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Cholollan Radio

El precio de defender la tierra: Samir Flores y los pueblos en resistencia

Por D Moctezuma McQuade y Daniela Gutiérrez

La impunidad sobre el asesinato de Samir Flores persiste, como lo demuestra el más reciente aplazamiento de la audiencia del pasado 17 de septiembre de 2025, solicitado por la Fiscalía para localizar a testigos clave. El caso fue reprogramado para el 10 de noviembre del mismo año, manteniendo vivo el reclamo de justicia.

2013:
1.- https://www.youtube.com/watch?v=H1qyRERcmBc
2.- https://www.educaoaxaca.org/comprueban-actos-de-tortura-contra-el-defensor-jaime-dominguez-opositor-del-proyecto-integral-morelos/

2014:
1.- https://redtdt.org.mx/archivos/9261

9 feb 2019:
1.-https://www.ladobe.com.mx/2019/02/asi-fue-la-consulta-ciudadana-sobre-el-gasoducto-morelos-en-puebla/

19 feb 2019:
1.-https://www.youtube.com/watch?v=BMuLcU0VEak

20 feb 2019:
1.-https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/2/20/asesinan-lider-opositor-la-termoelectrica-de-huexca-220553.html

actores señalados:
1.-https://drive.google.com/file/d/1mbjI6P6OqVdkI-f3FDLbEaRxoZ1q4R7s/view

La historia de Samir Flores Soberanes está intrínsecamente ligada a la defensa de la vida del pueblo de Amilcingo, Morelos y su lucha en oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) una iniciativa federal que comprendía la construcción de una termoeléctrica de 620 MW en Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla y un acueducto para abastecimiento de agua a la termoeléctrica.

​​Detrás del PIM se encuentra una red de intereses corporativos transnacionales que incluye a la empresa estadounidense Macquarie Infrastructure Partners que compró el gasoducto a las españolas Elecnor y Enagás en 2022, la francesa Saint Gobain, Schaeffler México, Volkswagen, Audi y la Asociación de Empresianos del Parque Industrial Ciudad Textil, estas corporaciones han presionado activamente para la operación del gasoducto a pesar de los riesgos documentados.

Las comunidades de la región Iztapopo de origen náhuatl, se opusieron firmemente al proyecto argumentando graves riesgos ambientales y sociales: la termoeléctrica al consumir grandes volúmenes de agua, agravará la escasez ya que afecta a la zona y contaminaría el aire; el gasoducto al pasar por zonas de alta actividad volcánica y cerca de poblaciones, representaba un peligro de explosión inminente; y finalmente el acueducto afectaría los mantos acuíferos locales y el Río Cuautla, completando una serie de impactos interconectados que motivaron la resistencia comunitaria. Esta resistencia se consolidó con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), constituido formalmente en Huexca, Morelos, en 2012. El Frente, integrado por comunidades indígenas y campesinas, coordina la defensa del territorio mediante asambleas, acciones legales, protestas públicas y el ejercicio de la comunicación comunitaria. A pesar de la resistencia el proyecto recibió luz verde del gobierno federal, que convocó a una «consulta» en febrero de 2019, criticada por las comunidades por estar viciada y no ser libre ni informada.  

Fuentes: LADO B 

La oposición se intensificó porque el gasoducto atraviesa rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, ignorando las advertencias del Cenapred y el Instituto de Geofísica de la UNAM sobre el riesgo catastrófico que esto representa para aproximadamente 800,000 personas en caso de erupción.

Este año se cumplen 13 años de imposiciones para hacer funcionar el Proyecto Integral Morelos (PIM) y 6 años de lo que las comunidades denominan «la sangrienta traición» del gobierno federal. El 10 de febrero de 2019, Samir junto a representantes de decenas de pueblos afectados enfrentaron al presidente López Obrador en Huexca, gritando consignas como «¡agua sí, termo no!» y exigiendo que cumpliera su palabra de campaña de cancelar el proyecto. La respuesta presidencial fue descalificar a los manifestantes tachándolos de «conservadores», en lo que el FPDTA-MPT considera que fue una sentencia de muerte para Samir, asesinado 10 días después.

¿Quién fue Samir Flores Soberanes?

Foto por Miryam Vargas – Cholollan Radio

Samir Flores Soberanes (Amilcingo, Temoac, Morelos; 2 de agosto de 1982 – 20 de febrero de 2019) fue un campesino, comunicador comunitario y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, fundador de la emisora Radio Comunitaria Amilcingo, utilizó este medio para informar y organizar a su comunidad sobre los riesgos del PIM.

Como líder visible de la resistencia, Samir no solo era un opositor vocal del megaproyecto, sino también un ferviente promotor de la autonomía de los pueblos y la defensa del territorio. Su trabajo se enmarca en el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, a la información y a defender los derechos humanos, reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.

Desde Radio Amilcingo, Samir informaba a la zona Oriente de Morelos y parte de Puebla sobre las consecuencias del PIM. Su compromiso con la autonomía comunitaria se extendía a la construcción de proyectos educativos, de salud comunitaria y la defensa de los usos y costumbres, incluyendo su última iniciativa inconclusa: una escuela preparatoria para la comunidad de Amilcingo.

Foto por Miryam Vargas – Cholollan Radio

El Asesinato y la Impunidad Persistente

La madrugada del 20 de febrero de 2019, dos días antes de la realización de la consulta sobre el PIM, Samir Flores fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Amilcingo por sujetos que llegaron en un vehículo. El crimen fue ampliamente denunciado como un asesinato político destinado a silenciar la oposición más crítica y amedrentar a la comunidad en vísperas de la votación.

A pesar de las promesas de justicia, el caso continúa plagado de impunidad. Han pasado más de seis años y los avances son mínimos. El proceso judicial contra Javier ‘N’, presunto autor material del asesinato de Samir Flores, ha registrado al menos 15 diferimientos de audiencias. Incluso el pasado 17 de septiembre de 2025, la audiencia programada resultó en un nuevo aplazamiento, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para ubicar a testigos clave del caso que no han sido localizados. Tras esta solicitud, se obtuvo una reprogramación para el próximo 10 de noviembre de este mismo año.

Tras seis años de impunidad, la lucha por justicia para Samir Flores Soberanes ha trascendido las fronteras de México, transformándose en un emblemático caso de la criminalización global contra defensores ambientales. La internacionalización de esta causa se manifestó mediante la instalación de monumentos en honor al «Defensor del Agua» en diversas ciudades de México, Francia e Italia, convirtiéndose en una potente herramienta de visibilización y presión internacional.

El Frente de Pueblos ha denunciado una red de poder que conecta a los autores intelectuales y materiales del asesinato. Según sus investigaciones, el entonces superdelegado federal Hugo Erik Flores (abogado de los asesinos de Acteal y líder del PES) operó la ejecución, mientras que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación «a cambio de pacificar», ordenando al grupo criminal de «Los Aparicio» la ejecución de Samir, esta red delincuencial evidenciaría la existencia de un narcoestado que opera a favor de intereses capitalistas internacionales beneficiados por el PIM.

El diagrama de relaciones del narcogobierno —incluido al final de este documento— ilustra gráficamente los vínculos entre actores políticos, corporativos y criminales señalados en el asesinato de Samir Flores. Este mapeo, desarrollado por el Frente de Pueblos (2025), muestra cómo se articulan las conexiones entre el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el ex subdelegado federal Hugo Érick Flores, el cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal «Los Aparicio» y las empresas trasnacionales beneficiarias del PIM, configurando una estructura de impunidad y violencia.

Fuente: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos-Puebla-Tlaxcala

https://www.congresonacionalindigena.org/2025/02/13/mapa-relaciones-del-narcogobierno-en-el-asesinato-de-samir-flores/

La violencia contra el FPDTA-MPT incluye 26 defensores judicializados, 3 detenciones ilegales, el cierre violento de dos medios comunitarios y casos documentados de tortura, además del asesinato de Samir Flores, por lo que esta represión se enmarca en la imposición del PIM mediante fuerza pública estatal y federal, incluyendo el uso del ejército mexicano para resguardar maquinaria de construcción.

Patrón de Violencia: La misma estrategia de silenciamiento se repite

La sombra de la violencia que se cierne sobre los defensores de la tierra y el agua en Morelos se alargó nuevamente en septiembre de 2025. Carolina, una mujer integrante de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), fue asesinada a tiros en la comunidad de El Hospital, Cuautla. Este crimen ocurre en un contexto de impunidad estructural, evidenciado por la reciente y tardía recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso de tortura de Jaime Domínguez, ocurrido en 2013, y que solo fue reconocido formalmente doce años después.

Este crimen contra Carolina resuena como un eco siniestro de otros asesinatos. Francisco Vazquez, integrante del Consejo de Vigilancia en ASURCO, fue asesinado en su campo por dos sujetos a bordo de motocicletas el 10 de febrero del 2022, a su vez ambos homicidios recuerdan el del defensor nahua Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019. Los tres casos permanecen en la más absoluta impunidad.

Un sistema que protege a los agresores

La lucha por la justicia para los defensores criminalizados y asesinados se topa con un muro institucional. La CEDH de Morelos emitió finalmente una recomendación en 2024 por la tortura y detención ilegal de Jaime Domínguez, un opositor al PIM detenido en 2013. Este reconocimiento llegó después de más de una década, tras dos intentos fallidos porque el Estado alegó no tener personal especializado para aplicar el Protocolo de Estambul. Esta demora es un ejemplo claro de la negación sistemática de justicia que enfrentan las víctimas.

Este patrón se repite en los asesinatos: misma causa (pertenecer a ASURCO y oponerse al Proyecto Integral Morelos), mismo método de agresión (ataques con motocicletas) y misma impunidad. Aunque las autoridades estatales suelen encasillar estos hechos como «violencia delictiva genérica», para las comunidades representan una estrategia coordinada que combina el terror paramilitar con la negligencia estatal para eliminar la oposición social.

Frente a este contexto, las comunidades exigen: la investigación y castigo a los autores intelectuales de los asesinatos de Carolina, Francisco Vázquez y Samir Flores, y la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos.

La respuesta desde las comunidades sigue siendo la organización, la memoria digna y la resistencia que convierte la muerte en semilla de lucha, en un camino donde la solidaridad internacional contrasta con la impunidad local.

Derechos Humanos Violados

El caso de Samir Flores constituye una grave violación múltiple de derechos humanos reconocidos internacionalmente, en primer lugar se vulnera su derecho fundamental a la vida, establecido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al ser víctima de una ejecución extrajudicial directamente relacionada con su labor como defensor ambiental.

Adicionalmente se ha configurado una sistemática negación de su derecho a la justicia (Artículo 8 de la Declaración Universal), manifestada a través de las continuas dilaciones procesales y la falta de una investigación efectiva que permitiera esclarecer completamente los hechos y sancionar a todos los responsables. El crimen también representó una violación al derecho a la libertad de expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal) al silenciarse violentamente su voz crítica y su trabajo como comunicador comunitario que informaba sobre los impactos del proyecto en su comunidad.

Asimismo, se transgredió el derecho a defender derechos humanos, reconocido en la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, mediante la criminalización de su protesta social y su legítima oposición al megaproyecto.

Finalmente el contexto en el que ocurrieron estos hechos evidencia la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, al imponerse el Proyecto Integral Morelos sin el consentimiento de las comunidades afectadas, lo que creó el ambiente de conflictividad que dió paso a estos lamentables acontecimientos.

La violencia, ilegalidad, colonialismo, racismo y arbitrariedad con que se ha impuesto el Proyecto Integral Morelos ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en los próximos meses los pueblos del volcán y el Estado Mexicano presentarán argumentos sobre la problemática instalación del PIM en zona de riesgo eruptivo y sin consentimiento de los pueblos.

Conclusión

El caso de Samir Flores Soberanes trasciende el asesinato de un defensor ambiental para convertirse en el símbolo de una lucha civilizatoria entre dos modelos de mundo antagónicos. Por un lado, se encuentra la visión extractivista representada por el Proyecto Integral Morelos respaldada por un entramado de intereses transnacionales sobre los combustibles fósiles, autoridades coludidas y grupos criminales, que ven en la tierra y el agua meras mercancías para su explotación. Por el otro, la cosmovisión de los pueblos náhuatl, que entienden el territorio como un ser vivo, sagrado e inseparable de su existencia cultural y material.

Es en este conflicto donde la figura de Samir ha sido asumida como un símbolo de la lucha de los pueblos originarios por la defensa de su territorio por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, el FPDTA-MPT ha construido una red de solidaridad transnacional con organizaciones como Front Line Defenders y Peace Brigades International, que brindan acompañamiento crucial en incidencia, seguridad y visibilización internacional.

La implacable impunidad durante seis años no es falla del sistema, sino su funcionamiento esencial: implementación de necropolítica, un mecanismo diseñado para proteger a los autores intelectuales que operan desde las altas esferas del poder político y económico. La red que conecta a Macquarie Infrastructure Partners, funcionarios como Cuauhtémoc Blanco y Hugo Érick Flores, y grupos criminales como «Los Aparicio» y el CJNG, revela la verdadera naturaleza del crimen: un asesinato narco-político donde el capital global utiliza al crimen organizado como brazo armado para eliminar la resistencia al despojo.

El asesinato de Carolina, integrante de la misma organización, confirma que se trata de una estrategia sistemática de terror destinada a aniquilar la resistencia comunitaria. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, la violencia ha internacionalizado la lucha, convirtiendo a Samir Flores en un símbolo global de la defensa de la vida frente al capital energético depredador.

La paradoja final es que las balas que intentaron silenciar a Samir multiplicaron su voz: hoy resuena en las universidades europeas, en los memoriales internacionales, en las radios comunitarias y en las demandas ante la CIDH. Su legado evidencia que la verdadera justicia no llegará desde los tribunales corruptos sino desde la organización comunitaria que convierte el duelo en semilla de rebeldía.

La lucha continúa porque, como aprendieron los pueblos del volcán, defender el agua no es un delito sino el acto más profundo de amor por la vida. Y mientras el gasoducto permanezca como una amenaza latente y los asesinos siguen libres, la palabra de Samir seguirá vibrando: «piensan que son dueños de nuestras vidas, de nuestras aguas, de nuestros montes, de nuestros árboles y es ahí donde nosotros, con nuestra posición, no vamos a desistir, no vamos a renunciar a nuestros pueblos, porque aquí nacimos y si es posible, en su defensa, aquí moriremos”. 

Fuentes de Información:

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Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

5º ANIVERSARIO DE RESISTENCIA Y REBELDÍA EN LA TOMA DEL INPI” “Festival de Arte, Resistencia y Rebeldía”

Ciudad de México, septiembre de 2025

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A Quienes firmaron la Declaración por la Vida
A Quienes luchan y resisten en todo el mundo contra el Genocidio al Pueblo Palestino
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Al Pueblo de México y del mundo.

Herman@s Tod@s

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. Cualquiera que se crea libre y no lo está…

«La Cuarta Guerra Mundial» SubComandante Insurgente Marcos
La Realidad, Chiapas, 20 de noviembre de 1999

12 DE OCTUBRE
DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

Nosotr@s hombres, mujeres, niñ@s y ancian@s integrantes de la Comunidad Indígena Otomí, residentes en la CDMX, no tenemos nada que celebrar que no sean…

“533 AÑOS DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS”
“29 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI”
“5 AÑOS DE LA TOMA DEL MAL LLAMADO INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INPI”

Compañer@s Tod@s

Desde Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” y a 5 años de la Toma del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, nosotr@s hombres, mujeres, niñ@s y ancian@s integrantes de la Comunidad Indígena Otomí, residentes en la CDMX, denunciamos, que con otros dicursos, con otros programas de gobierno, con otros nombres, con otros rostros, con otra “procuración de justicia”, la “Tranformación”, sigue imponiendo colonización, esclavitud, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos, militarización y despojo del agua, la vida y el territorio. 5 años también, de que los traidores de los Pueblos, Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar Ortíz, no despachan en lo que fueron sus oficinas.

533 años de Resistencia y Dignidad Indígena han pasado, y ellos siguen celebrando el “Encuentro de dos Mundos”o la “Conquista de América”, no reconocen que esta fecha, representa para los pueblos, el mayor genocidio en la historia de la humanidad y el exterminio de nuestras formas de gbobierno, lenguas, cultutas, tradiciones. Por tanto, nosotros reafirmamos, que la guerra capitalista que se impone sobre nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas, es el verdadero rostro de la mal llamada Cuarta Tranformación, la misma que avanza sobre las cuatro ruedas del capitalismo, Explotando, Despojando, Reprimiendo y Despreciando la lucha y la resistencia de nuestros pueblos.

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GT "Cuerpos, Territorios, Resistencias" de CLACSO

Comunicado del Grupo de Trabajo CLACSO “Cuerpos, Territorios, Resistencias” ante los ataques contra las tierras recuperadas zapatistas y su gobierno común

COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO CLACSO
“CUERPOS, TERRITORIOS, RESISTENCIAS”
ANTE LOS ATAQUES CONTRA LAS TIERRAS RECUPERADAS ZAPATISTAS
Y SU GOBIERNO COMÚN

Desde el GT “Cuerpos, Territorios, Resistencias” de CLACSO queremos expresar por este medio nuestra indignación y enorme preocupación tras conocer la denuncia emitida por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z) del Gobierno en Común (Chiapas, México), con fecha de 24 septiembre de 2025. Como narran los compañeros y compañeras zapatistas, el poblado Belén (en el territorio perteneciente al Caracol Dolores Hidalgo) ha sufrido la invasión de sus tierras recuperadas en varias ocasiones: 30 personas del municipio de Huixtán ocuparon dichas tierras los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto de 2025. En esta ocasión fueron acompañados por miembros del Ejército Federal y la policía municipal de Ocosingo. Aunque los compañeros y compañeras zapatistas intentaron dialogar, los invasores reclamaron esas tierras argumentando que se las había vendido el gobierno y que contaban con documentos legales. Durante la incursión, amenazaron a los compañeros zapatistas, intentaron cooptarlos, destruyeron carteles y realizaron mediciones de tierra.

Durante los días 18, 20 y 22 de septiembre del año en curso volvieron a ser ocupadas esas tierras zapatistas por 15 personas. El día 20 de septiembre acudieron camionetas del Ejército Federal, de la policía municipal de Ocosingo, así como de la fiscalía general del estado. Aunque, de nuevo, las y los zapatistas intentaron dialogar, los invasores destruyeron y quemaron casas de los zapatistas.

Denunciamos estos graves hechos que suponen una violación a los derechos colectivos de los pueblos zapatistas y un ataque a su gobierno en común. Ataques que profundizan las divisiones comunitarias y encienden la mecha en un territorio donde el crimen organizado, con la impunidad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ha generado desplazamientos forzosos.

Recordamos que las tierras recuperadas en 1994 por parte de los zapatistas están siendo trabajadas en colectivo y en común con personas no zapatistas, dentro de la nueva propuesta de crear “tierras sin papeles”, tal y como los zapatistas informaron en enero de 2024, coincidiendo con el 30º aniversario del levantamiento armado zapatista.

En la reciente denuncia zapatista, ellos explican que esas tierras ya fueron pagadas por el gobierno mexicano a los terratenientes, como parte de las indemnizaciones que se llevaron a cabo tras la rebelión armada. Cabe mencionar que la invasión de tierras recuperadas por parte de grupos varios no es algo nuevo, sino que ha sido una constante y parte de una guerra contrainsurgente que hoy, una vez más, se torna en guerra prolongada de desgaste.

Mientras los y las zapatistas construyen, desde hace décadas, un proceso organizativo autónomo desde el que han sembrado paz en un contexto de militarización y de guerra permanente contra las comunidades, pareciera que los gobiernos de los tres niveles pretenden desatar conflictos entre organizaciones indígenas que puedan generar una escalada de violencia de mayores dimensiones que torne la zona en un polvorín.

Exigimos a todos los niveles del gobierno actual –autodenominado de la Cuarta Transformación–, que respete el ejercicio de la autonomía zapatista y sus tierras recuperadas en las que siembran la vida buena y la paz. En el pasado Encuentro de Resistencias y Rebeldías, celebrado en agosto de este año, El Subcomandante Moisés afirmó: “Hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras”, aludiendo a las reiteradas violencias a las que los pueblos zapatistas resisten por muchas vías, una de ellas a través de políticas contrainsurgentes tales como el programa gubernamental llamado “Sembrando Vida”. Dicho programa promueve división constante de las tierras comunitarias, empuja a miembros de las comunidades indígenas que lo reciben a la migración e, incluso, a sumarse a las filas del crimen organizado.

En estos tiempos en los que asistimos al genocidio en Gaza, fruto de una política de colonización sistemática, de deshumanización constante del pueblo palestino, reivindicamos el fin de las políticas neocoloniales que siguen violentando la vida comunitaria de los pueblos originarios y, en particular, de nuestros compañeros y compañeras zapatistas que, durante más de 500 años han resistido y por más de 30 años han dejado de lado las armas y se han enfocado en construir un proyecto de Vida frente a los sistemas de muerte, buscando así la vida en común de la cual somos parte en cuanto habitantes del planeta Tierra.

Por todo lo anterior nos sumamos a las acciones de solidaridad con los pueblos zapatistas y al repudio generalizado expresado por el Congreso Nacional Indígena por las acciones denunciadas por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z).

Afirmamos que este ataque al territorio zapatista y a su autonomía representa un ataque a todas nosotras y nosotros. Exigimos, contundentemente, el fin de las políticas de muerte que se practican en el territorio zapatista, en Ecuador, en Gaza y en todas las partes del mundo de este gran planeta Tierra.

¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y sus gobiernos en común!
¡Alto a la represión y criminalización de las y los hermanos del Ecuador!
¡Alto al genocidio en Gaza!

GRUPO DE TRABAJO CLACSO
“CUERPOS, TERRITORIOS, RESISTENCIAS”
Planeta Tierra, a 29 de septiembre de 2025

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Terci@s Compas Zapatistas

EZLN | IMÁGENES PARA LA MAÑANERA DE LOS FINQUEROS

IMÁGENES PARA LA MAÑANERA DE LOS FINQUEROS


Imágenes cortesía de los Terci@s Compas Zapatistas

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Congreso Nacional Indígena

El Congreso Nacional Indígena denuncia las continuas agresiones en contra de las Bases de Apoyo del EZLN, pertenecientes al poblado de Belén, región campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, y en forma URGENTE convoca a la organización y movilización en su apoyo y solidaridad

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

Con rabia, hacemos nuestra la denuncia realizada por la ASAMBLEA DE COLECTIVOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS ZAPATISTAS en el sentido de que los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto del año en curso se presentaron al poblado Belén de la región campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, 30 personas pertenecientes al municipio de Huixtán, resguardadas por el Ejército Mexicano junto con la policía municipal de Ocosingo y encabezadas por EMILIO BOLOM ÁLVAREZ, MIGUEL BOLOM PALÉ , MIGUEL VÁZQUEZ SÁNTIZ Y DAVID SEFERINO GÓMEZ, tratando de despojar, mediante amenazas y actos de intimidación, a compañeros Bases de Apoyo Zapatistas encargados del trabajo colectivo en la región y de trabajos de milpa común, de un predio recuperado en 1994.

Posteriormente, los días 18, 20 y 22 de septiembre, 15 personas se posesionaron del predio de nuestros compañeros Bases de Apoyo Zapatistas y el 20 de septiembre se presentaron 2 camionetas del Ejército Federal, 3 camionetas de la policía municipal de Ocosingo y 4 camionetas de la Fiscalía General del Estado, destruyendo y quemando las casas de los encargados Bases de Apoyo Zapatistas; y robando elotes desde esa fecha hasta el día de hoy. Es importante señalar que el predio despojado fue recuperado y ha estado en posesión de nuestros hermanos zapatistas desde 1994; asimismo, en 1996 el gobierno federal pagó dicho predio a quienes se ostentaron como dueños del mismo antes de 1994 con el fin de evitar conflictos.

Nuestros hermanos zapatistas buscaron dialogar con los despojadores y en todo momento han tratado de evitar la confrontación, pero es evidente que este grupo de choque y los tres niveles de gobierno buscan la confrontación para crecer la guerra en contra de los pueblos zapatistas.

Estas agresiones se suman a las detenciones arbitrarias del pasado 24 de abril de 2025 en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, de nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, también bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; así como al cerco militar, policiaco y paramilitar permanentemente desplegado en contra de los pueblos zapatistas.

Hoy volvemos a denunciar que los malos gobiernos de la denominada Cuarta Transformación quieren expandir la nación de víctimas y dolor que de por sí representan, pero, repetimos una vez más, la represión no nos dobla; la desaparición no nos borra; el miedo no nos paraliza. Estamos claros de que la complicidad entre gobiernos y cárteles criminales es más grande que nunca, como tambien estamos seguros de que las luchas y resistencias por la vida florecerán en todas las geografías del México de abajo y de este mundo convulsionado.

Convocamos con urgencia a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, como lo hicimos hace unos meses, A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS PARA QUE SE RESPETEN LOS TERRITORIOS Y LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL Y SE DETENGA LA GUERRA DESATADA POR LOS MALOS GOBIERNOS EN SU CONTRA, MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.

¡ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DE NUESTROS COMPAÑEROS BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EN EL POBLADO DE BELEN, PERTENECIENTE AL CARACOL 8 DOLORES HIDALGO! 

¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!

Atentamente
Septiembre de 2025
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena

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RED UNIVERSITARIA ANTICAPITALISTA

La Red Universitaria Anticapitalista llama a acciones de solidaridad con los pueblos Zapatistas

En la Red Universitaria Anticapitalista vemos con mucha preocupación el reciente comunicado en el que la “Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z.) Gobiernos en Común” denuncian el despojo de territorios por parte de fuerzas estatales y federales, incluído el Ejército Federal. Este hecho se trata de una abierta violación a la autonomía y de una escalada en los ataques contra el proyecto zapatista y su apuesta por el Común.

Llamamos a las organizaciones solidarias a sumarse a la denuncia y a realizar acciones que condenen esta nueva agresion contra los pueblos zapatistas.

Exigimos el respeto a la autonomía zapatista y la restitución inmediatas de sus territorios.

RED UNIVERSITARIA ANTICAPITALISTA

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Coordinación General de Solidaridad con Palestina

[7 oct – CDMX] Movilización a 2 años de genocidio en Gaza

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Colectivos y organizaciones que conformamos la Misión Civil de Observación Sexta

Llamado a acompañar el paso de una misión civil de observación de la Sexta al territorio del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
Al Espacio de Coordinación Nacional contra la Guerra
A los medios libres
A las organizaciones y colectivos solidarios

Compañerxs:

Como ustedes saben, venimos acompañando al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en su proceso organizativo.

Hoy, 26 de septiembre 2025, compañeros y compañeras de distintas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y colectivos de la Sexta, estaremos realizando una Misión Civil de Observación (MCO-S) para hacer una observación de derechos humanos en las comunidades de la montaña Baja de Guerrero sobre temas como: derechos de los pueblos, de los niños, mujeres, defensa del territorio, autonomía, entre otros.

Esto se desarrollará en las comunidades del CIPOG-EZ. La Misión estará en territorio toda la semana.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y colectivos solidarixs a estar atentxs a nuestro paso por el territorio del CIPOG-EZ. Responsabilizamos al Estado por cualquier cosa que pueda suceder a nuestrxs hermanos y hermanas que conforman esta Misión.

Atentamente:

Colectivos y organizaciones que conformamos la Misión Civil de Observación Sexta

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El Tlacolol

Ayotzinapa: 11 años de impunidad heredada

Fuente: El Tlacolol
Por Emiliano Tizapa, Arturo de Dios Palma y Jesús Guerrero

 Han pasado diez años, once meses y 27 días de que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Se han publicado centenares de libros, miles de reportajes y notas periodísticas sobre la desaparición forzada que expuso al mundo cómo los políticos de todos los niveles construyeron un entramado con organizaciones criminales y las fuerzas armadas para gobernar este país con violencia extrema.

Estos 43 jóvenes cumplen hoy 4,014 días sin volver a casa. Lejos estamos de saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales y de que éstos sean castigados. Se desconoce lo fundamental, lo crucial: ¿dónde están los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos?

El gobierno del priista Enrique Peña Nieto heredó la impunidad del caso al morenista Andrés Manuel López Obrador, quien en su sexenio dinamitó la investigación y, cuando todo apuntaba hacia el Ejército, desmanteló todo esfuerzo por hallar la verdad.

Ahora, con la presidenta de la República, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, la investigación carece de dirección, no se quiere dar continuidad a las pesquisas planteadas por las madres y los padres y se buscan reactivar “nuevas líneas” que más bien son un intento de revivir la “verdad histórica” de Peña Nieto.


A once años del caso Iguala, la principal herencia de los gobiernos federales es la protección al Ejército.

En estos años fue documentado que en la desaparición de los estudiantes tuvieron participación militares al mando del comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala. El coronel José Rodríguez Pérez es uno de los principales señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que sugiere que tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos y que participó en el encubrimiento. Fue detenido en 2022 por su presunta relación con el caso, pero liberado en 2024.

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Radio Cósmica Libre

Ayotzinapa y Palestina a 11 años

Ayotzinapa y Palestina sangran en el mismo mapa

Escucha este especial en el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el genocidio en curso del pueblo palestino.

Información generada por Eduardo Ibañez (Plantón de los 43 CDMX).
Producción de Radio Cósmica Libre en colaboración con las jornadas de articulación de Comunicadorxs por Palestina.

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México, 26 de septiembre de 2014. Palestina, julio de 2014. Dos fechas que parecieran no dialogar entre sí, pero que resuenan con un eco compartido.

Esa noche en Iguala, 43 estudiantes campesinos fueron arrancados de sus dormitorios, de sus aulas, de sus sueños. Ese verano en Gaza, más de 2 mil vidas palestinas fueron cegadas en cuestión de semanas por la maquinaria militar de Israel. ¿Qué une a un joven normalista guerrerense con una niña palestina que jamás llegará a ser adolescente? La respuesta está en el lenguaje de la violencia de Estado, en la economía de la muerte que conecta al narcoestado mexicano con la necropolítica israelí.

La historia es larga. En México, las normales rurales nacieron en los años 30 para educar a los hijos de campesinos pobres y formar docentes comprometidos con sus comunidades. En Palestina, la Nakba de 1948 inauguró una vida bajo ocupación, despojo y desplazamiento forzado.

Dos procesos que parecen distintos, pero que comparten la experiencia de pueblos a los que se les niega el derecho a existir en condiciones de dignidad. En 2014, las historias se cruzan. Mientras Gaza sufría bombardeos durante julio y agosto, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa salieron a las calles de México a protestar en solidaridad.

Apenas un mes después, ellos mismos fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en Iguala. La desaparición no sólo borra cuerpos, también condena a madres, hermanas y esposas a una vida de búsqueda interminable. La violencia de Estado produce viudas, huérfanos, familias mutiladas, comunidades condenadas al duelo permanente.

El crimen de Estado no tiene pasaporte. Los gobiernos que matan en nombre de la seguridad aprenden unos de otros. La necropolítica se habla en varios idiomas, pero la muerte siempre dice lo mismo: “Ustedes no importan”.

Ayotzinapa y Palestina son heridas que sangran en un mismo mapa. Cuando los gobiernos callan, los pueblos se buscan. Así ocurrió días después de la desaparición de los 43. Desde Gaza llegaron mensajes de apoyo a las madres y padres mexicanos. No eran palabras diplomáticas, eran ecos de un dolor que reconocía su reflejo en otro continente.

En 2019, la organización palestina BDS envió un video a los padres de Ayotzinapa en el aniversario de la desaparición. En el Zócalo de Ciudad de México se organizó el juicio popular al papel de Israel en la militarización de América Latina. Ahí se documentó cómo el transporte y los equipos de comunicación usados en Iguala tenían origen israelí.

Los pueblos comenzaron a hablar de negocios de sangre, armas, spyware y entrenamiento vendidos como seguridad que en realidad sostienen regímenes represivos. La solidaridad no es abstracta. Madres campesinas de Guerrero y mujeres palestinas en campos de refugiados comparten la carga de sostener a sus comunidades fracturadas.

La resistencia se teje desde lo doméstico, lo escolar, lo comunitario, con cuerpos que cargan tanto con el dolor como con la dignidad. Si Gaza miró hacia Ayotzinapa y Ayotzinapa hacia Palestina, no fue por romanticismo, sino porque reconocieron que el enemigo es el mismo, el Estado que desaparece y el imperio que lucra con la muerte. Si los muertos fueran negocio, México e Israel serían socios mayoritarios. Y de hecho lo son.

Pegasus es el ejemplo más claro. El software israelí de espionaje se usó en México para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a los propios padres de los 43. El abogado Bidulfo Rosales fue una de sus víctimas.

El caso de Tomás Zerón muestra la complicidad transnacional. Zerón, arquitecto de la llamada verdad histórica, fabricó pruebas, encubrió responsabilidades y torturó a acusados. Hoy vive protegido en Israel, que se niega a extraditarlo.

No lo protegen por compasión, sino porque Zerón conoce demasiado sobre contratos de armas y sobre Pegasus. La vigilancia digital nunca es neutra. Periodistas mujeres, defensoras de derechos humanos, disidencias sexuales, madres buscadoras, son blancos prioritarios del espionaje.

El control patriarcal se refuerza con tecnología de ocupación. El ejército mexicano, implicado directamente en la desaparición de los normalistas, se entrena con fuerzas israelíes. La Guardia Nacional, presentada como institución de confianza, también nació con asesoría y equipo de ese país. Funcionarias como Rosalinda Trujillo Marial presumieron su cercanía con Israel mientras autorizaban compras multimillonarias de espionaje digital. Israel exporta la ocupación como modelo de seguridad. México la compra como receta para reforzar un narcoestado con fachada democrática.

El resultado es el mismo. Vidas descartables. Pueblos sometidos. Impunidad asegurada. Negocios de sangre. Así nombran los pueblos lo que los gobiernos maquillan como cooperación internacional. Pegasus en México. Bombas en Gaza. Contratos millonarios en Tel Aviv. La factura siempre se paga con cuerpos pobres.

Ante tanta impunidad, cabría esperar silencio. Pero lo que nace es lo contrario: resistencia. Y la resistencia no necesita visa. Viaja de guerrero a Gaza, de los campos a los barrios, de las aulas rurales a los campamentos de refugiados.

Las madres y padres de Ayotzinapa se convirtieron en símbolo contra el olvido. El pueblo palestino, que resiste a un genocidio continuado desde hace 77 años, es referente de dignidad frente a la barbarie.

México exige la extradición de Zerón. Israel la bloquea. La ONU condena crímenes de guerra en Gaza. Potencias occidentales los financian.

La impunidad es global. Pero también lo es la solidaridad. La lucha contra el olvido no puede separarse de quienes cargan con ella. Son mujeres, madres buscadoras, comunidades indígenas, pueblos desplazados quienes sostienen la memoria y ponen el cuerpo en primera línea. ¿Qué pasaría si los pueblos del sur decidieran romper con los negocios de sangre? ¿Qué pasaría si las luchas de Ayotzinapa y Palestina no fueran excepciones, sino el inicio de un frente global contra la necropolítica? Los 43 y Palestina son espejos. Nos devuelven la imagen de un mundo gobernado por la impunidad.

Pero también la certeza de que la resistencia es transnacional. Que el grito de justicia no tiene fronteras. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque Palestina vive en cada lucha digna. Y porque la memoria es nuestra arma más peligrosa.

En el caso de Palestina, la exigencia es clara y urgente. Que el Estado sionista de Israel deje de intervenir en el caso Ayotzinapa. Que cese la protección a Tomás Zerón y lo extradite de inmediato para que enfrente a la justicia mexicana. Porque la impunidad no puede seguir siendo un bien de exportación. En el caso de Ayotzinapa, la exigencia es igual de contundente. La aparición con vida de los 43 normalistas y justicia para los caídos en Iguala.

No discursos, no simulaciones, no verdades históricas fabricadas. Justicia real, verdad completa, reparación integral y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Ambas luchas, la de Palestina y la de Ayotzinapa, están unidas por una misma consigna.

Que los pueblos no pueden seguir siendo mercancía en el mercado de la muerte, ni botín de la necropolítica. Que la solidaridad entre pueblos se convierte en un muro mucho más fuerte que los muros de ocupación o de silencio. Decir justicia para Ayotzinapa es decir justicia para Palestina.

Decir verdad en México es también exigir verdad en Gaza. La memoria y la dignidad no se negocian, se defienden, se gritan y se siembran como semillas que tarde o temprano florecen.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Porque Palestina será libre y porque la justicia no tiene fronteras.