El 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional. Esto luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y protección de los derechos humanos, rechazamos rotundamente el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, -como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local.

Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica. Dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril,[1] se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump.

Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014. A raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes.[2] En este sentido, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad.[3] Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como su temporalidad, el número de agentes, sus facultades, las dependencias implicadas en esta nueva estrategia ni las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer.

En medio de un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes, y del contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos,[4] aunado a la coyuntura electoral actual, es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento. Tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales.[5] A estas estrategias se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017.[6]

Esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia. Por lo tanto, las organizaciones, redes y colectivos que suscribimos, consideramos que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general.

Por lo tanto, demandamos un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional, al mismo tiempo que exigimos se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional.

Firman:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Una Ayuda para ti Mujer Migrante, AC; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC; La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes Comalapa; Médicos del Mundo Francia – España, MdM; Servicio Jesuita a Refugiados Tapachula; Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala, ACCSS; FGER; ADECI; American Friends Service Committee (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes; COJDI, San Juan Ixcoy, Huehuetenango; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Movimiento Acción Esperanza (Action Hope); Nueva Luz Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; ENLACE; CEIBA; FUNDAR; INICIA; Parroquia de Palenque; ASDECOHUE; Molanil Kinal Be; Jóvenes por el Cambio de San Marcos.

Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA: Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD); Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana AC; Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG) ; Mayela Blanco; Susana Cruickshank; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Incide Social; Inclusión y Equidad, AC; Ximena Ortiz; Natalia Sánchez; Axel García; Hugo Ángeles ; Jorge Romero León; Lorena Cano; Michael Chamberlain; Mónica Salmón Gómez; Ricardo Machuca; Marta Villarreal; Rocío Osorno; Ximena Gallegos; Fabiola Mancilla; Carolina Alvarado Feldman; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); INSAMI; Nadia Nehls Martínez-Investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdeG); Martha Rojas – Investigadora ECOSUR; Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion / Global Workers Justice Alliance (GWJA); Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos/Instituto Mora; Mujeres Unidas y Activas – Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud AC (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM); Casa Refugiados, AC; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios en la Cd. De México (PRAMI-CDMX); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF) / Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Patricia Zamudio, Investigadora-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM) y; Washington Office on Latin America (WOLA).

Red Jesuita con Migrantes México: Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados México; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; FM4, Paso Libre; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Hidalgo Pastoral Migrante; Albergue Tierra Blanca; Misión Santísima Trinidad Arena Chiapas; Parroquia Plátano y Cacao, Tabasco; Voluntariado Jesuita; Proyecto Kino; Proyecto Huayacocotla; CAFEMIN; CAMMI, Albergue Querétaro; Parroquia Sagrada Familia; Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres; Albergue Oluta, Veracruz; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Secours Catholic Francia; Programa de Asuntos Migratorios, ITESO; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Torreón; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana León; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Universidad Iberoamericana Puebla; Rita Marcela Robles; Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría técnica.

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, REDIAS

Colectivo Kalsilaltik, Comitán

Casa de la Mujer de Palenque, Ixim Antsetik

Organización Familia Pasta de Conchos

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.

Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.

Melel Xojobal, AC

Comisión Ciudadana De Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, FrayBa
Comisión de Justicia y Paz, de la familia dominicana

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A. C.

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)

Espiral por la Vida, A.C.

Dinamismo Juvenil AC

Colectivo Indignación AC

Red de Pueblos Trasnacionales

Instituto de Investigación y Práctica Social y cultural AC

Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios

Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Cántaro Azul AC

Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC

Centro Diocesano para Los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Colectivo de Teatro Critico y Clown Zapayasos

Servicios para una Educación Alternativa a.c EDUCA

Foro para el Desarrollo Sustentable AC

Vecinos Amigos del Barrio Originario Cuxtitali, San Cristóbal de Las Casas

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, MODEVITE

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, IMDEC

Médicos del Mundo España

Médicos del Mundo Francia

Grupo Cultural Nueva Jovel

CEPAZDH, AC

American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Colectivo Oxlajuj Q’anil – terapeutas y acompañantes psicoespirituales desde la Cosmovisión Maya en Chiapas

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos CDH- Uruguay

Lourdes Jiménez, Tequisquiapan Qro.

Diego González, Tequisquiapan Qro.

Alejandra del Cueto Castro

Rodolfo Córdova Alcaraz

Celina Valadez

Araceli Mondragón, profesora UAM Xochimilco

Blanca Martinez Bustos

Rosa Pérez Godínez

Ofelia Santos Rodríguez

Alejandra Liceaga

Ofelia Medina

Leticia Calderón Chelius,

Libertad Enríquez Abad,

Brenda Valdés Corona,

Guadalupe Barrena Nájera,

María Fernanda Pinkus Aguilar,

Marta Villarreal Ruvalcaba

Tony Marcín

Pablo Romo Cedano

[1] Gobernador Velasco y Secretario de Gobernación coordinan acciones (2018) http://www.chiapas.gob.mx/noticias/gobernador-velasco-y-secretario-de-gobernacion-coordinan-acciones

[2] Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México (2015) https://www.wola.org/es/analisis/informe-conjunto-justicia-para-delitos-y-violaciones-a-los-derechos-humanos-contra-personas-migrantes-y-refugiadas-en-mexico/ ; El acceso a la justicia para personas migrantes en México. Un derecho que existe sólo en papel (2017) http://fundar.org.mx/el-acceso-a-la-justicia-para-las-personas-migrantes-en-mexico-un-derecho-que-existe-solo-en-el-papel/?ID=

[3] Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes (2015) https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

[4] En el informe de Amnistía Internacional (2017) Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México se corroboran violaciones graves a derechos humanos como desapariciones, tortura y muerte a manos de agentes policiales, enfatizando sobre los sesgos discriminatorios al momento de las detenciones que en muchos casos se dan de manera arbitraria, así como la impunidad en la que pertenecen dichos actos.

[5] En 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 por Violaciones Graves a Derechos Humanos debido al uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal durante un operativo realizado el 6 de enero del mismo año en Apatzingán, Michoacán, donde hubo al menos una ejecución extrajudicial.

[6] Apoyará el Comando Sur vigilancia en la frontera México-Guatemala (2017) http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol; Comunicado ¡Decimos no y nunca más a la presencia militar de estados unidos en los territorios de México y Centroamérica! (2017) http://redtdt.org.mx/?p=8648

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

El pasado 25 de febrero colectivxs   feministas se manifestaron frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir a Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) que emita la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital de pais.

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Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

Las familias que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movimiento) condenamos el allanamiento y robo de equipo de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en el domicilio de Francisco Paredes Lachino, hijo del defensor de derechos humanos desparecido en 2007, Francisco Paredes Ruiz.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando elementos del Mando Único, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública, a bordo de 5 camionetas, 2 de ellas con logotipo de Policía Michoacán y 3 de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal, llegaron e irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial el domicilio de Francisco Paredes en Michoacán, sustrayendo del lugar equipo técnico que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en dicho domicilio. Este equipo de seguridad forma parte de las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Secretaria de Gobierno. Afortunadamente, Francisco Paredes y su familia no se encontraban en el domicilio.

Francisco Paredes Lachino junto con sus hermanas, forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “ALZANDO VOCES”, colectivo que forma parte del Movimeinto y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Anteriormente, el 25 de diciembre del año 2015 personas armadas con la aquiescencia y participación de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública irrumpieron con uso de violencia al mismo domicilio para amenazar con armas a los integrantes de la familia Paredes Lachino, por lo que la familia recibió las medidas de seguridad que el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos humanos otorga.

De igual manera, el 2 de mayo de 2017, Cristina Paredes, hermana de Francisco y defensora de derechos humanos, fue víctima de detención arbitraria e ilegal. Por este suceso se reunió con el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 5 de enero de 2018.

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A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

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Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó

El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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