Radio Zapatista

El Paso, Texas – La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) expresa su más sentido pésame a las familias de los 39 migrantes que perdieron la vida, y a los 29 migrantes que resultaron heridos en el incendio dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez el lunes por la noche.

En este momento trágico, alzamos la voz para condenar la naturaleza dual y desigual del régimen migratorio que facilita la movilidad de aquellas personas privilegiadas de poseer pasaportes y visas mientras, que controla y criminaliza la movilidad de las personas que escapan de la pobreza, los desastres sociales, climáticos y militares.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó que había un total de 68 hombres de Centro y Sud América en el centro de detención, lo que indica que todas las personas detenidas resultaron heridas o perecieron en el incendio.

Esta tragedia, como muchas otras que se han convertido en una característica normal del sistema norteamericano de inmigración, continuará ocurriendo si los gobiernos no están dispuestos a hacer la transición real hacia políticas centradas en los derechos para abordar la migración internacional. A pesar de las miles de muertes, de las desapariciones y de los abusos sistemáticos contra las personas documentadas, la administración Biden continúa promulgando políticas que restringen el acceso y la protección y externalizan las responsabilidades de protección a otros países. El desplazamiento internacional y la migración como supervivencia no debe criminalizar a las personas en situaciones migratorias de vulnerabilidad y nunca deben ser detenidas.

NNIRR se solidariza con las familias de las personas migrantes que fallecieron, las que resultaron heridas y las miles de personas que han desaparecido o que perdieron la vida a lo largo de la jornada migratoria. Las políticas de control, la militarización de las fronteras  y la criminalización de las comunidades migrantes no pueden seguir siendo la respuesta a la migración. Instamos a la administración de Biden y a los gobiernos regionales a abordar la doble crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera.

NNIRR se une a las organizaciones aliadas para urgir a la administración y al congreso que salven vidas y generen las vías para una migración segura y regular y que tomen medidas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, su dignidad, su integridad y bienestar. ser, independientemente de su estatus migratorio.

Foto de portada: Reuters

Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.

El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.

Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.

Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.

En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.

En un comunicado publicado ayer, 27 de marzo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) relató la intensificación de la resistencia contra las afectaciones por la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico.

El día de hoy se cumple un mes desde que campesinos de Mogoñe Viejo, Guachicovi, instalaron un plantón para impedir la continuación de las obras en el tramo Mogoñe Viejo–Vixidu.

Pequeños propietarios de Vixidu expulsaron este 27 de marzo a una cuadrilla de trabajadores, a pesar de las amenazas de un pistolero de nombre Alan Méndez y de la intimidación por elementos de la Marina.

En Hierba Santa Guichicovi, pobladores mixes expulsaron a otra cuadrilla de trabajadores.

La asamblea de ejidatarios de Estación Mogoñe demandó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la denuncia penal de cinco representantes del ejido por parte de la empresa que trabaja en el tramo de Estación Mogoñe.

Se presentó queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por la agresión cometida contra ejidatarios por parte de policías estatales y marinos.

Finalmente, en otro comunicado los ejidatarios de Mogoñe Viejo solicitan la intervención de la presidencia para que se abra un espacio de diálogo.

Todo esto sucede al tiempo que, por tercera vez, el pasado 24 de marzo, civiles armados y policías estatales atacaron el plantón de los campesinos de Mogoñe Viejo, hiriendo a dos de ellos.

Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir un colector de desechos industriales que desemboque directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac. Este corredor industrial desecha actualmente, en completa impunidad, metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales en los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla al estar en contacto con la flora, fauna y sociedad. A pesar que estos metales tienen gran riesgo de provocar enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte y la industrialización de la región que dañaría la salud y la vida de todo el territorio. Pero en el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la CEAS-Puebla, el gobierno Estatal y municipal de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, pretendieron concretar este proyecto de muerte, por lo que la organización de los pueblos detuvo las obras; sin embargo, la represión del capital y el Estado no se hizo esperar. El 30 de octubre de 2019, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

El 24 de enero de 2020, el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov qué quieren equiparar a uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto de 2 de ellos y liberado el 29 de enero del mismo año.

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Internacionales:

• FRANCIA: Fuertes protestas contra las reformas a las pensiones. Se desata huelga general en las grandes ciudades, en una revuelta con enormes contingentes que están sublevando la ciudad. El movimiento contra la reforma de las pensiones¿En el umbral de un levantamiento? Fuente: Crimethic
• GLOBAL: Día mundial del agua para los pueblos, «Las rutas del Saqueo del Agua en Nuestra América: Un sistema cuya finalidad es el lucro que concibe el agua como “recurso” a ser transportado para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Fuente: Edición Radial Continental
• GLOBAL GUERRA: Más de medio millón de soldados muertos en la guerra de la OTAN y Rusia en el territorio de Ucrania a un año su inicio. Grupos antimilitaristas denuncian la imposición de una economía de guerra en un capitalismo belicista y criminal y que exige más dinero para la guerra. Fuente: Grupo Tortuga.

Locales:

• OAXACA: AMLO se pasea con sus patrones gringos en el Istmo para revisar la imposición del Corredor Interoceánico, proyecto saqueador y depredador de los pueblos originarios del Istmo. Aumenta la criminaliza a los defensores. Fuente: APPIDT.
• PUEBLA: En el día mundial del agua, la comisión estatal de agua y saneamiento de Puebla pretende encarcelar al defensor comunitario del territorio, Miguel López Vega. Fuente: FPDTA
• YUCATÁN: Detienen a 4 manifestantes durante la movilización en solidaridad a la lucha de Sitilpech contra una mega granja de cerdos. Fuente: Desinformemonos.
• CDMX: Tras dos días de jornada en movilización, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac logra retirar una legislación que entregaría el agua en manos de los proyectos inmobiliarios. Fuente: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El bosque en la ciudad

Dos años de defensa forestal en Atlanta, Georgia

La campaña para defender el bosque en Atlanta, Georgia, se ha convertido en uno de los movimientos más vibrantes de la era posterior a Trump, entrelazando el ambientalismo, el abolicionismo y la lucha contra la gentrificación. Sin embargo, a medida que la policía pasa a emplear violencia letal y cargos de terrorismo indiscriminado, ha llegado a un punto crítico. Los participantes exploran cómo se ha desarrollado esta lucha durante el último año, reflexionando sobre las prácticas que le han dado fuerza y ​​analizando los desafíos que enfrenta.

Lo que está en juego en la lucha

Nuestra sociedad está en un punto de crisis. Décadas de creciente presión económica han creado una desigualdad y una desesperación desenfrenadas. En lugar de abordar las causas profundas de estos, los políticos de todo el espectro político continúan canalizando más y más dinero a la policía, confiando en ellos para reprimir los disturbios solo por la fuerza. Esta dependencia ha permitido que los departamentos de policía y sus aliados consuman una gran cantidad de recursos públicos. Mientras tanto, impulsado por las mismas presiones económicas, el cambio climático catastrófico está generando huracanes, incendios forestales, sequías y un colapso ecológico generalizado.

En este contexto, a partir de abril de 2021, un movimiento audaz se dispuso a defender un bosque en Atlanta, Georgia, donde los políticos locales y los especuladores corporativos quieren construir un complejo de entrenamiento policial y un escenario sonoro para la industria del cine. El complejo de entrenamiento, conocido como Cop City, sería el centro de entrenamiento policial más grande de los Estados Unidos. Devastaría el South River Forest, también conocido como Weelaunee Forest en honor al pueblo de Muscogee Creek que vivió allí hasta que fueron deportados en el Trail of Tears (Sendero de Lágrimas).

El movimiento para defender el Bosque de Weelaunee ha reunido a una amplia gama de grupos y estrategias. Organizaciones de defensa legal como South River Forest Coalition, que está entablando una demanda contra el gobierno del condado de Dekalb, trabajan en paralelo con grupos como SRY Campaign, un colectivo anónimo de investigadores que publican las direcciones de las casas y oficinas de quienes buscan destruir el bosque. . . Mientras que los abolicionistas y los ambientalistas radicales han establecido campamentos y casas en los árboles en el bosque, una red de preescolares y padres han construido jardines comunitarios y organizado eventos de divulgación pública. Otros han organizado raves y eventos culturales en el bosque, conectando a los artistas más ambiciosos con el espíritu incontenible del movimiento. (* Raves: fiestas libres, autogestionadas)

Entre los que desean que se construya Cop City se encuentran la Fundación de la Policía de Atlanta (APF), el alcalde Andre Dickens y las diversas corporaciones que se beneficiarán del desarrollo. Al mismo tiempo, gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de la ciudad, el magnate inmobiliario y ejecutivo de la industria cinematográfica Ryan Millsap se prepara para destruir un parque público en una parcela de tierra adyacente dentro del mismo bosque.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir dos drenajes que desemboquen todos sus desechos tóxicos directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac.

Este corredor industrial desecha metales pesados como plomo, cadmio, cobre, mercurio, plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales al estar en contacto con la flora, fauna y personas. Los estudios realizados en poblaciones cercanas al río #Atoyac señala que estos metales pesados han provocado enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, Colonia Santa Cruz Guadalupe y la colonia Romero Vargas, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte que dañaría la salud y la vida de todo el territorio.

En el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la #Ceas-Puebla, el gobierno Estatal de Miguel Barbosa Huerta en coordinación con la presidenta de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, Angélica Alvarado Juárez y Joel Lozano Alameda respectivamente, pretendieron impulsar este proyecto de muerte. La organización de los pueblos detuvo las obras, sin embargo, la represión del capital y el estado no se hizo esperar. El 30 de octubre 2019 la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

Estos actos llevaron a los pueblos a tomar la determinación de la destitución del presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, Maurilio Teutle Huelitl y la toma de la presidencia municipal en San Mateo Cuanalá, además de iniciar el proceso de revocación de mandato del presidente municipal. Se nombró un alcalde mayor con base en los usos y costumbres de la comunidad y se frenó el proyecto.

El 24 de enero de 2020 el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto y liberado 5 días después.

Tres años después, en el marco del día mundial del agua, por presión de la Comisión Estatal del Agua, el corredor industrial #CiudadTextilHuejotzingo, la CEAS PUE , el presidente municipal de Juan C. Bonilla; José Cinto Bernal, la presidenta de Huejotzingo; Angélica Alvarado y el gobierno Morenista de Puebla representado por Sergio Salomón Céspedes, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó volver a juzgarlo por los mismos delitos por los que ya fue absuelto. El próximo miércoles 29 de marzo a la 1.30 de la tarde se celebrará en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, la audiencia que puede volver a llevar injustamente a la cárcel a un defensor del territorio cuya única responsabilidad es la de persistir en la lucha en defensa del agua y del territorio.

EL CRIMEN ORGANIZADO ESTA EN LAS EMPRESAS Y EL MAL GOBIERNO

Mientras los verdaderos criminales contaminan al río Atoyac y sus afluentes convirtiéndolo en el segundo río más contaminado de México y el mundo y generando miles de enfermedades incurables y muertes a su paso; el estado y el capital reprimen a defensores del territorio.

Mientras Alfredo Ávila Salazar, representante de la CEAS – Puebla en el tiempo del Morenovallismo y director del proyecto de desechos tóxicos Ciudad Textil Huejotzingo denunciado por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al Saneamiento del río Atoyac y sus afluentes que terminó en la campaña electoral de Martha Erika Alonso, sigue prófugo; el estado y el capital encarcelan a los defensores de la vida.

Mientras Elsa Bracamonte González, abogada ambientalista que permitió y gestionó la entrada del Corredor Industrial Ciudad Textil y con ello la enfermedad y muerte de miles de personas, flora y fauna y ex titular de la Secretaría de Movilidad en Puebla destituida por la corrupción, denuncias y deficiencias en el transporte público es cobijada para seguir con su proyecto político morenista; el capital y el estado; desprecian y explotan a los pueblos y su territorio.

¡Miguel López es un defensor del territorio y la vida; los verdaderos criminales están en el Gobierno y el capital!

¡Justicia para Miguel López y el río Metlapanapa!

La guerra contra la vida y quienes la defienden se incrementa en todos nuestros territorios, más si son los proyectores regionales prioritarios del actual capataz, en el sur el Tren mal llamado maya y el Corredor Interoceánico que se impone con la Marina y el asedio a la comunidad de Puente Madera con 12 compañeros criminalizados por defender sus tierras o en la zona de Mogoñe Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca donde tienen detenido el Tren Interoceánico por más de 20 días y por ello criminalizan y amenazan al compañero Carlos Beas Torres, mientras el bloqueo es asediado por igual la Marina que el crimen organizado, las dos fuerzas del actual narcoestado. Mientras que Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui sigue se encuentra preso por más de 7 años por participar junto a su pueblo contra la instalación de un gasoducto.

Hoy, en el centro del país, donde comienza el sur, en el Estado de Puebla, en la comunidad de Santa María Zacatepec al compañero Miguel López Vega el aparato judicial del Estado de Puebla amenaza con volver a encarcelarlo por los delitos en donde se había demostrado en 2020 que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

La Comisión Estatal del Agua en un absurdo de la realidad, se quejo en octubre de 2022 que no se había enterado de la liberación de Miguel por los delitos de la cual la CEAS es la supuesta víctima, apelo la resolución dos años después, cuando solo tiene 3 días hábiles para apelar, y en un absurdo mayor la Sala aceptó la apelación y la declaró fundada señalando que a la CEAS Puebla no se le cito a la audiencia inicial, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que la audiencia es válida sin la presencia de la víctima. Y en la burla de nuestro sistema de justicia, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, acaba de desechar el amparo contra esta apelación por señalar que no le causa agravio a Miguel que le vuelvan a imputar delitos que ya le habían sido quitados por una decisión ilegal de la Sala Superior del Tribunal de Justicia en el Estado de Puebla.

Pero lo absurdo deja de ser absurdo y se convierte en rabia e indignación cuando por el otro lado se han ganado amparos que señalan que la defensa de la obra pública de la cual acusan de obstrucción a Miguel, se realizó sin consulta previa y libre consentimiento, que la obra fue clausurada por representar un riesgo al medio ambiente y que incluso es investigada por actos de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Puebla. Sin embargo del lado del ladrón, del industrial, del amigo y patrocinador del capataz, no hay persecución judicial, a ellos no los persiguen, al contrario, siguen dejando que el Parque Industrial Ciudad Textil descargue sus aguas tóxicas a cielo abierto y en el drenaje que lograron enterrar, contaminando los pozos de la comunidad de Santa María Zacatepec y de la región.

Por Santa María Zacatepec, Mpo. Juan C. Bonilla pasa el Proyecto Integral Morelos y es cuando lo absurdo se esclarece en crimen de Estado, en que quieren acabar con la defensa del territorio en el municipio de Juan C. Bonilla para instalar más parques industriales, ampliar el aeropuerto y convertirlo de carga, instalar drenajes industriales y contaminar nuestros ríos, suelos, aire y ocupar la tierra para su destrucción. Pero frente a este malvado plan del mal gobierno, existe una defensa de la tierra y de la vida.

Y piensan que amenazando con cárcel acabaran con la defensa, pero la resistencia no es de uno, ni de unos cuantos, es de cientos de años y seguiremos resistiendo y existiendo como pueblos originarios y seres humanos que aman la naturaleza y la seguirán protegiendo.

Es por eso que frente a la guerra continuada del gran capital contra la vida y sus pueblos, hacemos un llamado a todas nuestras hermanas y hermanos del CNI-CIG, redes de apoyo al CNI-CIG, compañeras y compañeros de México y el mundo a que denunciemos la criminalización y encarcelamiento de los que son objeto quienes defienden el agua y la vida.

Es especial hacemos extensivo el llamado para este miércoles 29 de marzo a una concentración en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula para exigir cese el hostigamiento judicial y la libertad incondicional de nuestro compañero Miguel López Vega. Así como también acciones de solidaridad con los criminalizados por defender la vida de acuerdo a los modos, formas y geografías de cada quien.

Comisión de Coordinación del CNI-CIG