la Masacre de Acteal, junto con la familia de Simón Pedro y nuestros abogados y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), nos encontramos en frente del Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas, para realizar una Acción Pacífica y No Violenta, durante la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas, con relación al cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Venimos hasta aquí, para exigirles a la Fiscalía General (FG) y al Poder Judicial del estado de Chiapas (PJE) que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia e investiguen no solo el delito del autor material del asesinato de Simón Pedro, sino, también a los que dieron la orden de matar y/o responsables del contexto de violencia generalizada en el municipio de Pantelhó, Chiapas.

Queremos reafirmar que a nuestro compañero y hermano Simón Pedro, lo mataron por su lucha y compromiso en la defensa de los derechos humanos, de la Madre Tierra y por la Vida. A nuestro hermano Simón Pedro, lo mataron 7 meses después de haber dejado su cargo de presidente de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas. A Simón Pedro, lo mataron en el contexto de violencia generalizada en el municipio de Pantelhó, y la causa está muy clara, es que Simón Pedro junto a su papá y catequistas de la Parroquia de Pantelhó se solidarizaron con las víctimas y familiares de las personas asesinadas en este municipio, además realizaron jornadas de ayuno y oración para pedir la paz y se detuviera la violencia en dicho municipio, sin embargo como ya es uso y costumbre de los que se dicen llamar gobiernos y policías, así como actuaron los gobiernos y policías en la guerra de contrainsurgencia de Chiapas en el año de 1997, permitieron que los caciques y grupos criminales de Pantelhó, sembraran terror y miedo, asesinando a decenas de personas incluyendo a nuestro hermano y compañero Simón Pedro.

Es por eso que nuestra Acción Pacífica y No Violenta de hoy, recalcamos, que es por la justicia verdadera y se reconozca la verdad, que el asesinato de Simón Pedro fue por su trabajo como defensor de los derechos humanos y que su pérdida, es una pérdida para la familia, la organización y la sociedad al asesinar a una persona que luchaba por los derechos y la vida de todas las personas.

Ante todo lo anterior, exigimos a la FG y la PJE y las autoridades correspondientes que no alarguen el proceso de la aplicación de justicia y agilicen las líneas de investigación hacia los responsables de dar las órdenes de matar a nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Porque ya estamos cansadas y cansados de tanta corrupción, impunidad y violencia en nuestras comunidades y territorios, y para acabar con toda esta desgracia es aplicando la justicia verdadera. Por ello, insistimos a la FG y al PJE de Chiapas, que toda esta violencia y asesinatos en Chiapas, es porque el mismo gobierno y jueces corruptos lo han permitido, desde la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal y premiar a estos asesinos en vez de aplicarles la justicia, se firmó digamos una “ley”, que matar y asesinar a personas inocentes, a defensores de derechos humanos, de la Madre Tierra y la Vida, no serán investigadas.

En nombre de la sangre de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, exigimos a los gobernantes y autoridades correspondientes, que no sigan esas mismas políticas de muerte como lo hicieron sus antecesores. Pero, si las autoridades competentes y gobiernos en turno no acatan el mandato de ley en materia de justicia, entonces, están permitiendo que la impunidad y la violencia se perpetúen, a costa de la vida de las personas defensoras de derechos humanos, de la Madre Tierra y la Vida.

Hermanas y hermanos, por último, queremos agradecerles de corazón a las mujeres y hombres de buen corazón quienes nos acompañaron físicamente y a las que desde algún lugar están pendientes de esta acción Pacífica y No Violenta. Y les pedimos seguir al tanto del proceso de justicia, por la Verdad y la Memoria de nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender los derechos humanos, la Madre Tierra y la Vida!

Desde, Cintalapa, Chiapas; a 28 de marzo de 2022.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva: