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Festivales Solidarios

Una mina de níquel y la militarización en El Estor, Guatemala

Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Foto: Diego Alvarado.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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Avispa Midia

A 26 meses, y sin justificación legal, defensores del río Guapinol son retenidos en prisión

Por Vanessa Garcìa Navarro

En portada: Familiares y organizaciones civiles se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, Honduras, en contra de la medida de prisión preventiva de los ocho defensores del río Guapinol. Foto: Cejil

Hace más de 26 meses ocho activistas hondureños: Arnol Alemán, Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Porfirio Sorto, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, quienes se organizaban en la defensa de su territorio contra la industria minera, fueron encarcelados de manera “preventiva”, a conveniencia del dueño de una empresa multimillonaria quien los consideraba un obstáculo para sus negocios extractivistas.

Recientemente, los esfuerzos de las familias de los activistas y organizaciones a nivel internacional, nacional y estatal se habían tornado en una oportunidad para, por fin, liberar a sus seres queridos; no obstante, la respuesta no fue la deseada.

Guapinol por el Agua y la Vida

En 2014, los mecanismos hondureños otorgaron-sin consultar como correspondía a los habitantes de Guapinol- dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.

Aspecto de la contaminación por la operación de la mina en el parque nacional Carlos Escaleras. Noviembre 2016. Foto:Aldo Santiago

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Prensa Comunitaria

Solicitan medidas cautelares urgentes ante la CIDH a favor de la población Q’eqchi’ de El Estor

“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

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Avispa Midia

Brad Will, el periodista neoyorquino que cayó en la revuelta popular de Oaxaca

Por Ñanì Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

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Avispa Midia

Ecuador | Pueblos originarios realizan demanda contra el gobierno para proteger la Amazonia

Por Vanessa Garcìa Navarro

Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

En portada: Dirigentes indígenas, entre ellos Marlon Vargas (izq), Leonidas Iza (centro) y Nemonte Nenquimo (der), presentaron la demanda ante la Corte Constitucional. Foto API-El Universo

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

22 de octubre de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Este día se cumplen ya 23 años con 10 meses de que fueron masacrados por los paramilitares priístas del Municipio de Chenalhó nuestras 45 hermanos y hermanas mártires, más 4 bebés que se encontraban aún en el vientre de sus madres, masacrados todos cuando se encontraban en el segundo día de ayuno y oración a Dios por la Paz en nuestro pueblo. Se cumplen 23 años con 10 meses de que estos paramilitares ejecutaran un crimen de estado, cuidadosamente planeado y coordinado para contrarrestar a las fuerzas insurgentes del EZLN, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 1994, con participación de los tres niveles de gobierno, cuyo máximo responsable fue Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de la República. Se cumplen 23 años con 10 meses sin justicia por el terrible crimen de lesa humanidad cometido en esta tierra, que se hizo sagrada con la sangre inocente de nuestras hermanas, hermanos, hermanitos y hermanitas mártires, y se hace cada vez más digna con la resistencia de los sobrevivientes y familiares de los caídos que no se han vendido y de nuestra organización que permanece denunciando a los responsables para que no se entierre la verdad.

Después de tantos años de persistente denuncia de las reiteradas y graves violaciones a nuestros derechos humanos, y de comprobar que en México no hay ninguna instancia ni administración que haya estado verdaderamente dispuesta a traernos la justicia, hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentar su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal) y obligar al Estado mexicano a aplicar las medidas necesarias para castigar a los responsables y que se conozca la verdad, para poder evitar que algo así vuelva a ocurrir en nuestro estado y en nuestro país.

Además de que tenemos ya 23 años y 10 meses resistiendo los golpes del gobierno y pidiendo únicamente justicia y verdad, ahora nos han dejado también con la misión de luchar por justicia en el asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, luchador a quien mataron sin tener culpa alguna, simplemente por defender al pueblo que sufre y buscar activamente la paz. A diferencia de la investigación en el caso del asesinato del exfiscal de Justicia Indígena de los Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, donde el pasado 12 de octubre detuvieron al presunto autor intelectual, Daily de los Santos Herrera; el gobierno ya quiere cerrar el caso de nuestro compañero Simón Pedro Pérez sin determinar quién dio la orden para que lo mataran, y los abogados defensores de su asesino material están buscando cualquier pretexto para que salga libre lo más pronto posible. Sin embargo, nosotros no lo vamos a permitir y estamos esperando todos los datos de prueba que salgan como resultado de la necropsia que se realizó a los restos de nuestro compañero Simón el pasado 15 de octubre del 2021. Pero queremos que se sepa que está confirmado que la causa de su muerte fue por bala que le atravesó el cráneo, y nadie puede decir que fue otra la causa. Así, aunque el gobierno quiere que ya ni se hable de las 49 vidas arrebatadas en la Masacre de Acteal, ni del asesinato cometido contra Simón Pedro, nosotros seguiremos exigiendo justicia y elevando nuestra voz mes con mes, hasta obtenerla.

Saludamos con todo nuestro respeto y admiración a todos los hermanos y hermanas que en 20 años –desde el 19 de octubre de 2021- tampoco se han cansado de pasar por todas las instancias necesarias para luchar por justicia en el asesinato de nuestra compañera abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa. No se dieron por vencidos aunque el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador cuando se investigaba la muerte de la defensora de ecologistas, estudiantes y campesinos acusados de ser guerrilleros, difundió la mentira de que ella se había suicidado y logró parar las investigaciones para dar con sus verdaderos asesinos, que fueron militares y caciques del estado de Guerrero que habían sido afectados en sus intereses por el activismo de los presos políticos que ella defendía. Y siguen luchando por justicia ahora que el caso de nuestra hermana se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos de los familiares de Digna durante la investigación del caso, y de que el gobierno tampoco cumplió con las medidas que esa Comisión les ordenó para reparar los daños e impedir que se repitiera este tipo de crímenes contra defensores de derechos humanos en el país.

Lamentablemente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos. Los ricos siguen ricos y aumentando sus riquezas y los pobres siguen pobres. La dichosa “Cuarta Transformación” no ha cambiado lo que han hecho los anteriores gobiernos, y parece que les gusta ver a nuestros pueblos llenos de armas. Cada vez son más las armas que el crimen organizado importa ilegalmente en nuestro país. Y también han fracasado en el combate a la corrupción de las corporaciones policiacas, donde se multiplica la cantidad de armas que “se pierden” y luego se venden en el mercado negro. Y la militarización de la seguridad pública que este gobierno ha promovido, hace crecer aún más el número de armas en nuestros territorios. Se ha sabido que esto incluso tiene como consecuencia el aumento de los feminicidios, en especial los que se cometen con armas de fuego.

Y nosotros estamos viendo cómo hay narcotraficantes por todas partes, y su influencia y la descomposición y violencia que desatan va aumentando peligrosamente en nuestras comunidades. Por eso en nuestros territorios han surgido los grupos que se autonombran Autodefensas del Pueblo y cada vez hay más.

Y además del peligro que viene con tantas armas y lógicas militares en nuestra región, la vida se va poniendo cada vez más difícil para los pueblos, especialmente para los que no aceptamos “los apoyos” o migajas que da el gobierno para tenernos divididos y callados. Pues en esta administración han subido muchísimo los precios de lo que los indígenas necesitamos comprar también para vivir, como el maíz, el azúcar, el detergente y la gasolina. Y lo que no sube es el precio de lo que nosotros producimos para vender, como el café y la miel. En nuestras comunidades indígenas el jornal diario tampoco sube, así que a nosotros no nos alcanza para comer dos kilos más de tortilla, como dice el presidente que pasa desde que entró a gobernar.

Entre toda esta difícil situación, queremos reiterar que nosotros seguimos con el encargo de Jesús y de nuestros mártires de seguir organizados, luchando pacíficamente con nuestras palabras, acciones, resistencia y sin armas, como Pueblo de Dios y Pueblo creyente, denunciando las injusticias y proclamando la verdad, aunque no les guste a los poderosos. Tal como lo ha hecho siempre el Padre Marcelo, que ha sido Profeta y Pastor, viendo a los pobres, defendiendo a los presos, ayudando a los perseguidos, aunque esto le haya traído amenazas graves que provocaron que ya no pudiera seguir trabajando en la Parroquia de Simojovel. Sabemos que este cambio fue necesario pues peligraba su vida, sobre todo después de haber sido difamado por el presidente electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, quien lo acusó de organizar y encabezar al grupo de Autodefensas “El Machete”, cuando en realidad lo que hizo fue arriesgar su vida para mediar en el grave conflicto que se ha vivido en Pantelhó. Pero estamos seguros que, desde San Cristóbal de las Casas, el Padre Marcelo seguirá adelante con la misión que Dios le ha encomendado y con el invaluable trabajo que ha hecho hasta ahora en la defensa de los derechos humanos en Chiapas, por lo cual ha recibido incluso el reconocimiento de pastores de otras religiones en la región.

Hermanos y hermanas, queremos que sepan que Las Abejas de Acteal tampoco nos cansaremos de exigir justicia y luchar por ella cada día. Pedimos también a nuestras organizaciones hermanas que tampoco se cansen de luchar. Sabemos que son muchos los esfuerzos por defender la tierra y los territorios del avance de los Megaproyectos que se están impulsando en nuestro país con el apoyo del mal gobierno, como el Corredor Interoceánico que están tratando de imponer en el Istmo de Tehuantepec. Por eso nos unimos a la condena por que cada vez son más comuneros, ejidatarios, autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones que sufren hostigamiento y persecución, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Resistencia Civil del Istmo, Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia (COPIR).

Saludamos a las más de 30 Comunidades y colectivos a nivel nacional qué defienden el agua, el territorio y los derechos de los Pueblos Originarios, que se reunieron el pasado 16 y 17 de octubre el «Encuentro Nacional de Luchas y Resistencias en Defensa del Agua, el Territorio y Contra los Megaproyectos de Muerte» con sede en la Okupa Zapatista Casa Chiapas; espacio qué fue tomado el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México como parte de las acciones globales contra el paramilitarismo y la guerra en Chiapas. Entre otras cosas, nos preocupa cómo el gobierno está implementando sus proyectos a como dé lugar, violando sus propias reglas. Por ejemplo, la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco denunció que la construcción de un puente vehicular se completó ahí, a pesar de los amparos otorgados a la Coordinación. También los compañeros que siguen organizados en el Plantón de Huexca-Morelos y el Plantón de Azurco contra la Termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos, comentaron que «los amparos no funcionan, pues la Termoeléctrica es más bien un Cuartel Militar con más de 200 militares resguardando el proyecto».

Les pedimos a las compañeras y compañeros de la delegación del CNI-CIG y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se encuentran en Europa en la Gira por la Vida, que sigan llevando nuestra palabra y enlazando nuestras luchas con las de otros colectivos y hermanos que luchan allá contra los saqueos de los bienes comunes de los pueblos, por parte de las empresas capitalistas neoliberales en todo el mundo.

También queremos decirles a nuestros hermanos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata que estamos pendientes de lo que les pasa en su lucha contra los narco-paramilitares del grupo “Los Ardillos” en la Montaña Baja de Guerrero, quienes están protegidos por los tres niveles del gobierno y ya les han asesinado a 34 compañeras y compañeros. Sabemos que el pasado 28 de septiembre les hicieron una nueva emboscada e intentaron entrar en varias de sus comunidades, hiriendo de gravedad a otros tres de sus compañeros, lo que nos sigue doliendo e indignando.

Hoy que estamos a sólo dos meses de conmemorar el 24 Aniversario de la Masacre en esta tierra sagrada, y a tan sólo una semana de esperar a nuestros mártires para respetarlos y encontrarnos con ellos y con todos nuestros otros difuntos para pedirles que nos sigan animando y sosteniendo en esta la lucha por la vida, les pedimos a todos los que resisten en México y en el mundo que no se cansen de luchar, de construir la paz verdadera y de exigir con nosotros la justicia por el caso Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

 

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                                sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

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Avispa Midia

A 5 años de la detención de Fidencio Aldama, Yaquis llaman a la jornada de solidaridad

Por Sare Frabes

Hoy, 21 de octubre, cumple cinco años del ataque a la tribu Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora, y de la detención del indígena Fidencio Adama. En 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del Gasoducto Sonora, que la empresa Sempra Energy pretende construir en su territorio.

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El ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado del asesinato.

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Tras un juicio “plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra”, como lo define el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, en 2018 el indígena fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

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Desde entonces la violencia en el territorio Yaqui se ha recrudecido. El 14 de julio del 2021 fueron secuestradas diez personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los indígenas.

El 19 de septiembre, la fiscalía del estado informó el hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a los desaparecidos. Aún se esperan peritajes autónomos, “pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado”, sostiene el grupo de apoyo.

“Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad”.

Semana de Solidaridad

Entre los días 21 y 27 de octubre se convoca a la jornada de solidaridad con la tribu Yaqui de Loma de Bácum, por la libertad de Fidencio Aldama y por la presentación con vida de los desaparecidos.

El objetivo es que cada colectivo, organización e individuo, desde su lugar y forma, promuevan acciones que visibilicen la situación vivida por los indígenas, ya sea con impactos visuales en las calles, pega de carteles, llenando las redes con los hashtags #FidencioAldamaLibertad #SolidariedadConBácum  #PresentaciónConVidaYa, por ejemplo.

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Para más información o para enviar un informe de las acciones, está el correo electrónico fidenciolibre@protonmail.com. También se llama a participar con donaciones que pueden ser realizadas aquí.

“Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad de Fidencio”, avisa la tribu Yaqui de Loma de Bácum.

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Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

radio
Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

radio
Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Semana de solidaridad con Loma de Bácum y por la libertad de Fidencio Aldama del 21 al 27 de octubre de 2021

A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.

El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.

El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,

C O N V O C A M O S:

A UNA JORNADA  DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/

Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.

¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!

– Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Libertad a Fidencio Aldama

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