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Avispa Midia

La militarización tensa la protesta social en los Andes

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

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(English) Fighting for the forests in Eastern Congo

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Fuente: Avispa Midia

Por Eugenia López

Cover image: The Batwa indigenous people are currently facing multiple challenges. The cultural crisis, the lack of recognition of their territorial rights and the reappropriation of their lands by multinationals make the communities that live by and for the forest even more fragile.

With its rivers, forests, savannas and freshwater swamps, the Congo Basin – the second largest rainforest in the world after the Amazon – is a patchwork of treasures. It is home to approximately 10,000 species of tropical plants, as well as more than 400 species of mammals, 1,000 species of birds, and 700 species of fish, including several endangered species such as forest elephants or mountain gorillas.

Humans have shared the Congo Basin forests with these other species for tens of thousands of years. Today, the forests still provide food, fresh water and shelter to more than 75 million people.

The Congo rainforest, much of which is in the Democratic Republic of Congo, is the second largest rainforest in the world. The Congolese government has recently tendered 16 new oil fields, some of them in the rainforest. Photo by Axel Fassio/CIFOR.

I had the privilege of talking to Blair Byamungu Kabonge, an Indigenous Batwa descendent who was born in the South-Kivu region of the Democratic Republic of the Congo (DRC), where the Congo Basin connects with the Great Lakes region. Growing up in these lands, he has not only been a witness to nature’s beauty, but also its tragic ongoing destruction.

Together with its wildlife, Blair’s region is extremely rich in oil, diamonds, gold, copper, and minerals like cobalt, tin, cassiterite and coltan. This makes it ripe for extraction and exploitation, as these materials are used to produce new technologies such as smartphones and tablets as well as electric vehicles, solar panels and other so-called ‘green’ or ‘clean energy’ technologies.

Decades of violence

The economic interests in the minerals, timber and wildlife located in the region has attracted the interest of foreign countries and transnational companies over the past centuries, which has led to the explosion of violence.

This started with the colonisation of the territory by Belgium from the end of the 19th century. Attracted by its abundant wealth in rubber, ivory and minerals, the belgium crown, together with concessionary companies, undertook the brutal exploitation of its natural resources and population. Between 1880 and 1926, half of the inhabitants were killed, to the point that some historians refer to this period as a “forgotten holocaust”.

After the official independence of the country in 1960, the economic interests didn’t vanish, and more countries started to get involved in natural resources extraction, such as the United States, Canada, South Africa, the European Union or China, principally.

Locals and NGOs working in the region have long been calling out the direct link between the exploitation of natural resources and continuing armed conflicts in DRC.

Today, the Kivu region is still highly insecure, with multiple armed guerrilla groups, and a heavy presence of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) which are guilty of violently exploiting civilians to extract valuable minerals to sell on to transnational companies.

A Democratic Republic of Congo Army soldier at an outpost on Chanzu hill in eastern North Kivu region, Nov. 5, 2013.

“The wars we have are linked to the quest for control and domination over ecosystems,” Blair tells me. “But the rich countries chose to cover their ears. They do not seek to establish peace in eastern Congo; they know what they have to gain in this story. If the production of coltan stops in the Congo, what are you going to use to make your phones?”

The race for natural resources has been responsible for significant environmental damages, with devastating destruction of humid primary forests. According to Global Forest Watch, the total area of humid primary forests in South-Kivu decreased by 6.6% between 2002 and 2021.

The hypocrisy of international conservation plans

In light of the ever-worsening climate crisis – and despite the fact that local communities had been trying to give the alert for far longer – combating deforestation has begun to be seen by international institutions as a crucial step in limiting the impacts of climate change, as the world’s forests absorb roughly one-third of carbon emissions annually.

During COP26 in 2021, leaders from more than 100 countries pledged to halt deforestation by 2030.

A group of 11 countries, along with the Bezos Earth Fund, agreed to contribute $1.5bn toward restoration efforts in the Congo Basin region. At the latest COP conference that took place in November 2022, a Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) was launched to unite actions by governments, businesses and community leaders to implement the commitment made at the COP26.

However, this seems unrealistic given that there was a similar plan adopted in 2014, which sought to halve global deforestation by 2020 and end it by 2030… with absolutely no results so far.

Like many others, Blair does not really believe in international mechanisms that promote environmental protection. “After each international conference, agreements are signed, but if we get to COP27, it’s because it’s useless,” he says. “The initiators of these policies take people for idiots.”

The hypocrisy of these international declarations is hard to ignore, knowing that the countries that promote them are often the ones who benefit the most from (and contribute the most to) nature’s destruction.

“The same nations that run the COPs are the ones that own the industries that are destroying the planet,” agrees Blair. “So, are we going to start taking action, or are we going to stay distracted and carry on as if nothing is happening?”

I ask Blair what he thinks the answer should be. “What we need is for countries like France, the United States and Russia to reduce their production,” he says. “If we want to conserve the planet, we have to reduce! But which of these countries is taking real action? None!”

He continues: “Everybody says that the DRC is a poor country. And if you come here, it’s true, you’re going to find poor people. But these countries which you think are poor are still rich in forests – and that’s because the people have preserved them. We accept to live in misery, but we preserve nature. You refuse to live in misery, but you destroy the Earth!”

Conservation failures

During his lifetime, Blair has witnessed the failure of multiple conservation plans, one of which is directly linked to his homeland. His village is located at the edge of the Kahuzi Biega National Park (KBNP), a protected area of 6,000 square km situated near Lake Kivu and the Rwandan border. Established in 1970, it became a UNESCO World Heritage Site in 1980, and has been largely funded by the US and German governments. But far from providing protection, it seems like that designation has actually created the conditions for the acceleration of the sale and exploitation of animals and soils in the area.

A burned Batwa home in Kahuzi Biega National Park. Between July 2019 and December 2021, joint contingents of park rangers and army soldiers violently expelled the Batwa from their ancestral home in the park, according to a report by Minority Rights Group International. Photo by Robert Flummerfelt.

“My village is located in the middle altitude of the Kahuzi-Biega National Park. As a child, I saw elephants. The park was one of the parks that attracted a lot of attention from tourists. Before the area officially became a national park, even if we made our livelihoods from hunting, there was everything. But when the white man came here and decided to create the park, that’s when the destruction started. The elephants are gone. Who organised the illegal sale of ivory? Who came to exploit the soils? The local communities or the people of the park, in collusion with the so-called “donors” who finance the park?” Blair challenges.

Blair left his region some years ago and now works in the North-Kivu region, near the city of Goma.

Here, he observes a similar case in the Virunga National Park. “Today, this park is the home of armed groups. And it’s called world heritage, it’s registered with UNESCO – and that makes me laugh. If it’s a world heritage, then what is the international community doing to knock the rebels out of the park? These armed groups threaten ecosystems and communities, they trade in species, they trade in minerals. But when the minerals come out of the park, they become “pure” in the eyes of white people, where in fact, they are made of blood.”

Sadly, this terrible situation is not specific to DRC: there are several other cases of conservation plans (designed by the UNESCO or other institutions and organisations) leading to a significant increase of violence and destruction throughout the world, such as in Central America.

Nature keepers

Blair is not just a witness, he has dedicated his life to defending the forests and Indigenous and local communities’ right to self-determination and self-organisation in their own land, because he knows that their destinies are closely related.

In fact, Indigenous peoples have been, and continue to be, nature’s best guardians on Earth: although they now represent only 6% of the world’s population, they protect 80% of the biodiversity that remains on the planet.

From speaking to Blair, it is clear that the land which Indigenous communities live on, and the natural resources which they depend on, are inextricably linked to their identity, culture and livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being.

“For Congolese forest communities, the forest is everything,” Blair explains. “An inhabitant of a forest community can spend a year without buying anything, he does everything thanks to the forest: if he wants meat, he finds meat there; if he needs plants to heal himself, he finds them in the forest, if he wants to build, he doesn’t need nails since he finds ropes in the forest. The forest is life. The traditions of the people here conserve the forest.”

Yet now, the communities are faced with the risk of losing the forests on which their ways of life depend. Blair continues: “they know that if they end up being displaced, they have no place in the outside world, their way of life is absolutely different. They think: our life is here. To move us is almost to take us to the guillotine. We are not going to adapt to the way of life in the cities.

Community forestry to protect the land

Throughout the world, Indigenous peoples often lack formal recognition of their lands, territories and natural resources. This puts them in a vulnerable situation and in a permanent state of war against companies and governments that seek to take control over their territories in order to exploit their natural resources.

Since 2017, Blair has been working as a community facilitator with the National Alliance for Support and Promotion of Indigenous and Community Heritage Areas and Territories in the DRC (ANAPAC-DRC). One of his main missions has been to support Indigenous communities to manoeuvre the slow bureaucracy and long legal processes necessary to assert their rights on their lands and forests.

In DRC, the soils and subsoils of protected forests belong to the State. However, according to Article 22 of the 2002 Congolese Forest Code, local communities can request a proprietary title on their forest, even if they are located in protected areas, if they can prove that they have a historical relationship with this territory.

When the communities receive their titles – which are collective and permanent, meaning that they won’t need to be renewed by future generations – they also obtain the right to manage their land in autonomy: they gain access to the right for self-determination and self-organisation in their territory.

Kahuzi Biega National Park, a UNESCO World Heritage Site, is famous for its gorilla reserves. The status was achieved at the cost of expelling the nomadic pygmy communities that had been living in this part of the Kalehe territory of South Kivu for generations. Democratic Republic of Congo, November 2020.

With his organisation, Blaire has helped the Bambuti Indigenous community win land titles in the forest territory of Kisimbosa Chamsaka in the province of Nord-Kivu in 2019, becoming the first community forest in the region.

“It helps solve a lot of land issues. Without this, outsiders can easily come from Kinshasa and impose concessions. This brings a certain security”, explains Blair, even if he knows that there is no absolute guarantee that the communities won’t suffer from industry and economic pressure, and that the violence is not going to disappear with land titles.

However, he is sure that all of this is not just about property rights: the entire process also promotes collective organisation and solidarity between communities, which can be decisive when facing any type of threat.

“After obtaining their titles, communities are able to build projects such as schools at their local level, and then also open them up to other communities. One of our most important goals is connection: sometimes communities have a lot in common without realising it. Meeting each other allows them to learn from each other and to join forces for the protection of ecosystems,” he clarifies.

Building international awareness and solidarity

At the end of our conversation, I asked Blair about the responsibility of other people in the world with this same reality, and more precisely, what the people that will read his story can do to support local communities in Congo in their struggle for life.

One of the main things Blair says is building consciousness, especially among people that live in the Global North and asking: what are the impacts of living in rich countries on other peoples, and especially Indigenous peoples all over the planet?

Then, it is crucial to start holding the companies that are benefiting from the land’s destruction accountable for what they are doing: Which industries, and which products are made with blood? What can be done to stop them?

We must also build solidarity, and support those who are fighting everyday to protect not only their own lives but the planet we are all living on. Because, as Blair urges: “the biodiversity we have here in Congo is not just for ourselves, it is for everyone.”

A version of this text was published in See. Hear. Act. Do.

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ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO – APIIDTT

Convocatoria a acciones dislocadas 09 de febrero de 2023

Como APIIDTT, somos parte de la RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL, espacio integrada por 19 organizaciones de 11 estado del país (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua), nos movilizaremos esté Jueves 9 de Febrero POR EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELECTRICA Y UNA TARIFA SOCIAL JUSTA, y frente al clima de violencia, persecución, criminalización, amenazas, hostigamientos, difamación y agresión en contra de los habitantes de Puente Madera y de la APIIDTT, REITERAMOS NUESTRO LLAMADO:

A que este próximo Jueves 9 de Febrero a partir de las 10:00H (Hora CDMX) se sumen de acuerdo a sus formas y tiempos, a realizar ACCIONES DISLOCADAS en SOLIDARIDAD con la lucha de los pueblos, comunidades, ejidos, colonias y habitantes del Istmo de Tehuantepec contra la IMPOSICIÓN del CORREDOR INTEROCEÁNICO, la Militarización y los Megaproyectos de Muerte con las consignas:

¡CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA!

¡NO AL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC!

¡PUENTE MADERA RESISTE! ¡EL JORDAN RESISTE!

Si realizan acciones / actividades, enviarlas al correo asamblea.istmo@gmail.com, si realizan publicaciones en redes sociales, pueden agregar los siguientes hashtags:

#PrimaveraOaxaqueñaDeCuarta #NoAlCIIT #ELISTMOESNUESTRO #ELSURRESISTE #APIIDTT

Desde la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca:

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA COMUNITARIA DEL JORDAN

ASAMBLEAS DE RESISTENCIAS DE TAPANATEPEC, EL JICARO, ZANATEPEC, HUANACASTAL, REFORMA DE PINEDA, IXHUATÁN, SAN FRANCISCO DEL MAR, LA VENTOSA, JUCHITAN, XADANI, GUI’ XHI» RO’.

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO – APIIDTT

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Avispa Midia

Minería, razón del genocidio Yanomami en la Amazonía brasileña

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

Minería en el río Uraricoera, territorio indígena yanomami

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

Sobrevivientes de la masacre de 1993

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.

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Avispa Midia

México se sujeta a política ambiental de EEUU y sumará cuatro parques eólicos en el Istmo

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: AMLO durante reunión con el enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry y el embajador de dicho país, Ken Salazar

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este miércoles (8) que, de la primera ronda de licitaciones de 10 áreas para parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México, cuatro serán destinadas para la generación de energía eólica. Esta medida fue tomada como parte de un acuerdo que se ha establecido con los Estados Unidos en materia de cambio climático.

Obrador también agregó que el enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, pisará por 7ª ocasión el territorio mexicano el 19 de marzo para supervisar las áreas destinadas para la generación de energía eólica en el Istmo, donde se están creando las condiciones físicas y legales de la zona franca denominada Corredor Interoceánico.

“Este es un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático”, puntualizó el mandatario mexicano.

El presidente de México también aseguró que los cuatro complejos de generación de energía renovable que, se suman a 29 parques eólicos que ya están en operación en el Istmo de Tehuantepec, serán parte de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, enfatizó que serán financiados por Estados Unidos o bancos de este país, “con tazas (de interés) muy bajas” y que serán construidas “por empresas mexicanas y estadounidenses”.

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El enviado especial estadounidense, junto al embajador en México, Ken Salazar y otros funcionarios, se reunirán desde el día 19 de marzo con el presidente mexicano y el canciller Marcelo Ebrard con quien ya habían presentado, en el marco de su participación en la COP27, los compromisos que ambos países habían trazado para hacer frente al cambio climático con una inversión de 48 mil millones de dólares.

Entres los objetivos que han planteado para justificar la creación de nuevos complejos de generación de energía renovable, está el aumento de las proyecciones para reducción del 22% al 35% de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años. Esto implica doblar la infraestructura en territorio mexicano para generar el doble de la emisión actual de energía renovable hasta 2030, encaminado a la producción de 40 gigavatios (GW) más.

“Estas metas le permitirán a la región de América del Norte tener una de las transiciones energéticas más eficientes […] La decisión del presidente López Obrador significará miles de nuevos empleos y la expansión de la economía verde de México”, celebró el canciller Ebrard en la COP27.

La Coalición internacional

Las decisiones actuales en materia de energía renovable en México son la continuidad de los acuerdos establecidos con Estados Unidos y Canadá en la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) celebrado en 2021. El gobierno mexicano se comprometió a desplegar más de 30 GW adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada para el año 2030, procurando alcanzar los 40 GW que EEUU necesita sumar en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).

Aunque ésta no es la única medida que EEUU está tomando en materia de las renovables. Recientemente se reunió con los llamados Emiratos Árabes Unidos para el Cambio Climático, para fortalecer lo que han denominado como la “Coalición entre EEUU y la Unión Europea para Acelerar la Energía Limpia”.

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Esta Coalición fue anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden en asociación con el Foro Económico Mundial durante la COP26, asegurando que son los impulsores “para que las empresas aprovechen su poder adquisitivo y sus cadenas de suministro a fin de crear mercados tempranos para tecnologías innovadoras de energía limpia”.

En la actualidad, la Coalición cuenta con más de 65 miembros corporativos, que han prometido un total de 12 mil millones de dólares para incrustarlos en las nuevas cadenas productivas y los nuevos complejos de generación de energía renovable.

Siendo así que los Emiratos Árabes Unidos se suman a los socios gubernamentales que ya forman parte de esta Coalición: Dinamarca, Alemania, India, Italia, Japón, Noruega, Singapur, Suecia y el Reino Unido. Todos ellos se han comprometido a promover la coalición y a acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras de baja emisión de carbono a escala mundial.

México juega un papel importante en las determinaciones de los EEUU en relación a la creación de los nuevos complejos de energía renovable. Por ello Ken Salazar ha justificado que, “el compromiso de nuestros gobiernos con las energías limpias y la transición energética beneficia a nuestras naciones y al planeta”.

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El embajador estadounidense pone de ejemplo el avance de las inversiones de empresas estadounidenses en México, “pueden verse en Baja California, donde Sempra Infrastructure (subsidiaria mexicana de Sempra Energy) desarrollará un parque eólico con una capacidad de 300 megavatios y anunció la firma de un acuerdo de compra de energía por 20 años para suministrar energía renovable a distintos puntos de California”.

También resaltó la presencia de capitales de la multinacional Invenergy quien “invertirá 70 millones de dólares en el Centro Energético La Toba, Baja California Sur, para una planta solar de 40 megavatios (MW)”, argumentó el embajador Ken Salazar durante su misión por el norte de México a finales del 2022.

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Avispa Midia

AMLO decreta expropiación de tierras en el Istmo para construcción de parques industriales

Fuente: Avispa Midia

El pasado jueves 2 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que harán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

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De acuerdo con el decreto, el cual establece la expropiación de las tierras en Ciudad Ixtepec, el gobierno mexicano pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios.

En el decreto que expropia las tierras en Santa María Mixtequilla, se menciona que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT.

El gobierno ha anunciado que serán 10 parques construidos a lo largo del corredor. Tres de ellos se prevén en el Istmo de Tehuantepec. De esta manera, aún falta el decreto expropiatorio de alrededor de 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, en la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa.

Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la asamblea comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas.

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En declaraciones a medios de comunicación, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha puntualizado que, de los 10 parques industriales, se buscará que entre tres y cuatro sean para empresas que produzcan energías renovables.

A finales de febrero, adelantó Buenrostro, se presentará un programa para “generar un modelo de negocio” sobre los 10 parques industriales. “Queremos hacerlo tipo subasta para ver qué se coloca ahí”, comentó la funcionaria.

Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, ha anunciado en los medios que, para el próximo abril, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales a empresas nacionales e internacionales.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dispone entre 1,800 y 2,800 millones de dólares en los próximos tres años para financiar proyectos de mudanza de empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor y dijo que habría prioridad a los proyectos que decidan mudarse al CIIT.

radio
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Comunicado del CIPOG-EZ por la tergiversación de los medios de comunicación al servicio de los malos gobiernos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios
Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, de medios de comunicación a través de canales tradicionales y en redes sociales que intentan tergiversar la información ante la opinión pública, medios que se han destacado por ser serviles a los gobiernos en turno y son parte de la ofensiva mediática contra el avance de nuestra organización y de las comunidades que dicen ¡BASTA! contra los malos gobiernos.

Sabemos que seudo agencias de noticias publican lo que les dicta el Estado, queriendo confundir y engañar a la sociedad, ante esta ola de desinformación hacemos las siguientes manifestación y aclaraciones de reportajes de seudo medios de desinformación y seudo reporteros.

Somos una organización y un movimiento social que nos organizamos en la lucha por la vida, por la autonomía de los pueblos, así mismo nos organizamos y coordinamos, siendo parte, teniendo delegados y concejales en el CONGRESO NACIONAL INDIGENA –CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO, cuyo camino seguimos.

Somos promotores del movimiento de los fundadores del sistema comunitario de los pueblos fundadores, sí lo somos, nos organizamos para defender luchando contra el crimen organizado, para construir una autonomía propia de los pueblos, la seguridad que el estado debiera brindar y es omiso en proporcionar, nosotros hemos sido capaces de brindar nuestra propia seguridad de manera autonómica, ese ha sido nuestro papel, porque uno de los ejemplos más grande que seguimos es el de la comunidades zapatistas de construir autonomía en sus comunidades.

Pertenecemos y caminamos con los pueblos en defensa de la vida, del territorio, del agua, del bosque, de la naturaleza, y la vida de las personas, los maestros, los estudiantes, los comerciantes y de todos, esta es y será la lucha del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), nos oponemos y estamos contra la minería, contra la empresa extranjera que saquea y destruye nuestros recursos naturales, nuestro país, nuestro mundo, y que el gobierno vende de manera irrisoria a capitales extranjeros, esto para beneficio de los que mas tienen, y no los que vivimos al día, como siempre ha sido históricamente.

Así mismo informamos que ante la tergiversación de dicha agencia de noticias, manifestamos que nuestros promotores no son, ni han pertenecido a organizaciones político-militares, tales como el Ejercito Popular Revolucionario y Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, y que las verdaderas organizaciones paramilitares, son los grupos de narcotráfico los “Ardillos” y “los Rojos” que cuenta con el cobijo del mal gobierno, y que las innumerables violaciones y delitos de lesa humanidad que han sufrido nuestras comunidades se debe a estos últimos grupos narco paramilitares, quien realiza ese tipo de publicaciones es cómplice de estos delitos, responsabilizamos al Estado, por sus falsas acusaciones por lo que publica en su medios de comunicación y agencias, deja en evidencia que son ellos quienes protegen a los grupos de narcotráfico que utilizan tácticas  paramilitares contra los pueblos y comunidades, que tratan de  desprestigiarnos porque nuestra lucha no cabe en sus urnas.

En cuanto al señalamiento de las medidas cautelares otorgadas por el gobierno, cabe aclarar que promotores de nuestra organización son beneficiarios como Defensores de Derechos humanos de medidas de protección emitidas por el Mecanismo de Protección para personas
defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, emitidas por medio de una evaluación de riesgo con parámetros internacionales y que no son usadas para beneficios personales, sino para su actividad como promotores de Derechos Humanos, y cuya solicitud es para evidenciar la obligación del Estado Mexicano de proteger, cosa que el Estado no ha hecho pues el Gobierno ha sido cómplice de lo que nos está sucediendo, nos están masacrando, asesinando promotores y promotoras de las comunidades que luchan y se organizan.
Sabemos que la única manera de desprestigiar el movimiento del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es de esa manera como lo está haciendo el Estado pues como lo ha hecho con las demás movimientos en Guerrero, que han desmantelado y desarticulado movimientos y organizaciones a través de acusaciones falsas por parte de la agencias de inteligencia, por parte del ejército y policías infiltrándose en movimientos sociales, sabemos que la inteligencia del gobierno nos vigila, tienen intervenidos nuestros teléfonos, cada movimiento que hacemos, sabemos que son las fuerzas armada quienes persiguen a activistas sociales y defensores de derechos humanos que defienden el territorio y la vida de las comunidades, con esto queda claro que el Estado es reaccionario al avance de nuestra organización por la construcción de la Autonomía.

Aunado a lo anterior pretende dividir la unidad de las comunidades utilizando paleros financiados por el gobierno, ante ello aclaramos que las siguientes personas no son parte de nuestra organización y que en su momento ya nos hemos deslindado de dichas personas y que no son nuestros dirigentes; David Sánchez Luna y Bernardino Sánchez Luna, quienes han tratado de dividirnos, acusando que promotores nuestros envían este tipo de información a medios para su publicación, siendo esto ilógico, acusaciones carentes de pruebas, queriéndonos desprestigiar, mintiendo a su propias comunidades en asambleas públicas, generando mas violencia y violando derechos humanos, cabe mencionar que fueron ellos artífices de que se armaran a niños en sus comunidades, y atacan a medios que no los favorecen como son el periódico El Sur y Amapola queriendo desprestigiar a algunos medios en lugar de las seudo agencias de desinformación como Guerrero Red Noticias.

¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Inicia juicio por el asesinato de Simón Pedro, exigimos verdad y justicia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
07 de febrero del 2023
Boletín No. 36

Exigimos verdad y justicia para Simón Pedro

• Comienza la etapa de juicio oral por el asesinato del defensor de derechos humanos.
• Instamos al Poder Judicial del estado de Chiapas reconozca que su homicidio fue consecuencia de su labor como persona defensora.

Hoy 07 de febrero del 2023 da inicio la etapa de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro Pérez López , maya tsotsil, integrante de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas) y Catequista de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Esta audiencia representa un momento clave para demostrar la verdad de los hechos, determinar que el móvil de su homicidio fue a represalia por su labor de defensor de los derechos humanos y ordenar una reparación integral de acuerdo con la Ley General de Víctimas.

El sistema judicial tiene la responsabilidad de actuar con la debida diligencia ante un hecho grave que se presenta en un contexto de violencia generalizada en Chiapas. Al mismo tiempo, es un riesgo de que se resuelva el caso desde una lógica penal reducida y enfocada únicamente a comprobar el homicidio, dejando aún lado sus móviles, el contexto en que se desarrollaron los hechos, y la actividad de Simón Pedro como persona defensora; lo anterior le arrebataría la verdad a su familia, a Las Abejas, su comunidad y a la sociedad en general.

Tratar la privación arbitraria de la vida de las personas defensoras de derechos humanos como un homicidio aislado, es una muestra del interés estatal por invisibilizar este fenómeno, lo que conlleva a la impunidad y a su repetición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) ha establecido que Los Estados tienen el deber de garantizar el ejercicio libre de las personas defensoras, así como prevenir riesgos y amenazas ; en casos en donde hubiera atentados a la vida, ha indicado también su obligación en cuanto a realizar una investigación que tome en cuenta el contexto en que se desarrollaba su trabajo , para identificar los intereses que podrían haber sido afectados en el ejercicio de la misma, y determinar si los indicios podrían estar vinculados al móvil de la agresión .

El asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en nuestro país se ha convertido en un patrón de impunidad que busca infundir miedo, intenta callar las voces de quienes denuncian la violencia y defienden sus derechos, así como ocasionar un efecto inmovilizador a los procesos organizativos que existen en los territorios.

Desde el Frayba reconocemos la importante labor que las personas defensoras de los derechos humanos, como Simón Pedro, llevan a cabo en un ambiente de violencia e impunidad, que vulnera su trabajo y les pone en alto riesgo. Su ejemplo es un aliciente de lucha y nos da fortaleza para continuar en la lucha por la vida construyendo la paz. Exigimos al Poder Judicial del Estado una sentencia que sea ejemplo de justicia, verdad y de garantías de no repetición. ¡Justicia y Verdad para Simón Pedro!

       
radio
Avispa Midia

StopCopCity: movilizaciones contra megacomplejo policial en los EEUU

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee se realiza desde la mañana de este lunes (6) de febrero, con la intención de avanzar en las labores de edificación del proyecto Cop City.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

radio
Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI

Convocatoria Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena frente a la creciente violencia del narcoEstado y la imposición de megaproyectos y para contestarnos en colectivo ¿Qué sigue? 4 Y 5 de marzo, Tehuacán, Puebla

CONSIDERANDO

  1. Que como humanidad y pueblos indígenas, estamos viviendo una guerra de exterminio capitalista y patriarcal contra la vida en el planeta, de sus plantas, selvas, bosques, ríos, montes, llanos, pueblos y culturas enteras por la ambición del capitalismo extractivista que no le importa el mañana y ha tenido el poder suficiente para estar imponiendo el absurdo de la muerte sobre nuestro planeta.
  2. Que en esta guerra continuada de exterminio al planeta tierra, estamos los pueblos indígenas defendiendo la vida frente a la imposición de megaproyectos de minería a cielo abierto, trenes, corredores industriales, carreteras, hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, eólicas, plantas solares, contaminación de ríos, extracción masiva del agua, programas de ordenamiento y despojo territorial y un sinfín de formas que el capitalista encuentra para hacerse mas rico destruyendo el planeta, para después lucrar con la escasez que el mismo provoca.
  3. Que la guerra continuada de exterminio tiene su brazo militar en la triada ejército-marina-guardia nacional que acompañan la imposición de los megaproyectos en territorios indígenas y generan una creciente militarización en todo el país, a la vez que permiten la extensión estratégica del crimen organizado en una cada vez mayor parte del territorio nacional. Que el brazo militar no actúa solo, sino que se acompaña de un brazo paramilitar desbordado en el crimen organizado, que junto con el mal gobierno, ha generado un clima de miedo, amenazas, ataques y asesinatos contra los que defienden la autonomía de sus pueblos, destacando el cerco militar y paramilitar hacia las COMUNIDADES BASE DE APOYO ZAPATISTAS o como los recientes asesinatos de nuestros compañeros ISAUL NEMECIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES y ROLANDO MAUNO ZAMBRANO de Santa María Ostula el 12 de enero de 2023 por un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación, así como de GUILLERMO HILARIO MORALES, MOISES CUAPIPUSTENCO Y ADAN LINARES del CIPOG-EZ en Guerrero, asesinados el 5 de noviembre de 2022 por un ataque del grupo criminal Los Ardillos. La violencia se despliega y continúan con la impunidad y la falta de justicia en los casos de nuestra compañera y hermana BETY CARIÑO a trece años de su asesinato, de la desaparición de SERGIO RIVERA HERNANDEZ, en la mixteca poblana, y en el de nuestro hermano SAMIR FLORES SOBERANES, donde se encuentran como responsables de estos crueles y viles actos, el gobierno y el crimen organizado. Y así, dolorosamente se crece la violencia contra las mujeres, contra las y los diferentes, contra cientos de hermanas y hermanos que en los últimos años seguimos buscando y otros los hemos perdido, en esta guerra continuada de exterminio, donde existe una innumerable cantidad de municipios, comunidades, barrios y colonias en nuestro país que están siendo invadidas por el crimen organizado, mientras se mantiene una cortina de cuarta transformación nacional.
  4. Que los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y más allá de él, están resistiendo y luchando con dignidad y entereza para defender la madre tierra y que no estamos dispuestos a extinguirnos ni dejar que destruyan nuestra casa común. Que no estamos solos en esta odisea, sino que innumerables movimientos, organizaciones, grupos, colectivos y diversidades, se encuentran luchando todos los días por buscar a sus desaparecidos, erradicar el patriarcado o defenderse en diversas luchas contra el ataque del monstruo capitalista.
  5. Que el pasado 24 de septiembre de 2022 en la Reunión extendida del CNI-CIG en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, se acordó continuar con un diálogo nacional sobre la creciente militarización y violencia sistemática capitalista y patriarcal que se vive en nuestro país.
  6. Que en cada espacio de lucha que conforma el gran nosotros que somos se están cultivando, construyendo y cosechando miles de alternativas de vida para los pueblos del campo y la ciudad y que es necesario juntarnos para compartir experiencias, tejer lazos y celebrar nuestra existencia.
  7. Que sabedores que venimos desde distintas geografías, realidades y tiempos se invita a todas las naciones, pueblos, tribus, comunidades, barrios y colonias que integran el CNI y el gran nosotros que somos, que previa su llegada a la asamblea platiquen en colectivo: ¿Cómo estamos? y ¿Qué sigue? y nombren a sus delegad@s para asistir a la asamblea y compartir su palabra colectiva.

CONVOCAMOS

A LAS NACIONES, PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y BARRIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA*:

A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA**

FRENTE A LA CRECIENTE VIOLENCIA DEL NARCOESTADO Y LA IMPOSICION DE MEGAPROYECTOS Y PARA CONTESTARNOS EN COLECTIVO ¿QUÉ SIGUE?

LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 EN LAS OFICINAS DEL MOVIMIENTO AGRARIO INDÍGENA ZAPATISTA, MAIZ, EN LA CIUDAD DE INDIOS DE TEHUACÁN, PUEBLA, BAJO EL SIGUIENTE:

PROGRAMA

Viernes 3 de marzo

Llegada por la tarde

8 pm Cena

 

Sábado 4 de marzo

8 am Desayuno

9 am Ceremonia

9.30 am Palabras de Inauguración

10 am Inicio de los trabajos

2 pm Comida

3 pm Reinicio de los trabajos

7 pm Cena

Domingo 5 de marzo 

8 am Desayuno

9 am Reinicio de los trabajos

2 pm Palabras de clausura

3 pm Comida

4 pm Salida de las delegaciones

Puntos a discutir en las mesas de trabajo:

1. Balance de la situación de resistencia y violencia en nuestras comunidades.

a) Análisis del avance de la                 militarización y crimen organizado en nuestros territorios y el país

b) ¿Desde qué parte estamos luchando en contra del capitalismo patriarcal y por la defensa de nuestros territorios y de la vida?

2. ¿Qué sigue?

a) Como le vamos hacer en nuestras comunidades

b) Como le vamos hacer como CNI-CIG

c) Como le vamos a hacer como el GRAN NOSOTROS QUE SOMOS.

*La asamblea se integrará con DELEGAD@S de los PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y BARRIOS que integran el Congreso Nacional Indígena y con aquell@s compañer@s, colectivos y organizaciones del GRAN NOSOTROS QUE SOMOS y que en forma expresa sean INVITAD@S por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI.

**La asamblea tendrá un carácter de diagnóstico, compartición y propuestas organizativas que respondan a la pregunta ¿Qué sigue?

Traer vaso, plato, cuchara, cobija, sleeping y los que gusten casa de campaña

ATENTAMENTE

México, a 04 de febrero de 2023.

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI

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