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Afirman en territorio cochimí que las mineras “nos están pegando en la madre”
Rancho Maravilla, California Mexicana. 18-09-2023. “Antes, los cochimíes sacábamos unos granitos de oro, pero ahora en nombre del progreso están tumbando cerros, matando un montón de pajaritos y cactus por la vanidad de una mujer presumida que quiere portar oro. Pero tenemos que hacer consciencia que la Madre Tierra es un ser vivo y debemos afectarla lo menos que podamos. Las mineras son empresas de muerte y nos están pegando en la madre. Además, se está acabando el calamar, los mariscos y el pescado por la contaminación brutal. Se llevan el abulón y la langosta al extranjero cuando siempre han sido nuestro alimento”.
En entrevista con Medios Libres, el concejal del pueblo Cochimí del Congreso Nacional Indígena, “Águila” Francisco Grado, declara que “siempre Baja California le ha interesado al capitalismo para hacer sus negocios: los mares, las playas, los recursos minerales del desierto y los valles de la agroindustria que se están llevando el agua; porque están sacando nuestro agua del desierto central; hay una mafia del agrobusiness que engancha mano de obra barata de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los traen con engaños; prometen que las comidas van a ser gratis, y el viático se lo descuentan al final como la mitad del pasaje, y les tienen en galerones compartidos entre familias y hombres jornaleros donde se dan caso de abusos y violencias. Se mueve mucho billete”. Por ejemplo, comenta que la Bajamil, una carrera off road, a campo traviesa, es “un negociazo del sistema capitalista” que cruza los terrenos de los pueblos originarios, destruyendo caminos, tumbando cercos y matando ganado.
“El despojo de mineras como las mexicanas del Grupo México y de Carso, lo vienen haciendo como los lobos con disfraz de oveja: vienen a quitarnos el territorio. Fue lo que le pasó a los hermanos nativos norteamericanos, les quitaron de sus territorios y los llevaron a reservas donde les dieron permiso de vender alcohol y drogas, que es lo que está acabando con ellos; el gobierno los tiene bien jodidos, se me hace muy triste pero es lo que está pasando ahí. Tenemos aquí la tierra que nuestros viejos abuelos nos han heredado, pero nos vamos muriendo, y entre los que quedan hay algunos que tratan de venderla para sacar un dinero, gastárselo, pero no se compra la dignidad”.
“El pueblo Cochimí nos distribuimos a lo largo del desierto central de la península desde Loreto hasta San Felipe más o menos, y nuestros hermanos son los pueblos Cucapá, Kumyai, Pai Ipai, Kohal y Kiliwa. Somos seis pueblos que conformamos la familia Yumana. Ahora nos piden documentos para comprobar nuestros territorios, pues el gobierno entregó tierras a los ejidos que se creen los dueños del territorio. Por eso está el despojo: no tenemos documentos que nos emparen que somos los dueños de la tierra. Es irónico: ¡Qué más documentos nos piden si están las pinturas de nuestros antepasados en las cuevas! El animal sagrado que conocemos como borrego cimarrón ahora lo cazan con dron y helicóptero; un permiso para matar te cuesta entre 60 y 80 mil dólares, y hay gente que lo paga y viene a cazarlo del extranjero. No queremos que maten a nuestros hermanos los borregos cimarrones”.
El luchador indígena afirma que el pueblo cochimí se opone a los megaproyectos de muerte que están amenazando el territorio de los pueblos originarios tanto al norte como en centro y el sur del país. El compañero Águila del CNI se refiere al movimiento indígena zapatista de Chiapas que le trajo “una semillita que se va diseminando y floreciendo en el desierto central de la California mexicana”. “El zapatismo lo vemos como una filosofía de los pueblos indígenas, que ha venido a sembrar la semilla de la resistencia y nos enseña a buscar el bien vivir, cuidar la tierra, luchar por la vida, por eso decimos que estamos contra el desarrollo capitalista pero queremos lo mejor para las próximas generaciones”.
Familiares de Ayotzinapa no cesarán en su lucha por verdad y justicia
CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.
Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.
La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.
El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.
Imágenes de la marcha:
Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:
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Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI. |
Imagen de portada: Reuters/Henry Romero
