^{Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista}

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

“La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

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El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

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“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.

^{Manifestación de pobladores de Ixil contra el intento de despojo de tierras colectivas para desarrollos inmobiliarios.}

Este martes (28), mediante conferencia de prensa, representantes de las comunidades mayas de Kinchil e Ixil, en Yucatán, quienes resisten ante proyectos inmobiliarios, reiteraron su lucha en la defensa de sus territorios.

Pobladores de Kinchil compartieron que el pasado domingo (26) consiguieron realizar una asamblea ejidal para tratar el tema de 4,000 hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios.

Pese a la negativa del Comisariado y el Consejo de Vigilancia para convocar a la asamblea, impulsada por 20 ejidatarios, durante la asamblea se reconocieron a 71 campesinos y campesinas que tienen posesión de las miles de hectáreas ambicionadas por intereses inmobiliarios, colindantes con la carretera que lleva de Kinchil hacia Celestún.

“Por unanimidad los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, denunció Federico May Cuitún, campesino de Kinchil.

Para los posesionarios del área es importante denunciar la intención de despojo por parte de las inmobiliarias. Por ello, Doña Gregoria del Rosario Dzul Cuá reiteró que “como posesionarios no queremos que esto se venda, no queremos dinero, queremos mantener esas tierras en la comunidad, eso es nuestra vida, de eso trabajamos”.

Dzul Cuá resaltó que su familia mantiene la posesión de dichas tierras desde hace 80 años, donde trabaja con abejas y ha vivido de lo que produce en el campo. También denunció que el Comisariado de Kinchil mantiene una estrategia para conseguir la firma de ejidatarios a cambio de un pago para que firmen y puedan vender las tierras. “Gracias a que la asamblea nos reconoció como posesionarios, ya estamos más protegidos”, comentó.

Doña Sara María Dzul Tzuc, otra posesionaria de esa zona, denunció que han recibido amenazas, pero celebró la realización de la asamblea donde reconocieron a los ejidatarios de Kinchil. “Hasta ahora, los ejidatarios han sido engañados por el comisariado, pero el domingo salieron, incluso en silla de ruedas, y dieron su palabra. Ya nos habían dicho que nuestra lucha no tenía futuro, que abandonáramos, pero ahora estamos muy fuertes. La tierra no se vende, la vamos a defender”, sostuvo.

Durante la asamblea ejidal de Kinchil, también se aprobó por unanimidad una serie de acuerdos para ordenar al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia “defender la posesión de las tierras de la comunidad de Kinchil amenazadas por intereses económicos ajenos (proyectos inmobiliarios, empresas porcícolas o avícolas)”.

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Con esta decisión, las y los pobladores mayas exigen a sus representantes legales para que acaten las decisiones emanadas de la asamblea de su comunidad, máxima autoridad ejidal, ante malas prácticas por parte del Comisariado a quien acusan de actuar en favor de las inmobiliarias.

Ixil

Por su parte, pobladores de Ixil denunciaron el incumplimiento de la orden de suspensión que obtuvieron para evitar el cercamiento de sus tierras colectivas, lo que ha obstaculizado la realización del trabajo de campesinos y apicultores desde el pasado 17 de agosto.

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Cabe recordar que la comunidad maya señala a las familias Abimerhi y Millet de intentar apropiarse de las tierras colectivas de Ixil. Jorge Yam Ek, uno de los demandantes en los juicios de amparo interpuestos por la comunidad de maya contra el intento de despojo, señaló que, tras el violento operativo policiaco de agosto, varios cientos de hectáreas de tierras de cultivo permanecen cerradas con alambre de púas y con sellos que amenazan con hasta tres años de cárcel a quienes violen los sellos.

“Aunque el Juzgado Primero de Distrito emitió la suspensión el 6 de noviembre de 2023, en la que ordena a la Fiscalía (de Yucartán) y a la SSP (Seguridad Pública de Yucatán) que se permita acceso a los pobladores de Ixil a estas tierras para la realización de actividades productivas, y que dichas autoridades se cercioren del acatamiento de la medida, aún no han quitado los alambres de púas que cierran los caminos cosecheros y los accesos a los predios”, denunció Yam Ek.

El poblador de Ixil declaró que, al igual que Kinchil, su pueblo está unido ante “la mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras. Es una maquinaria perversa compuesta de políticos, comisariados, notarios, la fiscalía, etc. Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”.

Ciriaco Pech Tec, ejidatario de Ixil, detalló que debido al cercamiento de las tierras colectivas no han podido acceder con agua para suministrar a sus abejas. Tampoco han podido transportar herramientas para trabajar en su producción de hortalizas. “Todo hay que acarrearlo a mano a través de los alambres. Están los policías intimidando a la gente. El comisariado actual lleva dos años y medio pero no informa, le exigimos asambleas, le vamos a ver a su casa pero aún no convoca asamblea”, aseveró.

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Durante la conferencia, se anunció el ingreso de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contra el proyecto inmobiliario Cedrón, aparentemente desarrollado por las empresas Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos, el cual pobladores de Ixil acusan que está deforestando selva a solo dos kilómetros de su comunidad.

“Esto va a afectar la agricultura campesina que depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra, y también nos va a hacer más vulnerables ante inundaciones y ante el cambio climático. No vamos a permitirlo, en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, señaló Karla Flores Arazola, de la comunidad maya.

El objetivo es clausurar el proyecto Cedrón “para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”, complementó Maria Estrella Cocom Noriega, representante de la comunidad.

^{En portada: Minería de arena de sílice en Jáltipan. Foto: Aldo Santiago}

A través del proyecto Hilando el capital verde en Mesoamérica, Avispa Mídia atestiguó un enorme despliegue de maquinaria en el istmo veracruzano, región sur del estado. Las carreteras desde San Juan Evangelista hasta Coatzacoalcos se inundan de trabajadores, transportes y materiales. El boom del nearshoring -reubicación de cadenas productivas a las geografías más cercanas para el mercado-, impulsa la consolidación de proyectos estratégicos para el reordenamiento territorial del sureste mexicano.

La zona es clave para articular 10 parques industriales contemplados en el proyecto del Corredor Interoceánico, que también atraviesa Oaxaca. Cada estado sureño comparte cinco PODEBI (Polos de Desarrollo para el Bienestar), como se denominan los complejos industriales proyectados para la región.

^{Mapa elaborado por GeoComunes}

Además, es un punto nodal para la interconexión ferroviaria con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como por una serie de infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos que constituyen la apuesta por consolidar el andamiaje para la exportación de mercancías hacia mercados de EEUU, Europa y Asia.

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Estas iniciativas forman parte de la articulación de megaproyectos que en la región se enlazan para acelerar la extracción de hidrocarburos -incluidos los no convencionales, más perjudiciales para el ambiente-, minería a cielo abierto y como clúster de la agroindustria.

Chinameca

“Pieza clave” es la descripción del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre la estación de compresión ubicada en Chinameca, Veracruz.

Dicha infraestructura funciona para la compresión y almacenamiento del gas para su posterior distribución y comercialización. Las estaciones están interconectadas mediante ductos de recolección desde los sitios para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Un análisis de CartoCrítica destaca que los principales lugares de producción en México son las aguas del golfo de México, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Acorde a la cartografía, en México existe una red de 1,291 proyectos con una longitud mayor a 34 mil kilómetros.

A estos, se añade la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con el ducto Jáltipan-Salina Cruz, terminal en la costa oaxaqueña desde donde exportará gas a Europa y Asia. El mismo está planeado para proveer gas a la península de Yucatán, al tren maya y a los PODEBI.

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En junio de este 2023, Abraham David Alipi Mena, director general de Cenagas, anunció la rehabilitación de esta estación, que moviliza diariamente 300 millones de pies cúbicos de gas natural.

El funcionario de Cenagas, perteneciente a la Secretaría de Energía, resaltó la importancia de la estación para el transporte de gas de sur a norte de México y viceversa, con la cual buscan aumentar la producción diaria con hasta 800 millones de pies cúbicos.

“La idea es darle mayor flexibilidad al sistema y con esto poder atender las necesidades que hay, y sobre todo el incremento de la inyección en la producción de gas natural”, remarcó el titular del organismo gestor del transporte y almacenamiento del hidrocarburo.

Chinameca también alberga infraestructura de, por lo menos, cuatro de las gigantes de la agroindustria en México: Bachoco, Campi, Maseca y Oleofinos.

Esta última, pertenece al grupo Oleomex, conglomerado de 15 empresas que posee participación en la siembra, procesamiento y distribución de aceite de palma. Entre sus principales clientes se encuentran multinacionales como Cargill, PepsiCo y Nestlé.

La planta procesadora, la primera del estado y especializada en la refinación de aceites y grasas vegetales, fue inaugurada en 2010. Con el argumento de brindar empleo en la región, también se promovió como una fuente para la producción de biodiésel y con ello impulsó los monocultivos de palma en el sur de Veracruz.

La inversión para la planta procesadora se enmarcó en el Programa Estratégico Trópico Húmedo para potencializar monocultivos de cacao, hule y palma aceitera en el sur-sureste mexicano. A su vez, Oleofinos proyectó la instalación de su infraestructura en esta región por la posibilidad de exportar el aceite de palma hacia el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Para el proceso de convertir el aceite de palma de una sustancia líquida a sólida o semisólida se utiliza el proceso de hidrogenación con elementos catalizadores como el níquel y el cromo, cuyo residuo derivado de la actividad industrial es altamente tóxico.

De acuerdo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, elaborado por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, la procesadora de Olefinos reporta hasta 2021 la descarga de elementos como el cromo, níquel y bióxido de carbono tanto al aire, agua y suelo en Chinameca.

Mecayapan

Veracruz ocupa el cuarto lugar en producción de palma aceitera, detrás de Chiapas, Campeche y Tabasco. De acuerdo con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, es en el sur de esta entidad donde se concentran más de 9 mil hectáreas de este monocultivo.

Entre los municipios de Acayucan y Mecayapan suman el 40% (3,169.5 hectáreas) de las plantaciones de la región y del estado. Y es en Mecayapan donde se registró la mayor producción en 2021, al generar el 21% del total de Veracruz con más de 15 mil toneladas de Racimos de Fruta Fresca.

Además de las inversiones privadas, esto se ha logrado con el apoyo estatal con acciones como la entrega de toneladas de fertilizantes químicos como el “Triple 17” a miles de productores del sur de Veracruz.

En consonancia, el Consejo Mexicano Para el Desarrollo de la Palma de Aceite ha localizado entre 2 y 4 millones de hectáreas que cuentan con buen y mediano potencial para la producción de palma de aceite en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

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Un análisis del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y la organización México Vía Berlín resalta la importancia de la ubicación de las plantaciones de palma. Destaca que la región del norte de Acayucan y Mecayapan se expanden cerca o a lo largo de las vías de comunicación. Lo que conllevaría a una acelerada expansión con la interconexión de la región con el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

Jáltipan

El coque de petróleo es un residuo de la actividad de refinación petrolera y de derivados de carbón. Es utilizado como combustible para generadores eléctricos y cuenta con un alto nivel de azufre conllevando problemas de afectación en el ambiente.

Desde hace más de 10 años, en el municipio de Jaltipán que cuenta con más de 40 mil habitantes, opera una planta de almacenamiento de coque. Pobladores señalan como una fuente de contaminación al encontrarse dicho material en grandes cantidades y a cielo abierto.

Organizaciones ambientalistas como Chogosteros en Acción acusan que dicho contaminante provoca enfermedades que van desde neumonías y fibrosis pulmonar hasta insuficiencia hepática y renal, deformidades, abortos y cáncer.

Propiedad de la empresa de capital español ADN Energía, desde julio de 2013 comercializa más de 1 millón de toneladas por año de coque de petróleo. Las y los pobladores de la región denuncian que la compañía instaló el tiradero de coque a cielo abierto sobre manantiales, en una superficie que alcanza más de 25 hectáreas.

En contraste, sus operaciones que realiza entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, donde extrae arena de sílice para la fabricación de vidrio han sido señaladas como dañinas del medioambiente. Pobladores locales acusan que los residuos afectan a 10 mil habitantes de la región y además contamina el río Chacalapa.

Covia Holdings Corp también mantiene operaciones en Chihuahua, Puebla, Coahuila y Guanajuato. Entre los minerales que extrae se encuentran zinc, plomo, plata y hierro.

^{Foto por Santiago Navarro F}

Las organizaciones de tortillerías y molinos de nixtamal de México han remarcado el rechazo al uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas, alimento básico de los mexicanos. “Es nuestra responsabilidad y compromiso llevar a los hogares de México un producto sano y nutritivo. Por lo tanto, estamos en contra de usar como materia prima el maíz transgénico”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

En diciembre de 2020 se publicó un decreto contra el maíz genéticamente modificado, el cual se debía eliminar de la alimentación. En un nuevo decreto, de febrero de 2023, se quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. Se prohíbe el maíz transgénico, así como el uso de glifosato, a partir de 31 de marzo de 2024.

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Sin embargo, a partir de la decisión del gobierno mexicano, las presiones por parte de corporaciones agroalimentarias, como Bayer-Mosanto, y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (T-MEC), empezaron, tanto judicialmente como por la vía del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

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Inicialmente las presiones desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces el gobierno mexicano ha presentado las pruebas necesarias e incluso, propuso realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana. El gobierno estadunidense se ha negado.

“Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta que el paquete tecnológico glifosato y maíz transgénico no conlleva daños a la salud”, sostuvo la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.

El pasado 17 de agosto, el gobierno de Estados Unidos solicitó establecer, en el marco del T-MEC, un panel de controversia sobre la restricción que el gobierno mexicano ha establecido para la importación de maíz transgénico.

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“No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos”, sostuvieron las organizaciones de la campaña.Las organizaciones de tortillerías sostienen que desconocen “cualquier posicionamiento que no provenga del consenso colectivo y que responda a intereses desconocidos” y solicitan que “las autoridades competentes otorguen los apoyos necesarios a los agricultores encargados de la siembra de nuestro maíz, para alcanzar la suficiencia alimentaria”.

En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.

La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.

Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.

Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.

Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.

En los países

En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.

En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones.  Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.

En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.

En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.