México: Memoria, verdad, justicia, reconciliación. Informe de actividades de la Red Solidaria Década contra la Impunidad
El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años
La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.
Así, las fuerzas armadas tuvieron un papel mayor en la vida y seguridad pública del país, participando en acciones para contener el avance de movimientos sociales y de protesta. El estado de Guerrero fue uno de los más militarizados luego de la irrupción de movimientos sociales y armados ante la pobreza y la represión que vivían día a día. En las últimas décadas, fuimos testigos de masacres como la de Aguas Blancas, El Charco, la detención y tortura de luchadores sociales y la ejecución de decenas que anhelaban un país democrático.
La historia no muestra que el papel de las fuerzas armadas genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que lejos de resolver los problemas sociales del país, lo agrava.
El panorama se torna más grave por la inminente aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley de Seguridad Interior (LSI), misma que pretende legalizar la militarización del país, bajo el argumento de que está en riesgo la Seguridad Interior, dándole a las fuerzas armadas la función de participar en actividades de seguridad pública y otorgándole el poder de investigación, detención y espionaje “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia…bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior…”.
En los últimos diez años hemos visto el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para el combate del crimen organizado, sin embargo, lejos de combatirlo, queda a la vista la ineficiencia, aquiescencia o participación de las fuerzas armadas en las estructuras del crimen organizado. Situación que ha agudizado las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y generando mayores niveles de impunidad en el país. Es claro que la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad, tienen como objetivo inhibir la participación de la sociedad en acciones de protesta, negando el ejercicio pleno de sus derechos humanos, violentando los acuerdos y tratados internacionales que México ha Firmado y ratificado en materia de derechos humanos.
El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años, la Masacre de El Charco, perpetrada en junio de 1998, donde las fuerzas militares fueron cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales a personas sometidas y rendidas, tortura a los sobrevivientes, además de ser presentados ante un Ministerio Público Militar, violentando desde el inicio el debido proceso. Hechos que hasta la fecha están en total impunidad.
Presentamos el caso de los hermanos Tzompaxtle Tecpile, indígenas nahuas originarios del estado de Veracruz, detenidos de manera arbitraria en enero de 2006 y posteriormente fueron arraigados, imposibilitando una defensa eficaz y violando el derecho al debido proceso y el juicio justo. El arraigo es en México una práctica violatoria a los derechos y garantías individuales, porque la persona arraigada se encuentra incomunicada mientras se investiga si es o no responsable de algún delito, hay una ausencia total de garantías propiciando la impunidad del estado.
El caso del activista social Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, quien fue desaparecido de manera forzada el 30 de mayo de 2013 y ejecutado extrajudicialmente, así como Nicolás Mendoza Villa, quien también fue desaparecido, torturado y es testigo de la ejecución de Arturo Hernández Cardona.
El caso Jorge Cortés Carmona, estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, desaparecido el 29 de octubre del año en curso, encontrado en una fosa clandestina el 7 de noviembre con huellas de tortura.
El caso de los trabajadores despedidos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa Sección Administrativos, Manuales y de Intendencia, que encabeza el Ing. Marco Antonio Medrano Palazuelos, a quién a pesar de haber ganado dos veces la elecciones, no le han permitido la Toma de Nota.
Por último el caso de experimentación sin autorización por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velazco”.
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Fuente: Kaos en la Red
