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Avispa Midia

Incrementan ataques a abogado de pueblos contra Proyecto Integral Morelos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 17 de octubre, el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, al acudir a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas, las cuales aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse.

Flores viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico, denuncia el Frente en un comunicado.

Este no es un hecho aislado. El pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos junto al Congreso Nacional Indígena (CNI).
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Avispa Midia

Copa de fútbol en Qatar se declara carbono neutral; acusan lavado verde

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Qatar, pequeño país árabe con la tercera mayor reserva de gas natural a nivel mundial y actual sede de la copa mundial de futbol, ha recibido acusaciones de realizar el evento deportivo más contaminante en la historia y desplegar un enorme esquema de lavado verde para ocultarlo.

En enero del 2020, Qatar se comprometió a que el mundial de fútbol sería el primero catalogado como “carbono neutral”. En septiembre de ese año, el comité organizador detalló que compensarían todas las emisiones de gases de efecto invernadero resultado de la construcción de infraestructura para el evento deportivo.

En junio de 2021, un informe de la Federación Internacional de Fútbol Asociación

(FIFA) calculó que el mundial de 2022 produciría hasta 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono. En comparación, el evento anterior, realizado en Rusia en 2018, generó poco más de 2 millones de toneladas de CO2.

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A diferencia de la FIFA, un análisis de Carbon Market Watch señaló que la contaminación derivada de la construcción de los nuevos estadios puede haberse subestimado al calcular las emisiones hasta en ocho veces menos. “Esta promesa de neutralidad de carbono no es en absoluto creíble”, dijo Gilles Dufrasne, autor del informe, quien añade que “se trata de un ejemplo flagrante de lavado verde”.

Fraude

La vía tomada por la FIFA y Qatar para mantener su promesa de neutralidad de carbono es la adquisición de créditos de carbono, los cuales en teoría se utilizan para eliminar o reducir emisiones contaminantes en otros lugares del planeta.

Un reporte reciente de Bloomberg señala que este plan es profundamente defectuoso. Incluso puede magnificar las emisiones contaminantes alrededor del evento deportivo debido a que se pretende comprar 1.8 millones de créditos al Consejo Mundial del Carbono (GCC,por sus siglas en inglés), un programa de compensación voluntario de carbono con sede en Doha, capital de Qatar.

Anuncio de convenio entre autoridades qataríes y GCC en 2019

El problema yace en que GCC es famoso por aprobar proyectos de compensación de emisiones que no cumplen con las normas mínimas de operación en ningún otro lugar del mundo. “Lo que el CCG está ofreciendo aquí es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor, un intento evidente de crear más oferta de créditos de baja calidad y bajo coste con una ilusión de credibilidad”, acusó Dufrasne.

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Pese a que opera desde 2019, el GCC solo había certificado un puñado de proyectos. Pero debido a la publicidad de la copa de fútbol sus perspectivas de negocio se han incrementado de manera significativa. Actualmente existen casi 600 proyectos a la espera de la aprobación del CCG, presentados por promotores de proyectos o intermediarios que no tienen a quién más recurrir.

Por ejemplo, la empresa energética india Emergent Ventures presentó proyectos solares al GCC para su certificación. En palabras de su director, Atul Sanghal, “es la única norma que funciona y que permite el registro de proyectos de energía renovable (…) Esta es la principal razón para optar por el registro de GCC”.

Según el director de operaciones de GCC, Kishor Rajhansa, la plataforma puede generar hasta 400 millones de créditos en la próxima década, cuyo valor ascendería a 1,000 millones de dólares.

Actualmente, los organizadores de la copa mundial de fútbol han sido los únicos compradores de créditos verificados por GCC, que cobra por verificar los proyectos de compensación y es propiedad del gobierno qatarí.

Clima extremo

La gran mayoría de las emisiones de CO2 relacionadas con la copa de fútbol proceden del transporte, la construcción de infraestructuras y la adaptación al clima extremo para estas instalaciones.

Sistema de aire acondicionado en los estadios de Qatar

Acorde al historiador Jonathan Piron un ejemplo del daño al planeta resultado de la realización del evento deportivo se ilustra con el césped donde se jugará el torneo. “Por mucho que la FIFA se esforzara en cumplir las normas, hubo que traer cientos de toneladas de semillas de césped desde Estados Unidos en aviones con aire acondicionado. El país tiene escasez de agua, por lo que hubo que cultivarlas utilizando agua de mar desalinizada, un proceso que consume mucha energía y es muy perjudicial para el ecosistema”, sostuvo el historiador para medios europeos.

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Según un estudio de Reuters, cada uno de los ocho estadios construidos para el evento necesita 10,000 litros de agua desalada al día en invierno y 50,000 litros en verano. “Cuando hablamos del impacto medioambiental, no sólo debemos tener en cuenta el mes en que los equipos y el público estarán allí. También cuenta toda la contaminación generada durante los últimos 10 años para acoger el evento”, señaló Piron.

 

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Responsabilizamos al Estado Mexicano sobre el incremento de los ataques en contra de la vida del abogado del FPDTA-MPT-CNI, Juan Carlos Flores Solís

El pasado 17 de octubre, al acudir nuestro compañero Juan Carlos Flores a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas que aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse con motivo que viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él, un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico.
Este no es un hecho aislado, pues el pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde en el drive del mismo se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos con el Congreso Nacional Indígena.

Del mismo modo el 4 de octubre, movimientos sospechosos de vigilancia, hostigamiento y espionaje se llevaron acabo en su vivienda por dos automóviles modelo Chevy rojo y Renault azul y una patrulla del municipio de Juan C. Bonilla, aprovechando que existía un punto ciego en las cámaras que instaló el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y una cámara que se encontraba sin servir, logrando nuestro compañero hacer un respaldo de los hechos en la computadora que funciona como servidor local de las cámaras que servían. Sin embargo, dichas grabaciones fueron sustraídas sin la notificación previa y autorización del compañero por la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección, argumentando que el software del servidor no se encontraba actualizado y que por eso dejó de funcionar una de las cámaras, pero al solicitar las grabaciones al Mecanismo, este negó que hubieran retirado ningún dispositivo. Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, diverso personal de la empresa informó a nuestro compañero que las grabaciones habían sido borradas pues el servidor que sustrajeron fue formateado, a pesar que en todo momento se les estuvo requiriendo entregaran las grabaciones por haberse documentado en las mismas incidentes de seguridad, además el nuevo personal de la empresa señaló que el software no requiere estarse actualizando para el reconocimiento de las cámaras y que eso no era un motivo por el cual dejara de funcionar una de ellas, contradiciendo lo que justificó días antes un compañero suyo. Por lo que concluimos que la cámara que da a la entrada trasera de su casa fue saboteada y que dicho acto fue encubierto por el personal de la empresa y que además sustrajeron las imágenes que podía tener nuestro compañero sobre los posibles perpetradores, los cuales podrían estar vinculados a los 3 allanamientos y amenazas de muerte que sufrió en su domicilio en el mes de abril de este año.

Es inadmisible que un Mecanismo que se creo para dar protección a las personas defensoras y periodistas realice este tipo de actos de encubrimiento, sustracción de información privada y destrucción de pruebas que pudieran ayudar a esclarecer a sujetos perpetradores de los ataques.
El 19 de octubre, un agente ministerial de la Fiscalía Estatal de Puebla, acudió a casa del compañero so pretexto que le habían comisionado para realizar las investigaciones sobre los allanamientos y amenazas sufridos en el mes de abril y que realizaría entrevistas al respecto, pero al llegar solo se limitó a tomar fotos externas de su domicilio y a querer entrar al mismo a tomar fotos del interior, a lo cual nuestro compañero le señaló que primero le quería compartir las fotos que había tomado de cómo había sido el allanamiento para que las integrara a su investigación y le explicara como fueron las incursiones, ante lo cual el agente ministerial se negó a recibirlas vía WhatsApp señalando ahora que solo le indicaron tomar fotos del domicilio, y al observar que no podría entonces entrar a tomar fotos del interior, se retiró del lugar diciendo que reportaría que nuestro compañero se opuso a los actos de investigación.

Consideramos que la sustracción de videos y destrucción de los mismos por parte de la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y el actuar del agente ministerial del Estado de Puebla para intentar ingresar a su domicilio son pruebas del encubrimiento y complicidad de las autoridades en los actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados contra nuestro compañero. Por lo que responsabilizamos al Estado Mexicano de su integridad física, emocional y psicológica.

El proceso de represión, asesinatos, criminalización, estigmatización, campañas de miedo y división que se ha vivido en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos no es exclusivo del FPDTA-MPT, por el contrario, en la presente administración de la mal llamada cuarta transformación ha existido un incremento atroz en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comenzando con nuestro hermano Samir Flores a solo 3 meses de haber asumido el gobierno de López Obrador. Situación que se enlaza y contrasta con el incremento de la presencia del crimen organizado en las comunidades que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos del gran capital y gobierno federal y el espionaje que realiza la SEDENA dado a conocer por el colectivo Guacamaya y que muestra que para el ejército mexicano la defensa del territorio de los pueblos es más peligrosa que muchos cárteles del narcotráfico.
Los actos de intimidación, espionaje y atentados contra nuestro compañero Juan Carlos, se suman a los procesos de judicialización injustos que se mantienen contra los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl en Santa María Zacatepec, por la defensa del Río Metlapanapa y su territorio. Existiendo un empeño por acabar con la organización y resistencia no solo del FPDTA-MPT, sino de los pueblos indígenas del país.

Atentar contra nuestro compañero de lucha y abogado no solo es un ataque hacia su persona, sino a los legítimos procesos de defensa que llevamos como pueblos indígenas y los diversos casos que acompaña legalmente en otros estados del país.
No esperaremos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compañeras o compañeros de lucha y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestros compañer@s no están solos y que la lucha continuará hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucción capitalista que gobierna nuestro país y el mundo.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Organizaciones:
1. Articulación Yucatán
2. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT
3. Asamblea de Solidaridad con México del País Valenciano, Estado Español
4. Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos
5. Asamblea Maya Múuch Xíinbal
6. Binigulazaa Aipin
7.Cholollan Radio
8. Centro Comunitario Maya U kúuchil K Ch’i’ibalo’on, Península de Yucatán
9. Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Chilpancingo, Guerrero
10. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC
11. Centro de Documentación sobre Zapatismo CEDOZ, Madrid
12. Centro de Estudios Ecuménicos
13. Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria (CICC)
14. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
15. CNI Totonacapan
16. CNI Región Altas Montañas
17. CNPA-MN
18. Colectivo Apapachos, Querétaro
19. Colectivo Cuautla Viva Cuautla Verde, Morelos
20. Colectivo Data Critica
21. Colectivo EcoSol
22. Colectivo Kalakgpaliw
23. Colectivo La Mandarina, San Cristobal de las Casas, Chiapas
24. Colectivo Llego la Hora de los Pueblos
25. Colectivo Tierra y Libertad
26. Colectivo Xinach
27. Colectivos Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC).
28. Comité Agua y Vida, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
29. Comité de Acatepec, San Andrés Cholula, Puebla
30. Comité de San Andrés Cholula, cabecera municipal, Puebla
31. Comité de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla
32. Comité de San Luis Tehuiloyocan, San Andrés Cholula, Puebla
33. Comité de San Rafael Comac, San Andrés Cholula, Puebla
34. Comité del Pueblo Originario de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla
35. Comité Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla
36. Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha CSPCL, París, Francia
37. Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de las Américas (CSIA-Nitassinan), Francia
38. Comité de Tetlama, Morelos
39. Comité en Defensa del Bosque Nixticuil, Jalisco
40. Comité Huexca en Resistencia
41. Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
42. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, Oaxaca
43. Comunidad Indígena de Ostula
44. Comunidad Indígena de Cuentepec, Morelos
45. Concejo Indígena de Xonacatlan
46. Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
47. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
48. Consejo del Pueblo Maya CPO
49. Consejo Maseual Altepetajpianij
50. Consejo Tiyat Tlalli
51. Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México
52. Cooperativa Cacaloxúchitl SC de RL CV
53.Cooperativa Onergia
54. Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica CPUEDEE
55. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina AC (COCIHP)
56. Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON)
57. Corriente del Pueblo Sol Rojo
58. CRIPX
59. Cholultecas Unidos en Resistencia CHUR
60. DECA Equipo Pueblo
61. Ecologistas en Acción, Estado Español
62. Enlace Comunicación y Capacitación AC
63. Ermua Komite Internazionalitak, País Vasco
64. Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, Morelos
65. Festivales Solidarios Guatemala
66. Frente en Defensa del Predio Los Venados, Jiutepec, Morelos
67. FPDT Atenco
68. Fuerza Jiutepec, Morelos
69. GADECOM AC
70. Geocomunes
71. Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas
72. Grupo de Trabajo Fronteras Regionalización y Globalización de CLACSO
73. Guardianes del Mar de San Dionisio del Mar, Oaxaca
74. Guatecrea, Guatemala.
75. HAKEO CULTURAL
76. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
77. Junta de Vecinos en Resistencia: Independencia, Tanques y América, Monterrey
78. La Boca Nostra, Hermosillo, Sonora
79. La Sandia Digital
80. LaVida y pobladores
81. LEGAIA
82. Lumaltik Herriak, País Vasco
83. Maderas del Pueblo del Sureste AC
84. Milpa Climática
85. Morelos en Movimiento AC
86. Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ
87. Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia de Chiapas
88. Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y del Territorio
89. Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
90. Mujeres que luchan Xalapa
91. Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos
92. OMAL-Paz con Dignidad, Estado Español
93. Organización Nacional del Poder Popular ONPP
94. Organización Unidad Patriótica UP Morelos
95. Organizaciones Unidas por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO
96. Prevención Capacitación y Defensa del Migrante AC
97. Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
98. Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes
99. Radio Coatl
100. Radio Zacatepec
101. REDAVI, Querétaro
102. Red de Resistencias Narrativas Futuros Indígenas
103. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
104. Red Morelense de Apoyo al CIG-CNI (Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía)
105. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
106. Red Unidos por los Derechos Humanos AC
107. Red Universidad Anticapitalista (RUA).
108. Reflexion y Accion Feminista Regina Carrillo
109. Resistencia Civil de Candelaria, Campeche
110. San Jerónimo Amanalco, Texcoco
111. Sección XXII CNTE-SNTE
112. Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras
113. Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER A.C.)
114. Servicios para Educación Alternativa AC EDUCA
115. Tayowal
116. Tonelhuayotzin Nuestra Raíz
117. Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (José Antonio Foronda Farro)
118. UCIZONI, Oaxaca
119. Un Salto de Vida, Juanacatlán, Jalisco
120. Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos
121. Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, UDETEM, Campeche
122. Unión de Especialistas en Biodiversidad, Conservación y Sustentabilidad AC. UNESBIO
123. Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas
124. Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca SC (UNOSJO)
125. Universidad de la Tierra Oaxaca UNITIERRA OAXACA
126. UNTA, Oaxaca
127. Witness
128. Y Retiemble, Madrid
129. Zoques en Defensa de la Vida y del Territorio ZODEVITE

Individual:
130. Abraham Pérez Sánchez
131. Agustín Vaca García, APIJ-SNPICD-INAH.
132. Aída Mariana Suárez Moreno.
133. Alan Carmona Gutierrez, El Salto, Jal.
134. Alehli Sánchez Paz.
135. Alejandro Mira Tapia
136. Alfonso Leija Salas, Morelos
137. Alicia Castellanos Guerrero, antropóloga.
138. Alma Rosa Rodrigues Jiménez, Guadalajara.
139. Amaranta Cabrera Pimentel.
140. América del Valle Ramírez
141. Ana Sabina Castro Sam.
142. Ana Valadez Ortega, SCLC, Chiapas.
143. Ana Victoria Del Carmen Salgado.
144. Andrea Iris Hernandez Cárdenas, Juanacatlan, Jal.
145. Andres Vázquez Hernández, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
146. Antonio Gritón
147. Aranzazú Ayala Martínez, Periodista
148. Argelia Guerrero Rentería.
149. Armando Gutierrez, Juanacatlan, Jal.
150. Arturo Espinoza, Programa Territorios Radio UDG
151. Atahualpa Sofía Alejandra Enciso González, El Salto, Jal.
152. Barbara Zamora
153. Beatriz S Gómez Barrenechea, Universidad de Guadalajara.
154. Benito Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
155. Carla Patricia Garibi Harper Cabral.
156. Carla Vazquez
157. Carlos Octavio Corona Saldaña.
158. Carolina Cid Castro.
159. Carolina Elizabeth Díaz Iñigo.
160. Celia Ramírez Márquez, CDMX.
161. Cintya Guadalupe Rodríguez Ramírez.
162. Claudio García Ehrenfeld.
163. Cynthia Salazar Nieves.
164. Cristina Coyotl Huanetl
165. Daniel Ruiz Cancino, INAH.
166. Donaji García Valdivieso
167. Edna Yael Robles Aguilar, Guadalajara.
168. Elided Hernández Acosta, Monterrey
169. Elisa Cruz Rueda
170. Elke Franke, “Vientos Culturales” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
171. Enrique Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
172. Enrique Encizo Rivera, El Salto, Jal.
173. Erika Charles Niño, Monterrey
174. Erik Coyotl Lozada, Tlaxcalancingo
175. Esteban Elías Coatl, Tlaxcalancingo
176. Felipe I Echenique March, profesor investigador del INAH, Dirección de Estudios Históricos
177. Fernanda Navarro
178. Fernanda Pinto
179. Fernando Tapia, Juanacatlán, Jal.
180. Florina Mendoza Investigadora Independiente
181. Florina Piña Cancino
182. Fortunato Cuautle Toscoyoa, Tlaxcalancingo
183. Francisco De Parres Gómez.
184. Francisco Morfín
185. Francisco Muñoz Nolasco.
186. Gabino Giovanni Velázquez Velázquez, UNAM y ENAH.
187. Gabino Hernández Segura, ExHacienda de Zapotlanejo, Juanacatlán, Jalisco.
188. Gabriel Hernández Navarro, RASH Guadalajara.
189. Gastón de la Luz Albino, Coordinador de Radio Coatl
190. Gaudencio Ezequiel Macías Ochoa, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
191. Gerardo Moreno García, Juanacatlan, Jal.
192. Gilberto Lopez y Rivas, INAH-Morelos.
193. Gloria Alonso
194. Graciela González Torres, El Salto Jalisco.
195. Guillermo Castillo Ramírez, UNAM.
196. Guisela Hernandez Morán, CDMX.
197. Héctor Zetina Vega, Morelos
198. Heriberto Rodríguez, fotógrafo
199. Hilda Monraz Delgado, Guadalajara.
200. Inés Durán Matute, ICSyH, BUAP – IRGAC, RLS.
201. Iván Artión Torres Urbina, ENAH.
202. Jaime Torres Guillen, Universidad de Guadalajara.
203. Jesús Alberto Mejía Cano, Morelos
204. José Patricio Coyotl Cuatetl, Tlaxcalancingo
205. Jorge Alonso
206. Jorge Segura Mares, Miraflores, Juanacatlan, Jal.
207. José Antonio Huerta Meza, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
208. José Antonio Olvera Llamas
209. Jośe Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
210. José Luis Santillán Sánchez.
211. Justine Monter Cid.
212. Juan Carlos Rulfo
213. Juan Villoro
214. Juliana Gómez
215. Kara Castillo, Periodista
216. Karina Macías Hernández.
217. Lauro Moyotl Quechol, Tonantzintla
218. Libertad Huerta Rodríguez.
219. Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, INAH.
220. Lourdes Pérez Hernández, Acciones por la Tierra AC
221. Ma. Tiburcia Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
222. Magdalena Gómez
223. Manuel Arredondo Prado
224. Marcos Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
225. Margara Millán Moncayo, Morelos
226. Maria Amparo Xochitl Sevilla Villalobos, DEAS-INAH.
227. María Angelina Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
228. Maria Auxiliadora Gutiérrez Zuñiga, Guadalajara.
229. María de los Ángeles Colunga Hernandez, APIJ-SNPICD-INAH.
230. María de los Ángeles Gallegos Ramirez, U de Guadalajara.
231. Maria del Carmen Lechuga Hernandez APIJ-SNPICD-INAH.
232. Maria del Refugio Ramirez Marquez, Guadalajara.
233. María del Rosario Aceves Iñiguez.
234. Maria Gracia Castillo Ramírez, Asoc. de Prof. Investigadores Jubilados (APIJ) SNPICD-INAH.
235. María Rocha Licona.
236. María Xochilt Franco Fernandez, El Salto, Jalisco.
237. Mariana Mora
238. Marisa Yáñez Rodríguez, Las Pintas, El Salto, Jal.
239. Martha Mata Ramírez
240. Maura Eslava Galicia.
241. Mayvelin Flores Villagómez.
242. Mercedes Palencia Villa, DEDUC-U de Guadalajara.
243. Miguel Gómez Beltrán, Colima.
244. Monica Romero, Morelos
245. Nadia Alejandra Jiménez Ortiz.
246. Nery Chaves García.
247. Noe Leando Cardenas Carrillo, Paso Hondo,Frontera Comalapa, Chiapas.
248. Norma Adriana Garduño Salazar, Morelos
249. Oralba Castillo Nájera, Morelos
250. Orlando Arce Osorio, Juanacatlan, Jalisco.
251. Paola Elena Garibi Harper y Hernández.
252. Paulina Domínguez.
253. Pavel Valdés Pérez.
254. Pedro de Anda Suárez, Juanacatlán, Jal.
255. Priscilla Miranda Usisima.
256. Raúl Romero Gallardo.
257. Rebeca Yoma Medina, DSA-INAH.
258. Renata Carvajal
259. Remigio Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
260. Roberto Alonso Portela.
261. Roberto Tunuari Chávez, Tonalá, Jal.
262. Rocio Moreno Badajoz, Universidad de Guadalajara.
263. Rodrigo Camarena González.
264. Rosa Angélica Caballero Cerda, CDMX.
265. Sandra Castillo Isla, Querétaro.
266. Sandra Montes
267. Santiago Castillo Ramírez, ICG-UNAM, Cuernavaca, Morelos.
270. Santiago Duro.
271. Sarasuadi Ochoa Contreras.
272. Servando Gaja Rodríguez, Morelos
273. Sylvia Marcos
274. Sin Hunter Dodsworth.
275. Sonia Atzahit Chiquito Cuatetl, Tlaxcalancingo
276. Stana Aranda Ratkovich, Guadalajara.
277. Susana Albarrán Méndez, comunicadora social, Madrid
278. Teódulo Alejandro Cuaya Teutli, Tlaxcalancingo
279. Tunuari Chávez González.
280. Valentina Leduc
281. Varenka Cogorda
282. Verónica Meza Beltrán, Juanacatlán, Jal.
283. Verónica Ruiz Lagier, DEAS – INAH.
284. Víctor Humberto Miranda González
285. Viridiana Maldonado Galindo.
286. Wendy Juárez
287. Yara Xiadani Ortega Herrera

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Avispa Midia

Corte revisará constitucionalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezará a revisar el próximo 28 de noviembre la constitucionalidad del acuerdo presidencial, publicado en mayo de 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas de seguridad pública.

Se trata de la controversia 90/2020. El proyecto está a cargo de la ministra Ríos Farjat. La Consejería Jurídica intentó impedir que se admitiera, con recurso de reclamación. En noviembre de 2021 se envió a Pleno, luego de intentar resolverlo en Primera Sala, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) en sus redes sociales.

En una rueda de prensa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, precisó que desde el pasado 10 de noviembre la ministra Ríos Farjat presentó el proyecto de resolución sobre el tema que será debatido por el pleno.

Zaldívar señaló que el Pleno de la SCJN aún no ha acordado si el proyecto de Ríos Farjat será público. “Dada la trascendencia de la discusión, sería deseable que el proyecto se haga público con antelación”, manifestó el Centro Prodh.

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La Corte recibió una decena de recursos e impugnaciones, tanto de organizaciones civiles, como de diputados y senadores de oposición en contra del acuerdo presidencial.

Argumentación frente a la SCJN

El Centro Prodh presentó un Amicus Curiae – figura utilizada en el derecho que alude a la presentación formal dentro de un litigio de observaciones técnico-jurídicas por parte de terceros ajenos al mismo – a los ministros de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional 90/2020.

En el documento, la organización de Derechos Humanos argumenta que “el derecho a la vida se ve impactado por la militarización puesto que se ha documentado que las Fuerzas Armadas propenden con mayor frecuencia, por formación y capacidad de fuego, a hacer un uso desproporcionado y a menudo innecesario de la fuerza letal”.

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Además, sostiene que los organismos internacionales han sido constantes en señalar lo problemático que resulta para la vigencia de los derechos humanos, involucrar elementos castrenses en tareas de seguridad pública y, por lo tanto, la necesidad de separar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y justicia en las que actualmente están involucradas.

Nueva reforma

El acuerdo presidencial publicado en mayo de 2020, el cual reforma el artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, otorga las tareas de seguridad a las fuerzas armadas hasta 2024.

Sin embargo, fue publicado hoy (18) en el Diario Oficial de la Federación el decreto que instituye nueva reforma al artículo 5º transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El decreto entrará en vigor mañana, 19 de noviembre.

La publicación se dio después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales ratificaron esta reforma.

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En la Corte hay otros nueve asuntos pendientes de resolución sobre militarización del país.

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Radio Zapote

Los que luchan por la vida nunca mueren

La luz del sol brilla sobre los tres ataúdes mientras son llevados a la montaña. Las flores de cempasúchil están colocadas en sus marcos de madera y el humo del copal persiste en el aire, limpiando los espíritus de nuestros hermanos y compañeros caídos.

Apenas unos días antes las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) celebraban el día de los muertos, conmemorando a los que vinieron antes y a los que dieron la vida en la lucha.

Los cuerpos y espíritus de tres compañeros más, Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, se han sumado a los más de 40 miembros de sus comunidades que han sido asesinados en esta despiadada lucha en defensa de sus territorios y vidas contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares.

El sábado 5 de noviembre de 2022, Adán, Guillermo y Moisés salieron de los territorios liberados del CIPOG-EZ hacia Chilapa de Álvarez, la cabecera municipal, para comprar repuestos para uno de sus vehículos. A las 14.30 horas fueron detenidos por la policía municipal, que les preguntó sus nombres. Poco después, empezaron a ser seguidos por una moto, que los interceptó cuando salían de Chilapa, de vuelta a la seguridad de sus comunidades. A las 21:30 horas sus cuerpos fueron encontrados muertos en el pueblo de Xochimilco, Chilapa, acribillados a balazos.

Adán, Moisés y Guillermo eran líderes comunitarios nahuas y miembros del CIPOG-EZ, un concejo formado por 24 comunidades indígenas que han estado defendiendo sus territorios contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares como ‘Los Ardillos’ en la región de la Montaña Baja de Guerrero, México.

“Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ.” compartió el CIPOG-EZ en un comunicado tras los asesinatos.

Es necesario destacar aquí el carácter totalmente político de su asesinato. Los tres estaban trabajando en un proyecto reciente, lanzado por el CIPOG-EZ, para crear tres radios comunitarias en sus territorios, llamado Radios Organizando la Lucha por la Autonomía (R-OLA). Este proyecto permitirá a la organización difundir educación política y basada en los derechos humanos, que fortalecerá la capacidad de las comunidades para defender sus territorios legalmente y organizativamente. Estos meses se han estado realizando talleres con miembros de la comunidad de todas las edades.

Las radios también fortalecerán su organización, trabajando por la construcción de la paz en sus comunidades. El fortalecimiento del tejido social fue un problema para estos grupos narco-paramilitares, pero el CIPOG-EZ también afirma que hay raíces más profundas y siniestras detrás de la constante violencia que enfrentan en sus territorios.

El CIPOG-EZ afirma que ven que “hay una cadena de complicidades, se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos”. Afirman que Los Ardillos trabajan como un brazo armado del gobierno y de las empresas mineras transnacionales, que asesinan y desplazan a comunidades enteras para que sus tierras sean luego concesionadas a empresas mineras. Hay periodistas locales que han informado de hallazgos similares.

En julio, escribí un artículo sobre el CIPOG-EZ y la fuerza de su organización. En él citaba uno de los comunicados del CIPOG-EZ en el que se nombraba a Jesús Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silverio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, y a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, diciendo que estaban en el punto de mira de Los Ardillos y que responsabilizaban al gobierno mexicano de cualquier cosa que les ocurriera. Cuatro meses después, Adán Linares y Guillermo Hilario, el hermano de Pablo Hilario, están siendo enterrados mientras su comunidad observa con dolor.

Los asesinatos de Adán, Guillermo y Moisés son una clara demostración de la violencia del sistema, demostrando cómo nuestras comunidades están siendo falladas por todos los niveles de la sociedad.

El CIPOG-EZ lleva años denunciando la violencia que azota sus territorios, nombrando explícitamente a los que son objeto de ella. Le advirtieron al mundo que Adán sería asesinado y lo fue. Sus palabras y su realidad no fueron destacadas por los medios de comunicación ni popularizadas ante las masas. Y el mensaje que esto envió a Los Ardillos fue que podían matar con impunidad y con la complicidad del Estado, y nadie levantaría ni un dedo.

El silencio de los medios de comunicación se sintió aún más agudo junto con el silencio de las instituciones internacionales de derechos humanos como la Oficina de Defensores de Derechos Humanos de la ONU que también falló al CIPOG-EZ. Escribí en el primer artículo sobre cómo, mientras estábamos en Alcozacan, el corazón de los territorios liberados del CIPOG-EZ, la comunidad fue rodeada por vehículos llenos de hombres armados de Los Ardillos en lo que parecía ser un ataque armado. Durante la noche se enviaron mensajes a grupos de derechos humanos a nivel internacional. Se recibió la respuesta de que un Relator Especial de la ONU podría sacar un comunicado para denunciar públicamente las violaciones realizadas en el territorio.

La esperanza que esto dio se desvaneció rápidamente después de que recibiéramos un mensaje en el que se afirmaba que, debido a que las comunidades del CIPOG-EZ están armadas, la ONU no podría emitir una respuesta al respecto. Una vez más, el CIPOG-EZ fue defraudado y se encontró con el silencio y la complicidad. Es importante en esto resaltar el total desconocimiento del contexto de las comunidades, sus derechos legales como pueblos originarios y la violencia de esta “narrativa de la no violencia”.

En primer lugar hay que aclarar que el CIPOG-EZ no es un grupo armado como tal. Tienen una policía comunitaria indígena llamada el CRAC-PC-PF que está reconocida por el gobierno de Guerrero. De acuerdo con el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT de la ONU, los pueblos indígenas tienen “el derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos internacionales”. La CRAC-PC-PF es un ejemplo de este tipo de instituciones. El CIPOG-EZ ha dejado más que claro que no tendrían porque portar armas si fueran capaces de sobrevivir sin ellas. Para ellos, la construcción de la paz en sus territorios es la prioridad.

Esta narrativa de la “no violencia” no sólo ha sido utilizada por las organizaciones de derechos humanos para deslegitimar la organización del CIPOG-EZ, sino también por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Su negligencia hacia la comunidad y sus necesidades prácticas ha quedado explícitamente clara en las últimas semanas.

15 días antes de que nuestros compañeros fueran asesinados el 21 de octubre, miembros del CIPOG-EZ denunciaron ante AMLO la violencia letal que se estaba ejerciendo contra sus líderes comunitarios por parte de Los Ardillos, destacando la complicidad de policías municipales y estatales y de miembros del gobierno como el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román y el servidor público Bernardo Ortega Jiménez.

“Le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos”, compartió el CIPOG-EZ.

Como si predijeran el futuro, ese día le dijeron explícitamente a AMLO: “Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven”. Esto es exactamente lo que les ocurrió a Adán, Guillermo y Moisés.

Después de escuchar, desde la seguridad de su camioneta con vidrios polarizados, sobre los 40 compañeros del CIPOG-EZ que han sido asesinados en los últimos años y los 20 que permanecen desaparecidos, la respuesta de AMLO fue repugnante.

Dijo :“Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.

A esto, el CIPOG-EZ respondió valientemente: “seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”

Llamar a la paz y al desarme unilateral en un contexto de guerra no genera paz: legitima una masacre.

Para colmo, las instituciones del Gobierno también han fallado a las comunidades. Adán Linares estaba incluido en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, como consecuencia de tres intentos de asesinato anteriores. Este mecanismo ha demostrado una y otra vez ser incapaz de proporcionar protección a quienes están en alto riesgo de persecución. Eran conscientes de la situación en sus comunidades. También sabían que Guillermo, el otro compañero asesinado, era hermano de Bartolo Hilario, un líder comunitario del CIPOG-EZ que fue asesinado y brutalmente descuartizado en mayo de 2019. También era hermano de Pablo Hilario, desaparecido forzosamente por la policía municipal de Atlixtac en enero de este año.

Pero las fallas no sólo provienen de los gobiernos e instituciones, sino también como resultado de la contrainsurgencia que emana de las fuerzas reaccionarias de los movimientos sociales que hacen que seamos incapaces de defender a nuestros compañeros y sus procesos de manera real. Muchos movimientos no están trabajando en la construcción de poder de manera local, y por lo tanto son incapaces de hacer que las luchas de nuestros pueblos sean relevantes para las masas.

Se les ha enseñado a ser fuerzas reaccionarias: a reaccionar ante la muerte y criminalización de nuestros defensores con fotos e infografías declarando la solidaridad, pero no a defender sus procesos en vida. Si bien sus acciones pueden aportar visibilidad, la realidad es que no se acerca a la fuerza interconectada que se necesita para defender los procesos de resistencia de nuestras comunidades.

“Cuando tocan a uno, tocan a todos” no debería ser una frase que la gente ponga en pancartas en las protestas si no está dispuesta a construir el poder para hacerla cumplir. Cuando hayamos hecho el esfuerzo para que las comunidades de todo el mundo sostengan a otros defensores y líderes sociales en la vida, como si fueran suyos, los gobiernos y las empresas sabrán que habrá repercusiones de las comunidades de todo el mundo si los tocan. Entonces, el poder con el que manifestamos ese tipo de solidaridad será reconocido como un elemento disuasorio para tocar a esos defensores y a sus comunidades. Para llegar a esta fase, primero tenemos que construir el poder en nuestras comunidades.

Hay ejemplos de procesos que están catalizando esta dirección concreta en la diáspora como la Revolución Educativa del Inter-Aprendizaje Activo para Reparaciones Planetarias (PRALER, por sus cifras en inglés), así como los que están consolidando sus esfuerzos de construcción de poder entre las masas como están haciendo con la Plaza Tonatiuh en Sunset Park, Brooklyn. El aspecto más fuerte y esencial de esta fuerza de defensa reside en la interconexión de nuestras comunidades de resistencia de la Mayoría Global en todas partes.

Ahora debemos popularizar los nombres de Jesús Plácido Galindo, Benjamín Sánchez Hernández, Prisco Rodríguez Morelos, y las familias de Adán, Moisés y Guillermo, que actualmente están siendo amenazados por Los Ardillos. Jesús Plácido Galindo, un promotor del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, ha denunciado que en los últimos días, cada vez que sale de su comunidad, es vigilado y seguido por vehículos sospechosos de Los Ardillos y por la policía municipal de Chilapa, con la intención de intimidarlo a él y a su comunidad.

Para Adán, Moisés y Guillermo, y los niños y familias que forman parte del CIPOG-EZ, no perdonaremos ni olvidaremos. Los que luchan por la vida nunca mueren.

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Camino al Andar

Luis Villoro: Autonomía y ciudadanía de los pueblos indios

Publicado en Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México

 Por Luis Villoro

Desde el siglo XVI los pueblos indios de América han sido, para criollos y mestizos lo otro, lo otro juzgado y manipulado para su explotación o, por lo contrario, para su redención. Somos nosotros, los no-indios, los que decidimos por ellos. Somos nosotros quienes los utilizamos, pero también quienes pretendemos salvarlos. La opresión de los pueblos indígenas es obra de los no-indios, pero también lo es el indigenismo, que pretende ayudar a su liberación. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su propia suerte; sujeto capaz de juzgamos a nosotros según sus propios valores, como nosotros lo hemos juzgado siempre, sujeto capaz de ejercer su libertad sin restricciones, como nosotros exigimos ejercerla. Ser sujeto pleno es ser autónomo. El «problema» indígena sólo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios.

El convenio político

 El Estado nacional es un producto del pensamiento moderno. Se funda en la idea de un poder soberano único sobre una sociedad supuestamente homogénea, que se compondría de individuos iguales en derechos, sometidos al mismo orden jurí’dico. Su ideal profesado es el de una asociación de ciudadanos que se ligan voluntariamente por un convenio político. El Estado-nación es visto como el resultado de la voluntad concertada de individuos autónomos. Supone, por lo tanto, la uniformización de una sociedad múltiple y heterogénea y la subordinación de las diversas comunidades, poseedoras antes de diferentes derechos, al mismo poder central y al mismo orden jurídico.
 En América Latina, los Estados independientes siguieron la traza de las divisiones administrativas coloniales, sin atender a diferencias entre los pueblos aborígenes. Las distintas repúblicas se constituyeron por un grupo criollo y mestizo, que impuso su concepción del Estado moderno a las comunidades indígenas. En ese pacto constitutivo no entraron para nada los pueblos indios.

Nadie les consultó si querían formar parte del convenio. Sin embargo, acabaron aceptándolo. Unos de buena gana, otros con las armas en la mano. Quienes se rebelaron fueron vencidos, los demás acabaron percatándose de que les convenía más aceptar la nueva asociación política. Asúmanlo de buena o de mala gana, con mayores o menores reticencias, el convenio político no fue el resultado de una libre decisión de los pueblos indios.

Pero toda asociación política libremente consentida supone ciertos elementos de consenso entre las partes que se asocian. Se funda, por lo tanto, en la aceptación común de un núcleo de valores. Ese núcleo consensual constituiría lo que Ernesto Garzón Valdés ha llamado un «coto vedado».’

 Fuera de él todo puede ponerse en cuestión, cualquier opción es objeto de negociación y de acuerdo eventual entre sujetos con intereses diferentes, pero ese núcleo está «vedado» a toda discusión que pudiera recusarlo, es inviolable. Es lo que presta unidad a la multiplicidad de sujetos que se asocian libremente. De no aceptarlo, la asociación se rompería.
 ¿Qué es lo que comprendería ese núcleo de consenso previo en toda asociación política? Yo diría que lo que no puede ser objeto de discusión en ninguna asociación libre son precisamente las condiciones que hacen posible cualquier convenio voluntario. Ninguna asociación voluntaria puede darse sin que todos admitan las condiciones mínimas para que se dé. No hacerlo sería una contradicción en la acción, lo que los filósofos llaman un «contradicción performativa». Cualquier sujeto que entre en asociación libre con otros sujetos está aceptando, por ese mismo hecho, ciertas condiciones. Ellas preceden a toda forma peculiar de asociación, no derivan del convenio al que eventualmente se llegue, porque cualquier convenio supone su admisión.
 Cualquier forma de asociación, si es libremente consensuada, supone el reconocimiento de los otros como sujetos, lo cual incluye: 1) el respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación de una igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada cual de que los demás puedan guiar sus decisiones por sus propios fines y valores y no por los impuestos por otros; 4) por último, para que se den esas condiciones, es necesaria la ausencia de toda coacción entre las partes.
 El respeto a la vida, la autonomía, la igualdad de condiciones y la posibilidad de perseguir sin coacción los propios fines y valores no son resultado sino condición de todo convenio político voluntario. Corresponden a una situación ideal que nunca se da en pureza. Pero, en la medida en que no se cumplan esas condiciones, el resultado no será una asociación voluntaria sino una imposición, al menos parcial, de una de las partes sobre las otras. En el caso de que todos los sujetos de una asociación pertenezcan a una misma comunidad de cultura, el convenio se plantea entre individuos que comparten ciertas creencias básicas sobre fines y valores propios de esa cultura. En cambio, en situaciones en que los sujetos de la asociación política no pertenezcan a la misma comunidad cultural y, por lo tanto, no compartan las mismas creencias básicas sobre fines y valores, la igualdad de condiciones y la posibilidad de elección de cada sujeto implican el respeto a esa diversidad cultural, pues sólo en el contexto de una cultura puede ejercerse la facultad de elegir conforme a los propios fines y valores. Es el caso de los países indoamericanos. Si el convenio político que da origen a la nación ha de pasar de un convenio impuesto a uno decidido libremente por las partes, tendría que incluir, en el «coto vedado» a toda discusión, el reconocimiento de la autonomía de los sujetos del convenio.

El fundamento del derecho de los pueblos a su autodeterminación es, pues, anterior a la constitución del Estado-nación. El orden jurídico no puede fundarlo sino sólo reconocerlo. La diferencia entre derechos otorgados y derechos reconocidos en la constitución de un Estado es importante. Por desgracia, la mayoría de las reformas constitucionales de América Latina que han pretendido incorporar los derechos indígenas parten de un error de principio: la promulgación constitucional se interpreta como una fundación de derechos, cuando no puede ser más que el reconocimiento legal de la libertad de decisión de los pueblos indios, condición de toda promulgación de sus derechos. Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo de asociarse con otros en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en libertad.

  En el caso de la América india, no hay un solo pueblo indígena que ejerza su capacidad de autodeterminación en el sentido de separarse del Estado nacional. Pese a la opresión sufrida durante más de cinco siglos, el mestizaje y la integración en las instituciones de las nuevas naciones crearon una realidad social y cultural de la que la mayoría de los indígenas se sienten una parte. Tienen conciencia además de que tanto desde un punto de vista económico como político no podrían subsistir como entidades segregadas del Estado-nación. Lo que piensan y quieren es que su pertenencia no les sea impuesta, que sea su propia obra, de tal modo que no tengan que negar sus formas de vida colectiva para ser parte de una sociedad más amplia.

Autonomías

 

La libre determinación de un pueblo puede ejercerse de distintas maneras. Puede reservar para sí la decisión última sobre su destino, sin estar supeditado a leyes más altas que las que él mismo se otorgue. Entonces, el ejercicio de su libertad conduce a un estatuto de soberanía. Es el caso de todos los Estados nacionales y de algunas nacionalidades que aspiran a convertirse en Estados. Pero hay otra manera de ejercer la libre determinación: aceptar formar parte de un Estado soberano, determinando las competencias, facultades y ámbitos en que se ejercenan los derechos propios. Eso es autonomía.

 «Autonomía» es un término que proviene de la teoría ética y se aplica al sujeto moral. Pero en el campo de las relaciones políticas, ha adquirido, de hecho, otro sentido. Se refiere a un grupo social o a una institución que tiene el derecho de dictar sus propias normas, en un ámbito limitado de competencia. Así se habla, por ejemplo, de una «universidad autónoma», de la «autonomía municipal» o de la «autonomía» de determinadas regiones dentro de un Estado.
 Cuando los pueblos indios plantean su autonomía reivindican ese sentido del término; «autonomía» no es pues, para ellos, equivalente a «soberanía». Lo que demandan es su derecho a convenir con el Estado las condiciones que permitan su sobrevivencia y desarrollo como pueblos, dentro de un Estado multicultural.
 La autonomía de un pueblo no puede plantearse de la misma manera cuando ocupa un territorio geográfico delimitado o cuando, por el contrario, se encuentra disperso en distintas regiones y sus miembros están mezclados con individuos de otros pueblos. Las dos situaciones se dan en el caso de los países indoamericanos. Por ello se comprende la existencia de dos corrientes que conciben la autonomía de distinta manera, aunque coincidan en puntos esenciales.
 Una corriente considera aplicables las autonomías a ámbitos territoriales delimitados, marcados en la Constitución. Es la tesis que ha sostenido en México, con convincente rigor, Héctor Díaz Polanco y que han hecho suya algunas organizaciones indígenas congregadas en la Asociación Nacional Indígena para la Autonomía (ANIPA). Plantea el establecimiento de regiones semejantes, por ejemplo, a los territorios indígenas autónomos de la Costa Atlántica de Nicaragua o a la región de los inuit en Canadá. Según ese proyecto, en un Estado federal habna cuatro niveles de entidades de gobierno: el municipio, el estado, la región autónoma y la federación nacional. La región autónoma sería, en consecuencia, una entidad política distintiva, con un gobierno propio.
 Opino que ese proyecto presenta tantas ventajas como inconvenientes. Sen’a aplicable a los pueblos indígenas que conservan una unidad cultural efectiva y están establecidos en una comarca geográfica delimitada, en la cual constituyen una mayon’a. No importa que estén, de hecho, conformados por varias etnias si tienen un origen histórico común y comparten muchos rasgos culturales. Por ejemplo, en la región maya, varias etnias distintas tienen un marco cultural común, descendiente de la antigua civilización maya. En los territorios en que cuentan con mayon’a, podnan formar una región pluriétnica autónoma. En México podrían señalarse otros casos, como el de los huicholes, que han conservado una rica cultura común aunque los municipios en que tienen mayoría formen parte de varios estados de la república; o el de los yaquis, que ya gozan de cierta autonomía en un territorio delimitado. En ésas y otras situaciones similares, cuando el habitat de un pueblo corresponde aproximadamente a un territorio geográfico sería, en principio, posible, establecer regiones autónomas. Tendrían entonces la ventaja de poder planear sus propias políticas de desarrollo para un ámbito amplio, sin la imposición de otros poderes. Al mantener la unidad en un territorio, tendrían una mayor defensa contra la disgregación de sus propios miembros y el vasallaje a que están sometidos por la cultura mestiza dominante.
 Por desgracia, esos casos son reducidos. En la mayoría de los lugares, tanto en México como en otros países de la América india, las etnias indígenas están mezcladas entre sí y con los mestizos y criollos; o bien ocupan poblados aislados, sin una conexión sólida entre ellos. Establecer una región autónoma plantearía allí problemas muy difíciles. En primer lugar, la relación entre miembros de las distintas etnias, incluyendo los mestizos, que son también una etnia en algunos lugares mayoritaria. ¿Cómo formar una región pluriétnica con una población que pertenece a culturas diferentes? ¿Cómo determinar en ella las facultades de los miembros de las distintas etnias?
 Por otra parte, la traducción legal de los derechos de regiones autónomas en poblaciones tan mezcladas sena muy difícil en la práctica. La dificultad es mayor en el caso de un Estado federal. Al problema de marcar sus límites territoriales dentro de un estado de la federación se añadiría el de lograr el acuerdo entre varios estados que comparten población de las mismas etnias. Pueden preverse las discordias políticas y conflictos de intereses que suscitaría un proyecto semejante. Por último, establecer un nivel suplementario de gobierno exige una reforma constitucional radical y modificaciones en las leyes fundamentales de los estados con población indígena. Para ello se requieren circunstancias políticas precisas que son difíciles de prever al menos a corto plazo. No digo que no pueda realizarse propuesta tan amplia, pero es razonable calcular que sólo habría que esperaría para largo plazo y, sobre todo, restringirla a ciertos pueblos del país cuyo territorio pueda delimitarse.
 La verdad es que la situación de los pueblos indígenas es tan variada, presenta tantos casos diferentes que quizás la mejor solución a sus demandas sea proceder por etapas y de abajo hacia arriba. Por esta solución se inclina la segunda corriente de pensamiento. Es la que quedó parcialmente plasmada en los acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas y el gobierno federal, aunque éste no las ha cumplido aún. La misma propuesta obtuvo el apoyo del Congreso Nacional Indígena, asociación que reúne representantes legítimos de la mayoría de los pueblos indios de México. Esta corriente propone reconocer la autonomía indígena a partir de su organización política básica: la comunidad.
 De hecho muchas comunidades de mayoría indígena ejercen ya cierta autonomía; obedecen a sus propias autoridades, elegidas por consenso, mantienen sus sistemas de cargos, se rigen por sus usos y costumbres y participan en una vida comunitaria diferente a la de los municipios y comunidades no-indígenas. Muchos indígenas me dicen a mí, que no soy indígena: «Ustedes nos hablan de nuestro derecho a la autonomía. Pero la autonomía la hemos tenido desde siempre. Nosotros nos regimos por nuestra cultura, por nuestras costumbres. Lo que queremos es que se reconozca en la ley lo que estamos haciendo». Así, la comunidad, unidad fundamental de todos los pueblos indígenas debería tener el rango de entidad jurídica.

Las comunidades podrían congregarse entre ellas, formando nuevos municipios de mayoría indígena, que podríamos llamar «municipios indios». Los municipios, a su vez, podrían coordinar sus acciones y proyectos, llegaríamos a la región autónoma, pero sería el resultado de las acciones concertadas y voluntaria de las propias comunidades que, desde abajo, se irían congregando en entidades cada vez más amplias, gozando de facultades de autogobierno. Habría así una vía para llegar a regiones autónomas sin necesidad de reformas legales radicales, planificadas desde arriba. Pero las leyes nacionales deben reconocer el derecho a seguirla; ése es todo el punto.

 Esta segunda vía a la autonomía es flexible. Unos pueblos podrían seguirla, otros rechazaría. Se trata de que los pueblos tengan la posibilidad de decidir cómo quieren gobernarse. No se trata de que nosotros una vez más, como lo hemos hecho desde hace siglos, les impongamos nuestros esquemas. Creo que sería una manera de resolver el «problema» indígena, lenta pero segura. No se trata de una reforma repentina, diseñada en el papel, sino de un proceso paulatino, cuya progresión estaría marcada por las mismas comunidades indígenas .

Ciudadanía

El término «ciudadanía» está ligado a la concepción del Estado-nación moderno. «Ciudadano» es un individuo igual a otro en derechos y obligaciones frente al Estado. El uso de ese concepto tuvo una función: eliminar del orden político la legitimidad de todas las reivindicaciones de diferencias basadas en la sangre, el rango o la pertenencia a cuerpos o comunidades distintivas. En las revoluciones norteamericana y francesa se utilizó para suprimir las prerrogativas de la realeza, la aristocracia y el clero, en la América hispánica tuvo además otra consecuencia: la desaparición de las denominaciones de castas y de los derechos comunales de las distintas etnias. Desde la independencia, no puede hablarse ya de «indios» frente a «mestizos» o «criollos», todos son solamente «ciudadanos» iguales; la «cuestión indígena» ha desaparecido.

 El ciudadano es creación del nuevo orden político, como lo es el Estadonación homogéneo. La definición de quién es ciudadano es producto de un acto voluntario; es la ley la que otorga derechos e impone obligaciones a los ciudadanos, a la par que constituye el Estado nacional. Los derechos del ciudadano son pues posteriores a la constitución de la asociación política y en ella fundan su legitimidad. Por ello la ley puede restringir, según las necesidades del Estado, la ciudadanía, puede incluso establecer jerarquías entre ciudadanos con derechos distintos, ciudadanos «activos» y «pasivos», por ejemplo, o llegar hasta negar muchos derechos de la ciudadanía a la mitad de los individuos de la sociedad, como sucedió durante muchos años respecto de las mujeres. A diferencia de la pertenencia a una nacionalidad o a una etnia, producto de la historia, sobre la ciudadanía decide el soberano. Ser ciudadano depende de la ley positiva, ser hombre o mujer, indio o español no es obra de ninguna decisión política.
 Desde la Revolución francesa se planteó el problema de la relación entre dos géneros de derechos: los que eran previos a la constitución de la asociación política y los que eran su producto. La ley sólo podía reconocer los primeros, otorgaba, en cambio, los segundos. Esta diferencia dio lugar a la tensión permanente, en todos los textos de la época, entre «derechos del hombre» y «derechos del ciudadano», presente desde el título mismo de la Declaración de 1789. La relación entre ambos nunca fue claramente resuelta; en general, se siguió una vía fácil para intentar eliminar la tensión: los derechos del hombre se basaban en la «naturaleza», los del ciudadano, en el reconocimiento de aquellos derechos naturales por la sociedad política. Algunos legisladores precisaron mejor la diferencia entre ambos órdenes. Un ejemplo notable es la distinción entre derechos «absolutos» y derechos «condicionales», propuesta por el diputado Thoret. «Los derechos absolutos —declaraba ante la Asamblea— son aquellos de tal manera inherentes a la naturaleza del hombre que son inseparables de él y le siguen en todas las circunstancias y posiciones en que se encuentre. Los derechos condicionales son los que suponen cierto estado o cierta institución que depende o ha dependido de la voluntad. Tales son los que se originan en la propiedad o en las convenciones, o los que tienen por fundamento las constituciones o reglamentos de la asociación».
 El fundamento de legitimidad de los derechos «absolutos» no es la voluntad soberana del Estado; que sea la «naturaleza» es una manera de indicar, con un concepto metafísico propio de la época, su anterioridad a la constitución del Estado. Sin retener aquel concepto, podemos aceptar derechos propios de todo agente libre, que condicionan la constitución del Estado, diferentes de los derechos civiles promulgados por éste. Los representantes de la República francesa partían de la idea de un Estado unitario homogéneo. Era claro, para ello, que los derechos civiles serían los mismos para todo ciudadano, puesto que no tomaban en cuenta su pertenencia previa a culturas y nacionalidades distintas. Pero ¿qué pasa si aceptamos un Estado multicultural, es decir, un marco político común para distintas nacionalidades o etnias? Los derechos de etnias y nacionalidades —hemos visto— son condiciones de la constitución de un Estado homogéneo; la ciudadanía, en cambio, es su resultado. Parecería pues, que habría una contradicción entre el concepto de «ciudadanía» y el de «autonomía» para un pueblo dentro de un Estado homogéneo. En efecto, el ciudadano es, por definición, sujeto de derechos iguales para todo individuo, cualesquiera sean sus diferencias culturales o sociales; la autonomía, por el contrario, establece sujetos que pertenecen a comunidades con derechos diferenciados. Se plantearía así un aparente dilema: mantener derechos autónomos distintos a costa de diferenciar el concepto de «ciudadanía» o bien conservar el concepto tradicional de «ciudadanía» a riesgo de socavar las pretensiones de autonomía de los pueblos. Las dos soluciones teóricas han sido, de hecho, defendidas.
 La «ciudadanía diferenciada» es una propuesta de Will Kymlicka. Parte de la comprobación de la insuficiencia de los derechos individuales, comunes a todo ciudadano, para garantizar la libertad de elección de los miembros de comunidades culturales diferentes. Se requiere para ello de una diferenciación de derechos por grupos sociales. En una sociedad «poliétnica», los individuos pertenecientes a etnias distintas tendrán derechos diferenciales, que les permitirían dar satisfacción a ciertas demandas específicas, sin constituir por ello una asociación separada de la sociedad global. En ciertos Estados puede haber también lo que Kymlicka llama «culturas societales» (societal cultures), es decir, culturas «cuyas prácticas e instituciones cubren todo el rango de las actividades, abarcando tanto la vida pública como la privada»;^ corresponderían a los pueblos que comparten la adhesión al mismo Estado. Esas culturas tendrían derecho al «auto-gobierno»; debería concedérseles, concluye Kymlicka, una «ciudadanía diferenciada». En México, Guillermo de la Peña ha avanzado también la idea de una «ciudadanía étnica», que se otorgaría a los miembros de una etnia, además de la ciudadanía nacional. Ambos autores aceptan así la posibilidad de una doble ciudadanía: la común a todos los ciudadanos de un Estado y la propia de un grupo específico.
 Esta propuesta intenta dar solución a las demandas legítimas de autonomía de los pueblos. Sin embargo, no deja de suscitar objeciones serias; las resumiré en los siguientes rubros:
1) La diferenciación de la ciudadanía por grupos de población podría verse como un regreso, bajo otra traza, a las distinciones políticas y sociales del Antiguo Régimen, que las revoluciones democráticas acertaron a desterrar. En nuestros días podría hermanarse a una concepción organicista y estamentaria del Estado. La ciudadanía igualitaria ha sido la única manera de abolir los privilegios de ciertas categorías sociales en detrimento de otras. La ciudadanía diferenciada podría dar lugar a nuevos privilegios y ventajas de ciertos grupos.
 

2) El concepto de ciudadanía, en el Estado moderno, tiene la función de garantizar la igualdad de trato de todo individuo por parte de la ley. Cualquier diferenciación de derechos conduciría a un trato inequitativo. Invitaría a la discriminación (aunque sea «positiva») de un grupo por otros.

 3) Una división de ciudadanos por grupos favorece la disgregación del todo social. Una ciudadanía común está ligada a la unidad del Estado. Los individuos que la comparten pueden vincularse por un sentimiento compartido de identidad nacional. Una doble ciudadanía tendería a disolver o, al menos, a debilitar ese vínculo.
 4) Las dificultades de consignar en la ley ciudadanías diferenciadas son considerables. ¿Mediante qué criterios se adscribiría un individuo a una variante ciudadana? ¿Sería una auto-adscripción? Entonces se prestaría a ser utilizada para intereses particulares. ¿En base a un criterio cultural, como la lengua o ciertas prácticas sociales? Pero en una sociedad donde las etnias se encuentran mezcladas, es casi imposible aplicar con precisión criterios semejantes.
Estas objeciones suelen dar pábulo a la posición contraria: para satisfacer las exigencias de autonomía cultural bastaría con realizar plenamente la igualdad de derechos proclamada por la noción de una ciudadanía común. La idea de ciudadanía iguala ante la ley a todos los miembros de un Estado, es opuesta, por principio, a la existencia de derechos diferenciados; sin embargo, puesto que a todos concede la misma libertad, tiene que respetar las diferencias que derivan de su ejercicio por cada cual. Así, nada se opone en el orden legal a que cualquiera mantenga y desarrolle su cultura y sus formas particulares de vida, por diferentes que fueren, con tal de no interferir en la libertad de los demás. El derecho a la igualdad implica también el derecho a la diferencia. En esta concepción las distintas formas de vida de culturas diferentes se asimilan, en realidad, a los derechos privados, como el de profesar una religión, sostener y expresar ciertas creencias o asociarse para fines legítimos. Esta sería la postura que se correspondería, en líneas generales, con un enfoque liberal tradicional coherente. Los derechos civiles comunes a una ciudadanía única bastarían, según ella, para satisfacer las demandas de autonomía.
 Esta segunda posición teórica ofrece una garantía a la unidad del Estado; suministra además un marco global para mantener la equidad de trato entre sus miembros. Sin embargo, tampoco ella es del todo convincente. Sería válida sobre el supuesto de un Estado-nación homogéneo, donde todos los grupos que lo componen gozaran de las mismas oportunidades para ejercer sus derechos. Pero la realidad es otra. Los Estados nacionales fueron resultado de la imposición de un pueblo sobre otros y guardan aún ese sello. Piénsese en lo más obvio: la lengua oficial, las concepciones jurídicas, las instituciones nacionales, los procedimientos de elección y gobierno, la educación pública, los ritos y símbolos de convivencia son los de la nacionalidad dominante. Pero el ejercicio de la libertad de cada ciudadano tiene como condición la posibilidad de elegir en el abanico de posibilidades de la cultura a que pertenece la cual, en los países multiculturales, puede diferir de la hegemónica. Para garantizar ese derecho es menester, por lo tanto, además de la vigencia de los derechos comunes a todo hombre en sociedad, el reconocimiento, en pie de igualdad, de las culturas diferenciadas que permiten la realización de cada cual. Ese reconocimiento se basa en el derecho de los pueblos; no son otorgados por el Estado sino previos a su constitución y sólo pueden ser convalidados por él.

Los pueblos indígenas, en Indoamérica, plantean una doble exigencia: autonomía para decidir sus formas de vida y continuidad en la unidad del Estado. La solución deberá hacer justicia a ambas pretensiones. No consistirá, por lo tanto, en la diferenciación de la ciudadanía sino en la separación entre ciudadanía y nacionalidad dominante. Una ciudadanía común a todos los miembros de un Estado multicultural garantiza su unidad y no tiene por qué ser incompatible con el establecimiento de autonomía, con tal de no incluir en la ciudadanía ninguna característica inaceptable para cualquiera de los pueblos que deciden convivir en el mismo Estado.

 Un Estado multicultural es el resultado de un convenio tácito entre pueblos distintos. Lo único entre ellos común con necesidad son las condiciones que hacen posible el convenio, es decir, ese «coto vedado» a toda discusión del que hablamos antes. Su reconocimiento permite contar, entre los derechos comunes a todo ciudadano, el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de trato. Pero libertad e igualdad incluyen el derecho a la pertenencia. Un agente moral no está libre para elegir su plan de vida sin las posibilidades de elección que le presenta la cultura a que pertenece. La igualdad, por su parte, no equivale a la identidad en la elección de fines y valores, sino a la atribución de las mismas oportunidades para elegir valores diferentes; implica, por lo tanto, el derecho a la diferencia. Si la autonomía de un pueblo se caracteriza por la libertad de sus miembros para elegir sus planes de vida y llevarlos a cabo, los derechos comunes de ciudadanía, promulgados por el Estado, deben incluir la autonomía de las culturas que lo componen.
 La ciudadanía común, en un Estado multicultural, no puede incluir, en cambio, ningún derecho que pudiera no ser reconocido por alguna de sus culturas. Es el caso, por ejemplo, de los derechos de propiedad individual. Muchos indígenas consideran indispensable para el mantenimiento de la comunidad, la propiedad colectiva y el carácter inapropiable de la tierra. Otro ejemplo significativo: los procedimientos de elección y de gobierno. Muchas comunidades indias siguen el ideal de una democracia directa, moderada a la vez por un «consejo de ancianos». Su manera de designar funcionarios es distinta de la democracia partidista occidental, pero puede cumplir con el derecho común de todo ciudadano a elegir y ser elegido. Por último, es claro que ningún valor cultural específico, como los referentes a religión, lengua, educación o relaciones interpersonales, debena formar parte de los derechos de ciudadanía. No se requiere pues de la relativización del concepto de ciudadanía a grupos distintos, sino de su restricción a términos compatibles con todos los grupos.
 Una ciudadanía restringida constituye un marco común para la unión de pueblos diferentes. La unión se lleva a cabo al nivel del Estado, no de la nación, que tiene su propia identidad histórica. Pero la común pertenencia a un Estado permite la trascendencia de las diferencias entre pueblos diversos en una realidad social y política más amplia, en donde se establece un espacio de comunicación entre ellos. De esa comunicación puede surgir un lazo común aún más fuerte.
 La unidad tiene distinto fundamento en un Estado-nación homogéneo y en un Estado plural. En el primero, la solidaridad puede apelar a una ascendencia histórica común, en un Estado multicultural es el resultado de un acto voluntario. Puede dar lugar entonces a la idea de una nueva nación, de un nivel superior a las nacionalidades y etnias que la componen, basada en la solidaridad entre todas ellas. Pero la identidad de esa nación de segundo nivel no podra dimanar de la posesión de una misma tradición, ni de los mitos históricos de una nacionalidad dominante, sino de un proyecto libremente asumido por todos los pueblos que la componen. Sería un fin proyectado y no una herencia recibida lo que dara unidad a las distintas culturas.

Facultades de las autonomías

El fin de las autonomías es garantizar el mantenimiento de la identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco del Estado plural. Las facultades autónomas serán, por lo tanto, las que contribuyan a ese fin.

 Ante todo, derechos culturales. La cultura nacional ha solido ser instrumento de dominio de un grupo social que dicta un patrón al cual deben integrarse los demás grupos. Un Estado plural propiciaría una cultura de distintas raíces, nacida del encuentro y la diversidad. Los países latinoamericanos están en una situación privilegiada para lograr ese objetivo, pues nacieron del encuentro entre las culturas más diversas; en su propia historia pueden encontrar las fuentes de un proyecto nuevo de diálogo intercultural.
 La cultura se mantiene y transmite por la educación. A menudo el control de la educación pública ha servido de instrumento de integración a la cultura dominante. Un Estado plural pondría la educación en manos de las entidades autónomas, sin renunciar a su coordinación estatal. Ninguna cultura estaría ausente. Los programas, textos y objetivos de enseñanza expresarían entonces los puntos de vista de una pluralidad en la unidad de un proyecto común.

El instrumento privilegiado del predominio de una nación en el Estado es la lengua. En un Estado plural podría admitirse una lengua predominante para uso administrativo, pero todas las lenguas deberían tener validez en los territorios en que se hablen.

 En los pueblos antes colonizados, la religión de los vencidos debe ser respetada, con los mismos derechos que la religión del antiguo colonizador; por su parte, los pueblos minoritarios habrán de garantizar la libertad de creencias y prácticas religiosas en los territorios autónomos.
 Un punto importante, en el caso de los pueblos indios, se refiere al territorio. Para ellos es esencial ese concepto, que no equivale al de «tierra». Tierra es lo que se puede comprar y vender, territorio abarca mucho más: no es solamente la tierra que se posee y es objeto de pastoreo o de labranza, también incluye otros espacios naturales, los bosques, los montes, algunos de ellos sagrados, los nos, los desiertos. Los pueblos indios no pueden vivir sin una relación estrecha con su territorio, él forma parte de su cultura y está ligado a sus creencias colectivas y a sus ritos.
 Los derechos culturales no podrían cumplirse en la práctica sin un derecho de decisión sobre aspectos correspondientes del orden jurídico, político y económico.
 Existe un derecho indígena. En México, por ejemplo, no hay de hecho un solo orden jurídico. Muchas comunidades indígenas se rigen por sus propias normas. Son ellas las aceptadas, las consensuadas por la comunidad. Un derecho no tiene vigencia si no es consensuado por la comunidad a la cual se aplica. Lo que llamamos «usos y costumbres», pero que podemos llamar también «derecho indígena», no por no estar consignado en códigos deja de ser derecho.
 Naturalmente que el respeto al derecho indígena plantea problemas. Es contrario a la idea de la unidad del orden jurídico en un Estado. Habría que establecer, por lo tanto, jurisdicciones delimitadas, para los derechos indígenas, a las comunidades, municipios o regiones reconocidas como autónomas. Este es un problema, pero existen ya, en México al menos, estudios serios de juristas y antropólogos que han desbrozado el camino.
 Ahora bien, por más delimitadas que pudieran estar las distintas jurisdicciones, siempre podrán presentarse casos de conflicto. Tiene que haber, entonces, un derecho conflictual, con autoridades judiciales que establezcan cuándo existen conflictos y los diriman.
 El régimen de autonomía reconocería también derechos políticos a los pueblos, limitados al territorio comunitario o regional de la autonomía correspondiente. En la mayoría de las comunidades indígenas las decisiones se toman por consenso. Se considera que la intromisión de los partidos políticos rompe la unidad del grupo e impide el acuerdo. Aunque estas prácticas estén a menudo corrompidas por intereses particulares y den lugar a cacicazgos, se mantiene el ideal de una democracia comunitaria directa. Un régimen de autonomía tendría que aceptar esos procedimientos de toma de decisiones, conforme a las reglas establecidas por cada pueblo. ¿Se rompería así la soberanía del Estado? Claro que no, puesto que los estatutos de autonomía determinarían en cada caso las facultades de las autoridades elegidas según procedimientos distintos. De cualquier modo, se evitaría el caso, frecuente ahora, de la duplicidad y conflicto de autoridades entre las designadas fuera de las comunidades y las tradicionales.
 Por último, ninguna de esas facultades podría ejercerse sin incluir derechos económicos. Las comunidades y regiones indígenas tendrían que participar, a través de sus representantes auténticos, en los programas económicos de desarrollo que les afectan y que muchas veces van en detrimento de sus propias necesidades y proyectos. Que no se haga una presa sin consultar con las comunidades que van a padecer o a beneficiarse de sus efectos, que no se diseñe una carretera sin su acuerdo, que sean los mismos pueblos los que tracen sus planes de desarrollo conforme a sus necesidades.
 

Las autonomías no serían viables sin una justa participación en los beneficios obtenidos por la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios, exceptuando aquellos que la Constitución declare propiedad exclusiva del Estado. Todo ello implica un nuevo diseño de la política impositiva, que permita transferencias de recursos de las entidades federales a las autónomas.

 

Las competencias de las entidades autónomas deberán ser negociadas y consignadas en estatutos de autonomía variables según la situación de cada pueblo. En los Estados federales, para no contradecir el pacto federal, los estatutos de autonomía tendrían que ser otorgados por las legislaturas de los correspondientes Estados. Nada de esto viola la ciudadanía común. Ciudadanía y autonomía no son términos contradictorios.

 

NOTAS

1. Ernesto Garzón Valdés, «Representación y democracia», Doxct (Madrid), n,° 6 (1989), pp. 160-162,

2. Una excepción podna ser la Constitución de Paraguay, que habla de los pueblos «anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo». Podna añadirse también la nueva versión del artículo IV de la Constitución mexicana, que atlrma la «constitución pluricultural» del Estado, «sustentada originariamente en sus pueblos indígenas». El adverbio «originariamente» es susceptible de ser interpretado como anterioridad en el tiempo, condición inicial por lo tanto de la constitución misma del Estado.

3. En la Constitución mexicana no se menciona la «comunidad», sólo aparece en la Ifey agraria. Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar demandan el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho, en el artículo 115 de la Constitución.

4. Les Déclalions de Draits de rHomine, ed. L. Jaume, Flamarion, París, 1989, p. 146.

5. Will Kymlicka, Multicultural Citizensiiip, Clarendon Press, Oxford, 1995.

6. /tó/„p. 75.

 

* Incluyo en este artículo algunos párrafos de un escrito anterior: «Los pueblos indios y el derecho a la autonomía», Nexos (México), n.° 197 (mayo 1994).

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Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

Festejo y honra al 39 aniversario del EZLN

A los pueblos zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno.
A las zapatistas niñas, niños, jóvenas, jóvenes.
A las mujeres, hombres y otroas zapatistas.
A los y las milicianos/as e insurgentes.
A los y las promotores de educación, salud y alimentación.
Al CCRI-EZLN.

Desde la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ queremos felicitarles en estos 39 años de vida.

Honramos aquella firmeza, convicción y horizonte común de aquel 17 de noviembre de 1983.

Honramos la energía y esperanza colectiva que posibilitó lanzar la flecha con confianza hacia el tejido de mundos de vida en autonomía.

Honramos el paso, latir, respiro y raíz de los pueblos mayas para hacerse ver ante la ceguera de una sociedad, un Estado y un mundo sin rumbo, con maldad y desprecio hacia nuestros pueblos originarios.

Hoy agradecemos sencillamente su estar siendo, lo que son y están floreciendo, desde esos otros mundos posibles aún en medio de la Guerra.

Celebramos los existentes 12 Caracoles y honramos con respeto y cariño el hacer de tantas mujeres, hombres, jóvenes, jóvenas en los trabajos de las Juntas de Buen Gobierno y en los 31 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.

Honramos la integridad, rectitud y amor a la vida, a la humanidad, a la Madre Tierra. Honramos los retoños de aquellas 13 demandas que hoy son semillas y ejemplo de las autonomías en la sanación, educación, alimentación, comunicación, terruños, trabajo colectivo y digno, tierra para la vida y la libertad, para la justicia y democracia de raíz.

Aunque sabemos que la paz no llega porque la maldad del mal gobierno (hoy desgobierno) sigue su tarea criminal, nosotras seguiremos honrando la insurrección de la vida sobre aquella muerte impuesta históricamente.

Ofrendamos a su siembra, a su fuego interno como organización EZLN nuestro latir-existir de respeto como parte de nuestra responsabilidad y conciencia desde la Sexta y en Red.

Siete veces Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias por ser camino y huellas hacia otros mundos de vida digna. Bailen mucho compas, se merecen la alegría, la vida que abrigan con tejidos de autonomía.

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

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Avispa Midia

Abejas de Acteal: A 25 años de la masacre continúa violencia contra tzotziles

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado jueves (10), a días de que se cumplan 25 años de la Masacre de Acteal, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente para denunciar las violencias que actualmente viven distintas comunidades en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.

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Fue frente a las oficinas del ayuntamiento de Chenalhó donde los indígenas tzotziles protestaron contra la criminalización y agresiones en contra de sus miembros. Es el caso de familias de poblaciones como Campo Los Toros y Bach’en, a quienes, por el simple hecho de pertenecer a su organización, en diferentes momentos de este 2022, les han sido cortados los servicios de agua y energía eléctrica.

La organización tzotzil señaló que las agresiones proceden de personas partidistas de distintas comunidades del municipio de Chenalhó quienes violan los derechos de las familias miembros de Las Abejas debido a su labor de denuncia frente al crimen de Estado por la Masacre de Acteal.

“Venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez y a todo su ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997”, reclamaron durante la protesta.

Las Abejas contextualizaron que en el mes de octubre de 1997 una comisión le advirtió al entonces presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las agresiones de paramilitares contra su organización, quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas de “provocadores y de ser zapatistas”.

“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha, sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró”, señalaron sobre la actuación del alcalde quien fue detenido tras la masacre y liberado en 2013.

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Las Abejas de Acteal enfatizaron que, como en el pasado, los hechos actuales son casos de emergencia y gravedad, “que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla”.

A su vez responsabilizaron por estas acciones a “paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros”.

Por ello exigieron al presidente municipal de Chenalhó y autoridades del ayuntamiento que restablezcan los servicios a las familias que desde hace meses sufren de la privación de sus derechos básicos. “Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia”, denunció la organización mediante comunicado leído en la manifestación.

Denuncias

Una de las agresiones señaladas es el encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas privado de su libertad y quien fue liberado tras la imposición de una multa de 10 mil pesos.

Otro caso denunciado es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Dicha población fue fundada en el año 2000 tras la reubicación de familias de Las Abejas que se encontraban desplazadas en el Campamento X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.

Acorde a Las Abejas, en 2008, un grupo de personas de la comunidad fue cooptado por funcionarios de gobierno para causar la división entre las familias. Derivado de esta situación, el grupo disidente recurrió a tramites para modificar el nombre de la comunidad y actualmente “niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas”, señaló la organización tzotzil.

Los indígenas tzotziles señalaron que tanto el presidente municipal como sus agentes usan estrategias para el desgaste. “Por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó”, sostuvieron.

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Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se dividió producto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto del levantamiento zapatista.

Las y los indígenas tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte”.

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Avispa Midia

Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.

Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.

La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.

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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.

La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.

Presión

La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.

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“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.

Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.

En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.

Agresiones

Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.

Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.

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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.

Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.

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Avispa Midia

Justicia Agraria declara nulos contratos de eólica Demex en comunidad zapoteca

Fuente: Avispa Midia

La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico ‘Piedra Larga’, en Unión Hidalgo, pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La justicia agraria declaró, por segunda ocasión, la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento de tierras de comuneros de Unión Hidalgo.

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Con el fallo, dado a conocer este mes, se reconoce el carácter comunal y agrario de las tierras donde Demex construyó el parque eólico, tierras éstas que fueron indebidamente rentadas como propiedad privada.

De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que hace el acompañamiento jurídico de los comuneros, esta sentencia no solo beneficia a los comuneros de Unión Hidalgo o del Istmo de Tehuantepec, sino tiene repercusiones en todo el país.

“Lanza el precedente para que cualquier comunero del país pueda, en el futuro, declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros”, dijo López.

La sentencia, añade López, “demuestra que se puede avanzar en la defensa del territorio de las comunidades agrarias ante el despojo por parte de grandes empresas transnacionales, coludidas con funcionarios públicos”.

Largo proceso

La sentencia se da luego de un largo periodo de nueve años en los que la comunidad zapoteca, acompañada de ProDESC, comenzó la defensa del territorio ante los despojos concretados por Demex.

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La nueva sentencia se da luego de que, en septiembre de 2022, el tribunal agrario otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras.

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