El dia de ayer 05 de Octubre iniciamos una jornada de movilizaciones en diferentes puntos del estado de Oaxaca en coordinación con otras organizaciones sociales para exigir el respeto a los derechos humanos de los presos políticos como el caso de nuestro compañero Fredy García quien fue encarcelado el año pasado por delitos que hasta hoy en día el estado no ha podido aclarar. Desde su detención han entorpecido el proceso legal para el esclarecimiento de los delitos del que se le acusa.
Ante esta clara complicidad del gobierno del Estado con solapar estos actos de impunidad, el Comite por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI nos hemos organizado con otros compañeros y compañeras de distintas organizaciones para juntos hacer presión en la exigencia de Justicia. Pedimos un alto a la impunidad de crímenes y hostigamientos que se han cometido contra nuestros compañeros y compañeras:
1. Libertad inmediata a Fredy García Ramirez (preso político del CODEDI desde noviembre del año pasado)
Esclarecimiento y castigo a los responsables del Crimen cometido en contra de Catarino Torres Pereda el 22 de octubre del 2010 en la Ciudad de Tuxtepec.
Asesinatos cometidos en Contra de Adrián Carmona Cantera e Israel Ramos Ruiz el 21 de febrero de 2017, en Ozolotepec.
Asesinato cometido en contra de Eligio Ramos Ruiz el 21 de octubre de 2017 en Ozolotepec.
Feminicidio cometido en la persona de Yesenia Sánchez San Pablo, el día 15 de noviembre de 2017.
Violación a la niña Ofelia Carmelita Chávez Hernández.
Esclarecimiento y Castigo a los culpables del atentado contra la casa y familiares del Dirigente de CODECI-AR, perpetrado la madrugada del 26 de octubre del 2019, en la comunidad de Santo Domingo Teojomulco.
Agresiones cometido el 3 de abril del 2017, por el grupo paramilitar antorcha campesina, en la comunidad de san Miguel Tetepelcingo, Jamiltepec, Oaxaca.
Despojo y robo con violencia a mujeres indígenas artesanas el día 24 de agosto de 2017 en San Miguel Tetepelcingo, Jamiltepec, Oaxaca.
Incumplimiento de medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos Abel Ramos Ruiz y Josías Ramos Ruiz de la organización social Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur COCISS. Por parte del estado.
Hacemos la denuncia que hoy por la madrugada un comando armado atacó a compañeros que se encontraban en el bloqueo que se mantiene sobre Carretera Federal 200 a la altura de Río de Ánimas, pertenecientes al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
¡Alto a las agresiones a Organizaciones sociales de la Sierra Sur de Oaxaca!
¡Presxs politicxs Libertad!
¡Libertad a Fredy García!
Comite por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
5 DE OCTUBRE DEL 2020.
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno:
A la Sexta Nacional e Internacional:
A las Redes de Resistencia y Rebeldía:
A las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta:
Hermanas, hermanos, hermanoas:
Compañeras, compañeros y compañeroas:
Los pueblos originarios de raíz maya y zapatistas les saludamos y les decimos lo que llegó en nuestro pensamiento común, de acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos.
Primero.- Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aún y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra.
La aberración del sistema y su estúpida defensa del “progreso” y la “modernidad” se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios. El asesinato de mujeres no tiene color ni nacionalidad, es mundial. Si es absurdo e irrazonable que alguien sea perseguido, desaparecido, asesinado por su color de piel, su raza, su cultura, sus creencias; no se puede creer que el hecho de ser mujer equivalga a una sentencia de marginación y muerte.
En una escalada previsible (acoso, violencia física, mutilación y asesinato), con el aval de una impunidad estructural (“ella se lo merecía”, “tenía tatuajes”, “¿qué andaba haciendo en ese sitio a esa hora?”, “con esa ropa, era de esperar”), los asesinatos de mujeres no tienen ninguna lógica criminal que no sea la del sistema. De diferentes estratos sociales, distintas razas, edades que van desde la niñez temprana hasta la vejez y en geografías distantes entre sí, el género es la única constante. Y el sistema es incapaz de explicar por qué esto va de la mano de su “desarrollo” y “progreso”. En la indignante estadística de las muertes, mientras más “desarrollada” está una sociedad, mayor es el número de víctimas en esta auténtica guerra de género.
Y la “civilización” parece decirnos a los pueblos originarios: “la prueba de tu subdesarrollo está en tu baja tasa de feminicidios. Tengan sus megaproyectos, sus trenes, sus termoeléctricas, sus minas, sus presas, sus centros comerciales, sus tiendas de electrodomésticos –con canal de televisión incluido-, y aprendan a consumir. Sean como nosotros. Para saldar la deuda de esta ayuda progresista, no bastan sus tierras, sus aguas, sus culturas, sus dignidades. Deben completar con la vida de las mujeres”.
Segundo.- Miramos y escuchamos a la naturaleza herida de muerte, y que, en su agonía, advierte a la humanidad que lo peor está todavía por venir. Cada catástrofe “natural” anuncia la siguiente y olvida, convenientemente, que es la acción de un sistema humano la que la provoca.
Al CCRI-CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
Al pueblo de México y al Mundo.
Herman@s.
12 DE OCTUBRE. 528 AÑOS DE RESISTENCIA
*JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y CONTRA LA GUERRA AL EZLN, LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Este 12 de octubre, se cumplen 528 años del mal llamado Encuentro de Dos Mundos; este aniversario que para unos pocos es motivo de festejo, para nosotros los pueblos originarios y los pobres de México, es una fecha que nos recuerda el inicio del sufrimiento, de la destrucción de nuestras culturas y el despojo de nuestras tierras y de los bienes que en ellas existen. Pero también es un día en el que celebramos la Resistencia Digna de nuestros pueblos, rememoramos qué en estos 528 años, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres han luchado para defender lo nuestro, es una fecha que tiene un gran valor simbólico, por ello y frente a la grave situación que vivimos y ante la urgente necesidad de levantar la voz y exigir sean respetados los derechos de nuestros pueblos, los estamos convocando a sumarse una gran jornada de movilización nacional.
Vivimos una larga noche que dura ya 528 años, tiempo donde los invasores y sus descendientes han sometido con violencia y engaños a muchos de nuestros pueblos, no son pocos los que han sucumbido ante la avaricia y la sed de ganancia de los poderosos, mientras muchos otros, la gran mayoría sobreviven en medio de la pobreza, la violencia y la discriminación.
Nuestros pueblos dieron su esfuerzo y su sangre para expulsar al conquistador español, sin embargo, una vez independientes, nuestras gentes no encontraron la libertad; ofrendaron a sus hijos para expulsar a los invasores norteamericanos y franceses, pero siguieron sufriendo despojos y violencia; se levantaron en contra del Dictador Díaz, al que derrotaron, pero los gobiernos que asesinaron a Flores Magón, a Villa y a Zapata han estado al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. A pesar de tanta lucha, nuestras gentes siguen enfrentando día a día la violencia, la miseria y los atropellos de los poderosos.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación nacional e internacional no gubernamental
A los centros de derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A los compañeros de lucha por tierra y territorio
A los pueblos originarios que están en lucha por tierra y territorio
Compañeros y compañeras reciban un saludo por parte del ejido Tila, hoy 1 de octubre de este año un grupo de avecindados y pobladores que estaban bloqueando la carretera desde al pasado 25 de agosto por órdenes de Arturo Sánchez Sánchez, Francisco Arturo Sánchez Martínez, Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero, Rodrigo Martínez Parcero, Mercedes del Carmen Bonifaz Gutiérrez, Martín de Celiz Guillen, Ruperta Gómez, Juan López López, Antonio Gómez Gómez, Alonso Sánchez Pérez, Gregorio Urbano López Martínez, Pablo Martínez Jiménez, Faustino Pérez Gutiérrez, Jorge Gordillo Sánchez sobrino de Arturo Sánchez Sánchez y primo de Francisco Arturo Sánchez Martínez, acompañado con el grupo de maleantes Ethan Darío Cordero Domínguez, Aldo Valentino Vázquez Pérez, Darlin de Jesús Velasco Hernández, Jorge Albert Gordillo Sánchez, José Nazario Vázquez Jiménez, Jovany Grajales Lugo cabe mencionar quien estuvo apoyando para darles la alimentación a la Guardia Nacional y la policía estatal y la policía municipal es el ing. Salvador Falcón Aguilar originario de Veracruz y su esposa es originario de Jolmasoja
Estas personas ya mencionados hoy por la mañana ingresaron al núcleo de población Ejidal a las 10:45 a.m. horario normal acompañados de la fuerza pública, 2 de la policía estatal, 2 camionetas blancas de la misma corporación, 1 de escudo urbano, 2 de la policía municipal, 1 de la fuerza ciudadana y 2 de la Guardia Nacional, estas unidades ingresaron sin autorización de la máxima autoridad que es la asamblea general de ejidatarios violando nuestra autonomía y la libre determinación emanado en el art. 2, A) fracción II, así como el 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violando el art. 21 al 33 de la Ley agraria en vigor y el art. 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas. Estas corporaciones ingresaron por órdenes de los dirigentes paramilitares que han estado intimidando nuestro ejido desde el 25 de agosto quienes tiraron el portón de seguridad y empezaron a obstruir el paso a los transeúntes, así obstruyendo el paso de vehículos de servicio público de carga y privados.
El 22 de diciembre del año 1997, un grupo de indígenas Tzotziles fue atacado por paramilitares mientras se encontraba orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. El ataque dejó un saldo de 45 muertos, incluyendo niños y mujeres embarazadas.
Aunque el gobierno mexicano mostró la masacre como parte de un conflicto étnico entre comunidades locales, para las personas que habitan la región la connivencia del Ejército Federal con el grupo armado responsable del ataque siempre ha sido obvia, lo que inscribe la masacre de Acteal en una estrategia deliberada del Estado para desarticular la organización social en la región.
Foto de Las Abejas de Acteal
Desde 1997, las y los sobrevivientes, familiares de las víctimas y miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas – la cual fue creada poco antes del levantamiento zapatista en 1994 y ha tenido una historia de solidaridad y cercanía con el movimiento armado aunque desde una perspectiva propia pacifista – han llevado una lucha incansable para obtener justicia y verdad. La presión ejercida obligó a las autoridades a detener y procesar diferentes paramilitares que participaron en la matanza, sin embargo, los autores intelectuales nunca fueron condenados.
A casi 23 años de la masacre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares por el ataque paramilitar.
“Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad, efectuado el pasado 3 de septiembre.
Ese día, un acuerdo de “solución amistosa” también fue firmado con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas asesinados en 1997, aglutinados en una agrupación llamada Las Abejas de Acteal Consejo Pacifista, la cual nació de una división reciente con la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En dicho acuerdo, se incluyeron medidas “de reparación” como becas educativas, apoyo en vivienda, mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria y de atención médica. Además, el Estado ofreció medidas de no repetición y una compensación económica individualizada para los familiares de 18 víctimas y 12 sobrevivientes de la masacre.
Engaños
Mujeres de Actal protestan para exigir el desarme de grupos paramilitares en la región de los Altos de Chiapas. Agosto, 2019. Foto del equipo de comunicación de las Abejas
Por otro lado, la funcionaria Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteó que el acuerdo pondría fin al proceso litigioso interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.
Sin embargo, para la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, esos actos no son más que “engaños”, ya que “una disculpa pública no basta, pues no es un verdadero acto de justicia”: el Ejército, así como otros altos mandos responsables de dirigir el Plan de Campaña Chiapas 94, deben ser investigados y llevados a juicio. De hecho, la organización le pidió a la CIDH que siguiera con las investigaciones, y declaró que sigue a la espera de que la Comisión emita el informe de fondo sobre el caso.
Entre las personas vinculadas con la masacre, se han señalado a Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar y David Gómez Hernández.
A través de su comunicado, la Sociedad Civil Las Abejas insistió en que a pesar del dolor, de los años que pasan sin obtener justicia y de la división que con el tiempo se ha creado entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, no han perdido su determinación.
“Tal vez pensaron que nos íbamos a cansar. Que las repetidas injusticias que han cometido con nosotros, año con año, iban a matarnos por dentro. Que el dolor iba a terminar por dejarnos callados, si pasaba suficiente tiempo. Que después de lograr dividir a nuestra organización y a los sobrevivientes y familiares de nuestros mártires, perderíamos la esperanza de que viniera la verdadera justicia y nos conformaríamos con cualquier ayuda o apoyo para nuestra familia. El gobierno federal tal vez pensó que aceptaríamos cualquier cosa que aliviara, aunque fuera un poquito la situación de dolor y pérdida que ha marcado nuestras vidas, desde que los paramilitares se organizaron para venir a matarnos. Que nos conformaríamos con cualquier cosa para evitar sentir que todo lo que hemos estado esperando y exigiendo por tantos años no ha servido para nada. Pero no.
El cansancio no nos venció. El desgaste no nos dobló. Los golpes no nos han tumbado. La desesperanza no se ha apoderado de nuestro corazón. Ninguna promesa de compensación económica ha sido suficiente para conformarnos con una disculpa pública que no llega a la raíz de la verdad, que deja en la impunidad a todos los responsables y por ello no garantiza que no pueda volver a suceder un Acteal en nuestras tierras”, afirmó el comunicado.
Paramilitarismo, en aumento
Durante años, el ejido de Tila ha denunciado la actuación de células paramilitares en la región norte de Chiapas. Enero, 2016. Foto de Koman Ilel
De hecho, como lo detalló Herman Bellinghausen, periodista y autor del libro “Acteal: Crimen de Estado” en una extensa entrevista con Carmen Aristegui, están sucediendo cosas muy graves en la región actualmente, en particular en los municipios de Aldama y Tila donde se han multiplicado los ataques paramilitares.
“Estamos viviendo lo mismo, son las mismas armas, porque nunca se les confiscaron las armas a los paramilitares que actuaron en Acteal, y ahora seguramente tienen más ya que entran otras variables como el narcotráfico, pero sigue siendo una operación militar y a mi me da la impresión de que salvo unas actualizaciones, siguen vigentes los manuales de constrainsurgencia que se usaron entonces, que a su vez eran inspirados en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono.
Entonces yo creo que este acuerdo es una prisa para liquidar un asunto que no está liquidado. (…) La militarización actual en Chiapas es la misma que antes, están profundamente militarizados y las comunidades siguen sitiadas, invadidas y rodeadas por el ejército federal y cuando suceden los problemas que están sucediendo, que recuerdan tanto los del 97 donde hay muertes, desplazados, pueblos arrasados, la inacción de la Guardia Nacional es muy preocupante, y yo diría que es sospechosa”, alertó el periodista.
En el mismo sentido, el comunicado de las Abejas afirmó: “Pensamos que la solución amistosa firmada el pasado 3 de septiembre fue un engaño para que ustedes puedan lavarse las manos en este caso y aparentar que el gobierno de López Obrador es diferente.
Si de veras estuvieran tan interesados ustedes en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares? ¿por qué sigue habiendo muertos y heridos de balas de grueso calibre en Aldama y en Tila?, ¿por qué sigue aumentando el número de desplazados en Aldama y en Chalchihuitán, por qué se deja actuar libremente y sin castigo a los grupos de corte paramilitar que destruyen casas de los que buscan su vida autónomamente, colectivamente, sin aceptar apoyos del gobierno?”.
CERRS No 10
Comitán, Chiapas, México.
Denuncia publica
29/09/20
Presos Indígenas en lucha.
Organización Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.
A la opinión publica
A los medios de comunicación
A la Sexta nacional e internacional
A los defensores de derechos humanos ONG’S
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Al pueblo de México y del mundo
Por medio de esta denuncia hacemos publica de las hostigaciones que estamos viviendo por parte de un comandante de nombre Jesús Luis mas conocido como Rambo, ya que durante que tomo el puesto de comandante nos ha restringido el paso de nuestros c0ompañeros internos para que nos puedan vender y nos han prohibido hablar con ninguno de ellos. El día de hoy me tome la libertad de hablar con el y preguntarle el porque las hostigaciones y represiones por el cual argumento que es orden de director del centro de nombre Alejandro Constantino Hernández.
Ya que el motivo de la represión es porque desde el 15 de marzo del 2019 comenzamos una huelga de hambre exigiendo nuestras libertades porque somos victimas de tortura y delitos prefabricados.
Y por todo eso quiero enviarles saludos a todas las organizaciones sociales y derechos humanos que se indignan de las injusticias.
Y pedimos la intervención de los derechos humanos Frayba para que cese las hostigaciones y represiones de parte de los servidores públicos.
28 personas heridas y 6 muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio.
El día de hoy, 30 de septiembre de 2020, Artemio Pérez Pérez, de 26 años de edad, originario de la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue herido de bala, durante un ataque armado procedente del punto llamado T’elemax, en Santa Martha, Chenalhó. Su estado es de gravedad y fue trasladado al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.
Con Artemio Pérez Pérez son 28 personas heridas, además de 6 muertas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, desde marzo de 2018. En este mes de septiembre se registraron seis personas heridas de bala.1
Desde el día 29 de septiembre de 2020, a las 18:09 horas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentó agresiones armadas a la comunidad de Tabak. Los ataques persisten hasta el día de hoy. De acuerdo a reportes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama:
“Sigue muy fuerte los disparos de altos calibres en contra de la comunidad de Tabac Aldama, los disparos provienen en el punto de T’elemax Santa Martha Chenalhó, siendo las 10:00 horas».
Reiteramos al Estado mexicano su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y hombres en situación de riesgo en los límites de los municipios de Aldama-Chenalhó. Urgimos:
A la Secretaría de Salud: Se brinde y garantice el acceso a una atención médica oportuna, pronta, inmediata e integral a Artemio Pérez Pérez, ante posibles daños que afecten su estado de salud.
A la Fiscalía General del Estado: iniciar las investigaciones en contra de quienes resulten responsables de los hechos delictuosos y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano exigiendo:
Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.
Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para proporcionar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.
Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.
Riesgo para la vida en comunidades Maya Tsotsiles en el municipio de Aldama.
1 Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 años, originarios de la comunidad de Cotsilnam, heridos de bala, el 04 de septiembre de 2020; Andrés Ruiz Santis, de 61 años de edad, originario de la comunidad de Sepelton, fue herido de bala, en el camino de Tabak. el 12 de septiembre de 2020; Raymundo Pérez Sántiz de 16 años y Armando Pérez Sántiz de 31 años, heridos de bala, en Tabak, el 13 de septiembre de 2020.
Eran las cinco de la mañana del día 18 de Julio del 2020 cuando treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras.
Dicho grupo está involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.
En entrevista con Miriam Miranda, coordinadora garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) comenta: “la primera persona detenida fue el Sr Gerardo Mizael Róchez Cálix, luego de un allanamiento a su vivienda. Posteriormente, el operativo se dirigió́ a la casa del presidente del patronato, el Sr. Alberth Sneider Centeno, quien también fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. En tercer lugar se dirigieron a la vivienda del Sr. Suami Aparicio Mejía García, en este lugar, agredieron a su madre y a su hermana. Luego, el padre del Sr. Martínez Álvarez condujo a los perpetradores al lugar donde se encontraba su hijo. En este lugar, el Sr. Milton Joel Martínez Álvarez fue privado de la libertad además de una quinta persona, de nombre Junior Rafael Juárez Mejía”.
Para entender este asedio de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente de Honduras, en contra de las comunidades Garífunas, también es necesario entender los antecedentes que le dieron las bases a este narcogobierno para atacar, destruir y exterminar a los Garífunas.
Desde inicios del siglo XX existe un plan de despojo, desprecio y desplazamiento sistemático contra las comunidades Garífunas. Esto inició cuando las compañías bananeras se apropiaron de los territorios Garífunas a través de la concesión de los 100 años. Décadas después, en los años 70s y 80s, con la Reforma Agraria, los militares se apoderaron de otra porción del territorio Garífuna y junto con el Instituto Nacional Agrario (INA) se lo entregaron a los portentosos empresarios de la palma aceitera.
El 29 de octubre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH”) el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros contra la República de Honduras (CIDH, 2015). La misma fue admitida el 14 de marzo.
Miriam relata que: “A partir del golpe de Estado del año 2009, el Congreso Nacional golpista y sus actuales herederos (JOH), no han cejado en forjar leyes al servicio del capital foráneo en detrimento de los intereses del pueblo hondureño y en especial al más del 80% del territorio Garífuna. Desde julio del 2009, Honduras se convirtió en un epicentro del narcotráfico en el istmo además de pasar a ser el país más violento del planeta. Es entonces cuando iniciaron los ataques, amenazas, criminalización y asesinatos en contra de líderes defensores de los territorios Garífunas, durante el juicio ante la Corte IDH en el 2015.
En los dos casos de la Sentencia mencionados, el Estado de Honduras negó la condición indígena y tribal de la comunidad Garífuna, argumentando: “la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo indígena”, y que, “por el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales”. Con eso el Estado también reflejó no solo su desprecio al pueblo Garífuna sino su negativa para el cumplimiento de las sentencias, que no es más que devolverles el territorio robado a las comunidades beneficiarias”, señala Miranda, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros.
Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.“Después de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”,recuerda Miriam Miranda.
La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, se ubica en el departamento de Atlántida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de carácter rural y cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En 1797, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. Según la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
San Juan Garifuna. Foto por Angel Huerta 2017
Las comunidades Garífunas han sido blanco de despojo desde hace mucho tiempo, por lo cual Miriam Miranda realiza un recuento sobre el asedio.“El primer hecho de invasión fue cuando el 6 de julio de 1969 la empresa MACERICA adquirió un terreno de unas 50 hectáreas situado en el lugar denominado “Río Plátano; seguido, entre agosto de 1993 y julio de 1995 la Municipalidad de Tela vendió́ aproximadamente 44 hectáreas de tierras de la comunidad a favor de la empresa IDETRISA. El 15 de enero de 1997, la Corporación Municipal de Tela acordó traspasar al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de Tela 22.81 manzanas ubicadas en el territorio de la Comunidad.”
“En el 2000, el Congreso Nacional de manera inconsulta crea el área protegida y parque nacional Punta Izopo (Decreto No 261-2000), cediendo la administración a la organización no gubernamental PROLANSATE. Más adelante, la venta de 39,611.02 m2 de tierra a favor de la empresa Punta Hisopo Resort R.L de C.V. Desde el 2013 la construcción del proyecto turístico de Playa Escondida y el de “Laguna Negra” ,señala Miriam.
Triunfo de la Cruz. Foto por Martín Stoianovich
Desaparecidos
El 19 de julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y distintas organizaciones de la sociedad civil condenaron la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo Garífuna Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz y miembro activo de la OFRANEH y de las demás personas que fueron secuestradas junto con él.
“El objetivo principal de esta desaparición era el compañero Alberth Sneider Centeno. Snaider (como lo llamamos)”, nos comenta Miriam, “él estaba haciendo una lucha frontal por el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH y por la recuperación del territorio invadido por autoridades de la municipalidad de Tela, proyectos habitacionales, la Fundación PROLANSATE y los palmeros de la región. Dos más de los compas, eran familiares y compañeros del Presidente del Patronato y que lo habían acompañado en más de alguna vez en esas acciones de lucha. Los dos restantes eran allegados a la comunidad y muy poca información tenemos sobre su vinculación con las acciones de la comunidad.”
La razón de nuestra afirmación, continúa Miranda: “es que Snaider había denunciado constantes amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. Y, además, los patronatos son los garantes de salvaguardar los títulos comunitarios. En el título definitivo que otorgó el INA a la comunidad de Triunfo de la Cruz el 26 de septiembre del 2001, se establece que constituye un patrimonio inalienable de la comunidad, excepto en los casos en que la transferencia de dominio se haga a favor de miembros de la comunidad, con aprobación de la Junta Directiva del Patronato. Por esta razón, en 2005 la Municipalidad de Tela promovió un patronato paralelo al electo por la comunidad, situación que se mantuvo hasta el año 2010.”
El 6 de agosto de 2020, la CIDH notificó al Estado de Honduras la Resolución adoptada por la Presidencia de la Corte que requiere la adopción de medidas urgentes en el caso de las Comunidades Garífunas de Honduras del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras. En su resolución, la Presidenta Jueza Elizabeth Odio Benito resolvió: “Requerir al Estado de Honduras que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de las cinco personas secuestradas, que adopte todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los integrantes de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra.”
Además que “el Estado de Honduras desarrolle colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna, así mismo el Estado deberá coordinar inmediatamente con los beneficiarios de estas medidas, o sus representantes, la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”.
Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado de Honduras en dos ocasiones, en estos más de 60 días de la desaparición de los cinco integrantes de la comunidad Garífuna . La CIDH ha llamado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de Junior, Milton, Suami, Gerardo y Albert y que presente información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
Triunfo de la Cruz. Foto por Martín Stoianovich
El Estado omiso
Sin embargo Miriam acusa que “El Estado se ha mantenido hermético y no ha querido brindar ninguna información, argumentando que no quieren entorpecer la investigación. Lo único que ha dicho el Estado es que tienen avances significativos, sin embargo, estos avances no se han comunicado ni a los familiares de las víctimas, ni a la OFRANEH. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Vida de San Pedro Sula, que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, así ́ como con la asesoría de un experto de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Además, está involucrada la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras.”
Por su parte, el Estado de Honduras en la información vertida hacia la CIDH asegura que “El Estado no controvirtió dicha información, únicamente mencionó que ponía en duda la verdadera identidad de los secuestradores que podrían haber utilizado indumentaria utilizada por la Dirección Policial de Investigaciones, y que aún se encuentra investigando esos hechos. Asimismo, el Estado aportó información sobre un análisis de riesgo que se efectuó el 20 de marzo de 2020 a Alberth Sneider Centeno que dio como resultado un riesgo grave”.
Por su parte, la Corte expresa que“además, el Estado reconoció que no se habían implementado medidas de protección a favor de los integrantes de esa comunidad e indicó que, en vista del contexto, se ha determinado tener acercamientos con líderes garífunas y se tiene previsto iniciar acciones preventivas mediante un trabajo integral con los defensores de las comunidades garífunas y el equipo de Prevención y Análisis de Contexto de la Dirección General del Sistema de Protección, con la finalidad de tratar los riesgos estructurales a los que se puedan ver expuestos.”
Por otro lado, Miranda asegura que “hace más de tres semanas ha manifestado el Estado que tiene un testigo protegido y que además tiene la pista de los perpetradores y que en los próximos días estaría ejecutando detenciones relacionadasal caso. Hasta la fecha se desconoce el paradero o los avances en la investigación de la búsqueda”.
“Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ha requerido al Estado hondureño para que adopte medidas orientadas a la búsqueda de los muchachos desaparecidos, que brinde protección a los familiares e involucrar a los representantes de la comunidad y las víctimas en la investigación. Además pide enviar información al Comité sobres las medidas adoptadas por el Estado con relación a estas preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de septiembre de 2020, lo cual no tenemos información si el Estado envió esta información”, señala Miranda.
“La situación actual es aún más alarmante”, apunta la coordinadora de la OFRANEH pues “ya no se trata de criminalización o persecución, lo que están haciendo es desaparecer y asesinar a nuestros líderes y lideresas. Tal como lo hemos señalado, en el 2019 para acá más de 25 miembros de la comunidad Garífuna han sido asesinados y la mayoría estaban ligados a alguna lucha de defensa del territorio. Lo más reciente, el asesinato de un líder de la comunidad de Punta Piedra, el señor Antonio Bernárdez, justo en el territorio en litigio por la invasión de terceros y rodeado de palma africana.”
De acuerdo a la organización Global Witness en su informe publicado el 29 de Julio de 2020 llamado “Defender el Mañana,La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, destaca que “en Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”
Triunfo de la Cruz. Fotos por Martín Stoianovich 2017
El 24 de septiembre, un comando de más de doce sicarios asesinó al defensor del agua, la tierra y la vida Óscar Eyraud Adams, kumiai de Tecate, Baja California. Los asesinos se movieron libremente en el territorio, entraron a su casa, lo acribillaron y huyeron sin que nadie les molestara.
Nuestro compañero Óscar Eyraud Adams (originario de la comunidad kumiai) fue luchador social por los derechos de los pueblos originarios y solidario en luchas nacionales. Mantenía actualmente sus acciones enfocadas en defensa del agua y territorio. Buscaba la autodeterminación de la comunidad kumiai, y el uso de concesiones de agua que le había negado la Conagua. Óscar estaba dispuesto a luchar hasta lograrlo.
Fue asesinado por el Narco Estado en Tecate Baja California. Nada de eso podría haber ocurrido sin el contubernio de autoridades; la impunidad de la que gozan los criminales sólo puede ocurrir por la abierta complicidad de la sociedad con el gobierno y los dueños del dinero.
La tribu kumiai, pobladores originarios de estos suelos, ha sobrevivido a una guerra de exterminio de más de 500 años. Han conservado las tradiciones, la lengua y los conocimientos enraizados a estas tierras. Ahora, siguen siendo perseguidos por el Estado, que va arrancando a los jóvenes que luchan por la libre determinación de su pueblo, por la vida y por el territorio, ya que para el narcoestado el dinero parece ser lo único que importa. Para las grandes empresas sí hay agua, y todas las facilidades para que sigan engordando su billetera a costa de nuestra tierra, mientras que para los kumiai hay balas y calumnias. No es la primera vez que esto pasa. Recordemos el caso de Aurora Meza, quien fue injustamente enviada presa hace algunos años, situación que empeoró considerablemente su salud, lo que le costó la vida.
Exigimos el cese al exterminio de la tribu kumiai, de los defensores y defensoras del territorio y de la vida. Dado que el exterminio y la muerte se ejerce de muchas formas: a veces con balas cobardes como en el caso de Oscar, otras creando calumnias, otras llevando activistas injustamente a la cárcel. La negación del derecho al agua, a la vida y al territorio, son solo diferentes formas de un mismo plan de exterminio.
