El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza el derecho a la protesta social. La actualización legislativa penaliza con cárcel de hasta siete años y multas a quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

También sanciona quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que interrumpan los servicios que operen en estas vías. Así que no se necesita que las vías de comunicación ya estén en funcionamiento, porque también se consideran como parte de estas vías “los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas”, dónde el ejercito y la Guardia Nacional ya están custodiando.

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Esto implica que los campesinos e indígenas, quienes han protestados en las vías generales de comunicación, como los opositores a las megaobras del Tren Maya y el Tren Interoceánico, o las nuevas carreteras que ya se están construyendo, incurrirán en un delito.

Tras la aprobación de la reformas, Organismos de la Sociedad Civil para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) alertaron que “la aprobación de esta reforma por ambas Cámaras contribuye al discurso punitivista hacia el ejercicio de derechos y estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la manifestación”.

Además, FLEPS ha remarcado que la protestas en las vías generales de comunicación es uno de los últimos recursos que restan para el derecho a la protesta de personas que viven en condiciones de pobreza, personas defensoras, mujeres y poblaciones racializadas, lo que las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad.

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“Debe recordarse que bajo estándares internacionales la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”, denuncia la FLEPS en un comunicado.

Las más de 20 organizaciones de la Sociedad Civil, quienes vienen documentando diversas violaciones a los derechos humanos, consideran que con este nuevo marco legal se están violentando acuerdos y tratados internacionales que el gobierno mexicano ha signado. “En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación”, denuncian.

El martes 14 de diciembre, la reforma fue avalada por la mayoría de senadores con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).