(Español) Riesgo para la vida de personas privadas de su libertad ante Covid 19
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Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo1, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-192.
El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-193. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.
El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.
La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”4. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.
El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.
1 Antecedentes: Adrián Gómez Jiménez se encuentra privado de la libertad, de manera injusta, desde hace 16 años con 4 meses, estás en sentenciado a 20 años de prisión, sin ningún señalamiento en su contra y estuvo en proceso durante 15 años. Germán López Montejo y Abraham López Montejo llevan 9 años con 4 meses en prisión injusta, sin ningún señalamiento en su contra, el año pasado fueron sentenciados a 75 años de prisión. Marcelino Ruiz Gómez lleva 14 años preso injustamente, pagando por un delito que no cometió y está sentenciado a 25 años de prisión. Los cuatro son víctimas sobrevivientes de Tortura.
2 Presos de Pueblos Originarios concluyen huelga de hambre sin atención del gobierno de Chiapas. 05 de junio de 2020.
3 Secretaría de Gobernación de México. ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 24 de marzo de 220.
4 ONU. Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, 12 de mayo del 2020, pág. 2.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
10 de junio de 2020
Boletín No. 12
