Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)}

El escenario político en Guatemala, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, ha adquirido aires autoritarios. En respuesta, distintos sectores de la población y organizaciones sociales salieron a las calles para frenar lo que es señalado como un golpe de Estado “técnico”.

La mañana de este jueves (13), agentes del Ministerio Público (MP), acompañados de elementos encapuchados y armados de la División de Información Policial, allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción fue justificada con el argumento de recopilar pruebas para proceder legalmente contra el partido Movimiento Semilla (MS), al cual acusan de falsificar firmas para adherir miembros a su organización política, así como por lavado de dinero.

Esto ocurrió horas después que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, con lo cual confirmó los candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto: Bernardo Arévalo del MS, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

La injerencia del MP sobre el tribunal ocurre en un contexto de grave crispación política. El 30 de junio, nueve partidos políticos señalaron fraude electoral y demandaron la revisión de los votos y actas de la primera vuelta. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinio para cotejar los datos de las mesas de votación. Para el 6 de julio, la revisión a nivel nacional concluyó sin que el fraude fuera comprobado.

Con la irrupción del MP al tribunal electoral, organizaciones sociales consideran que la maniobra es una acción más en el proceso para interferir en las elecciones. Así lo considera José Luis Caal integrante de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), organización con presencia en el norte del país centroamericano.

“Guatemala está viviendo en estos momentos un golpe de Estado ‘técnico’; ya no es con el uso de la fuerza física, mediante el ejército, sino a través de los operadores de justicia que están al servicio de grupos criminales”, asevera Caal en entrevista con Avispa Mídia en su oficina de Raxruhá, Alta Verapaz.

Para Caal, la reciente acción de los fiscales del MP está encaminada a desactivar al candidato del Movimiento Semilla y sacarlo de la contienda presidencial. “Estamos muy preocupados porque vemos que estamos bajo una dictadura(…), no están respetando el voto de la ciudadanía”, reclamó durante la mañana de este jueves, mientras la organización en la que participa se sumaba al llamado de otras agrupaciones que criticaron este hecho.

Caal, defensor de derechos humanos, nos comparte que es alto el nivel de incertidumbre ante el desarrollo de los eventos mas recientes en la disputa electoral. “Aquí lo que está en juego para nosotros no es el Movimiento Semilla, sino que es la poca institucionalidad y la débil democracia que tenemos en Guatemala”.

Es en ese marco que, contextualiza, los movimientos y organizaciones populares se encuentran en estado de alerta. “Estamos en comunicación con diferentes organizaciones a nivel nacional porque no vamos a permitir que el partido de Alejandro Giammattei (presidente de Guatemala) quiera imponer a un gobierno que no es de la decisión popular”.

Las declaraciones de Caal y su organización son una pequeña muestra de las reacciones de descontento que no demoraron en multiplicarse en distintas geografías del país centroamericano.

Desde el centro de la capital de Guatemala, frente a las instalaciones del MP, pasando por Quetzaltenango, San Marcos, Antigua y la ciudad de Cobán, entre otras, cientos de manifestantes salieron a las calles para repudiar el intento de golpe de Estado.

Al cierre de esta edición, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al MS el cual le brinda protección contra la suspensión de su personalidad jurídica hasta que exista resolución definitiva de la orden judicial que emprendió el MP.

Por su parte, el TSE indicó que no tomará en cuenta la orden judicial del MP, con lo cual reafirmó la participación del Movimiento Semilla a la segunda vuelta de las elecciones.

Pacto de corruptos

Para entender la coyuntura actual, Caal explica que, debido al trabajo con Naciones Unidas para dar seguimiento a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, el gobierno de Guatemala aceptó, en 2006, la conformación y operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia, emprendió investigaciones para sancionar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos.

Para ello, se conformo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), organismo que coadyuvó a la CICIG como al MP de Guatemala para investigar los casos de alto impacto.

“La FECI investiga a los grupos que se han beneficiado del dinero del pueblo, estos grupos que influyen en los gobiernos. A partir de este trabajo de la FECI se empiezan a descubrir cómo el poder económico financia a los partidos políticos de derecha de manera ilegal”, contextualiza Caal.

Sin embargo, cuenta el defensor de derechos humanos, fue durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), cuando los grupos criminales que operan paralelamente al Estado, “se rearticulan y logran expulsar a esta comisión de Guatemala, porque empiezan a tocar los intereses de las empresas, del poder económico, porque ellos influyen en este modelo de gobierno que no beneficia a la población”.

“Comienzan a cooptar todas las instituciones de justicia (…). La FECI ahora está en manos de estas mafias y empieza una actitud de venganza en contra de los fiscales que estaban investigando los casos de corrupción e impunidad”, señala Caal, quien enfatiza que ante ello muchos jueces se encuentran en el exilio.

Aún mas grave, la persecución se extiende contra movimientos y organizaciones sociales, además de periodistas, como es el caso de la detención y sentencia contra José Rubén Zamora, director de El Periódico, quien se encuentra encarcelado acusado de delitos financieros, causando el cierre del medio de alcance nacional.

“Vamos a respaldar esa decisión valiente (del TSE), seguramente, ante las presiones que tienen del gobierno central”, señala Caal. “No vamos a permitir que se continúe con la agresión a este sistema democrático débil que tenemos. Vamos a exigir que se respete esa débil democracia que tenemos en Guatemala”, concluyó.