DENUNCIA PÚBLICA

HERMANAS Y HERMANOS

Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.

A lo largo de estos 21 años, nos hemos enfrentado a la falta del acceso a la justicia, a los constantes hostigamientos, intimidación y persecución con órdenes de aprehensión injustas por parte de los procuradores y administradores de “justicia”, quienes han actuado hasta hoy como protectores de los paramilitares, de la impunidad. Algunos de nuestros compañeros aún cuentan con órdenes de aprehensión por delitos prefabricados por el grupo paramilitar Paz y Justicia y convalidado por las autoridades gubernamentales.

Hasta hoy, el gobierno mexicano se niega a reconocer su responsabilidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, negando que somos víctimas del Conflicto Armado Interno entre los años de 1995 a 1999.

Queremos dejar muy en claro que el conflicto en la zona baja de Tila, no fue un conflicto agrario, religioso o partidista, sino que fue una estrategia implementada para provocar el terror a la sociedad y acabar con el apoyo al EZLN. Las comunidades de la zona baja de Tila, ya se encontraban regularizadas antes del Conflicto Armado Interno iniciado el 1º de enero de 1994.

Dentro de nuestras acciones por la verdad y la justicia para nuestros ejecutados y desaparecidos, demandamos desde el 2004 ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocho casos que ejemplifican el terror que vivimos en la zona baja de Tila. Los casos son de ROGELIO JIMENEZ LÓPEZ, MATEO ARCOS GUZMÁN, MIGUEL GUTIÉRREZ PEÑATE, NICOLAS MAYO GUTIÉRREZ, SEBASTIAN PÉREZ LÓPEZ, HECTOR PÉREZ TORREZ, DOMINGO VÁZQUEZ AVENDAÑO y MINERVA GUADALUPE PÉREZ TORREZ.

A lo largo de estos años hemos constatado la protección del Estado mexicano al grupo paramilitar Paz y Justicia, pues sus investigaciones nunca han sido eficaz para determinar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos. Los únicos que permanecen presos Samuel Sánchez Sánchez, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez y Marcos Albino Torres Martínez obtendrán su libertad debido a la falta de pruebas y no poder ajustar hechos a la ley penal. Los responsables intelectuales de estos crímenes continúan gozando de los beneficios de la impunidad y los responsables materiales que no han ido a la cárcel se cobijan bajo el partido VERDE, equipados con vehículos, con radios de comunicación y goce de sueldos en el Ayuntamiento municipal, con la finalidad de mantener el control polí1tico en las comunidades.

Denunciamos públicamente que hasta hoy el gobierno mexicano a través de su instancia de “administración de justicia” nos sigue intimidando y hostigando, pues muchos de nosotros hemos recibido citatorios para careos con los presos y si no nos presentamos seremos objeto de grandes multas, así como ser obligados con el auxilio de la fuerza pública para presentarnos cuando hemos sido las víctimas directas e indirectas. De la misma manera el hostigamiento de familiares de Samuel Sánchez Sánchez, queriéndonos obligar a declarar con notificaciones de un día para otro.

Nosotras y Nosotros los familiares queremos dejar muy en claro que no nos presentaremos a ningún citatorio más, mientras tanto el gobierno mexicano no investigue de manera eficaz los hechos y se determine los verdaderos autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la zona baja de Tila, porque las investigaciones hechas hasta hoy no han servido para nada, solo para proteger la responsabilidad del gobierno mexicano.

Mientras nuestro caso no tenga una respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no acudiremos a ninguna instancia mexicana, porque ya lo hemos hecho desde antes de que nuestro caso fuera presentado a la CIDH y el gobierno mexicano no nos escuchó, porque tenía su participación directa e indirecta en los crímenes de lesa humana cometidos en la zona baja de Tila y su objetivo era protegerse.

Por eso pedimos al pueblo de México y el mundo para que acompañen esta nuestra voz de verdad y justicia para nuestros familiares ejecutados y desaparecidos en el Conflicto Armado Interno en Chiapas iniciado el 1º de enero de 1994. Para que los verdaderos autores materiales e intelectuales sean castigados por estos crímenes y que no se vuelva a repetir.

A la CIDH pedimos que mantenga el seguimiento de nuestro caso y determine la responsabilidad del Estado mexicano en el caso.

Fotos: Conmemoración en la zona norte. 22 de octubre de 2016 (Frayba)

Fuente: Chiapas Denuncia Pública