San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023
Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA HIJOS DE DIOS
DENUNCIA PUBLICA
a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia 01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.
Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.
Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.
Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.
Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.
Pueblo Creyente de San Juan Cancuc
Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)
Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:
Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.
A la diosis de San Cristóbal
A los derechos humanos
Pueblos creyentes – caritas
y nuestros familiares,
Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros
Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos
Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.
El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.
De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.
El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.
La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.
Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.
Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa
Por John Gibler
Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.
Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.
De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.
Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.
Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.
En portada: Elmer Martínez, campesino afectado por las obras del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Foto: Marvin Díaz
Dos días después de declarar desierta la licitación para los estudios geotécnicos del Aeropuerto del Pacífico, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma contrató por 248 mil dólares a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., una constructora financista del partido Alianza Republicana Nacionalista. El gobierno, además, ha iniciado la construcción que dejará sin tierras y sin casas a casi 700 habitantes.
Elmer Martínez conoce bien estas tierras. De sus 64 años, 22 las ha cultivado para él y sus vecinos, aquellas familias con las que hizo de la comunidad Flor de Mangle su casa, en 2001.
Hoy camina guiado por el sonido de unas máquinas. Apurado, atraviesa un bosque seco tropical, para llegar a un terreno con tierra removida y raíces secas que, hasta hace algunos días, servía para pastar animales.
“Aquí son potreros y rastrojos. Estábamos dejando esto para que vinieran, por naturaleza, los árboles”, dice Elmer, el presidente de la cooperativa Flor de Mangle. Su hablar es pausado y quedo. Cuesta escucharle porque al final del terreno dos excavadoras con personal uniformado del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) remueven más tierra.
Es una tarde nublada del 17 de junio. En este caserío de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador, y en la comunidad vecina de Condadillo, Elmer y 52 familias tienen los días contados.
Esta es una investigación que MalaYerba realizó durante un año sobre megaproyectos en la costa salvadoreña. El proyecto “Los desplazados de Bukele” aborda los problemas que enfrentan las comunidades agrícolas y pesqueras que se ubican en el camino de megaproyectos públicos y privados en los departamentos de La Libertad y La Unión.
La primera de las entregas cuenta cómo Nayib Bukele contrató a una empresa vinculada a “los mismos de siempre”, una referencia que él mismo utiliza para referirse a sus antecesores políticos, salpicados por la corrupción, por medio de irregularidades y desplazando a comunidades enteras en un territorio considerado inviable por la autoridad ambiental; y donde, además, está un ecosistema crucial para enfrentar la crisis climática.
La MalaYerba, con el apoyo de Data Crítica, levantó una base de datos a partir de 70 encuestas que se realizaron en los caseríos Condadillo y Flor de Mangle, en La Unión; las playas Mizata, El Zonte y el sector comercial de El Obispo, en La Libertad.
En el levantamiento de las encuestas, la mayoría de habitantes afectados por las construcciones se negaron a responder por temor a represalias del gobierno salvadoreño, que mantiene al país centroamericano bajo un régimen de excepción desde hace 16 meses.
El régimen ha conllevado a la captura de más de 71 mil personas, la muerte de, al menos, 172 reos en las cárceles; y más de 5 mil denuncias de detenciones arbitrarias registradas por organizaciones civiles, quienes han expuesto la situación que atraviesa El Salvador frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal política de seguridad de Bukele ha sido calificada por las personas defensoras de derechos humanos como un “régimen permanente de violación a los derechos humanos”.
Por lo que, a excepción de los líderes comunitarios, las fuentes que aceptaron hablar con este medio, lo hicieron ocultando su nombre real.
Entre los hallazgos más importantes de la base de datos: el 54 % ve como opción “vivir en la calle”, si pierden su vivienda actual. Y solo el 33 % ha recibido un ofrecimiento de “casa nueva” de parte del gobierno.
Del universo de entrevistados, seis de cada 10 son poseedores de la tierra, es decir, están en terrenos ajenos. Muchos de estos colonos se asentaron en la costa salvadoreña huyendo de la violencia de las pandillas. Ahora son desplazados por los megaproyectos públicos.
En este contexto, el MOPT se ha convertido en el ente de gobierno que más presiona a las comunidades para que desalojen los terrenos donde se desarrollarán proyectos como la ampliación de la carretera CA2, desde playa El Obispo hasta playa El Zonte; Bitcoin Beach y Parque de Playa Mizata, en La Libertad; y el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión.
Los mismos de siempre reloaded
Las obras para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico comenzaron a finales de febrero, cuando las comunidades Flor de Mangle y Condadillo denunciaron que en sus tierras había máquinas excavando el suelo.
Para entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) todavía no había otorgado el permiso para este megaproyecto, como indica la ley, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la institución encargada de ejecutarlo. Lo hizo hasta el 21 de marzo, casi un mes después.
El aeropuerto fue una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele y su ejecución fue aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista en abril de este año. Sin embargo, la primera fase, para la que han destinado $246 millones de dólares, ya está marcada por irregularidades.
El MARN accedió a dar el permiso ambiental de construcción sin atender las observaciones de sus mismos técnicos sobre los impactos ambientales de construir una megaobra a la par de un manglar y también de las implicaciones de hacerlo en un lugar que, por sus características naturales, es propenso a las inundaciones. Y sin asegurar el plan de reasentamiento de las casi 700 familias de Flor de Mangle y Condadillo, que aún esperan que el gobierno concrete con ellas el plan de reubicación públicamente presumido por CEPA y el Ministerio de Vivienda.
Las familias afectadas de Condadillo y Flor de Mangle siguen esperando información sobre el plan de reubicación. Foto: Carolina Amaya.
A meses de las elecciones presidenciales de febrero de 2024, donde Bukele buscará la reelección incumpliendo la Constitución salvadoreña, el Aeropuerto del Pacífico, un proyecto insignia de su campaña presidencial de 2019, pasará a ser otra promesa de campaña para el segundo mandato al que aspira. Así lo reveló el comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, el pasado 12 de junio.
Bukele es un publicista que proviene de una familia empresarial. En 2012 inició su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, una ciudad ubicada en el centro del país. Su nombre comenzó a sonar entre los políticos, pero alcanzó popularidad nacional en 2015, cuando ganó las elecciones como alcalde de San Salvador, la capital, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierdas conformado por grupos de la exguerrilla.
Las diferencias con la dirigencia del FMLN lo llevaron a salirse del partido. En 2019 ganó las elecciones presidenciales con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, fundado por miembros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el histórico partido de derecha que gobernó 20 años El Salvador.
Desde finales de su periodo como alcalde y ya como candidato presidencial, Bukele exhibió los errores de las gestiones de ARENA y FMLN, atravesadas por la corrupción. Esto le valió para bautizar a dichos partidos como “los mismos de siempre” y sumar simpatía, que sigue alimentando a través de las redes sociales. Pero el gobierno actual no está desvinculado de los mismos de siempre y se ha negado a transparentar sus finanzas. El 8 de agosto de 2022, CEPA contrató a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., para realizar los “Servicios de investigación geotécnica para lado aire del Aeropuerto Internacional del Pacífico”. Esta empresa, del grupo francés Soletanche Bachy, aparece en el listado de los financistas del partido ARENA, de acuerdo con el informe “El financiamiento de las elecciones presidenciales 2019”, realizado por la organización Acción Ciudadana.
Trabajos de exploración en Flor de Mangle, La Unión. Foto: Comunidades.El área protegida Manglar El Tamarindo está anexa a la zona de la construcción. Foto: Equipo Impulsor de Escazú.
La contratación de Rodio Swissboring para los estudios geotécnicos del aeropuerto se vieron accidentados, pues CEPA declaró desierta la licitación dos días antes de las vacaciones agostinas —fiestas patronales de San Salvador, que se celebran del 1 al 7 de agosto—, eso registra el acta pública de CEPA del 27 de julio de 2022.
En la licitación participaron las empresas Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V. Ninguna cumplió porque sus propuestas económicas excedían la tarifa ofrecida por el gobierno para las obras. Rodio lo hacía en un 21 %, equivalentes a $46, 821 dólares. Sin embargo, el primer día laboral después de las vacaciones agostinas, CEPA le otorgó a Rodio Swissboring el contrato por $248, 627 dólares. Para realizar los estudios geotécnicos en un plazo de 155 días, a partir del 8 de agosto de 2022. La empresa empezó con los estudios hasta finales de febrero de 2023.
Rodio Swissboring y un historial de contratos
En el informe, Acción Ciudadana estableció que, en 2008, cuando gobernaba el expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por corrupción, Rodio Swissboring donó $6,200 dólaresa ARENA. En la gestión Saca, la empresa recibió contratos en 2004 y 2006 por $1,840 millones de dólares, es decir, una diferencia con lo donado de $1,834 millones, según el documento.
Esta empresa comenzó a ser contratada por el gobierno actual desde inicios de su gestión. El 13 de junio de 2019, a pocos días de que Bukele asumiera la Presidencia, el MOPT contrató a Rodio bajo la modalidad de contratación directa para hacer los estudios de exploración de tierra en donde se construiría el puente María Chichilco, en el río Torola, al oriente de El Salvador. Su contrato fue por $8,288 dólares, según datos públicos del gobierno.
El puente María Chichilco ha presentado daños dos veces después de su inauguración. Foto: Casa Presidencial.El puente fue inaugurado en la víspera de año nuevo 2020. Foto: Casa Presidencial
“Nuestros opositores nunca entendieron nada. Y creo que nunca lo van a entender. En estas fotos, con una pequeña gran obra, hay más esperanza que en sus 3 décadas de gobierno”, tuiteó el presidente Bukele el 30 de diciembre de 2019, cuando se inauguró el puente que costó en total $644,000. Sin embargo, el puente ha presentado daños severos dos veces.
Rodio se instaló en El Salvador en 1959 y ganó licitaciones en las gestiones de los gobiernos de ARENA y del FMLN. De acuerdo con la edición de julio-agosto de la revista digital Construcción, que publicita a empresas salvadoreñas, el primer trabajo de Rodio en el país fue en las obras de la hidroeléctrica El Guajoyo, en el lago de Güija.
Esta empresa es, también, especialista en exploración minera. Y ha trabajado en minas en Guatemala, Nicaragua y Panamá. En El Salvador, según el libro, El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador; Pacific Rim le pagó 7.34 millones de dólares para la exploración de diferentes áreas de interés de la mina El Dorado, en Sensuntepeque, Cabañas. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador registró en su Sistematización de la lucha anti-minera en El Salvador que Rodio Swissboring propició la criminalización de defensores ambientales y líderes comunitarios de Cabañas, en procesos judiciales en 2006 y 2010.
El lastre de Rodio alcanza sanciones administrativas por incumplimiento de contrato en obras públicas estatales en los años 2008, 2010 y 2013. El Banco de Incumplimiento de Contratistas disponible en el portal de transparencia detalla que, en esos años, Rodio Swissboring El Salvador fue sancionada cuatro veces, pagando un total de más de $43,000 dólares en multas.
Pese a ese antecedente, la constructora siguió recibiendo contratos del Gobierno de El Salvador para los estudios de suelo en la represa El Chaparral. Dos de ellos en 2014 y 2015, por $244,519 y $241,000, respectivamente. Y para la represa 5 de Noviembre, en 2012, por $132,644.
“Existe la posibilidad de que financistas de partidos políticos obtengan contratos dentro del Estado y, sin duda, ahí hay un claro conflicto de interés”, explica Dennis Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.
El informe de Acción Ciudadana aclara que Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele en 2019, no entregó la información financiera que otros partidos, total o parcialmente, sí entregaron.
Siliézar, además, advierte que desde que Bukele es presidente y desde que existe una bancada de diputados afín a su gobierno, el Ministerio de Hacienda dejó de entregarle a la organización información financiera sobre los partidos políticos.
“El partido Nuevas Ideas es el partido menos transparente que hemos registrado, porque no nos entrega información financiera. Estamos hablando de estados financieros, balance general, estado de resultados, listado de donantes, comprobantes de donaciones”, dice la especialista.
En el caso del Aeropuerto del Pacífico, Malayerba constató que la maquinaria que Obras Públicas usa para los estudios de tierra tiene los distintivos de Rodio Swissboring e Inversiones OMNI, S.A. de C.V. OMNI es una empresa que ha ganado contratos con el gobierno para ejecutar diferentes proyectos, como la construcción y remodelación de la sede de la Universidad de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados entre junio y julio.
Aunque la empresa que hace los estudios geotécnicos del aeropuerto, en la zona hay maquinaria Omni, S.A. de C.V. Foto: Comunidades.
El 13 de julio, la MalaYerba llamó a Gabriela Montoya, representante de Rodio en El Salvador, para preguntarle sobre el contrato público que ganó la empresa en el proyecto del Aeropuerto del Pacifico. Montoya no respondió a las preguntas porque dijo que Rodio firmó un contrato de confidencialidad con el gobierno.
Un día después, el equipo a cargo de esta investigación también llamó al encargado de prensa del MARN, Aarón Fagoaga, para solicitar una entrevista con el ministro Fernando López. MalaYerba envió las preguntas al comunicador y este prometió gestionar la entrevista; sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo ninguna respuesta. Esto es algo habitual en esa cartera de Estado durante la gestión de Bukele.
El 14 julio, además, se envió un correo electrónico a Claudia Vanessa Campos Rivera, encargada de comunicaciones de CEPA, para gestionar una entrevista con Federico Anliker, el titular de la autónoma. Tampoco hubo respuesta.
Sin agua para pescar ni tierra para sembrar
Manglar El Tamarino, La Unión. Foto: Equipo Impulsor de Escazu.
En la costa salvadoreña, la mayoría de sus habitantes sobreviven del comercio informal, la pesca y la agricultura. La base de datos de esta investigación revela que entre las actividades que se desarrollan en la costa, el 72 % corresponde al comercio informal, el 57 % a la pesca y el 28 % a la agricultura de subsistencia.
El estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN para la construcción del aeropuerto da cuenta de que, en la zona de Loma Larga, 400 personas se dedican a la pesca para consumo propio y para abastecer a ventas de la playa El Cuco, en San Miguel.
Con el aeropuerto, estos pescadores se quedarán sin comida y trabajo. Y los agricultores, como Carlos, sin tierras.
Al preguntarle a Carlos, agricultor de Flor de Mangle, sobre la alternativa que tiene para reiniciar si pierde el terreno donde cultiva su respuesta es contundente: “Robar. No me queda de otra”, dice con voz ronca y molesta.
“Estas cosas son las que levantan las guerras”, contesta otro habitante de Condadillo que perderá su caso con la construcción del aeropuerto.
Para facilitar el desarrollo de los megaproyectos del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de noviembre de 2021 la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, que tiene como fin la expropiación de tierras utilizadas para obras públicas de carácter urgente, por medio de una negociación administrativa o por la orden de un juez.
Un censo comunal de Condadillo indica que ahí viven 587 habitantes, de los cuales 176 son menores de edad entre los cero y 14 años. Todos serán afectados con la construcción del proyecto. En tanto, en Flor de Mangle, la base de datos de esta investigación muestra que hay 90 habitantes afectados, entre los que destacan 38 son menores de edad.
“Nosotros con tanto niño no podemos agarrar dinero”, dice afligida Ana, una madre soltera de Flor de Mangle, que reculó ante la única opción ofrecida por el gobierno: casa o pago por su terreno. Para ella, la negociación con CEPA no fue justa, pues “necesita un terrenito donde hacer su milpita, como siempre la ha tenido”.
“Queremos que cumplan su palabra y que nos den tierras y casa, como lo prometieron al principio”, repite una y otra vez Elmer Martínez, el fundador de Flor de Mangle.
Las personas que acepten el dinero se encontrarán, además, con el encarecimiento de los terrenos en los alrededores del aeropuerto. Ángel Flores, director del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), asegura que hay toda una “especulación” de las tierras en Loma Larga, donde están ubicadas las comunidades Flor de Mangle y Condadillo, al grado que hay personas “acaparando” terrenos.
“Los terrenos cuestan un valor casi tres veces más de lo que estaban el año pasado”, agrega Flores.
Antes de que comenzaran los estudios de suelo, a la comunidad Condadillo, donde Santos Eduviges Cruz cultiva, llegó personal de CEPA y se reunió individualmente con cada representante de las parcelas. Él firmó la venta de cuatro parcelas, de cuatro manzanas cada una, por las que, al inicio, le ofrecieron $24,000, un precio que él consideraba bajo.
Después de una conferencia de prensa que él junto a otros habitantes de la zona montaron para hablar de una “injusta” negociación de CEPA con sus terrenos, logró que le aumentaron el precio: aunque todos los terrenos tienen la misma medida, le han dicho que por uno le van a pagar $37,000 y por otros $35,000. A otros vecinos, dice, les van a comprar los terrenos más baratos, porque algunos por miedo a quedarse sin tierras, firmaron rápido la cesión de las propiedades. No hubo tiempo de negociar más.
Contrario a los testimonios de más de una docena de habitantes de Flor de Mangle y Condadillo que MalaYerba entrevistó, Anliker, el titular de CEPA, dijo en una entrevista televisiva, el pasado 20 de marzo, que algunos vecinos habían preferido vender las propiedades y otros que les reubicaran. Y que, en ese sentido, en conjunto con el MARN y el Ministerio de Vivienda, harían un “complejo habitacional digno” para ellos. De eso, aún no hay novedades en el lugar donde funcionará el Aeropuerto del Pacífico.
Daños ambientales y un permiso irregular
La reubicación de las familias de Loma Larga está contemplada en el estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN, donde también la autónoma presentó un programa de empleos para que las personas de las comunidades puedan trabajar en el aeropuerto.
En este proyecto, refleja el mismo estudio, no se consultó públicamente a las comunidades involucradas para que opinaran sobre las consecuencias que les traería la construcción del aeropuerto, que también debe ser previa e informada.
Al igual que en otras construcciones ejecutadas en el actual gobierno, el MARN y las municipalidades obviaron la consulta pública regulada en la Ley de Medio Ambiente y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que El Salvador ha ratificado.
CEPA ingresó el proyecto del Aeropuerto del Pacífico al Sistema de Evaluación Ambiental del MARN el 20 de septiembre de 2021. Este proceso se hace por medio de un formulario, que, tras llenarse, automáticamente indica la categoría del proyecto a ejecutar, de acuerdo con expertos que conversaron con este medio.
El aeropuerto fue categorizado como ambientalmente inviable y el MARN recomendó a CEPA buscar otro lugar para su construcción por estar propenso a inundarse. Sin embargo, Malayerba constató que, 24 horas después, la categoría del proyecto fue cambiada en la página web del MARN a la de alto impacto ambiental, lo que implica que, después de presentar un estudio en el que se especifiquen las formas de revertir los daños ambientales que ocasionará, puede ser aprobado.
Durante esta etapa de evaluación, además, el Ministerio de Medio Ambiente, a cargo del arquitecto Fernando López, moldeó la zonificación de La Unión con la que descartó las directrices que regulaban la franja costero marino en la cual Condadillo y Flor de Mangle eran calificadas como áreas de conservación. Con la nueva zonificación estas tierras pasaron a ser urbanizables.
Es decir que el MARN, que tiene por obligación la protección ambiental en El Salvador, le abrió el camino a CEPA para construir el aeropuerto y la autónoma, a cambio, ofreció $2.8 millones para implementar medidas ambientales por los daños que provocará.
CEPA presentó el estudio de impacto ambiental del aeropuerto el 8 de julio de 2022, y Medio Ambiente emitió el permiso de construcción el 20 de marzo de 2023.
El estudio de impacto ambiental indica que el aeropuerto colindará en la parte sur con el Área Natural Protegida Manglar El Tamarindo, hábitat de especies en peligro de extinción, como la lora nuca amarilla. Las áreas protegidas son zonas en las que hay diversidad de especies o también sirven de tránsito y nido para las aves. En El Tamarindo, por ejemplo, hay 43 especies de aves, según un registro del MARN de 2017.
En esta franja de bosques salados asociados al Golfo de Fonseca se han registrado también arrecifes coralinos en Punta Amapala, Las Mueludas, Maculis y El Tamarindo.
“Tanto los arrecifes como los manglares se consideran zonas de crianza. Muchas de las especies marinas que están en alta mar se acercan a las costas para desovar y que sus crías se adapten y luego salen a mar abierto. En los arrecifes son zonas en que hay suficiente penetración de luz, sustrato ideal y hay una mayor biodiversidad; por tanto, hay una mayor disponibilidad de alimentos. Es como una guardería con todos los servicios incluidos”, explicó a la MalaYerba la bióloga Georgina Mariona, quien ha registrado las especies de tortugas marinas que llegan a desovar a Maculis, una playa próxima a El Tamarindo.
Los manglares, además, sirven como barreras naturales ante las inundaciones, el incremento de nivel del mar y las erosiones en la costa, aparte de ser una herramienta vital contra la crisis climática. Los bosques salados funcionan con una mezcla de agua dulce que desemboca en ellos por medio de ríos o manantiales, y el agua salada del mar. Datos del mismo MARN estiman que, desde 1950 a 2018, la cobertura de manglares en El Salvador pasó de 100,000 hectáreas a 39,786.
Aunque el aeropuerto no se construirá dentro del manglar, la pista será construida donde confluyen Los Guamas, Los Monos, Guanamara y la quebrada El Águila. Por ello, el estudio de impacto ambiental advierte que cuando estos ríos sufran alteraciones la laguna del estero El Tamarindo puede rebalsar y causar inundaciones.
“CEPA dijo que estábamos manipulados por la oposición, pero ningún político nos dijo nada. Por ser campesinos, nos quieren tener de babosos. Es mentira, porque nosotros estamos con los cinco sentidos despiertos”, asegura Santos Eduviges.
En su momento, él y los habitantes de esta comunidad pensaron que conservarían, al menos, parte de sus tierras en las que también habían instalado un propio sistema de riego, para cultivar y sobrevivir de la siembra, pero no.
Mientras llega el momento del desalojo, Elmer, el fundador de Flor de Mangle, se mantiene visitando la zona de construcción. “Aquí hay agua para abastecer a La Unión”, dice mientras las máquinas siguen explorando el suelo inundable y destruyendo parte del área protegida El Tamarindo.
*Una versión de este reportaje se publicó originalmente en MalaYerba, realizado por: Carolina Amaya, Stanley Luna, Marvin Díaz, Michelle Recinos, Guillermo Orellana Solares. Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
En portada: Participantes de las manifestaciones en la denominada “Toma de Lima”. Fotos de Lucha
Las protestas contra la dictadura de Dina Boluarte se reactivaron en la mayoría de regiones del Perú. En la capital, donde las jornadas de la denominada toma de Lima fueron masivas, se desplegaron 8,000 policías. En el resto del país se movilizan más de 21,000 agentes armados.
En vísperas de las fiestas patrias, se registraron manifestaciones en 59 provincias y bloqueos de vías en 64, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Hasta el 29 de julio, las marchas en el Centro de Lima dejaron decenas de heridos y detenidos. Las detenciones con formas de secuestros, por parte de policías sin uniforme y en vehículos particulares, se han normalizado. Cuatro periodistas recibieron disparos de perdigones y otros dos comunicadores fueron intervenidos.
Crédito: Fotos de Lucha
Durante el discurso a la nación de Boluarte, el 28 de julio, las movilizaciones en los alrededores de las sedes del Ejecutivo y el Congreso fueron reprimidas. “Estamos planteando el cambio de Constitución, es lo fundamental. Hay poderes detrás de esta dictadura, no solamente es la oligarquía nacional, está Estados Unidos, por eso es que el Ejecutivo y Legislativo permiten la presencia de soldados norteamericanos”, declaró un manifestante de Puno.
Un activista de Lima norte señaló el vínculo de la “dictadura pactada entre el Congreso y la presidencia” con el poder económico de las actividades extractivas: “No queremos ser un país extractor. Se quiere entregar nuestros recursos a los países que financian a Keiko Fujimori y los políticos que entregan el país”.
Desde un gobierno de facto policializado, el terrorismo de Estado apunta a intimidar las protestas en Lima bajo la amenaza de cárcel. Es el mensaje implícito en el caso del joven brigadista Óscar Bellido, detenido durante cinco días en condiciones contra sus derechos fundamentales, sindicado sin pruebas de escribir “Dina asesina” en una pared, para quien la fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva y una posible pena de hasta ocho años de cárcel. El estudiante fue liberado por el Poder Judicial.
Distinta es la represalia contra Vladimir Molina, también brigadista, a quien lo registraron cuando lanzó una bengala a los policías. La Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra él. De esta manera, el régimen criminaliza tanto la protesta pacífica como acciones a las que, en otras circunstancias, se aplican medidas menos severas.
Las delegaciones de todas las localidades peruanas, principalmente del sur andino, continúan llegando a la ciudad bastión de la dictadura cívico-militar-empresarial que es responsable del asesinato de 50 personas. La Policía hostiga a las comitivas durante los trayectos y en los locales de acogida. La fuerza contra las comitivas quechuas y aymaras se ejecutó, como en meses pasados, con mayor violencia. La imagen de mujeres indígenas empujadas y arrojadas al suelo por policías en el Centro de Lima grafican la represión racializada.
Discursos y prácticas de intimidación
Las demandas del pueblo movilizado son la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y el cambio de Constitución. La liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia es una consigna firme en las provincias andinas y amazónicas, pero desestimada por la organización regional más representativa del sur peruano.
Crédito: Fotos de Lucha
“Es una agenda nacional, pedimos de inmediato las elecciones generales, también una consulta popular para hacer una asamblea constituyente mediante un referéndum, para una nueva Constitución, no pedimos la restitución de Pedro Castillo desde la Macrosur”, señaló a este medio un dirigente por Cusco de la Macrorregión Sur, que reúne a siete regiones del país.
Un régimen autoritario, con niveles de rechazo de más del 80%, desconoce la voz del 80% de la población que respalda el adelanto de elecciones y un 70% que está a favor de una asamblea constituyente, reclamos que aún estigmatizan y que reprimieron con violencia letal en diciembre y enero últimos.
“Cusco tiene gas de Camisea, oro, cobre, plata, y no se beneficia con nada, todavía la población sigue siendo pobre y hay extrema pobreza, por eso estamos en lucha. La situación económica y alimentaria están en crisis”, añadió el representante cusqueño. Un ciudadano de Puno subrayó la posición de los pueblos ante el modelo económico que expropia recursos y territorios: “El litio de Puno tiene que salir transformado, no solo extraerlo. Es considerado como soberanía de los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos. Queremos que todos los minerales e hidrocarburos sean declarados patrimonio soberano de los pueblos”.
La dictadura insiste en acusar terrorismo detrás de la legítima protesta popular. Desde Boluarte a la cúpula policial y militar, la criminalización es el único discurso, a pesar de ser expuestos en sus mentiras. Las comunidades andinas y amazónicas fueron, precisamente, las que contuvieron a Sendero Luminoso y las que más sufrieron la represión contrainsurgente. En Puno, epicentro de la oposición, la organización subversiva nunca ganó terreno durante los años de la guerra interna.
Allí las manifestaciones se retomaron con medidas de fuerza: el puente de Ilave, en la frontera con Bolivia, fue bloqueado por días. En la región Huancavelica, en el sur andino, hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.
Foto: Javier Bedía PradoFoto: Javier Bedía Prado
En su discurso a la nación, Boluarte mintió al incluir entre las víctimas del estallido detonado por su gobierno ilegítimo al policía asesinado en Juliaca (región Puno) por sus compañeros, quienes quemaron el cadáver al interior de un patrullero y atribuyeron el crimen a manifestantes. También contó a los siete policías asesinados por narcotraficantes en venganza por robos de mercadería, en zona de emergencia.
Además de los bonos a policías y presupuestos privilegiados para el Ministerio del Interior (Mininter), otra señal del poder de la institución dentro del régimen es la propuesta del Ejecutivo de la creación de la Policía del orden y seguridad, que constaría de efectivos con un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armados, para “prevención y cuidado de las calles, en la ciudad y las zonas rurales, como las comunidades nativas”, de acuerdo al Mininter.
En el papel, una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP); en la práctica, se apunta a una suerte de escuadrón armado paralelo, pues el Estado y los mandos policiales no tendrían responsabilidad penal por su accionar. El Congreso, a la cabeza del gobierno de facto en alianza con el Ejecutivo, tiene un plazo de 120 días para aprobar la propuesta. Todo indica que la iniciativa pasará y que el próximo año, con una breve instrucción y armas, serán cientos los nuevos agentes que actuarán sin una cadena de mando que obedezca a la PNP y el Mininter. Desde las organizaciones sociales se prevé que el cuerpo policial será militarizado y usado con fines políticos, para intimidar y perseguir a las poblaciones estigmatizadas, tanto en protestas como en cualquier escenario.
En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.
Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.
El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.
La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.
La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.
El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
Razones
En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.
Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.
En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.
Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.
Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.
Denuncias
Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.
“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.
Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.
El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.
A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.
Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.
El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.
En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.
Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.
Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.
El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.
La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.
EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.
La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.
23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.
Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.
Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.
Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.
El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.
Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.
Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;
1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.
2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.
