No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.
Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.
Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.
En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.
Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.
El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024
Boletín No. 03
Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas
2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.
Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.
En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.
El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.
A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.
Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.
Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.
El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.
Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.
El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.
Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.
Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.
Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.
Expediente borrado
Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.
Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.
En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.
Mercado global y crimen organizado
Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.
En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.
El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.
En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas. De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.
Bosques en emergencia
En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).
Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.
Asedio desde distintos frentes
En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.
En portada: “La tarifa cero es una demanda urgente y posible. Tenemos más de 100 ciudades en Brasil que cuentan con tarifa cero”: MPL en São Paulo. Foto: Santiago Navarro F.
Este jueves (18), tras un fuerte operativo policiaco y con varias detenciones, el Movimento Passe Livre(MPL) logra realizar su segunda manifestación en la ciudad de São Paulo, Brasil, contra el aumento del costo del pasaje del tren y el metro en esta ciudad, una de las más grandes del mundo donde se trasladan casi 8 millones de personas al día, según la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM).
A pesar de que, en la primera manifestación realizada el pasado 10 de enero, detuvieron arbitrariamente a 13 manifestantes, este jueves se concentraron decenas de jóvenes sosteniendo que la represión no detendrá las protestas hasta lograr la tarifa cero.
Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.
A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.
El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.
Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde
Herman@s tod@s
El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.
La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.
Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:
La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.
La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.
Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
Ciudad de México, a 15 de enero de 2024
El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.
La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes
La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.
Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.
Ejido Tila, Chiapas, Meìxico; a 13 de enero de 2024
Denuncia publica
A la opinioìn publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos originarios en defensa de la tierra el territorio y la vida
A los companÞeros y companÞeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional
Al congreso nacional indiìgena
Al concejo indiìgena de gobierno
Al ejeìrcito zapatista de liberacioìn nacional
Denunciamos puìblicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del ejido de tila como se ha venido denunciando puìblicamente quienes forman parte del llamado KARMA es un grupo delincuencial formado por Joseì Rodrigo Martiìnez Parcero y su hermana Doctora Adelaida cruz de Santis Martiìnez Parcero ambos trabajadores de la secretaria de salud, cabe mencionar que Adelaida Martìnez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal estas dos personas son los que lideran este grupo criminal dentro de ellos existe un grupo que en varias ocasiones se ha denunciado Arturo Saìnchez Saìnchez, Francisco Arturo Saìnchez Martinez, Clara Esmeralda Gordillo Estrada, Juan Lopez Lopez, Alfredo Perez Lopez, Rosalino Martiìnez Santiago, Marco Antonio Martinez Sanchez, Vicente Gomez Lopez, Eugenio Ramìrez Jimenez, Vicente Jimenez Ramiìrez, Cecilia Vazquez Lopez, Ocario Gutierrez Hernandez, Hector Vazquez Lopez, Amalia Sanchez, Marcos Sanchez, David Pineiro, Adauto Lopez Lara, Bartola Jimenez coordinados con el supuesto comisariado legal Eduardo Gutìerrez Martìnez y el corrupto Miguel Vazquez Gutierrez y el intelectual Francisco Perez Lopez como se vio que este grupo corrupto cuando marcharon para una supuesta paz algunos en el anexo cantioc sacaron su cartulina pidiendo una supuesta paz cuando es el grupo de aliado que ha estado asesinando dentro del ejido de Tila.
Ante todos estos asesinatos que ha pasado en el ejido Tila, se han denunciado ante la fiscaliìa del estado y los tres niveles de gobierno se ha hecho del oido sordo y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno donde el gobierno federal diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a diìa; este 12 de enero aproximadamente a las 7: 15 de la noche fue abatido a tiros miembro del CNI Congreso Nacional Indìgena y ex consejo de vigilancia en el periodo 2018 a 2021 de nombre Carmen Lopez Lugo por arma de uso exclusivo del ejercito calibre 9mm. A mano de integrantes del grupo Karma, este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido SASIL y EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son liìderes de la delincuencia organizada
Asi mismo denunciamos al jardiìn de niños del estado Marìa Montessori a este grupo les ha estado dando el empleo cuando llega el programa escuela es nuestra como bien sabemos que los servidores de la nacioìn son aliados al partido MORENA que gobierna Lopez Obrador es la misma corrupcion que los otros anteriores porque no respeta la autonomia de los pueblos originarios como saben que el ejido Tila habia cancelado todo proyecto y programa del orden federal pero este gobierno se pasa por encimas de la leyes constitucionales como los siguen mencionando ambas mujeres de MORENA Y la ALIANZA que buscan el poder apoyados por la delincuencia organizada tal como esta pasando en el ejido Tila y en otro pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida estan siendo asesinados por defender el derecho a la autonomiìa y la libre determinacioìn que los tres niveles de gobierno no le conviene.
Por lo que todos los pueblos les informamos se mantengan al tanto de lo que puede seguir pasando en el ejido de Tila como ha venido suscitando asesinatos y secuestro de personas.
Sin titubeo alguno, siempre estaba presto a brindar su solidaridad a cualquier persona, a cambio de nada, su humildad lo caracterizaba. No solo creía que un cambio era necesario, sino urgente. Jacinto, así fue conocido entre sus más cercanos, sus compañeros y compañeras con las que compartió aquella utopía de que un mundo mejor es posible. Hoy, un jueves como cualquier otro, a él lo tomó por asalto la muerte, una muerte que pretende ser silenciosa, pero, que se desenrolla como un capullo convirtiéndose en murmullo entre las enseñanzas que dejó entre otras personas incógnitas como él.
Jacinto había cumplido 67 años y su nombre real era Marino Ramírez Pacheco, un zapoteco de la sierra sur de Oaxaca donde también dejó huella entre sus paisanos. Formó parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Días atrás lo había encontrado, charlamos sobre distintos temas, entre ellos, mostraba su preocupación por los niños asesinados en Palestina. También se mostraba animado por las nuevas iniciativas que recientemente había lanzado el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sobre todo, le llamó la atención la posibilidad de colocar en nuestros pensamientos la idea de la no propiedad de la tierra, a la cual siempre terminamos volviendo a ella.
Su corazón se mostraba fuerte y animado, siempre dispuesto a seguir abriendo veredas en la conciencia de la gente, recordando que el conjunto de crisis que hoy vivimos es, “producto de la bestialidad del sistema capitalista”, decía. No tuvo estudios, pero sabía escribir y leer. Aunque la tecnología lo había dejado atrás, siempre intentaba estar informado.
La profesión de Jacinto fue como campesino y albañil. Pero, también, fue un constructor de sueños, pues “siempre se mostraba con pasión en las actividades políticas que realizaba. Siempre fue una persona de conciencia”, comparte su compañera de vida, Maura Pacheco, que, juntos a sus tres hijos, Emiliano, Sergio y Estrella, hoy lloran la partida de Jacinto.
La compañera de Jacinto se mostró preocupada de que nadie se acordara de él y que quizás su pérdida pasaría como desapercibida en un jueves como cualquier otro y, quizás, las veredas que abrió se cubran nuevamente de hierba. “Pero las palabras de solidaridad comenzaron a llegar y el peso de su partida se va aligerando al saber que entre esas veredas hay gente”, dijo vía telefónica.
El finado será sepultado en las tierras donde hizo vida en sus últimos años, en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí la tierra lo cobijará nuevamente y, con certeza, el recuerdo de sus palabras seguirá andando la memoria y tal vez alguien continúe abriendo más veredas de la utopía de que un cabio es urgente en tiempos donde todo parece derrumbarse.
