^{En portada: En el campamento de migrantes en la capital
chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años,
sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos.
Foto: Jeny Pascacio.}

Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de
México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la
victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. 

Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación
Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de
las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no
se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.

Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante
las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo
mediático, incluso por seguridad. 

Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se
organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas
que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al
norte de México. 

Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos,
puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de
la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para
alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos
tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.

“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y
Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo,
están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el
CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo
para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos. 

Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo
con los países que aportan más a la migración, entre ellos México,
Venezuela, Haití y países de Centroamérica. 

México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha
señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que
hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera
norte del país. 

Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a
Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y
trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para
alojar a los miles de migrantes”, dijo. 

Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las
personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y
México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando
porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía
General de la República (FGR) también realiza labores de “control
migratorio”. 

Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que
deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las
estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención
médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos
derechos.

“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia
de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del
terror ya está impuesta”, precisó el defensor.

Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos
han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas
para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos,
pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno. 

Chiapas, la cárcel migratoria

Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país
Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres
mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro. 

Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de
migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es
extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre
Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de
delitos por grupos delincuenciales.

“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros
llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre,
pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”,
sostuvo para Avispa Mídia. 

Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes
del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a
las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer
avanzar más. 

“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni
siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque
si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso
estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo. 

Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda
la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos
elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo
estable. 

“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los
arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos
días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción
regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero
para el norte con Trump también se pone difícil”. 

En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones
de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra
asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del
INM, espacio que también funciona como centro de detención.

En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos.
Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que
la travesía hasta México está llena de terror y violencia. 

“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en
Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que
si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran. 

Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta
llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana
pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla. 

Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata,
también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive
con la venta de empanadas al estilo Venezuela. 

Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en
que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la
dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de
migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al
norte del país) y las dos veces me devolvieron. 

Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han
percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar
el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un
registro” y así poder avanzar. 

Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o
vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad
entre ellos para poder proteger a las infancias. 

Contención al servicio de EEUU

Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque,
con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente
a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera
victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de
expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima
discrimanación”. 

Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más
difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un
lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a
nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por
el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en
materia migratoria”. 

Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la
frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública
en términos geopolíticos”.