Chiapas
Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.
La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)
En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)
Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.
Cese de amenazas y hostigamientos a presos en huelga de hambre en Chiapas
El pasado 15 de marzo, 6 personas privadas de su libertad iniciaron una huelga de hambre en diversas cárceles de Chiapas, el 18 de marzo 7 personas más se unieron a este movimiento.
Las personas que se encuentran en huelga de hambre son: Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruíz, Mariano Gómez López, Marcos Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez en el CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas; así como Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández en el CERSS No. 10 en Comitán de Domínguez.
Las 13 personas privadas de su libertad iniciaron la huelga de hambre al interior de las cárceles para denunciar las violaciones a los derechos humanos que viven cotidianamente en los centros penitenciarios en donde se encuentran, así como para reivindicar su inocencia ante los juicios injustos en que están siendo procesados. Es importante señalar que han denunciado tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes desde el momento de su detención, 12 de ellos son indígenas tsotsiles.
Los 13 presos en huelga de hambre han indicado que constantemente reciben amenazas y hostigamiento de parte de las autoridades penitenciarias para que desistan de su manifestación.
Este Centro de Derechos Humanos cuenta con datos documentales que Abraham López Montejo y Germán López Montejo, fueron llevados a la celda de castigo conocida como El Horno en el CERSS No. 14 El Amate; y que Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruíz se encuentran en una celda de castigo en el CERSS No. 5 en condiciones de aislamiento e insalubridad, lo que pone en riesgo su integridad física y psicológica.
Solicitamos que se respete la integridad personal de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre y que sean tratadas conforme a su dignidad y debido respeto de los derechos fundamentales.
Urgimos a las autoridades del estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes.
Pedimos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus llamamientos y/o firmen en: