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Radio Pozol

Mactumactzá: La prisión preventiva oficiosa, incompatible con las normas internacionales de derechos humanos

Chiapas, México. 23 de mayo. Organismo internacionales de derechos humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa es una flagrante violación del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la libertad personal y vulnera la independencia judicial, además del derecho a la integridad personal, el principio de igualdad ante la ley que afecta gravemente al sistema de justicia penal que de por si esta podrido en México.

El caso de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” privados arbitrariamente de la libertad es un claro ejemplo que se suma al caso de los ejidatario y defensores comunitarios de derechos humanos José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, detenidos el 15 de octubre de 2020, por manifestarse en contra de la construcción de la base de la guardia nacional que se construye en el ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, quienes siguen un injusto proceso en libertad.

Tanto los estudiantes como los ejidatarios defensores comunitarios de derechos humanos son acusados por el delito de motín para reprimir su protesta. Dentro de la excesiva amplitud de los supuestos de aplicación de delitos penales se encuentran también los de pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, además de daños.

Todo lo anterior conlleva a una falsa imputación de delitos es decir la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades ejecutivas y judiciales recurren para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, reprimir el movimiento social.

La sociedad está cansada. A pesar de que México cuenta con innumerables leyes, éstas no se cumplen y constantemente se viola el principio de protección a los derechos humanos. En México no se promueve, respeta, protege ni mucho menos se garantiza los derechos humanos y es evidente la regresión en su protección.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos, corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio y vulnera la independencia judicial, por lo que debe eliminarse en México.

¡Súmate! a la exigencia de libertad para los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” que aún continúan presos políticos.

!Libertad ya¡

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Avispa Midia

Chiapas: diversas comunidades reafirman rechazo a megaproyectos

Por Aldo Santiago

Presentamos un video, producido por Avispa Midia, sobre el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio que, reafirma su rechazo hacia diversos megaproyectos en Chiapas.

Sostienen su rechazo a los partidos políticos frente al proceso electoral de este año 2021. Contrario a esto, comparten su apoyo a otras comunidades que resisten contra la implementación de megaproyectos como la minería, en la región costa, las hidroeléctricas en los altos y la construcción de la denominada “carretera de las culturas” que conectará con el “tren maya”.

También se pronuncian contra la creciente militarización de sus territorios con el despliegue de la Guardia Nacional.

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Avispa Midia

Tras un alto al fuego, Israel dispara contra musulmanes palestinos en la mezquita al-Aqsa

Por Ñaní Pinto

A tan solo unas horas de que Israel y Palestina acordarán un alto al fuego este jueves (20), tras 11 días bélicos, la policía israelita disparó balas de goma y granadas aturdidoras hacia un grupo de musulmanes que se encontraban orando en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.  El saldo es de 15 palestinos heridos.

De acuerdo con los reportes de la agencia palestina de noticias WAFA, varias personas han tenido que ser atendidas por intoxicación por los gases lacrimógenos. Mientras que la Media Luna Roja Palestina informó que trasladó a varios heridos a hospitales de Jerusalén.

Los musulmanes se encontraban orando en la mezquita y también celebraban con cánticos en apoyo de Gaza. La mezquita Al-Aqsa, es una zona altamente disputada por Israel y, para los musulmanes palestinos, es una de las estructuras más sagradas con las que cuentan. Está ubicada en una zona de 15 hectáreas, llamada por los musulmanes como Haram al-Sharif, o el Noble Santuario, y por los judíos como el Monte del Templo. Forma parte de la Ciudad Vieja de Jerusalén. De aquí devino, dos semanas atrás, el conflicto que desencadenó la escalada bélica y la agresión de Israel hacia Gaza.

El acuerdo de cese al fuego derivó después de que Egipto, Qatar y Naciones Unidas impulsaran una mesa de negociaciones. El gobierno de Israel informó, a través de un comunicado, que ambas partes políticas y militares aceptaron “unánimemente” la iniciativa egipcia de “un alto al fuego bilateral incondicional”, aunque se limitó a decir que “entrará en vigor en fecha posterior”.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que israelíes y palestinos tienen ahora la responsabilidad de emprender “un diálogo serio que aborde las causas del conflicto”.

El saldo de estos 11 días previos a este nuevo ataque, según el Ministerio de Salud de Gaza, es de 232 personas muertas en Gaza por los bombardeos israelíes. Mientras que diversas áreas de Gaza han quedado reducidas a escombros, lo que ha dejado más 120 mil desplazados.

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Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tanquetas, grilletes y cárcel: la escalada represiva contra la normal de Mactumactzá

Tlapa,Guerrero, a 22 de mayo de 2021.

El 18 de mayo más de 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá, Chiapas, fueron desalojados violentamente por la policía estatal cuando se encontraban protestando en la caseta de cobro “Chiapa de Corzo” para exigir la publicación de la convocatoria y examen de nuevo ingreso en su modalidad presencial pues la mayoría de los aspirantes son indígenas sin acceso a las plataformas tecnológicas virtuales. El saldo de la represión fue de 95 estudiantes detenidos, siendo 74 mujeres. A la fecha están siendo procesadas en el Juzgado de control del Amate ubicado en Zintalapa Chiapas.

Testimonios de los estudiantes establecen que las normalistas fueron acosadas y agredidas sexualmente por policías que las sometieron y tuvieron bajo custodia.

A la fecha el juzgado de la causa lleva a cabo las audiencias de control de detención y formulación de imputación y en los próximos días se definirá su situación jurídica.

Es particularmente grave las detenciones masivas contra estudiantes que exigen el cumplimiento de demandas estrictamente académicas. No se puede judicializar y penalizar la exigencia de un derecho humano con el pretexto que se protege otro. En lugar de privilegiar el diálogo las autoridades estatales y federales se han obstinado por reprimirlos y encarcelarlos. De tratarlos como delincuentes y diezmar su lucha para dar el golpe final, de cerrar la normal de Mactumactza.

El gobierno de Herminio Escalante ** ha focalizado su poder represivo contra los estudiantes pobres, mayoritariamente indígena, que han encontrado en esta normal, la única opción para acceder a la carrera magisterial.

Además de incumplir con las demandas básicas de los normalistas, criminalizan su movimiento y les truncan las posibilidades de romper con el segregacionismo racial y la exclusión social que prevalecen en las élites politicas y económicas de Chiapas.

Exigimos que pare la escalada de violencia propiciada por las autoridades del estado y exigimos a los gobiernos federales y estatales:

  1. La liberación inmediata e incondicional los estudiantes normalistas y campesinos detenidos.
  2. Se investigue a los mandos policiacos y sus elementos que incurrieron en agresiones sexuales contras las jóvenes y otros excesos en el uso de la fuerza en que incurrieron.
  3. Solución inmediata a las demandas educativa de los estudiantes de Mactumactzá
  4. Alto a la represión contra los estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá.
  5. Alto a la represión contra los estudiantes de las Normales Rurales del país.

 

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

** Nota aclaratoria de RZ: El nombre del gobernador de Chiapas es Rutilio Escandón Cadenas

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Avispa MIdia

AMLO ¿Qué hicieron ambientalistas tras 1,609 concesiones mineras en áreas protegidas?

Por Ñaní Pinto

Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F

El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.

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De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.

Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.

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Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.

Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?

Los ambientalistas conservadores

Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.

Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.

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Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.

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Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según  datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.

Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.

Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.

Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.

El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

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FrayBa

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”


Foto: del Twitter de Gabriela Coutiño

• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).

En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.

Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.

Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.

El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.

Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5

Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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Electronic Intifada

(English) Gaza in the dark after Israel bombs power lines

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Maureen Clare Murphy

Landscape view of a massive fireball over a city skyline at night
Israeli warplanes hit the Gaza Strip early 17 May. Ashraf AmraAPA images

Human rights groups are calling for an urgent investigation by the International Criminal Court as Israel’s merciless pounding of Gaza enters its second week.

More than 200 Palestinians in the Strip have been killed since last Monday, including 60 children and 34 women, according to Al Mezan, a human rights group based in the territory.

Three of the women were pregnant when they were killed, according to the UN’s human rights office.

The fatality count is expected to rise as people remain under the rubble and unaccounted for two days after heavy airstrikes on residential areas of Gaza City overnight Saturday.

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FrayBa

Criminalización de la lucha en contra de la militarización de la tierra y el territorio en el pueblo Tseltal de Chilón, Chiapas

Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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FrayBa

Padre Marcelo Pérez Pérez: La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres”

La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.

Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.

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FrayBa

Denuncia de los ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas

A nuestros hermanos y hermanas tseltales de Chilón
A los Pueblos Originarios de México y el Mundo
A las organizaciones Sociales
A los Defensores de derechos humanos nacional e internacional
A los medios de comunicación

Los ejidatarios y ejedatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón nos dirigimos a ustedes para denunciar lo siguiente:

En el año 2019 sufrimos como pueblo la imposición de un comisariado nombrado por el actual presidente municipal de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, no respetando nuestras formas propias de elegir nuestras autoridades agrarias.

El día 15 de octubre 2020, nos manifestamos en el crucero Temó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y por la exigencia del reconocimiento de nuestras autoridades agrarias. Como a las 10 de la mañana la policía municipal de Chilón, la Policía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional empezaron a agredirnos con piedras, palos gases lacrimógenos, todos ellos estaban armados, golpeando a los ejidatarios, ejidatarias y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.

Nuestros compañeros fueron detenidos y torturados, luego llevados a la comandancia de la policía de Ocosingo. Después los trasladaron al Centro de reinserción social de sentenciados del mismo Ocosingo. El día 17 de octubre por la mañana sin ninguna explicación fueron trasladados como delincuentes al Amate.

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