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#8M las mujeres indígenas nos alzamos por la Madre Tierra. Ante la violencia patriarcal y extractiva, defendemos nuestros territorios cuerpos y espíritus. Hacemos de la lucha melodía. En los pueblos, barrios y ciudades somos #CuraDaTerra
Este manifiesto fue resultado del Encuentro #CuraDaTerra 2021-2022. Conoce más en curadaterra.org
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Veintiocho años resistiendo y construyendo, a pesar de las amenazas, precariedad e incertidumbre, no es poca cosa. Este domingo 6 de marzo, la Colonia Cinco de Marzo celebró su 28 aniversario con alegre rebeldía y digna rabia.
La Colonia fue fundada el 5 de marzo de 1994 en tierras recuperadas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde entonces, han estado luchando por la regularización de las tierras y, sobre todo, por la preservación ambiental y la vida digna.
Después de todos estos años de lucha, la Colonia sigue enfrentando amenazas de desalojo e irregularidades sin fin en el proceso legítimo de legalización de sus tierras. Desde hace algunos años, cuando parecía que el proceso llegaba a su fin, apareció un nuevo supuesto dueño de las tierras, antes desconocido. Se trata del empresario Adrián Marenco Olavarrieta, con fuertes lazos de amistad con la familia Velasco Coello, involucrado, entre otras cosas, en la especulación inmobiliaria en la zona de los humedales, y denunciado desde 2014 como uno de los dos dueños de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, que operaba sin permiso en el área natural protegida del Cañón del Sumidero, con graves impactos de salud a los habitantes de Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo.
Mientras se resisten los hostigamientos y amenazas, la Colonia continúa su lucha en defensa de la Madre Tierra. Hace poco más de un año, la Colonia se unió al Consejo General de la Zona Sur, una articulación de 14 colonias de la zona sur de la ciudad para defender el agua, los bosques y los humedales – de suma importancia para el equilibrio ecológico en la ciudad – de la especulación inmobiliaria y la sistemática destrucción que se ha presenciado en los últimos años. Juntos, recuperaron la Ciénega vecina a la colonia, ahora considerada un espacio sagrado de vida.
Una muestra del éxito de las acciones de la Colonia y del Consejo de la Zona Sur fue la reforestación de un campo de futbol como parte de los esfuerzos por preservar la zona de los humedales y concientizar a la población. Los miembros del Consejo temían la reacción de los futbolistas, pero para su sorpresa, los 1,500 futbolistas les dieron su apoyo.
Escucha las palabras del Consejo de la Zona Sur:
Fue justamente en la Ciénega donde inició la celebración del aniversario, con una peregrinación para saludar a la Madre Tierra. Al regresar, pobladores y visitantes realizaron un ritual alrededor de un altar maya para consagrar el encuentro, invistiéndolo de su significado profundo: la celebración de 28 años de perseverancia en la defensa de la vida.
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EL CIPOG-EZ DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO POR SU INHUMANIDAD FRENTE A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS EN TODO EL ESTADO.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
1 de marzo de 2022
Hermanos y hermanas, les informamos que se dio una reunión en la fiscalía del estado de Guerrero el pasado viernes 25 de febrero, acordada con Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado de Guerrero e integrantes del CIPOG-EZ, estando presentes familiares de las víctimas de desaparición forzada, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos desaparecidos por autoridades del municipio de Atlixtac el pasado 25 de enero. Además de la fiscal, se encontraba el fiscal especializado en desaparición forzada de Guerrero, así como delegados de la Comisión Estatal de Búsqueda Arturo Solís Felipe, por la secretaría de gobernación Nancy Decidierio, personal de la CNDH, así como Alan Cruz por la Comisión de Atención a Víctimas.
Nos convocaron sólo para entregar las carpetas de investigación a las familias de los desaparecidos y para hacernos saber las líneas de investigación, entre éstas. Pese a encontrarse toda la cantidad de autoridades ya mencionadas, éstas se negaron a comentar algún punto respecto a las recomendaciones que la ONU hizo al gobierno mexicano respecto a la desaparición forzada de Pablo Hilario y Samuel Hernández, no tienen plan de acción ni cronograma de búsqueda, se negaron a hacer investigación y búsquedas en el municipio de Atlixtac, aunque existe la información de que fue ahí donde desaparecieron.
Por si fuera poco, siguen manejando la información como un hecho aislado, no como parte de todo un contexto de violencia y muerte. Mucho menos consideran que la desaparición fue realizada por un servidor público, nadie asume ninguna responsabilidad, no dan fechas para nada, no hay información clara a la familia. No nombran a los culpables, no se nombra a “Los Ardillos” como los perpetradores de los hechos. Dicen que lo valorarán como una tercera línea de investigación.
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Decenas de organizaciones se reunieron frente al abandonado edificio de la representación del gobierno de Puebla en la ciudad de México para protestar en contra de la empresa Bonafont, perteneciente a la trasnacional Danone. El acto fue parte de las acciones dislocadas convocadas en todo el mundo contra el despojo del agua y en conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Samir Flores, quien sostuvo una lucha en contra del megaproyecto de la termoeléctrica en Huexca y del proyecto integral Morelos.
El pasado 15 de febrero en horas de la madrugada, la Guardia Nacional, junto con la policia estatal y la policia municipal de Juan C. Bonilla, desalojaron a los Pueblos Unidos de la región Cholulteca que habían tomada la planta de la empresa Bonafont desde el pasado 22 de marzo de 2021 tras el depojo del agua de la región durante más de 29 años.
Los pueblos cholultecos, cansados del despojo, con sus ameyales, jagueyes y rios secos por una explotación de los recursos hídricos de la región, decidieron retomar el control sobre el agua.
Pronunciamiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes:
COMUNICADO DE LOS PUEBLOS UNIDOS RESPECTO A LA VIOLENCIA QUE EJERCIÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL EN BENEFICIO DE LA TRANSNACIONAL BONAFONT DANONE EN JUAN C. BONILLA, PUEBLA
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A quienes con el corazón abajo y a la izquierda han compartido nuestro dolor y nuestra rabia
En la madrugada del 15 de febrero los gobiernos que dicen representar al pueblo y ser distintos a los gobiernos anteriores enviaron a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal a despojarnos del espacio que habíamos recuperado y convertido en una verdadera Altepelmecalli, una Casa del Pueblo, para dejarlo nuevamente en las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta.
El Altepelmecalli no es sólo un espacio abierto a la escucha y al encuentro de todos los pueblos del mundo, es el lugar desde el que los veinte Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes dijimos ¡YA BASTA! El mismo grito que acompaña a todos los pueblos cuando la ambición y la crueldad de los dueños del dinero y los caciques del poder no deja más opción que la rebeldía.
Dijimos basta al saqueo y secuestro del agua que le da vida a nuestras comunidades y a territorios mucho más allá del nuestro. Dijimos basta a las estrategias del gobierno de desgastarnos con engaños burocráticos y promesas mentirosas. Dijimos basta a estar sometidos a decidir entre ser siervos o víctimas de las empresas transnacionales como Danone que creen que nuestros territorios son solo mercancías para hacer crecer eternamente sus fortunas. Dijimos basta, lo reafirmamos en nuestro decreto en protección a la madre tierra y lo seguimos diciendo con toda claridad: BONAFONT SE VA.
El desalojo ha revivido el riesgo de que Bonafont y sus patrones de Danone vuelvan a secuestrar nuestra agua. El gobierno trata de escudarse en la ley para justificar que nos despojen, porque para eso sí usan la ley, no para protegernos, no para cuidar a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Al gobierno le incomoda y aterroriza que todo el mundo se entere del trabajo por la vida que construimos los pueblos y que reproducimos en la Altepelmecalli. Le da miedo que todos se enteren de que no los necesitamos porque la Altepelmecalli atenta contra la sagrada propiedad privada del capital y pone en entredicho a las instituciones y leyes que fueron hechas para el servicio de los grandes empresarios. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ahora, después del desalojo, llama al diálogo, pero como el mismo lo dice, lo hace para que la empresa pueda volver a funcionar, para que el saqueo vuelva a la normalidad. El gobierno de Puebla no es un mediador en este asunto, es parte, actúa como el representante de los intereses de Bonafont y Danone, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador guarda un silencio cómplice.
A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos.
Estamos dispuestos a un diálogo que permita que nuestra región se mantenga en paz, que permita que nuestra región tenga lo que necesita para que nuestras comunidades vivan y podamos decidir nuestro destino, que permita que Bonafont se vaya de nuestros territorios y nuestra agua y nuestra tierra siga protegida por quienes la hemos protegido durante siglos, como lo estamos haciendo ahora.
Estamos dispuestos al diálogo porque como pueblos no tememos a la honestidad y estamos dispuestos a dar muestras de que nosotros no somos quienes tienen oídos sordos. Pero para que exista el diálogo así como nosotros damos la muestra y el primer paso exigimos que:
1. La empresa Bonafont tenga suspensión de cualquier actividad en la zona.
2. Que no exista persecución a los defensores y ambientalistas de los Pueblos Unidos.
3. Por el respeto a la vida, exigimos que sean liberados inmediatamente los animales que se encuentran al interior de la Altepelmecalli.
4.Que en ese espacio para la palabra y escucha estén presentes los representantes federales y estatales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
5. Que se encuentre presente María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente por parte del Gobierno Federal y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal
6. Adelfo Regino Montes, Representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
7. Miguel Barbosa Huerta por parte del Gobierno Estatal y
8. por parte de la trasnacional Danone, el director general de Bonafont, Mariano Perotti.
Exigimos que este sea un diálogo público. No aceptamos que la postura del gobierno sea que es un asunto entre Bonafont y nosotros, porque con el uso de las fuerzas armadas y policiales en el desalojo los gobiernos se volvieron parte.
Proponemos y hacemos un llamado a la Universidad Iberoamericana – Puebla para que, a través de sus instancias e instalaciones pueda fungir como mediadora dentro de este conflicto socioambiental.
Como Pueblos Unidos, a partir de lo que pueda surgir del diálogo, haremos una autoconsulta en las veinte comunidades que somos, para reafirmar la decisión de los pueblos y definir cuál será nuestro camino.
Invitamos a todos los pueblos, comunidades, barrios, organizaciones, colectivas, grupos, familias y personas a acompañarnos en las acciones globales por la defensa del agua, a la Caravana Por La Vida y la Madre tierra, a las manifestaciones estatales y nacionales, a los mítines y asambleas que tendremos a los largo de las comunidades que conformamos los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes y que estaremos calendarizando próximamente.
ATENTAMENTE
A 20 de febrero de 2022
AGUA TIERRA Y LIBERTAD
PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES
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Ante las constantes y repetidas agresiones criminales del grupo armado identificado como “Los 40 invasores” contra las comunidades zapatistas, se realizó este 8 y 9 de enero de 2022 una tercera Caravana convocada por la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ a la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en San Cristóbal de Las Casas, compañeras de la Red AJMAQ presentaron el informe de dicha Caravana, fundamentado en testimonios y observación de hechos concretos. Esta Caravana y este informe dan seguimiento a dos Caravanas previas, realizadas en octubre de 2020 y enero de 2021, además de una Misión Civil de Observación realizada en diciembre de 2020 y las Brigadas Civiles de Observación, organizadas por el Frayba desde marzo de 2021.
La conclusión es que las constantes agresiones contra las comunidades zapatistas y la total impunidad de la que gozan son una continuación de la guerra de contrainsurgencia para desgastar y desarticular a los pueblos zapatistas.
Miércoles 12 de enero del 2022.
Valle de Jobel, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
III Informe de la Caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio Realizada el 08 y 09 de Enero del 2022.
Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos nuestro INFORME para comunicar, difundir y denunciar la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.
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Programa donde resumimos las notas que dimos durante el año 2 de la Pandemia capitalista global. Una mirada a lo que pasaba en las revueltas y resistencias de los abajos del mundo y de esta región llamada México.
Desde la toma del capitolio por la ultraderecha Trumpista, la constante masacre de Israel contra el pueblo invadido de Palestina, de la revuelta social contra las reformas fiscales y la violencia policiaca en Colombia, el golpe de Estado en Mianmar, la continua represión al territorio Mapuche, la despedida de compas como el Tobi o Luisa Toledo, de una larga lista de crímenes contra defensoras y defensores de la vida y el territorio. LLegabamos asi al segundo año de pandemia global que mostraría al desigualdad e injusticia en la que se basa el modo capitalista de existencia, mientras los primeros países acaparan y controlan como un negocio l salud mundial, los países pobres tienen aun tasas bajas de vacunación o nula o escasa infraestructura sanitaria, un año que continuo con los desastres que ya son consecuencia de la crisis climática.
Mientras en México 2021 marco en la historia de los de abajo, el difícil caminar de los pueblos migrantes, de la lucha feminista que ha encontrado un gobierno blindado y sordo, pero que avanza en organización y derechos ganados, fue el año de la lucha por la libertad de las 95 estudiantes reprimidas en Chiapas de la normal de Mactumacza, y sin faltar la lucha contra los megraproyectos que vio el incremento de la militarización hasta llegar a un blindaje autoritario para impedir quejas contra sus megaobras militarizadas.
La gira zapatista por Europa iría y regresaría cumpliendo su palabra y a la par se han mantenido constante durante todo el año las agresiones paramiliatres a las comunidades autónomas y en general una política de paramilitarismo y de pueblos desplazados como forma de control. Es el año de la expulsión de la empresa Bonafont en Puebla, la declaración de la Casa de los Pueblos en Ciudad de México en la antes TomaINPI, al igual que la toma de la Casa Okupa Chiapas son algunos de los temas relevantes que comentamos en este especial de año nuevo.
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Entrevista en el programa ‘Etat d’Urgence’ de Le Média TV, medio independiente francés, a Maribel Cervantes, delegada del pueblo Popoluca/CNI, y Marcela Méndez, delegada de Yucatán/CNI, sobre la lucha de los pueblos indígenas en México y su papel en la ’Travesía por la vida – capítulo Europa’ (21.11.2021)
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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.
Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.
El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.
El desplazamiento forzado
Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min): (Descarga aquí)
Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.
La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.
Un adolescente cuenta:
Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.
Y otro adolescente:
Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.
“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.
Una mujer cuenta:
Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.
Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?
Contexto
Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.
A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.
El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.
Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.
Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.
Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.
En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.
En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.
Intereses de fondo
Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.
Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.
En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.
Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.
Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.
Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.
A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.
Autores materiales e intelectuales
Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.
Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.
Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.
Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.
Inacción/complicidad gubernamental
Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.
De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.
El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.
Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.
El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.
El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:
A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.
El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.
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por Óscar García González
El pasado domingo 7 de noviembre de 2021, en un estadio de Slumil K’ajxemk’op, en Roma, Italia, las mujeres mayas zapatistas saltaron a la cancha vestidas de color morado, todas con su representativo número 7 en la espalda (ver comunicado del EZLN “Después de los 17. (La sección miliciana Ixchel-Ramona)”).
En un evento deportivo público, LA PAZ (Libre Asamblea Pensando-Practicando la Autonomía Zapatista) convocó a las equipas solidarias de Hic Sunt Leones (Boloña), Ancona Respect, Guastafeste (Roma), Atlético San Lorenzo (Roma) y Torpedo (Roma) para jugar fútbol y rugby con la selección femenina del EZLN autodenominada Ixchel-Ramona. El torneo rebelde sucedió en un estadio defendido por el movimiento squat u okupa en tierras insumisas italianas, el cual anteriormente era un galgodromo donde se realizaban apuestas a costa del sufrimiento canino. Estas instalaciones fueron recuperadas por colectivos que lo gestionan de manera autónoma para llevar a cabo diversas actividades culturales y deportivas. Una diversidad de colectivos agrupados en LA PAZ colaboraron para gestionar y organizar la Gira por la Vida por Italia. Prepararon la concentración anterior a la salida hacia la península ibérica de todas las delegaciones de los grupos de Escucha y Palabra del EZLN, femeninos y masculinos, incluyendo al Comando Palomitas, al Congreso Nacional Indígena y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, es decir, a la Extemporánea en su conjunto.
Para quien tuvo el privilegio de presenciar los partidos, las escenas que se regalaron en el encuentro fueron de lo más emotivas y extrañas para cualquier aficionado habitual al deporte de las patadas. Por principio en las tribunas no existió ese ambiente nacionalista que uno puede presenciar en los estadios cuando dos escuadras de distintos países compiten. No se escuchó lenguaje homofóbico. No hubo distinción entre visitantes y locales. Antes del inicio, poco después del mediodía, a través del sonido local, se advertía a los asistentes que la justa deportiva tenía como objetivo la convivencia solidaria, fraternal, política y militante; contraria a la comercialización del deporte, a la competencia y a los valores de consumo fomentados por el capitalismo.
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En noviembre del 2020, los terrenos de la comunidad zoque de San Antonio Canelar, municipio de Rayón, Chiapas, empezaron a agrietarse por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Eta. Un total de 22 familias, entre ancianos, niños, mujeres y hombres, se vieron afectados. Ante el riesgo de quedar sepultados bajo miles de toneladas de tierra salieron con sólo lo poco que pudieron llevar. Durante meses, las familias permanecieron albergadas y abandonadas en un ex albergue de la cabecera municipal de Rayón, en condiciones sumamente precarias.
Mientras tanto, 36 familias zoques de Candelaria viven refugiadas en el ejido San José Maspac, de Francisco León, tras haber perdido casas, parcelas y ganado.
En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Además, varias parcelas de cultivo presentan deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza pertenecientes a un total de 232 campesinos.
Diecisiete familias del ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos.
En el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. La escuela secundaria colapsó y la estructura del puente está a punto de tener ese fin.
Ante la indiferencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, las comunidades se han organizado para visibilizar la situación. En el caso de Canelar, lo que solicitan es una dotación de hectáreas para reconstruir la comunidad. Pero las demandas no han sido atendidas y las familias continúan viviendo una situación desesperada en la única hectárea que les fue concedida. La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país.
Los artistas zoques Saúl Kak y PH Joel, de la Galería MUY, en coordinación con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, realizaron el reportaje que presentamos aquí.
En la comunidad de El Canelar, Saúl Kak y PH Joel realizaron el siguiente performance para llamar la atención a la situación desesperada de las familias desplazadas ante la indiferencia gubernamental:
Los niños refugiados de San Antonio Canelar hicieron dibujos recordando su vida en la comunidad y relatando su exilio, mientras niños y adultos de la comunidad dan su testimonio sobre la situación que están viviendo:
