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Avispa Midia

(Español) Embajador de EEUU supervisa flujo migratorio en la frontera sur de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñanì Pinto

El embajador de los EEUU en México, Ken Salazar, realizó una gira de trabajo en el sureste del país para dar seguimiento a los compromisos migratorios acordados entre los presidentes Joe Biden y López Obrador durante su reunión de julio pasado.

Durante los primeros días de agosto, Salazar se reunió con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como con el secretario de desarrollo económico de Veracruz y funcionarios del gobierno federal. Según comunicado de la embajada, el trabajo del funcionario estaba destinado a “conocer más sobre la situación en el terreno en dichos estados, las oportunidades de desarrollo económico y nuestros esfuerzos conjuntos para proteger a los migrantes de la tragedia que representa el tráfico de personas”.

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Control

El embajador realizó esta visita tras cinco encuentros previos con funcionarios del gabinete del gobierno federal, los siete gobernadores del sureste de México y representantes del sector privado, “en las que hemos dialogado sobre el potencial de crecimiento económico y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Estos esfuerzos son parte integral del renovado compromiso bilateral con la prosperidad compartida en la región”, declaró el funcionario mediante comunicado.

En Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador Ken Salazar supervisaron los puestos de control de migración que opera la Guardia Nacional (GN) en la región del Puente Tonalá, municipio de Huimanguillo. Durante el recorrido, Campos declaró que no descarta que el gobierno de EEUU pueda invertir en tecnología en los puestos de revisión migratoria en dicha entidad.

Salazar también visitó un punto de control que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con elementos de la GN en el kilómetro 188 de la autopista Cosoleacaque – La Tinaja en Veracruz. Según medios locales, el embajador cuestionó al personal de migración y de la GN para conocer la eficacia en el uso del equipo de rayos gamma con los cuales cuenta el retén.

En Chiapas, el embajador también visitó el municipio de Arriaga donde fue recibido en la antigua estación del ferrocarril por la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos. En el municipio de la costa pacífico, la alcaldesa expresó que la visita del embajador “genera muchas posibilidades de inversión en nuestra localidad”, esto como parte del proyecto del Tren Transístmico, el cual busca frenar la migración hacia la frontera norte.

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Salazar también se encontró con el gobernador Rutilio Escandón con el propósito de “de promover estrategias dedesarrollo y seguridad” para el estado. Por su parte, el funcionario chiapaneco reafirmó el apoyo del embajador “parafomentar acciones y proyectos que potencialicen el desarrollo de esta región.

Según el comunicado de la embajada, el objetivo del funcionario era “conocer más a fondo el reto compartido de la migración irregular” en el marco de los compromisos de ambos países para contar con fronteras seguras.

Cabe recordar que, durante la declaración conjunta de Biden y Obrador emitida el 12 de julio pasado, el control migratorio fue uno de los puntos principales, por lo que México se comprometió a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura en la frontera entre los años 2022 y 2024.

“Tenemos la determinación, como nunca antes, de completar una iniciativa conjunta de modernización de la infraestructura en la frontera entre EE. UU. y México para proyectos a lo largo de las 2,000 millas de frontera. El esfuerzo conjunto procura armonizar las prioridades, unir a comunidades fronterizas y hacer que el flujo de comercio y de personas sea más seguro y eficiente”, enfatizó la declaración tras el encuentro de los presidentes.

Entre los objetivos del acuerdo conjunto derivado de la reunión de julio entre los presidentes de México y EEUU resalta la intención de potenciar “el libre flujo de bienes sin obstáculos, lo cual promueve la innovación que favorece la productividad y aumenta la resiliencia, y ayuda a ambos países a combatir la inflación y sostener a las familias”.

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CDH Fray Bartolomè de las Casas

(Español) Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de agosto de 2022
Boletín No. 26

Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

•    Saludamos a las autonomías que a contrapelo resisten los embates de las nuevas formas de despojo y colonización.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista.

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

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Avispa Midia

Contaminación de Grupo México en río Sonora cumple 8 años en la impunidad

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Ocho años han transcurrido desde uno de los mayores desastres ambientales registrados en México. Fue el 6 de agosto de 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora.

A pesar del tiempo, habitantes de los pueblos de dicha cuenca, al norte del país, aún reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, empresa responsable por la contaminación que ha impactado en su salud, afectado las tierras y envenenado el río.

“Me duele lo que nos está pasando (…) Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, compartió Norberto Bustamante, de la comunidad de Huépac y miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante conferencia de prensa realizada este miércoles (3).

Durante el evento, acompañados de científicos y organizaciones de derechos humanos, lxs afectadxs compartieron los hallazgos que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron el 8 de abril de este año, los cuales confirman el daño a los habitantes de la región.

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Tras analizar a 650 afectadxs de ocho municipios de la cuenca del río Sonora, se encontró que en sus cuerpos mantienen la presencia “homogenizada” de metales. Más del 95% de la población registra plomo en la sangre y orina, 79% registra presencia de cadmio y 50% de las pruebas también evidenciaron el arsénico en lxs pobladores.

Acorde a Bustamante, en el Río Sonora existen personas con tumores, cáncer, alergias y leucemias, lo que implica la necesidad de tratamientos que son costosos y que la mayoría de la población no puede cubrir pues la economía de la región también se vio afectada por el derrame.

“Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, relató María Filomena Bonilla, habitante del municipio de San José de Gracia. Bonilla explicó también que la evidencia señala que el deterioro a su salud está causado por la presencia de los metales pesados en el río Sonora. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, reclamó.

Afectaciones, impunes

Durante la conferencia destacó la presentación de hallazgos sobre los daños a la salud, medio ambiente, al ecosistema y la economía, lo cual confirma los señalamientos de las comunidades sobre las graves afectaciones por el derrame de millones de litros de sulfato de cobre.

No obstante, desde el año de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había informado a siete comunidades de la cuenca sobre la alta concentración de arsénico y plomo en los pozos de agua utilizados por las poblaciones para consumo humano y actividades agropecuarias.

“A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el río Sonora, presentado por los CCRS y la organización PODER.

El documento también indica que, pese a los discursos de las instituciones, aún no se avanza en la reparación del daño. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha retrasado avances para la operación de plantas potabilizadoras y tampoco se ha conseguido la coordinación entre autoridades para la construcción de un hospital que había sido prometido para la atención de lxs afectadxs.

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Al contario, la administración federal permitió la expansión de Grupo México para la explotación minera con la construcción, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación, de una nueva presa para sus residuos tóxicos.

“Grupo México lleva operando 11 años sin un plan de manejo de residuos, o sea, lleva 11 años haciendo lo que quiere”, denunció José ManuelLópez, también integrante de los CCRS quien añadió que los trabajadores de Conagua insisten en que el agua del Río Sonora está limpia, “van y le comentan a la gente que el agua está limpia y la pueden beber cuando los resultados nos arrojan que el agua está contaminada”.

Reparaciones que no llegan

Entre las afectaciones también se mencionó el valor económico en pérdidas cuantificadas por 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente y una cifra cinco veces mayor al monto del Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos).

En el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho fideicomiso, creado por Grupo México para compensar económicamente a las víctimas, no cumplió con el proceso de reparación de los daños y violó el derecho de participación de lxs afectadxs. De acuerdo a PODER, sólo 351 personas recibieron pequeñas cantidades de dinero, lo cual representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver las consecuencias del derrame.

Para noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un “Plan de Justicia para Cananea” encaminado a resolver el problema ambiental en una de las regiones mineras más importantes de México.

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El informe de PODER hace énfasis en que en la presentación del Plan se incluyó en la mesa a Grupo México, pero no a representantes de las comunidades afectadas, por lo cual desde su inicio las comunidades rechazaron el hecho de que no se menciona al Río Sonora de forma explícita.

Martha Patricia Velarde, miembro de los CCRS, argumentó que existe una captura corporativa del Estado y por ello no puede haber justicia. Esto lo ejemplificó al mencionar que “en Sonora el gobierno está aplaudiendo todas las acciones que tiene Grupo México, cuando ellos (la minera) están promoviendo inversiones en su propio beneficio” y en cambio, pese a que la empresa ha ido citada en dos ocasiones por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Grupo México se ha negado a reunirse con las autoridades ambientales.

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Avispa Midia

Derrame petrolero afecta vida de comunidades indígenas en Chiapas y Tabasco

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pueblos zoques de Chiapas denunciaron que desde el pasado 26 de julio se presentó un derrame de petróleo, el cual está contaminando gravemente a los ríos Mezcalapa y Carrizal y afecta el suministro de agua para más de 600 mil personas de la región.

“La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva”, señalan organizaciones defensoras de la vida y del territorio zoque.

A su vez, identificaron como responsables de la contaminación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la negligencia de los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no realizar una revisión exhaustiva de los ductos de transportación de hidrocarburos.

Territorios de sacrificio

Mediante comunicado, el colectivo Defensoras de Nasakobajk, Concejo Zoque en Defensa de la vida y el territorio, así como el Centro de Lengua y Cultura Zoque y comunidades zoques residentes en Jalisco y Boston, reclamaron el hecho de que, pese a que desde hace meses se realizó el reporte de fuga en el municipio de Reforma, Chiapas, la petrolera mexicana no actuó para evitar el derrame.

“Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno”, detallaron las organizaciones.

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En el documento difundido este lunes (1), también exigen revisar los derechos de vía de los ductos, “pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida”.

Desastre

Según la versión de las autoridades municipales de Pichucalco, el desastre ambiental sucedió tras la perforación clandestina de los ductos que transportan los hidrocarburos, por lo que se decidió parar el bombeo de agua hacia los pueblos y comunidades de la zona, afectando con ello el suministro para 600 mil personas. En contraste, Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX afirmó que aún están investigando las causas del derrame.

Por su parte, autoridades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, informaron que pese a que desde el mismo 26 de julio se reportó el derrame, los especialistas de PEMEX arribaron al lugar un día después. A pesar de que, en un comunicado, el gobierno de Pichucalco informó que la fuga ya está controlada, los restos del hidrocarburo siguen filtrándose por la corriente del agua.

Aspectos del derrame de petróleo que está contaminando los afluentes de agua entre Chiapas y Tabasco, sureste mexicano

De acuerdo a un reporte de Pie de Página publicado este martes (2), aún se puede observar el líquido negro por varios kilómetros en las aguas de la subcuenca del río Mezcalapa, entre los municipios de Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco.

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Cabe destacar que según la ASEA, desde 2016 y hasta mayo del 2022 registró 5,777 accidentes en el sector de hidrocarburos. El reportaje Pemex: el infierno que la petrolera ha provocado afirma que, del total de estos incidentes, en 3,836 está involucrada PEMEX y sus filiales PEMEX Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Además, testimonios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco demuestran graves afectaciones al medioambiente derivado de la extracción y distribución de hidrocarburos.

Para las organizaciones zoques, “ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra”.

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Avispa Midia

(Español) Continúa criminalización de la protesta contra la privatización del agua en Querétaro

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Activistas, comunidades indígenas e integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) se movilizaron el viernes (30) para exigir un alto a la represión contra quienes rechazan la aprobación de la Ley de Aguas en Querétaro.

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A dos meses de su entrada en vigor, la REDAVI ha exigido la abrogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro pues busca privatizar el agua mediante concesiones que podrán ser otorgadas por el estado de Querétaro a empresas privadas.

Conferencia de prensa de la Red en Defensa del Agua y la Vida

También señalaron que, pese a las manifestaciones pacíficas que demandan un parlamento abierto, han sido ignorados por las autoridades para compartir sus argumentos científicos, sociales y por los derechos humanos mediante los cuales rechazan la aplicación de la norma.

A su vez, exigieron detener la criminalización de la protesta pues existe ya una investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado, contra tres activistas ambientales, quienes fueron detenidos durante una movilización pacífica, y son acusados por distintos delitos de desobediencia y contra las vías de comunicación.

La Red denunció también otros casos de intimidación y hostigamiento contra organizaciones e individuos que han declarado su desaprobación contra la también conocida como Ley de Concesiones.

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Es el caso de las amenazas contra un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano quien reclamó la postura del organismo de derechos humanos al respaldar el despojo de la ley.

Abrogación

Mediante documento dirigido a distintas autoridades de Querétaro, la REDAVI solicitó la abrogación de la Ley de Aguas, pues acorde a la organización busca privatizar el agua sin contemplar el bienestar social ni la salud ambiental. Además, la legislación tampoco considera los impactos negativos a los derechos humanos de la población.

Durante casi dos meses, distintas organizaciones han realizado movilizaciones para evidenciar el rechazo a la norma desde su aprobación por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. “Nos hemos movilizado durante 11 semanas para exigir su abrogación. La respuesta que hemos recibido por parte del gobierno (…) ha sido la represión y la violencia del estado”, compartieron en comunicado.

Violencia de Estado

Tras la represión y detención arbitraria de quienes se manifiestan contra la Ley de Aguas por la legítima lucha en defensa del agua, la REDAVI señaló como responsables al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, quienes criminalizan el movimiento social.

Exigen alto a criminalización de la protesta

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, las autoridades estatales ordenaron la represión de una protesta pacífica donde la policía estatal hizo uso excesivo de la fuerza contra quienes se movilizaron en rechazo a la Ley de Aguas.

Desde entonces, la REDAVI ha señalado que el movimiento en defensa del agua ha sido estigmatizado mediante las declaraciones de funcionarios de gobierno en medios masivos de comunicación.

Según la red, lo que sucede en Querétaro mediante dicha normativa pone en riesgo derechos, ecosistemas y la justicia hídrica, además “se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra”.

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Entre las agresiones de parte del Estado, destacan las amenazas, detenciones arbitrarias y prisión política contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco. Ya desde el año de 2020, la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en dicha comunidad.

En 2020 Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro.

“La criminalización y violencia institucional no solo vulneran derechos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, también son particularmente graves en un contexto de represión sistemática de defensores ambientales”, señaló la REDAVI al contextualizar que las agresiones a defensores se duplicaron en 2021 con respecto a datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental registrados en 2020.

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Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México) Mujeres y la Sexta, Abya Yala Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista (Red MyC Zapatista)

(Español) Pronunciamiento conjunto en contra de las agresiones a las comunidades del Caracol 10 del E.Z.L.N.

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Jobel, Chiapas, México
A 28 julio del 2022

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firman la Declaración por la Vida
A las personas que siembran Dignidad y Organización

Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona denunciamos la continuidad de las agresiones, hostigamiento y desplazamientos forzados con la complicidad e impunidad preponderante de los tres niveles de gobierno hacia las comunidades autónomas de; El Esfuerzo, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona; Nuevo San Gregorio, región Moisés y Gandhi, Poblado La Resistencia, Poblado Emiliano Zapata, Poblado San Isidro y 16 de febrero, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México. Asimismo, denunciamos la obstaculización al trabajo de derechos humanos que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO).

El jueves 14 de julio de 2022, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), documentó, que aproximadamente a las “08:00 horas, ejidatarios de Muculum Bachajón encabezados por el comisariado ejidal junto con policías municipales y agentes de protección civil , arribaron al poblado San José Tenojí, Chilón,donde mantuvieron una reunión, alrededor de las 13:50 horas ingresaron violentamente al poblado “El Esfuerzo”, municipio autónomo Comandanta Ramona (cuenta con 54 hectáreas de tierras recuperadas en 1994 por el EZLN), desplazando a seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) quienes salieron de su lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Xixintonil, además prendieron fuego a las casas y a sus bienes y se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol que aún no han cosechado” [1].

El día 29 de junio de 2022 en conferencia de prensa nuestrxs compañerxs del Frayba presentaron un Boletín donde denunciaron las amenazas de muerte contra observadores nacionales e internacionales y la obstaculización del trabajo de defensa que realizan . [2].

Recordamos que desde marzo de 2021 se instaló un campamento para las BriCO en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de nuestrxs compañerxs zapatistas. En un contexto de agresiones constantes desde noviembre de 2019 por parte de un grupo de personas provenientes de diferentes comunidades aledañas conocidos como “Los 40 Invasores”, quienes han cercado y despojado 155 hectáreas de tierras recuperadas en 1994 por el EZLN, que forman parte del territorio colectivo de Nuevo San Gregorio [3].

Desde el mes de abril de 2019 La Región Moisés y Gandhi ha sido objeto de agresiones armadas por parte del grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), por un interés agrario de despojo de tierras recuperadas por el EZLN [4].

El 5 de mayo de 2022 el grupo paramilitar ORCAO desplazó de manera forzada a cuatro familias integradas por 29 personas en el Poblado de La Resistencia, además 11 familias integradas por 54 personas del Poblado Emiliano Zapata. A esto le sumamos las agresiones paramilitares hacia el Poblado de San Isidro y hacia el poblado de Moisés y Gandhi [5].

En otra agresión, el día 10 de enero de 2022 que aproximadamente a la 01:00 horas, fue atacada la comunidad autónoma 16 de Febrero en dónde un grupo no identificado de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas, entraron a la comunidad autónoma, demás de golpear a algunas familias y desaparecer por algunas horas a cuatro personas [6].

Como Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona hemos sido testigxs del digno proceso de resistencia y dignidad de las familias zapatistas para no ceder a las provocaciones criminales. Del mismo modo hemos sido testigos y acompañantes del trabajo de lxs observadorxs y de nuestrxs compañerxs del Frayba. Podemos asegurar que hemos intentado hacer un trabajo impecable como personas defensoras de derechos, donde el principal objetivo es y ha sido salvaguardar el proyecto de autonomía y de vida que representa la lucha zapatista. La importancia del trabajo de las BriCO es fundamental dentro del quehacer político en el estado de Chiapas, un trabajo que se ha realizado desde hace 28 años. Vemos altamente preocupante que este trabajo que apuesta a la vida se vea amenazado de diferentes formas hasta el extremo de amenazas de violación dirigida hacia nuestras compañeras observadoras. Es realmente lamentable que se suspendan las actividades de observación en ese territorio, sabemos y compartimos las razones del porque nuestrxs compas del Frayba han tomado dicha decisión, pues deja  en una vulnerabilidad a lxs pobladores de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio. Hoy, una vez más constatamos el desgobierno de la supuesta y cínica “Cuarta Transformación” que deja que la vida, la integridad física y emocional de los defensores de los derechos humanos se vea amenazada.

Frente a todo este escenario de guerra contra la vida y autonomías de los pueblos zapatistas podemos decir que son 28 años donde la Madre Tierra resiste y da sustento a las autonomías de los pueblos zapatistas, guardianes de las tierras recuperadas que son legítimamente tierras del EZLN. Desde ahí florece y semilla el tejido de la vida que resiste y se rebela ante este sistema capitalista criminal; mediante una relación de respeto y cuidado a la Madre Tierra con procesos organizativos a través de la autonomía desde la comunidad y la colectividad, son lugares de resistencia que alumbran el horizonte y podemos mirarnos en el espejo de que otro mundo está siendo posible.

Por ello, convocamos a lxs compañerxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y Redes de Resistencia y Rebeldía, a que todas y todos como compañerxs de lucha por la Vida y por la defensa de la Madre Tierra nos sumemos desde nuestras geografías, según nuestros modos, tiempos a MANIFESTARNOS A LA BREVEDAD que podamos, con el objetivo de denunciar esta Guerra contra la vida, las autonomías de los pueblos Zapatistas, por la seguridad integral de las personas defensoras de los derechos humanos y a exigir al desgobierno mexicano el cese a su complicidad e impunidad imperante.

Así también, convocamos a participar en acciones dislocadas y públicas durante la primera semana de agosto del 1-8 de agosto para visibilizar conjuntamente las denuncias. Es decir, llamamos a manifestarnos espontáneamente y conjuntamente, sin que una manera anule a la otra para romper el cerco mediático… Todas las voces!

!Alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas!
!Alto a las prácticas contrainsurgentes a las comunidades del Caracol 10 del EZLN!

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ
Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México)
Mujeres y la Sexta, Abya Yala
Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista (Red MyC Zapatista)

Adhesiones:
Sexta Grietas del Norte
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Mexicanos Unidos
Armando Soto Baeza
Carolina Concepcion González González . Profesora – Investigadora en la UABCS . La Paz, Baja California Sur
Peter Rosset
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR-Chiapas)
Diana Itzu Gutierrez Luna (Chiapas, México)
La Cátedra Jorge Alonso
Colectivo Nodo Solidale (México – Italia)
José Antonio Olvera Llamas
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía(NAR) de la Red Morelense de Apoyo al CNI/CIG
Lumaltik Herriak
Desmi A.C.
Charlotte Saenz
Caitlin Manning, San Francisco, CA
Comite de Apoyo a Chiapas, Oakland, CA
Miriam de Nazaret García del Saz
Enrique Bauza Ferre
Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires – Argentina
Raúl Zibechi (Uruguay)
Colectiva Corazón del Tiempo / Puelmapu territorio ancestral Mapuche
Ramona Mercado Autogestivo Natural, Córdoba, Argentina
Valeria Sbuelz, Córdoba, Argentina
Red de feminismos descoloniales
Citizens Summons, Bonn, Alemania
Tampico abajo y a la izquierda
Confederación General del Trabajo (CGT)
Constanza Araya Sandoval, Antropóloga, Madrid
Associació Cultural el Raval-El Lokal
IF Mexicogruppen, Dinamarca
Red Latina sin fronteras
Patrícia Rios Brandi
Centro de Documentación sobre Zapatismo – CEDOZ-
Elena Cedrón portal Confraternizarhoy, Argentina
¡Compas arriba! Medios Libres
Olivia Meehan
Asociación Cultural Q’anil, San Juan Sacatepéquez, Guatemala
Francisco De Parres Gómez – Antropólogo / Fotógrafo
Carolina Elizabeth Díaz Iñigo – Antropóloga
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Y Retiemble!. Colectivo de apoyo en Madrid al CNI-CIG y al EZLN
Miriam Barranco Díaz.
Ma. Eugenia Sanchez Diaz de Rivera. Puebla.
Colectivo gata-gata. Alemania.
André Nascimento
Assentamento Utopia e Luta – Porto Alegre-Brasil
Valentina Cisneros
Israel Mora Pirra
Antonio Gritón (artista visual)
Arturo Anguiano Profesor-investigador
Morfin Otero, Francisco
Inés Durán Matute
Escuelas para Chiapas
Kate Keller
Alicia Castellanos Guerrero
Gilberto Lopéz y Rivas
Sylvia Marcos
Bárbara Zamora
Raúl Delgado Wise
Ana Esther Ceceña
Juan Villoro
Jorge Alonso Sánchez
Márgara Millán
Servando Gajá
Comunidad Circular AC
Sashenka Fierro Resendiz, Ensenada, BC
Magdalena Gómez
JAD Co.Productions
Núria Gràcia
María Eugenia Sánchez
Magdalena Gómez
Aída Hernández
Juan Carlos Rulfo
Elisa Cruz Rueda
Raúl Romero Gallardo
Silvia Resendiz Flores, Activista feminista, Ensenada Baja California
Luiz Alberto Barreto Leite Sanz
Epifanía Pérez Vázquez, Adherente a la Sexta Declaración
Cassio Brancaleone
Arbel Mendoza Pérez/ Misión de Guadalupe, Chiapas
Clara Redal Montané, Madrid
Unitierra Oaxaca
Carlos López Beltrán
Paula Mónaco Felipe
Mujeres de la Sexta Jovel
Coopia
Lengualerta (cantor-CDMX)
Fernanda Navarro
Renata Ferreira da Silveira – Porto Alegre/Brasil
Marcelo Argenta Câmara – Porto Alegre/Brasil
Dilermando Cataneo da Silveira – Porto Alegre/Brasil
Bárbara Gonçalves Hesseln – Porto Alegre/Brasil
Nelson Rego – Porto Alegre/Brasil
Sinthia Cristina Batista – Agb Porto Alegre – Docente UFRGS – Porto
Alegre/Brasil
Ateneu Libertário A Batalha da Várzea – Porto Alegre/Brasil
Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Porto Alegre
Teia dos Povos – Brasil
Teia dos Povos São Paulo – Brasil
Teia dos Povos Rio Grande do Sul – Brasil
Teia dos Povos Ceará – Brasil
Teia dos Povos São Paulo – Brasil
Território Junana – Maquiné/Brasil
Utopia e Luta Assentamento Urbano – Porto Alegre/Brasil
Federação Anarquista Gaúcha – FAG – Brasil
Resistência Popular Vale dos Sinos – Brasil
Deriva Jornailsmo Independente – Brasil
Mecha de Arizona State University
LifeLockDIY
Abya Yala rompe el cerco
Colectivo CriptoPozol + DDHH
Red de Rebeldía y Resistrenzas Puebla
Jorge Luis López
Cooperativa Pulmón de Oxígeno conformada por la colectiva el Timón Bailarin
Patricia Sepúlveda Parrao, música y docente Universidad de Talca, Chile.
Café Libertad Kollektiv, Hamburgo, Alemania
La caminata de los pueblos indígenas de Córdoba. Argentina
Visión alternativa a.c.
Mujeres que luchan Xalapa
RASH GDL Rojos y Anarquistas skinheads sección GDL
Ma. del Carmen Bustos Garduño
Víctor Gutiérrez Torres, Voces de la educación
Angélique Sapolin
Elías González Gómez del blog Amanecer
La Zarzamora de Wallmapu
Colectivo Acción Solidaria en Viena Austria
Andreas Bethmann, Bremen, Alemania
Nodo de Derechos Humanos
Solidarisches Mittelhessen

Más adhesiones: ajmaq_chiapas@riseup.net

[1] https://frayba.org.mx/desplazamiento-zapatistas-el-esfuerzo
[2] https://frayba.org.mx/amenazas-de-muerte-contra-observadores-nacionales-e-internacionales
[3] https://frayba.org.mx/brigadas-civiles-de-observacion-en-la-comunidad-autonoma-nuevo-san-gregorio
[4] https://redajmaq.org/es/informecaravana2020
[5] https://redajmaq.org/es/denuncia-de-desplazamiento-forzado-las-comunidades-zapatistas-poblado-la-resistencia-y-poblado
[6] https://frayba.org.mx/desaparicion-forzada-de-4-bases-de-apoyo-zapatistas-del-caracol-patria-nueva-municipio-de-ocosingo

radio
Asamblea de Comunidades, Organizaciones y Colectividades integrantes del CNI Oaxaca

(Español) Pronunciamiento de la Asamblea de comunidades, organizaciones y colectividades integrantes del Congreso Nacional Indígena, Oaxaca

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Convocados y reunidos pueblos Chontales, Chatinos, Zapotecos de Valles centrales y del Istmo, Ñu saavi, Mazatecos, Chinantecos, Zoques y Otomíes residentes en la ciudad de México. Reunidos en Santa María Zapotitlán, comunidad Chontal al sur de Oaxaca declarada como territorio prohibido para la minería. Nos pronunciamos contra la guerra de exterminio capitalista y de sus diferentes rostros de muerte.

Tales como la imposición de 425 concesiones mineras existentes en el estado de Oaxaca que abarcan en su conjunto 6 millones 350 mil hectáreas, ya que ninguna de estas concesiones ha sido autorizada por los pueblos.

Los pueblos chontales exigimos a la Secretaría de Economía que, retire de su cartografía minera la concesión denominada Zapotitlán 1, y que se respete la libre determinación de las comunidades contra la imposición de la industria minera.

Responsabilizamos a la empresa minera Continuum Resources y al gobierno estatal y federal por los ataques paramilitares hacia la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, ya que, no bastando con la destrucción e incineración de sus viviendas y cultivos, se sostiene una agresión constante con armas de alto poder hacia la población que actualmente se encuentra bajo asedio para dar paso a la extracción minera.

Exigimos la cancelación inmediata de las 425 concesiones mineras emitidas en el estado de Oaxaca.

Además, alertamos que como parte de los pueblos originarios chatinos y chontales de la Sierra Sur y del Istmo en Oaxaca estamos siendo impactados por los efectos de la crisis climática, como la proliferación de plagas que están devastando los bosques.

También exigimos al Estado el respeto a la libre determinación de los pueblos y denunciamos la simulación de asambleas, y falsas consultas que buscan legitimar la imposición de proyectos neocoloniales que generan despojo, represión, explotación y desprecio, bajo una pretendida lógica de desarrollo y progreso, tales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

Exigimos un alto a las agresiones y hostigamientos contra David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera San Blas Atempa, quienes se organizan contra la imposición del Corredor Interoceánico.

Nos declaramos en alerta máxima por la aceleración de los megaproyectos de desarrollo
establecidos para el sur-sureste mexicano y llamamos a fortalecer los procesos de resistencia desde los pueblos originarios, para posicionarse contra la violencia, el despojo y la devastación de los cuerpos y territorios. Nuestra lucha antipatriarcal se pronuncia contra el asesinato de las defensoras de los territorios y exigimos un alto a todas las formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales.

De la misma manera nos pronunciamos contra la biopiratería disfrazada de espeleología que durante más de 50 años ha realizado actividades sin la autorización de las comunidades mazatecas, a quienes tampoco les han informado sobre los objetivos de su trabajo.

Exigimos verdad y justicia para nuestro compañero zapoteco xiche Álvaro Sebastián Ramírez, asesinado cobardemente el pasado 19 de julio del 2022.

Denunciamos la privatización del agua que el gran capital lleva a cabo en el estado de Querétaro, lo cual ha sido señalado por la comunidad Otomí. Alto a las agresiones y hostigamiento para quienes defendemos el agua.

Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, así como del compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, y del resto de presos políticos del país.

¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas quienes han sido blanco de ataques paramilitares con la anuencia del Estado!

Atentamente
Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDNT), Tequio Jurídico, Comuneras y comuneros de la comunidad El Rebollero, Colectivo Somos Pueblo, Pueblo y Migrantes Ñuu Savi, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio (APIIDTT), Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC – Sierra Mazateca), Pueblo Chinanteco, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Red de
Apoyo de la comunidad El Rebollero, Cuatro Venados, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pueblo Zoque residente en la ciudad de Guadalajara y Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México.

radio
Avispa Midia

(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

radio
Avispa Midia

(Español) En Oaxaca existen 422 concesiones mineras, en su avance va encontrando resistencia

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Economía de México, hasta el año 2022, en todo el territorio de Oaxaca se registran 422 concesiones mineras que, en su mayoría, pretenden explotar oro y plata, entre otros. De estas concesiones al menos 297 están con actividades vigentes. Ningún pueblo originario ha sido consultado ni informado sobre las implicaciones de esta industria extractiva.

A continuación, presentamos un documental elaborado por el equipo de Avispa Midia que recogen las voces de habitantes que viven en torno a la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Esta empresa tuvo un derrame de desechos tóxicos en el año 2018 y hasta el momento se viven las afectaciones.

En el resto de Oaxaca diversos pueblos se han comenzado a organizar para resistir y no dejar que avancen estas concesiones en sus territorios, lo que ha generado descontento por varios sectores del gobierno y el sector empresarial. Estos pueblos han espejeado lo que ha sucedido con la Minera Cuzcatlán y no quieren vivir esta situación.

https://youtu.be/4gvpdEcHycU

Conoce la investigación: Minera Cuzcatlán, con licencia para contaminar

 

radio
Avispa Midia

(Español) Gobierno favorece a Sempra Energy y deja en el olvido un preso político indígena

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Son más de 2 mil días en prisión. Han pasado tantas cosas fuera de los muros, pero la memoria esta fresca, como si todo hubiera sucedido ayer. Fidencio Aldama, originario de la Tribu Yaqui, del estado de Sonora, rememora siempre que puede por qué esta en el encierro y culpa directamente al gobierno y a la transnacional estadounidense Sempra Energy de ello.

Fidencio fue llevado a prisión desde octubre del año 2016 por un supuesto homicidio que el sostiene que no cometió. Tiene presente cada acontecimiento en el que participó y contextualiza en un audio (recientemente publicado por la red de activistas que los apoyan), que antes de que lo detuvieran, “habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones”, refiriéndose al gasoducto denominado Guaymas-El Oro, de la empresa Ienova, filial de Sempra Energy, el cual pretendía cruzar por 90 kilómetros dentro del territorio Yaqui.

El preso político recuerda que en aquel momento se habían reunido los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, dónde se llegaron a algunos acuerdos sobre este proyecto. La empresa ofreció entre 150 y 300 pesos mexicanos por metro lineal por donde cruzaría este ducto.

Según cuenta el indígena, las personas interesadas en que el gasoducto cruzara por el territorio Yaqui, “observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores (de cada pueblo) para que aceptaran el trato del gasoducto”.

Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México

El único pueblo que no lograron convencer fue Loma de Bácum. Incluso, en la propia Acta Marco de la Consulta Previa, Libre e Informada, realizada por la Secretaría de Energía (SENER) y la empresa Ienova, se establece que dicha consulta fue aprobada por los 8 pueblos que conforman la Tribu Yaqui, pero este documento, en los espacios que corresponden al pueblo de Loma de Bácum, quedaron vacíos, es decir, nadie firmó esta supuesta consulta.

La comunidad de Loma de Bácum determinó no aprobar este proyecto, ya que consideraban que, por la cercanía de las viviendas, se corría un alto riesgo. Al menos en ese sentido, la Consulta sí anunció este posible riesgo, ya que el gasoducto llamado Guaymas-El Oro, transportará diariamente 510 millones de pies cúbicos de gas metano, “altamente inflamable en contacto con el oxigeno”, considerando que las temperaturas que alcanzan al momento de transportar el metano alcanzan “un intervalo de 10 a 50 grados centígrados”, se estipula en el Acta de la Consulta, lo que significa que con alguna fuga podría estallar.

El asesinato

Un juez federal en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión de la construcción de este gasoducto, al menos en el área de influencia de Loma de Bácum, por no tener el consentimiento de toda la tribu. No obstante, la filial de Sempra Energy continuó con sus labores de construcción. Fue así que este pueblo decidió parar la construcción por sus propias manos apegados la libre determinación como pueblo indígena. Fueron acusados por Ienova como acto de sabotaje.

Fidencio cuenta que, “al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum”.

Fue así que el primero de octubre de 2016 un grupo armado irrumpió en la comunidad que no quiso firmar. Lo que pretendían dice Fidencio, era “derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados”.

El fallecido en esta trifulca respondía al nombre de Cruz Buitimea Piñas, responsabilizando a Fidencio Aldama por su muerte, motivo por el cual fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, en Sonora.

Fidencio hoy se considera un preso político y, asegura que en la carpeta de investigación de su caso “existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomó valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, inocente”.

El indígena Yaqui, como parte de la Guardia Tradicional de este pueblo, tenía el derecho de estar armado con ciertos tipos de armas para velar por la seguridad del pueblo, tal y como lo marca la ley mexicana y apegados a la libre determinación como pueblo originario. “En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esforcé por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales”, comparte Fidencio.

Entre las palabras que comparte Fidencio, sin duda alguna, se considera “una persona de buena conducta”, tan es así que, para obtener su libertad, le ha apostado a la solidaridad y a seguir “las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo”.

Al final de su audio-carta, llama a su pueblo para seguir luchando y para no dejarse vencer.

Amlo se reune con empresarios de EEUU en su gira por este país. Entre ellos, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova

Más beneficios a Sempra Energy

El pasado mes de enero, La Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por su Director General Manuel Bartlett Díaz, y la empresa Sempra Energy, a través de su Presidenta para México Tania Ortiz Mena (ex consejera de la Comisión Reguladora de Energía), firmaron un acuerdo que contempla la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas –El Oro, a través de una nueva ruta “que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto”, anunciaron en un boletín de prensa.

De acuerdo con estas instancias, con esta nueva ruta, la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo.

La empresa Sempra Energy no perdió ni un peso, ya que mientras la construcción fue detenida, el gobierno mexicano en turno, que presidía Enrique Peña Nieto y, con la administración actual, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, recibió el pago de sus servicios como si los estuviera brindando.

Esto fue debido a que en los contratos se establecieron clausulas que Obrador, cuando recién asumió el poder, les llamo de “ventajosas y leoninas”, las cuales se apegaban a clausulas de “fuerza mayor y caso fortuito”.

A parte de reactivar el Gasoducto Guaymas-El Oro, el acuerdo da mayores beneficios a la empresa Sempra Energy, ya que se le adjudica directamente el desarrollo conjunto de la terminal Vista Pacífico LNG, en Topolobampo, Sinaloa. Esta terminal permitirá la importación de alrededor de 4 millones de toneladas métricas de gas natural por año, proveniente desde las cuencas de Texas hasta Topolobampo. “En apego al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de suministrar al estado con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente”, según la CFE.

Reunión con Sempra Energy

El presidente de México cerró este miércoles (13) una gira de dos días por Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el presidente de este país, Joe Biden. También acudió al encuentro denominado CEO Dialogue, una reunión con empresarios de ambos países, donde figuró el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. También brilló la presencia de, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova.

López Obrador sostuvo que las empresas estadounidenses planean invertir 40 mil millones de dólares en México de aquí a 2024, principalmente en el sector energético.

Sempra Energy es una de las transnacionales que va acaparando diversas ramas del sector energético en México pues integra el transporte, almacenamiento y distribución de gas (natural, etano y LP), además de la generación de electricidad y almacenamiento de productos refinados.

Tan solo en 2018, ya contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas proveniente de los Estados Unidos.

Al cierre de 2020 su presencia abarca a 17 estados de la República Mexicana con 10 mil millones de dólares en activos totales, “posicionándonos como una de las empresas privadas de energía más grandes del país”, rezan los informes financieros de esta empresa.

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