Por Sara Frabes

Este viernes (2), tras cumplirse 64 meses del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus familiares, compañeros de lucha y equipo legal aún esperan la sentencia final en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía, presunto coautor intelectual del crimen.

Con experiencia en inteligencia militar, Castillo se desempeñó como director general de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), corporación responsable por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en territorio indígena Lenca, al cual el Copinh, bajo el liderazgo de Cáceres, se opuso exitosamente.

Desde su detención en 2018 mientras intentaba salir de Honduras, Castillo ha permanecido en prisión preventiva. Sin embargo, las audiencias en el juicio contra Castillo solo arrancaron hasta el pasado 7 de abril en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y finalizaron formalmente el pasado lunes (28).

“La responsabilidad del imputado David Castillo como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal de DESA de la familia Atala Zablah”, denunciaron el Copinh y los familiares de Cáceres mediante comunicado difundido el mismo día del cierre del juicio.

De acuerdo al equipo legal y a la familia de Cáceres, “la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres se ha establecido indubitablemente con la evacuación de más de 70 pruebas, luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público”.

Según el comunicado, dichos elementos de prueba vinculan a Castillo con los siete hombres condenados en noviembre del 2018 como autores materiales del homicidio de la ambientalista hondureña.

Por su parte, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, declaró a medios internacionales que no esperan otro fallo mas que de culpabilidad pues “no hay otra opción en el proceso”.

“Hay una participación histórica (de Castillo) en el conflicto, la violencia que ejecutó contra Berta Cáceres y el Copinh, eso está suficientemente acreditado en el juicio”, explicó Fernández mediante conferencia de prensa realizada días antes de la etapa final de las audiencias.

Mientras tanto, Bertha Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh, destacó que el fallo de culpabilidad contra Castillo debe evitar cerrar la puerta a la investigación de los demás autores intelectuales, quienes permanecen en la impunidad, especialmente los integrantes de la familia Atala Zablah, principales inversores del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.

Las partes, tanto la acusación y defensa de Roberto Castillo, ya han presentado sus conclusiones. Por ello, el Tribunal anunció que emitirá su resolución antes del día sábado 3 de julio.

Pruebas

De acuerdo a un recuento del juicio, realizado por el Copinh y su equipo legal, concluyen que la labor de Castillo fue fundamental para coordinar a los autores intelectuales y materiales para cometer el asesinato de Cáceres.

“David Castillo fue parte de una estructura criminal, compartimentó las comunicaciones para establecer un puente entre la estructura superior y la inferior a través de Douglas Bustillo para resguardar información y la identidad de él y de la estructura superior detrás del crimen”, difundió el Copinh mediante campaña en sus redes sociales.

Entre los puntos que destaca la organización indígena está el acercamiento de Castillo con Cáceres para obtener información sobre las actividades de ella y el Copinh para la defensa del río Gualcarque, puesto que tanto él como los directivos de la empresa DESA consideraban a Berta una amenaza para sus inversiones.

Por esta razón, menciona el Copinh, el 7 de octubre de 2015, Castillo creó un grupo de WhatsApp denominado Seguridad PHAZ, con el propósito de vigilar y paralizar las actividades de reivindicación de derechos del pueblo Lenca liderados por Berta Cáceres.

A su vez, el Copinh también enfatiza las comunicaciones entre Castillo y los autores materiales del crimen casi un mes antes del homicidio, específicamente entre el 5 y 6 de febrero del 2016, cuando abortaron un primer intento de agresión contra Cáceres.

El Copinh también resaltó que durante el juicio, el agente que condujo el proceso investigativo, Jesús Perdomo, afirmó que el móvil fue que el crimen estaba relacionado con la oposición de Berta a la construcción de una represa sobre las aguas del Ríos Gualcarque.

En concordancia, durante el juicio, la perita Brenda Barahona también coincidió en que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y resistencia a la construcción de la hidroeléctrica.

Demandas

Además del Copinh, diversas organizaciones e instituciones también se han manifestado alrededor del mundo para exigir justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.

Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que “las y los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas”.

En ese contexto, el organismo resalta la restricción a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales para la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que se desarrolló contra Roberto David Castillo Mejía.

De su lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) se unió a la CIDH para destacar que “la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensoras y defensores de derechos humanos, en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones, o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales”.

Por último, el pasado martes (29), 61 Miembros del Parlamento Europeo se dirigieron a distintas autoridades hondureñas, incluido el presidente de la República Juan Orlando Hernández, para expresar su preocupación por las dilaciones injustificadas en el proceso judicial en curso por el asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres.

“Este caso es de suma importancia para la Unión Europea y esencial para la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras y en toda la región de América Latina. En este contexto, los eurodiputados han hecho un llamado al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto que fue impactada por el atroz crimen”, citan l@s parlamentarios mediante carta.

Cabe recordar que el Copinh ha denunciado también al Banco Holandés del Desarrollo (FMO), uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres.

Debido a las presiones, en mayo del presente año, FMO retiró el financiamiento al proyecto hidroeléctrico. No obstante, el Copinh aún exige el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.