Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

Entonces, advierte Flores, entre las deudas pendientes del Estado, está justo el margen de lo que realmente implica la autodeterminación y autonomía de los pueblos, “se viene hablando tanto de las demandas históricas de los pueblos indígenas en los Planes de Justicia. Pero una de ellas tiene que ver, desde 1996 -posterior al alzamiento del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional)- con el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. Algo que fue y sigue siendo traicionado por el Estado”.

El punto que toca la profesora de la UNAM refiere una de las reformas impulsadas desde el año 2001, al Artículo 2, que fue una respuesta a las demandas históricas que devinieron del alzamiento armado zapatista con los llamados Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 1996, que originalmente planteaba modificar la carta magna para reconocer jurídicamente a los pueblos como “sujetos de derecho”.

Puntualmente, con los Acuerdos, se dimensionaban reconocer a las comunidades como entidades jurídicas con autonomía política. Al ser un “sujeto de derecho”, el pueblo indígena adquiere la capacidad legal de gobernarse, emitir sus propias leyes internas, administrar sus tribunales y tener personalidad jurídica para demandar al Estado o a las empresas. Pero, en la reforma del 2001, se usó el concepto “Sujetos de interés público”, es decir, el Estado catalogó a los pueblos bajo una lógica de tutoría, sujetas a recibir asistencia y desarrollo por parte del gobierno, en lugar de reconocerlas como entidades políticas y jurídicas con capacidad de autogobierno.

Veintitrés años después, con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en el periodo de AMLO, en 2024, se volvió a reformar el Artículo 2, estipulando que México es una nación pluricultural y multiétnica, dando la validez a los pueblos como: Sujetos de derecho público; con posibilidad de Autonomía y Autogobierno; Presupuesto Directo; Consulta Obligatoria e Igualdad de Género.

No obstante, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y defensores de los derechos colectivos, sostienen que esta reforma mantiene vacíos críticos y candados técnicos en comparación con el espíritu original de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Por ejemplo, se omite el concepto de “Territorio”, el cual está en disputa por grandes megaproyectos en todo el país. A esto se agrega que la “Consulta”, no tiene el poder de veto de estos proyectos, sino que funciona como un requisito burocrático.

Los Acuerdos de 1996 también planteaban crear una estructura política federal autónoma donde los pueblos pudieran administrarse al nivel o, incluso por encima de los municipios, pero la última reforma del 2024 los subordina a las competencias de los municipios y, estos, están sujetos a la intervención y jurisdicción del Estado. Por ello, tanto el EZLN y el CNI, han denunciado más de una vez que esta reforma es “incompleta y funciona como una simulación. Mientras el gobierno utiliza el presupuesto para legitimar proyectos e infraestructura federal”.

El abogado Carlos Gonzáles, del CNI, sostuvo en una entrevista realizada por Avispa Mídia que “esta reforma tiene más peso por lo que no reconoce, que por lo que reconoce”, además, el concepto Territorio, “como un concepto jurídico con contenido claro y preciso, como prevé en el derecho internacional, convenios y tratados internacionales, queda fuera de la redacción de la reforma constitucional. Mientras no se reconozca los derechos y territorios de los pueblos indígenas es muy difícil hablar de un ejercicio pleno, de la autonomía”.

El abogado descalifica que esto responda realmente a aquellos Acuerdos, más bien es otro momento y estos acuerdos han perdido vigencia, “si nosotros miramos la constitución de este país antes de los acuerdos y en los días de hoy son cosas totalmente distintas”, dice.

Entonces, abunda para Avispa Mídia la profesora Flores, “hay una doble intención con estos Planes de Justicia y con las reformas, además de volver a legitimar al Estado como una institución mediadora, se incorpora como un actor que está reorganizando la vida comunitaria de los pueblos. Así que donde ya se han implementado estos planes de justicia y donde están por implementarse, es donde también convergen algunos de los Polos Desarrollo que se tienen proyectados para este periodo de gobierno. Lo que se pretende es su aceptación sin que haya resistencia”. 

PODECOBIs y las consultas

La iniciativa de los 21 Planes de Justicia camina a la par de los primeros 25 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) proyectados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. 16 más están en fases de evaluación para ser aprobados. Al inicio de su mandato, en sus 100 compromisos de gobierno, anunció la creación de 100 nuevos parques industriales en todo el país. Muchos de ellos, en territorio indígena.

Flores, quien también es activista sobre temas indígenas en México, advierte que la reorganización comunitaria que deviene del Estado, se da, entre otras cosas, “como una simulación y ejercicio de las consultas con los Planes de Justicia, las mismas que después son replicadas para los proyectos que giran en torno a los PODECOBIs”. 

“Además, ya hay una coacción desde el momento en que el Estado, a través de estos Planes de Justicia, empujan a los pueblos a dar su apoyo, pues les ha cumplido algunas demandas. Es decir, estas consultas ya no son totalmente libres ni informadas, puesto que muchas de ellas están condicionadas a los beneficios sociales de estos planes”, señala la profesora de la Facultad de Economía.

En términos de los ejercicios de consulta, para el abogado Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDH Digna Ochoa), ubicado en la costa de Chiapas, “lo que hemos identificado en el sur del país es que han estado manipuladas. Sobre todo, hay una cooptación que se da incluso usando los programas sociales o los recursos directos. También con la cooptación de líderes comunitarios y estructuras agrarias. En lugar de haber información amplia de los proyectos, llegan a las comunidades con promesas falsas y la gente ha aceptado de esa manera la implementación de un proyecto u otro”.

Oficialmente, Sheinbaum anunció 15 nuevos PODECOBIs en un acto público en Huamantla, Tlaxcala el pasado mes de abril, que forman parte del denominado Plan México, una estrategia que busca industrializar al país y colocarlo en el ranking de las principales economías del mundo. El resto de estos Polos industriales fueron heredados de su antecesor AMLO, que antes eran denominadas como Polos de Desarrollo del Bienestar (PODEBI).

Los 15 nuevos Polos estarán ubicados en: Seybaplaya, Campeche; Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; Celaya, Guanajuato; un polo dedicado a la Economía Circular en Hidalgo; AIFA, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Ciudad Modelo, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; ⁠⁠Topolobampo, Sinaloa; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz y Hermosillo, Sonora.

La mandataria sostuvo en el evento de Tlaxcala que estos complejos son para “que haya desarrollo regional”, complementando que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, solo se habían concentrado en el norte del país y que se vienen ampliando hacia otras regiones, como son el sur-sureste de la República, por lo que se espera generar 300 mil empleos.

La estrategia del gobierno de Sheinbaum es capitalizar el fenómeno del llamado nearshoring -estrategia empresarial que consiste en mudar las fábricas y centros de producción, lo más cercano al destino final de los productos-, de modo que, no solo se trata de parques industriales aislados, sino de una reorganización de los espacios productivos y de consumo, es lo que llaman “ecosistemas productivos” y “ciudades microsistemas” que integran complejos urbanos de vivienda, escuelas, hospitales y las zonas de industria.

Los PODECOBIs están encaminados a recibir complejos productivos de alta tecnología y manufactura como es la electrónica y semiconductores; componentes de la industria automotriz; aeroespacial; farmacéutica; química y petroquímica, así como complejos de energía renovable y agroindustria, donde los pueblos indígenas difícilmente encontrarán un empleo.

Uno de los casos emblemáticos es donde se intersecta el Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo con el puerto de Topolobampo, Sinaloa, uno de los 15 PODECOBIs. Es uno de los casos de mayor tensión en la actualidad, sobre todo, por el objetivo de la construcción del megaproyecto de una planta de amoniaco, columna vertebral y detonante económico de este Polo de Desarrollo. Incluye plantas petroquímicas masivas de fertilizantes y licuefacción de gas que se ubican junto a la Bahía de Ohuira, una zona pesquera vital y un sitio sagrado biocultural para el pueblo Yoreme-Mayo.

Los pueblos que habitan en torno al Puerto de Topolobampo y de su área de influencia también se ven impactados por agresiones y persecución sufrida tras la resistencia que sostienen para defender su territorio. Este frente de resistencia coloca como una “imposición” el proyecto de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente filial de la empresa suiza PROMAN, y la planta de Gas Natural Licuado Vista Pacífico, de la empresa Sempra Energy, quienes invertirán en el PODECOBI de Topolobampo.

“Ahí en Topolobampo está declarado por el gobierno de la presidenta como un Polo de Desarrollo, que ya entrando marzo se va a firmar el convenio, porque había un problemita de tenencia de la tierra, de un pedazo de tierra, pero ya se resolvió”, dio a conocer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en febrero pasado.

Para el abogado Hernández del CDH Digna Ochoa, lo que se percibe es que estos esquemas de desarrollo “están alejados de las necesidades y de la realidad de las comunidades. A esto se suma que los pueblos no han sido tomados en cuenta a la hora de elaborar estos planes, otro vacío de la reforma y de las deudas históricas”. 

Por el contrario, agrega el abogado Hernández, “estos proyectos, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades, van a exacerbar el despojo y el desplazamiento”.

La estrategia del Estado mexicano, para asegurar las tierras para los PODECOBI, se basó en adquisición y reservas territoriales públicas previas, a través de los cuales está blindando y ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas para los polígonos públicos delimitados con acceso prioritario a agua, energía y conectividad logística en 14 estados del país.

De los 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar con los que ha arrancado el gobierno de Sheinbaum, 11 polos ya han concluido o se encuentran en fases finales de sus procesos de licitación pública internacional.

Renovando viejos objetivos 

Desde Chihuahua y Sonora en el norte hasta Quintana Roo en el sureste, el desarrollo de estos complejos industriales se suma a las obras del gobierno anterior, con infraestructura carretera, ferroviaria, puertos, aeropuertos y complejos eléctricos en torno al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec, principalmente. Uno de los incentivos para atraer a los inversionistas es un paquete fiscal sin precedentes. El decreto presidencial permite la deducción inmediata del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en inversiones en activo fijo nuevo, además de deducciones adicionales del 25% en gastos de capacitación e innovación.

Para la investigadora Flores de la Facultad de Economía, lo que se está dando con estas facilidades de inversión, no es más que la “continuidad y la profundización de algunos planes de reconfiguración territorial del país que ya se venían proponiendo desde los años 90 y, que los gobiernos pasados no pudieron avanzar, por la resistencia de los pueblos. Pero hoy, vemos que los apoyos y programas sociales hacia las comunidades sirven para contener esta resistencia en algunos casos, como es el Istmo de Tehuantepec, donde hubo varios intentos de implementar el llamado Plan Puebla Panamá, que justo ahora se comienza a materializar con estos llamados Polos de Desarrollo”.

Del mismo modo, el abogado Hernández dice para Avispa Mídia que, este proceso de reorganización territorial, responde “a intereses geopolíticos. Así que la reorganización territorial y económica no es una novedad del gobierno de la Cuarta Transformación, responde a viejo intereses, como el Plan Puebla Panamá. Que también está acompañada de una estrategia de seguridad, pero no para los pueblos, sino para brindar seguridad a la acumulación de capital. Es por ello que las obras están siendo coordinadas y ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Esto implica dar garantías a que la inversión pueda concretarse sin que haya oposición o resistencia de ningún actor”.

Además, hay que poner atención en algo, agrega la profesora de la UNAM, “está reconfiguración territorial no es para el crecimiento económico interno y mucho menos para beneficio de los pueblos originarios -dueños de las tierras-, sino que es para facilitar el acceso a las materias primas y la mano de obra barata que está presente en estas zonas. Todo ello, para abastecer de productos más baratos principalmente al país vecino de Estados Unidos”.

Entonces, puntualiza la investigadora, hay una contradicción en el discurso de la “Prosperidad compartida” y, por otro lado, “los Planes de Justicia, que, en teoría o discursivamente, nos dicen que van a resarcir las demandas históricas de los pueblos, mientras que estos mega complejos de desarrollo van a despojar nuevamente a estas comunidades. Por tanto, con los Planes de Justicia, buscan adelantarse a la conflictividad social que se puede generar tras la implementación de este tipo de megaproyectos que son de mayor dimensión”, agrega la investigadora Flores.

El abogado del CDH Digna Ochoa concluye  que lo que resta es, “no esperar que estos llamados Planes de Justicia, ni las reformas indígenas, nos den justicia. Por el contrario, tenemos que mantener la organización, la resistencia y la articulación para poder plantear una alternativa distinta desde nuestros pueblos y de acuerdo a nuestras necesidades y no de las necesidades del capital”.