DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.
Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.
Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos.
El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.
Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional.
El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.
Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.
Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.
Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.
Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.
Exigimos:
Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.
La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.
Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.
¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!
¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!
¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!
PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.
Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.
Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?
En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.
CARTA DE HIROSHIMA DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS ENVENENADOS POR LOS AGROQUÍMICOS EN CEARÁ
AL GOBERNADOR DEL ESTADO, SEÑOR ELMANO DE FREITAS
Señor gobernador,
Aquí estamos nosotras, madres y niños de diferentes lugares de Ceará. Es con nuestra sangre que le dirigimos la palabra. Sangre humana que corre por nuestros cuerpos. Sangre que hace florecer la rosa de la vida, ese don precioso e invaluable, que ni todo el dinero del mundo puede pagar.
Estamos aquí, gobernador, para decirle que la misma sangre que se transforma en leche por el milagro de la biología, con la cual amamantamos a nuestros hijos, en estas mismas venas, a través de nuestros pechos, circula también el veneno de los agroquímicos.
Es difícil aceptar que estamos enfermando con la única finalidad de engordar las cuentas bancarias de quienes lucran con la destrucción de la vida. Pero lo que más duele, gobernador, lo que nos tortura profundamente el alma día y noche, es saber que nosotras, que amamos a nuestros hijos, transferimos a esos seres indefensos la muerte, que les llega cada vez que los amamantamos. ¡Nuestra leche está cargada de veneno, un hecho comprobado por estudios científicos!
En pleno octubre rosa, mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el cáncer que más afecta a las mujeres en el mundo entero, es sumamente indignante saber que usted es cómplice de una ley que autoriza la pulverización de agroquímicos por drones en nuestro estado.
¿Conoce usted las investigaciones que indican que el cáncer de mama se propaga más fácilmente y es más devastador donde hay mayor liberación de agroquímicos? Sepa que los drones solo empeoran una situación ya bastante crítica.
¿El gobernador escucha, puede escuchar los gritos provenientes de las comunidades primero afectadas por la ley que usted ayudó a crear? Lamentos tan desgarradores como estos, solo no los oyen aquellos oídos que no quieren escuchar.
El veneno que cae del cielo es como una bomba tóxica que explota sobre nosotros. Nadie puede dormir, los dolores de cabeza son constantes, el mal olor es insoportable. Hay niños que vomitan, ancianos con crisis respiratorias, nuestras plantaciones se secan, mueren los pajaritos y las abejas… ¡Nos están matando, señor gobernador!
Nos preguntamos con frecuencia cómo sería si sus familias vivieran aquí, la suya y la de los 22 diputados que aprobaron esta ley cruel e inhumana. ¿Cómo sería si tuvieran que beber de la misma agua, respirar el mismo aire, alimentarse de la misma comida?
Gobernador, en el mes en que Brasil celebra el Día de los Niños, le pedimos que piense en los niños y las niñas mudas telepáticas de nuestro estado. Piense en los niños ciegos imprecisos, en las deformaciones de sus frágiles cuerpos en crecimiento. Piense en las mujeres rotas, alteradas. Piense en las familias devastadas. Piense y dé marcha atrás. Reconozca el grave error cometido y derogue esta ley.
¡No queremos ser envenenadas! ¡No queremos envenenar a nuestros hijos! Nadie quiere eso. ¡Nadie! Eso es lo que demuestra el plebiscito popular realizado por varias organizaciones aquí en el estado. Si duda, suspenda inmediatamente la ley y realice usted mismo una consulta oficial al pueblo. Solo quien hace de la mentira un abrigo teme la verdad.
La bomba de Hiroshima dependió de la presión de un botón para explotar y marcar la historia como uno de los crímenes más horribles y cobardes jamás cometidos. La bomba de los drones de la muerte solo necesita una firma suya para ser desactivada. No vacile. En nombre de todos los niños intoxicados, de todas las madres, de todo el aire y de todas las aguas, de todos los pajaritos y abejas, en nombre de todo el pueblo envenenado de Ceará, ¡hágalo ahora!
De nuestra parte, no tenga dudas, daremos nuestra sangre para cambiar esta historia.
Palacio de la Abolición Fortaleza, 16 de octubre de 2025
El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana.
El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias.
El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.
Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza.
“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.
Proyectos de ley contra educación intercultural
En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe. Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.
“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).
En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.
En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones.
Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense.
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.
Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).
Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.
¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales? Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.
En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.
¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA. El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.
Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.
¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum? En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.
“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“
La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.
Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades? El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.
El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.
Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos? No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.
¿Los paramilitares tienen relación con el Estado? Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.
El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.
Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.
Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios? Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.
Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas
Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.
Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.
Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.
A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha
A los medios de comunicación
A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.
Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.
Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.
Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.
Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.
Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:
14 costales de cal
1 costal de cemento
1 carretilla
4 palas
3 talaches
1 cizalla
2 marros
1 martillo
1 cuchara de albañil
1 niveleta
1 pinza
2 cintas métricas
1 azadón
5 kg de alambre recocido
3 kg de clavos
1 barra
1 motobomba de 5 caballos de fuerza
Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.
Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.
Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.
Atentamente
Desde el fondo del Cañón de Bolaños
¡Nunca más un México sin nosotros!
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Boletín de prensa Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025
La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.
La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.
“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos.
También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1].
De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR.
“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.
Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.
La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.
“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.
SUDAN: El genocidio en Sudan y la complicidad de las potencias del mundo en derramar sangre por intereses capitalistas. Las masacres han sido de tal magnitud que se puede ver el derramamiento de sangre desde el espacio. Fuentes: Al Jazeera, TeleSur
Brasil: Una megaoperación conjunta de las policías Civil y Militar de Río de Janeiro terminó en la masacre de al menos 128 personas, en lo que sería una de las acciones policiales más letales de la historia reciente de Brasil.
CRISIS CLIMATICA: La falsas soluciones del capitalismo verde en la COP30.
Para entender la crisis actual se toman tres elementos: la brecha entre el estado y los ciudadanos, la imposición de soluciones recicladas del capitalismo y la incongruencia en la gobernabilidad socioambiental. Fuentes:Radio Temblor
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
DURANGO: Asesinan a periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango. Fue hallado muerto el 25 de octubre en carretera Durango-Mazatlán con supuesto mensaje del crimen organizado. Su asesinato eleva a 175 periodistas asesinados en México desde 2000. ARTICLE 19 condena el crimen que refleja la crisis de impunidad contra la prensa. Fuente: Articulo 19
GUERRERO: Violento ataque en contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores, se reportan victimas mortales y heridos, Los Ardillos, detras del ataque, hay detenidos. Fuentes: Enlace Zapatista, RADIO ZAPOTE
CHIAPAS: El narco estado en Chiapas y la impunidad. A un año sin verdad ni justicia por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, desde el frayba recordamos su andar junto a los pueblos, su compromiso por la paz y la dignidad. Fuente: Frayba
MICHOACAN: Asesinan a alcalde de Uruapan en Día de Muertos. Por multples medios habría pedido apoyo al gobierno federal para enfrentar al narcotrafico, sin constancia y con apoyos insuficientes Michoacan concentra uno de los estados más descompuestos por el narcotrafico. Fuente: Redes
INVITACIONES:
Encuentro de Mujeres de Abya Yala en febrero 2026. Es una solicitud para que medios libres y comunitarios colaboren en la amplia difusión de los materiales previos que ya se están realizando, para darle cobertura los días del Encuentro y también para que las mujeres comunicadoras populares participemos de esta actividad de diálogo y construcción colectiva. Enlace directo a una de las publicaciones más recientes: https://www.instagram.com/p/DQM_ZABkrM8/?igsh=MXBkYnJwcjJuN2RiNA==
Al pueblo de México, A los pueblos originarios y comunidades en defensa de la vida y el territorio Al Congreso Nacional Indigena Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional A las organizaciones, colectivos y medios libres.
Desde la Sierra Mazateca a través del Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con el licenciado Carlos González García, ante las amenazas y señalamientos públicos realizados por la diputada Judith Vanegas Tapia el pasado 30 de octubre de 2025, durante una mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
En dicho espacio, la diputada Vanegas utilizó su posición pública para criminalizar, difamar y amenazar al abogado Carlos González, tergiversando su papel como defensor del territorio y acusándolo de “levantar a los pueblos” en oposición al gobierno.
Estas declaraciones, cargadas de odio y desprecio hacia los pueblos originarios, ponen en riesgo la seguridad, la vida y la integridad de nuestro compañero, así como la de quienes luchan por sus derechos colectivos.
El licenciado Carlos González García es abogado especialista en derecho agrario y miembro y fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI–CIG).
A lo largo de más de tres décadas, ha acompañado procesos de defensa territorial, agraria y autonómica en diversas regiones del país, desde una práctica del derecho militante, caminando junto a los pueblos, no por encima de ellos.
Su labor ha sido clave en la defensa jurídica y política frente a los abusos del poder, acompañando a comunidades de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca, Chiapas y otros territorios donde los malos gobiernos, sin distinción de partido, han intentado imponer megaproyectos, despojos e intervenciones autoritarias.
Desde su compromiso ético con los pueblos, el compañero Carlos González ha sostenido que el derecho debe ponerse al servicio de la vida, y ha actuado siempre respetando las formas propias de organización, los tiempos, las decisiones y los procesos de cada comunidad.
Ha acompañado la resistencia de pueblos en defensa del agua, la tierra, la educación comunitaria y la autonomía. Entre ellos, los procesos legales de los pueblos de Milpa Alta contra la perforación ilegal de pozos, la construcción de obras impuestas y la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial de la CDMX, así como múltiples acciones en defensa de los bienes comunales, ejidales y colectivos en distintas regiones del país.
Además, su trayectoria está profundamente ligada al movimiento indígena y campesino nacional, y ha sido solidaria con los esfuerzos de construcción autonómica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena, del cual forma parte desde su fundación. Por ello, los ataques en su contra no son solo personales: son ataques contra las luchas colectivas que defienden la autonomía, la tierra y la vida.
Denunciamos que las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia, integrante de la llamada Cuarta Transformación, reproducen la vieja práctica del Estado mexicano de criminalizar a quienes acompañan las luchas por la autodeterminación, mientras se protege a los verdaderos responsables del despojo.
El odio, la mentira y la persecución política no pueden ser parte del discurso de una supuesta transformación.
Desde MAPOC hacemos responsable a la diputada Judith Vanegas Tapia y a las autoridades de todos los niveles de cualquier agresión, daño o acto de hostigamiento que sufra el compañero Carlos González García, así como las comunidades y pueblos que él acompaña.
Reafirmamos que defender el territorio no es delito, y que los pueblos no necesitan ser “levantados” por nadie: se levantan por sí mismos, con dignidad, con historia y con conciencia de que la vida no se mendiga, se defiende.
¡Todo nuestro RESPALDO Y SOLIDARIDAD al compañero Carlos González García! ¡Alto a la persecución a las y los defensores de la tierra y la vida! ¡Basta de criminalizar las luchas autonómicas! ¡El derecho al territorio y a la vida se defiende, no se persigue!
Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) Sierra Mazateca, Oaxaca. 4 de noviembre de 2025
