Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación frente al Congreso de El Salvador para exigir la prohibición de la minería metálica. Marzo, 2017. Foto: Marvin Recinos.}

Una docena de organizaciones salvadoreñas se posicionaron el pasado martes (3) contra las intenciones del presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, de reactivar la industria minera impedida mediante la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ocurrida el 29 de marzo de 2017, tras una larga lucha social de 12 años.

Aglutinados en la Mesa Nacional Frente a la Minería, las organizaciones compartieron argumentos para desmontar el discurso del presidente quien, mediante sus redes sociales, aseguró que reactivar dicha industria de manera “sostenible” repercutirá en la creación de miles de empleos y el desarrollo del país.

“Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”, argumentaron las organizaciones salvadoreñas mediante comunicado difundido en una rueda de prensa. Para los movimientos ambientalistas y sociales del país centroamericano, los principales daños de la minería son la escasez y contaminación del agua derivadas del proceso de lixiviación del oro, para el cual se utilizan grandes cantidades del líquido mezclado con cianuro y otros químicos tóxicos que generan drenajes ácidos, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa Lima, departamento de La Unión.

Vidalina Morales, líder ambientalista, aseveró que es en la región norte de El Salvador (los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión) donde se encuentran los principales yacimientos de oro, pero que esa misma zona es un área frágil en relación al agua, pues es donde nacen y fluyen los ríos tributarios del Río Lempa, arteria principal que drena dos terceras partes del país centroamericano y del cual depende el abastecimiento del agua potable.

Un ejemplo de la afectación al ambiente es que, aún en su fase de exploración, la empresa minera de capital canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold secó fuentes de agua. Incluso, esta empresa declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría casi un millón de litros de agua diarios para la extracción de oro. 

“Estudios de organismos internacionales han revelado que el 87.7% del territorio está bajo riesgo y en él vive el 95.4% de la población. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado del continente, solo después de Haití”, detalló la lideresa sobre la situación crítica del medio ambiente salvadoreño. 

Según los datos recopilados por la Mesa, en El Salvador exiten menos de 1,700 metros cúbicos de agua disponibles por persona al año, lo cual significa que es una región con elevado estrés hídrico. “Implementar la minería metálica en el país sería el toque de gracia para nuestro medio ambiente”, detalla el documento.

Morales también enfatizó que son las mujeres que representan el 52.8% de la población salvadoreña, el sector de la población que se verá mayormente afectado por la industria minera. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad se impacta principalmente a las mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares”, aseveró.

Con estos argumentos, las organizaciones sociales sostienen que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, “pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad”, subrayan en su pronuniciamiento.

Cabañas, lucha histórica

Alfredo Leiva es originario de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una comunidad desplazada durante el conflicto armado de los ochentas, y cuya población retornó en 1987 para recuperar sus tierras.

En el año 1993, ante el abandono estatal, los habitantes de Santa Marta fundaron la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) una organización enfocada en resolver las necesidades más básicas de la comunidad. Así, a través de la autogestión y la cooperación solidaria sus habitantes han emprendido programas de educación, salud, vivienda, agua potable, entre otras. 

En este contexto, la ADES de Santa Marta ha destacado por ser una de las organizaciones más visibles contra la extracción minera que se desarrolló desde finales de los años noventa en la región y cuya lucha social alcanzó el consenso entre otros sectores de la población que derivó en la promulgación de la ley para prohibir la minería en 2017.

En entrevista con Avispa Mídia, Leiva comparte que existen razones de peso para oponerse a la industria extractiva. Además de la destrucción ambiental que haría insostenible la vida en el país centroamericano, rememora la persecución que derivó de la lucha social y cuya mayor expresión de violencia ocurrió en el año 2009 con los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, ambientalistas opositores a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim.

Para el integrante de la ADES Santa Marta, el anuncio reciente de Bukele para reactivar la minería solo confirma lo que desde hace más de dos años su organización ha venido alertando. Leiva refiere que existieron varias señales sobre la intención gubernamental para la reactivación de la industria tales como la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en 2021.

Además, en 2022 se creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, organismo que cuenta con la facultad de tramitar las concesiones -previo a la aprobación de la Asamblea Legislativa, bajo control total del partido de Bukele, Nuevas Ideas- para la explotación de recursos mineros en El Salvador.

“En esa misma lógica, en 2023, para el presupuesto de ese año se le asignaron más de 4 millones de dólares a esta dirección para que analice y pueda proponer la reformulación de la ley que prohíbe la minería”, detalla Leiva. 

A las acciones gubernamentales, el integrante de la ADES señala que se suman los trabajos de consultores peruanos, vinculados a la empresa de capital estadounidense Titan Resources -trasnacional minera con presencia en Honduras y Perú-, quienes visitaron comunidades de los municipios de San Isidro, Sensutepeque, Guacotecti e Ilobasco para ofrecer pequeños proyectos de cultivos de hortalizas, captación de agua de lluvias, entre otros, los cuales despertaron la sospecha de los habitantes sobre las intenciones tras las dádivas.

Leiva refiere que la vinculación de la empresa norteamericana se conoció debido a una investigación periodística, pero con el pretexto de la permanencia del régimen de excepción existe “un cierre total del acceso a la información”, por lo cual se desconoce si hay más empresas interesadas en la reactivación de la minería, o si existen trámites para concesiones y explotación en curso.

Más importante para Leiva, en medio de estas acciones, es que se dio la persecución y criminalización de cinco integrantes de la ADES, cuyo caso legal aún mantiene en vilo su libertad.

Minería, con o sin ley

Para el integrante de la ADES Santa Marta, la reactivación de la minería puede suceder con o sin la necesidad de la derogación de la ley que la prohíbe. Esto, detalla, se debe a que existen otras normativas que lo permitirían. Por ejemplo, menciona las facultades dentro de la Ley de Zonas Económicas Especiales que, acorde a Leiva, “considera que si un territorio es apto para el desarrollo económico, entonces lo declaran zona económica especial y en ese espacio de territorio no inciden las leyes nacionales”.

También menciona la Ley Especial de Extinción de Dominio pues, según su análisis, “no importa si las personas dueñas de la tierra no quieren vender, a través de esa ley, pueden expropiar y pueden desarrollar estos proyectos”. 

Según la Mesa Nacional Frente a la Minería también existen amenazas en torno a la prevalencia jurídica de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el cual permite que corporaciones mineras, amparadas en tratados bilaterales o regionales, puedan reactivar las actividades de exploración y explotación minera metálica en el territorio salvadoreño.

“Lo último sería una acción más política: derogar la ley (de prohibición de minería), pero con ley o sin ley hay probabilidades de que se desarrolle esa actividad”, alerta Leiva.

Ante las intenciones de reactivación minera, las organizaciones exigen al presidente Nayib Bukele “a no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador sino para proteger los intereses de los países ricos”, sostienen. De lo contrario, aseguran que la contaminación “podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente y de habitar”.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre 2024
Boletín No. 26
 
La Corte IDH condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez  Base de Apoyo del EZLN

• Sentencia histórica de la Corte IDH, declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
• ¡Verdad, justicia y memoria para Antonio González Méndez y todas las víctimas del terrorismo de Estado!.

 
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.

El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres.
Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.

Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad.
La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.

Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.

Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.

Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto  en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.

Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.

La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.

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A la opinión pública. 

En respuesta al llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas del día 5 de diciembre y a los diversos mensajes desde las comunidades afectadas, las organizaciones que firmamos el presente comunicado queremos informar acerca de hechos de suma importancia y gravedad relativos al inicio de un nuevo episodio de violencia en la región indígena de los Altos de Chiapas, en particular en el municipio de Pantelhó.

Pantelhó se encuentra en la región de los Altos de Chiapas y tiene presencia predominante del pueblo maya tzeltal y tsotsil. Es una zona marcada por la violencia y la resistencia. Desde el año 2021 se han registrado varios episodios de violencia armada que han tenido como consecuencia diversos grupos de personas indígenas víctimas de desplazamiento forzado. 

De acuerdo a la información recibida, el 3 de diciembre en la madrugada uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades de La Esperanza, Xixetik, y San José del Carmen.

Los testimonios señalan repetidamente: “Hasta acá se escucha la balacera”; “Escuchamos muchas explosiones”; “Escuchamos que son bombas”; “Tenemos miedo de que entren a la comunidad tirando balas”. Esto además de videos y audios que circulan en los medios de comunicación y a los que hemos tenido acceso que confirman la situación. 

En respuesta a las agresiones, el día 4 de diciembre el grupo rival ingresó a la cabecera municipal de Pantelhó y tomó el palacio municipal.

Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte.  De acuerdo al CDH FrayBa únicamente entre enero de 2023 y junio de 2024 ha habido 15, 780 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas.

Sumado a lo anterior están los impactos psicosociales en una población que de manera reiterada ha estado expuesta a estas situaciones de violencia; particularmente llamamos la atención sobre el daño que esto provoca entre las infancias. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) estima que en la primera mitad de 2024, 4 mil 300 infantes y adolescentes fueron desplazados por la violencia en el estado. 

En los Altos de Chiapas existen numerosos colectivos y personas que defienden derechos humanos, entre ellos Las Abejas de Acteal, cuya vida y labor es puesta en riesgo por el actuar de los grupos armados. Desde el conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y de construcción de paz que firmamos este comunicado queremos destacar nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad en la región Altos de Chiapas y llamamos a la opinión pública a estar atenta a lo que está ocurriendo. 

Exigimos a las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para proteger a la población civil y construir las medidas necesarias para detener estos episodios de violencia. 

Solicitamos: 

Fuente: Avispa Midia
^{Por CrimethInc. / Traducción por A Planeta}

En el siguiente análisis, exploramos qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Si sólo tienes tiempo para leer una parte, lee las propuestas para saber qué podemos hacer para resistir.

Es comprensible que mucha gente se sienta agotada ante la perspectiva de una segunda era Trump. Es fácil querer desconectar y disociarse. ¿Qué podemos hacer?.

Pero no sabemos cómo habría ido la primera era Trump si no hubiera sido por las formas en que millones de personas participaron en diversas formas de resistencia. Por difícil que fuera, podría haber sido mucho peor. No derrocamos el capitalismo ni abolimos la policía, pero evitamos que los fascistas tomaran las calles, e impedimos que Trump y sus partidarios llevaran a cabo gran parte de su agenda. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de ocultar nuestro poder colectivo.

Mientras confiamos en nuestra propia fuerza, nos hicimos personas más y más poderosas. Nuestras protestas impulsaron a otros a la acción, mostrando lo que estaba en juego y dónde era vulnerable el régimen. Nuestras acciones dieron forma a las narrativas públicas, contrarrestando los esfuerzos de Trump para determinar el discurso popular. Los disturbios resultantes dieron a la clase capitalista la impresión de que el reinado de Trump era malo para los negocios, minando su apoyo. Solo después de que aparentemente hubiéramos expulsado a Trump del escenario de la historia bajamos la guardia, permitiendo que nuestros movimientos sociales menguaran y creando una situación en la que el Partido Demócrata podría ceder el poder una vez más.

La lección está clara. Solo conseguiremos lo que ganemos con nuestro propio esfuerzo. La era Trump no fue una anomalía histórica. No ha quedado atrás. Seguimos en ella, y solo podremos superarla luchando.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: La deforestación y el uso masivo de agrotóxicos son las principales amenazas para la supervivencia de las abejas en Campeche. En la imagen, apicultores muestran la muerte masiva de estos insectos. Foto: Colectivo Maya de los Chenes.}

Apicultores mayas de Hopelchén, municipio del estado de Campeche, en la Península de Yucatán, obtuvieron una sentencia histórica la cual reconoce que las abejas poseen un valor en sí mismas por desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. Además, reconoce que las polinizadoras hacen parte del legado biocultural de los pueblos mayas, quienes han practicado la apicultura desde tiempos prehispánicos en la Península de Yucatán. El juicio de amparo fue presentado el 19 de mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su fallo, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, reconoció que las abejas tienen “un papel preponderante en la reproducción de plantas y son vitales para los sistemas agrícolas de producción de alimentos. (…) Y que los pueblos y comunidades indígenas han convivido por cientos y miles de años con distintos tipos de vegetación en un proceso de intervención constante de recolección, semidomesticación y domesticación”.

De acuerdo con el asesor jurídico de los apicultores mayas, Jorge Fernández Mendiburu, perteneciente al Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, no existe ninguna otra sentencia en el país que reconozca que la abeja merece una protección. “Eso es lo novedoso”, dijo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información directa de víctimas de la violencia por los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que en consecuencia han desplazado de manera forzada a mujeres, niñas, niños y hombres habitantes de las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera del municipio de Pantelhó, así también nos reportan que las acciones armadas se han extendido hacia las comunidades: Tijera Chimix, Jabaltón  y la Esperanza pertenecientes al municipio de Chenalhó, Chiapas. En ambos municipios se han tenido que desplazar de manera forzada alrededor de 3, 400 personas.

Firma la Acción Urgente y abona a detener la violencia en los municipios de Pantelhó. Chenalhó.

A la 4a Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del Agua y la Vida

Compañeras y compañeros

Desde los pueblos, comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) les enviamos un saludo a quienes se reúnen hoy en esta asamblea, a sus pueblos, comunidades y familias.

Por donde corre el agua que baja del volcán Popocatepetl junto con la que nace de manantiales y ameyales hemos visto cómo crece una lucha digna en defensa de la vida. Vimos cómo esa lucha que liberó el agua que tenían secuestrada Bonafont y Danone se entreteje con aquella que trata de evitar que el basurero de PRO-FAJ la siga envenenando y con aquellas que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios que son fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas y nuestra vida comunitaria.

Vimos también cómo ha caminado esta asamblea desde las tierras que resisten a la depredación urbana en Cholula y Coronango, luego hacia esas tierras donde por el saqueo y el engaño apenas logra sobrevivir ese hermano mayor que es el Ahuehuete de Acuexcomac, y ahora aquí en Nealtican, sobre los pies de Don Goyo donde esperamos que su rugido se una a nuestro grito de resistencia que dice: ¡Ya basta de saqueo!

La resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos. Los engaños y simulaciones siempre se nos ponen como obstáculo, pero sabemos que la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso.

Nosotras, nosotros, nosotroas en la ANAVI creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En ese camino que hacemos con cada paso de nuestra lucha y que hemos aprendido a caminar con personas y pueblos que luchan y que son nuestros referentes como los que forman parte del Congreso Nacional Indígena o como nuestras hermanas, hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Santa Fe de la Laguna a 4 de diciembre del 2024

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A CLAUDIA SHEIBAUN PRESIDENTA DE MEXICO
A ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA GOBERNADOR DE MICHOACAN
AL CONSEJO SUPREMO INDIGENA DE MICHOACAN
AL CONGRESO DEL ESTADO

Quienes suscribimos, autoridades comunales, civiles y tradicionales de la comunidad originaria de Santa Fe de la Laguna, manifestamos que nuestra comunidad no ha sido consultada respecto a la iniciativa de reforma que recientemente ha presentado el gobernado. Asimismo, desconocemos un comunicado firmado por la coordinación comunal el día de ayer 3 de diciembre en donde se hacen pasar como autoridades de nuestra comunidad, ya que nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra comunidad, no ha sido consultada.

Por lo anterior, aclaramos lo siguiente:

1. La coordinación comunal es únicamente un grupo administrativo y no tiene el carácter de autoridades, por lo tanto, carece de legitimidad para aceptar o respaldar propuestas que puedan afectar los intereses de nuestra comunidad.

2. Nuestra comunidad, en ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación, exige que cualquier propuesta que nos afecte sea previamente sometida a consulta en nuestra asamblea general, conforme a nuestros usos y costumbres.

3.. Solicitamos al congreso del estado que antes de aprobar cualquier iniciativa, consulte a todas las comunidades originarias de acuerdo a las normativas vigentes y con apego a los derechos humanos, solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada,de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indigenas

Sustento Jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

Artículo 2: XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Por decisión de Asamblea General de Autoridades, el CSIM realizará tomas de carreteras de forma pacífica en todo el estado, para exigir el derecho de consulta sobre medidas legislativas que afectan a los pueblos indígenas, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena de Michoacán, presentada por el Gobernador es discriminatoria, toda vez que únicamente establece la entrega del presupuesto directo estatal a 40 comunidades que tienen autogobierno, discriminando a 460 comunidades que no se rigen por usos y costumbres.

A continuación, la solicitud de consulta presentada al Congreso del Estado:

Pronunciamiento Conjunto

• Nos preocupa la justicia y derechos humanos ante la designación de un perpetrador de violaciones a los derechos humanos ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Chiapas.

3 de diciembre de 2024

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en la que se aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado, quien estará en el cargo durante nueve años.

Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas.

Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión, tanto en su paso como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Ha sido agente del Ministerio Público, Fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.

Cabe recordar que, durante su tiempo en la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra el recién nombrado Fiscal General del Estado por diversos delitos, incluyendo tortura y abuso de autoridad. Ambas recomendaciones fueron rechazadas, perpetuando la impunidad.

Llaven Abarca fue identificado como perpetrador en casos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, entre otros casos.

A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en Chiapas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las organizaciones firmantes exigimos una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país. En Chiapas, es urgente una fiscalía autónoma, un cambio de estructura y funcionarios, quienes están anquilosados en la corrupción y actúan bajo el cobijo de la impunidad.

El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos.

Con este nombramiento, se evidencia una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno está obligado a cumplir y respetar.

Lamentamos que se continúen con viejas prácticas y costumbres que fomentan las violaciones a derechos humanos y perpetúan la tortura como una práctica generalizada y sistémica en Chiapas, por lo que el panorama de derechos humanos seguirá siendo gris.