^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

^{En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano}

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos integrados por familiares de desaparecidxs se movilizan en una jornada de manifestaciones que se multiplican en 25 estados de México para exigir atención integral a la crisis humanitaria que reporta 104 mil personas desaparecidas.

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Por la mañana en la ciudad de México, colectivos comenzaron a agruparse en la Glorieta de las Mujeres que luchan para enfilarse rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con la presencia de familiares de desaparecidxs de distintos puntos del país, la marcha acompañó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuyas integrantes leyeron un pronunciamiento para cuestionar la inacción de las autoridades de todos los niveles.

“Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal”, reclamaron integrantes del MNDM, para quienes el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, lo cual aseguran no es así.

En la glorieta de la victoria alada, integrantes del MNDM también cuestionaron por qué en el país solo existen 35 condenas por estos crímenes y cuáles son las acciones de las autoridades para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que esperan ser retornados a sus familias.

El MNDM está conformado por más de 80 colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica, quienes también son acompañadas por 40 organizaciones civiles.

Crisis humanitaria

“Esta crisis humanitaria no puede esperar más”, enunciaron las integrantes del MNDM debido a que existen muchos pendientes desde que, en 2018, la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a procurar justicia por estos crímenes.

El MNDM señaló que, a pesar de que México tiene un marco normativo “garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Como ejemplo de lo anterior, reclamaron que han transcurrido más de cuatro años tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento”.

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También demandaron el cumplimiento de otras acciones, tales como la presentación del Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas; así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas y la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Además, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento el cual deberá mencionar instituciones responsables, de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, con plazos precisos de implementación para de esta manera contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

Demandaron también al Congreso federal para la asignación de presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación de seres humanos. “El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”, solicitó el MNDM.

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Otra de las acciones solicitadas al Estado es que reconozca la labor, “no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos”, para de esa manera reducir los riesgos a su integridad derivados de las acciones de búsqueda.

“Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, enfatizaron a través del posicionamiento del MNDM.