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Democracy Now!

Racismo, brutalidad policial y COVID-19 en Estados Unidos

Por Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!

(Descarga aquí)  

El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus rodillas. “Por favor. Por favor. No puedo respirar, oficial. No puedo respirar”, jadeaba George Floyd, con sus manos esposadas detrás de la espalda. Los testigos del suceso le pidieron repetidas veces a Chauvin que aflojara la presión, pero el oficial siguió con la rodilla enterrada en el cuello de Floyd. Un devastador video de diez minutos registró este asesinato en cámara lenta, respiración menguante tras respiración menguante. Finalmente, el cuerpo inerte de Floyd fue bruscamente colocado en una camilla, cargado en una ambulancia y llevado al hospital, donde se declaró su muerte.

La indignación fue in crescendo a medida que el video se viralizaba. El hermano de George, Philonise Floyd, declaró a la cadena CNN: “Amo a mi hermano. Todos amaban a mi hermano… conocerlo es quererlo. Él gritaba ‘mamá, mamá, no puedo respirar’ pero no les importó. Realmente no entiendo lo que tenemos que sufrir en la vida. No tenían por qué hacerle eso”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, expresó en un comunicado: “Su vida era importante. Tenía valor… Vamos a buscar justicia y la encontraremos”. En declaraciones posteriores, Ellison agregó: “Lo que estamos tratando aquí no es un caso aislado, sino un problema sistémico. Y tanto la investigación como la acusación se están llevando adelante con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro de que se están llevando adelante de manera competente. Pero eso no le pone fin al asunto. El despido de los agentes no le pone fin. El proceso penal que ha comenzado no le pone fin. El proceso de derechos civiles no le pone fin. Necesitamos un cambio sistémico, profundo y permanente”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó tras el asesinato de Floyd: “Ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte”. Frey demanda el arresto de Chauvin y la familia de Floyd quiere que los cuatro oficiales sean acusados ​​de asesinato.

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Causa Justa Just Cause

On The Murder of George Floyd

CJJC stands in solidarity with the Black-led rebellion in Minneapolis, MN in response to the murder of George Floyd by the police. We vehemently oppose state force used to repress them.Even as a global pandemic ravages the world’s population, leaving over 100,000 people dead in the U.S. alone, with that high number believed to be an undercount, Black communities have been disproportionately hit by the virus.

As we fight for our lives, our people are still being murdered by police and vigilantes. The purposeful lack of medical services and infrastructure and systemic racism in Black communities underscores how we are being subjected to the conditions of genocide.”

The entire internationally-recognized definition of genocide reflects the conditions of Black people in the United States. We have the human right to use any tactics we see fit to respond to these conditions. For a people who were stolen and brought into this country en masse as property, the destruction of capital as a consequence for the ongoing murder of Black life has been a historically legitimate tactic, from urban rebellions to larger-scale wars of liberation such as in the Haitian Revolution;  the 2nd Seminole War,  the Civil War and more.

Capital can be replaced, our Black lives can not. 

We want our people to be safe and take necessary precautions to avoid infecting themselves and others, and at the same time we support the self-determined right to choose what tactics and risks people are willing to take on in the pursuit of justice and liberation. We, as a people, have every right to express our rage and revolt. As a young person stated at a growing memorial for Floyd, “There needs to be a change, and I know change doesn’t come so quickly overnight. I understand that, but there needs to be a change … The fear is really real. It’s really there and it hurts.”

Our people have been forced to endure economic repression, state violence, and austerity for centuries and this has rendered us highly vulnerable to this pandemic with Black people being 2.4 times more likely than white people to die from COVID-19.  Meanwhile, being murdered by the police is a leading cause of death for Black people.

The COVID-19 global pandemic is sweeping the world and yet, incarceration and murder of our people is still a priority of the state. Structural racism continues to create conditions for mass incarceration of the Black population. The criminal justice system is the most clear example of this. African American adults are five times more likely to be imprisoned than white North Americans.

As we organize and push for the release of our loved ones, one only has to look to Alameda County, at Santa Rita Jail, where more than 50 deaths have occurred under the helm of Sheriff Greg Ahern. But organizing works. And we celebrate the impending closure of County Jail 4 at 850 Bryant Street in San Francisco.  Abolishing policing and prisons is a step toward investing in a future we deserve.  We are a people fighting for liberation and self-determination — a fight that has always been about our survival and ability to control our destiny.

We mourn the death of George Floyd, a man who was murdered in the city he moved to for a better life. We mourn and honor the thousands and thousands of other Black people shot and killed in this country by police as well as white racists without a badge.

Most recently we remember Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and Tony McDade.  When Eric Garner’s mom Gwen Carr, heard of the murder of Floyd, she asked: “Why does this keep on happening over and over again?”

The crisis we are in has opened a window for us to push through the changes we want to see. We cannot return to the old world but must push forward together to create a bold vision for a new world where Black people thrive.

Feet on the ground, fist to the sky, eyes on the prize!
Sanyika Bryant, Lead Organizer

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CNI-CIG

Comunicado conjunto por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

¡Memoria Verdad y Justicia!
Comunidades Originarias a 28 de Mayo del 2020

A los pueblos de México y del Mundo
A los medios de comunicación

Familiares de detenidos desaparecidos rememoran la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, donde evocan y luchan por la memoria, la verdad y la justicia para los desaparecidos por el Estado mexicano. En Michoacán, los pueblos originarios mantienen al menos 20 casos de desaparición forzada, detenidos, torturados y desaparecidos por defender su territorio, los recursos naturales y por luchar por un mundo mejor.

En este contexto, entre los años de 1974 y 1976, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, José Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, luchadores sociales originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero, Municipio de Zacapu, fueron detenidos y desaparecidos por la policía política la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército Mexicano, detenidos por buscar transformar las condiciones de desigualdad, explotación y pobreza en que vivían.

Posteriormente, el 20 de abril del 2010, Francisco de Asis Manuel, originario de la comunidad Nahua de Ostula, luchador social, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, Municipio de Aquila, fue detenido y desaparecido por un grupo armado paramilitar, por defender el territorio y la autonomía de la comunidad.

Hoy sus familias continúan con la búsqueda incansable de los desaparecidos, nosotros respetuosamente, acompañamos su dolor, su dignidad, su caminar y su búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia.

Por nuestros desaparecidos, continuamos resistiendo y luchando.

 

Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

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No estamos todxs

¡¡ LIBERTAD a los presos en huelga de hambre en Chiapas !!

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Noticias de Abajo ML

DECIMO Cadenazo de #Radios y #Medio #Libres y comunitarias #SaludParaTodxs

DECIMO Cadenazo de #Radios y #Medio #Libres y comunitarias #SaludParaTodxs
Escucha las realidades de otras geografias ante la pandemia sanitaria que vivimos.
Más de 12 horas de #transmisión para romper el aislamiento, para lo no callar nuestros sentires y pensares en medio de una crisis sanitaria global.

Puntos de montaje:
http://espora.org:8000/saludparatodxs.mp3
http://s.streampunk.cc/_stream/cadenazo.ogg

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México
25 de Mayo de 2020

Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México

No lo queríamos decir, pero lo vamos a decir; “Se los dijimos”

Hace dos semanas, a partir del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretearía de Energía, se ha mantenido una constante discusión entorno a las energías renovables, básicamente lo que dice esté documento (que
requiere de un mayor análisis, y no, no es la solución a nada, ni detiene el avance de las renovables en México), es que ahora la SENER toma el control del sistema Eléctrico Nacional, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad “tomarán las riendas de la transmisión y distribución” (¿Que no ya lo hacían?), implementando una nueva reglamentación, que es lo que puso a llorar a las grandese mpresas, porque este “nuevo ajustes implica pruebas a cumplir por parte de las renovables, sobre todo parques eólicos y fotovoltaicas”, así como el pago de impuestos.

 

Más rápido que Speedy Gónzales, los grandes consorcios renovables se ampararon contra este acuerdo, también hace unos días gobernadores de 7 estados se pusieron de acuerdo para frenar este mismo acuerdo, y todo el debate nacional e internacional se vuelve un circo político y mediático más, entre quien es mas fuerte, tiene mejores argumentos y se defiende mejor, dejando de lado el análisis critico y profundo de está situación, es por eso, que, no lo queríamos decir, pero de todos modos lo vamos a decir, ¡Se los dijimos!…

 

Como Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), desde nuestra prefundación en el 2006, motivada por cancelar contratos leoninos realizados con engaños y abusos de las empresas hacía campesinos, hemos denunciado sistemáticamente a la fecha las condiciones en que las empresas privadas de energía eólica han invadido el territorio de nuestros pueblos en la región, a través de la firma de contratos leoninos, coerción, corrupción y violencia. Gran parte de la energía renovable que se genera en nuestro país, sigue estos mismos patrones característicos de las industrias intensivas y extractivas. El despojo del territorio de las
comunidades indígenas del sur-sureste mexicano, ha sido clave para dibujar un panorama de responsabilidad ambiental para una larga lista de depredadoras empresas nacionales y transnacionales.

En el 2015, 20 de los 29 parques en el estado de Oaxaca, que contaban (en este año) conp ermisos de generación de energía otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, erand e empresas del estado español (PRENEAL, Acciona, Gamesa, Gas Natural, RenovaliaE nergy, EYRA, Acciona, Iberdrola y Peñoles), 3 de Francia (EDF), 1 de Italia (ENEL) y 1 de E.U.A (City Express). Dos parques pertenecen a instituciones mexicanas, el másp equeño de 21.9 GWh/año y 3 aerogeneradores, es para fines de investigación del Institutod e Investigaciones Eléctricas; y un parque de 5 aerogeneradores (42.05 GWh/año) que abastece de energía a distintos campos y edificios militares de la SEDENA en el país. Del total de estos partes, todos se encuentran ubicados en tierras de propiedad social, 18 en los ejidos de La Venta, La Ventosa, Ingenio Santo Domingo y La Mata, y 10 en tierras de tipo comunal (Juchitán, Espinal y Unión Hidalgo) y un proyecto, perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional, corresponde a tierras expropiadas de origen comunal de la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa.

 

La inversión para estos proyectos fue de un total de 6,211’500,000 (seis mil doscientos once quinientos billones de dólares) mdd en menos de veinte años y la autorización de producción de 11,249.47 GWh/año, distribuidos en 1,915 aerogeneradores; esto sin contar al parque Eólica del Sur (el más grande del continente) que está en operación desde el año
pasado. En contraste, un estudio publicado en 2016 por Oxfam y Educa refleja que a pesar de la inversión (o debido a ella) la región del Istmo presenta un incremento en la brecha de distribución de la riqueza y en la cohesión de las comunidades, y que no refleja el bienestar que estás inversiones prometieron, aunado a la serie de irregularidades vinculadas a la
tenencia de la tierra, el control de privados sobre un bien público como lo es la energía, la ausencia de contribución fiscal por parte de las empresas a los municipios y las constantes violaciones a derechos colectivos e indígenas.

Como APIIDTT desde 2009 somos parte de la Red Nacional de Resistencia Civil (RNRC), proceso de articulación de comunidades y organizaciones integrada por 15 organizaciones de 8 estados de la república en la lucha por la Defensa del Territorio, el Reconocimiento Constitucional de la Energía Eléctrica como un Derecho Humano, contra las Altas Tarifas, por una Tarifa fija y justa y por la construcción participativa de una Transición Energética ecológica, social, comunitaria y popular, desde la autogeneración autónoma de energía eléctrica en manos del pueblo y para el pueblo, no para las grandes empresas. No es energía verde si es de las grandes empresas, y menos, si estás grandes empresas son las que más contaminan o destruyen otras geografías, como es el caso de los parque eólicos de Grupo México y Grupo Peñoles instalados en el Istmo Oaxaqueño, ambos conocidos consorcios
mineros.

 

Los combustibles fósiles no son más una opción, tampoco la energía renovable como mercancía en manos de las trasnacionales, si queremos mitigar está Crisis Climática,
insistimos, todxs tenemos que trabajar en la construcción participativa de una Transición
Energética ecológica, social, comunitaria y popular.

¡Nuestra lucha es por una vida digna en armonía con la naturaleza, defendamos lo nuestro
porque es de todxs y debe ser para las futuras generaciones!

Desde los vientos libres del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca:
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

(APIIDTT)
25/05/2020

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Comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

FONATUR obligado a aclarar ambigüedades de Tren Maya, comunicado de Comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, Chiapas

FONATUR obligado a aclarar ambigüedades de Tren Maya
– Petición de información de parte de la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza
– FONATUR cae en omisiones y ambigüedades en su argumentación

La revocación de la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque – Escárcega que, como efecto del juicio de amparo presentado por las comunidades Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua había sido otorgada por la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, está lejos de ser el último capítulo de la batalla por el respeto al derecho a la salud que han emprendido las comunidades Ch’ol del estado de Chiapas.

Ante la argumentación que sostuvieron los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez al revocar la suspensión, la Jueza Lucía Anaya
Ruiz Esparza ha reiterado los motivos por los cuales otorgó la suspensión ponderando el
derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución, y su inminente
puesta en peligro con el fenómeno sanitario COVID19, debido a la construcción de vías
férreas en el tramo que abarca los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, en el Estado de Chiapas, localidades éstas en las que radican los quejosos, integrantes de la
comunidad Maya Ch’ol.

En defensa de la suspensión que había sido otorgada, la Jueza subraya una ambigüedad en la posición del Presidente de la República y de FONATUR que sirvió de base al Tribunal Colegiado para levantar dicha suspensión. El Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su representante y FONATUR argumentaron no estar realizando ningún trabajo de construcción del proyecto denominado Tren Maya, en el tramo que va de Palenque Chiapas, a Valladolid Yucatán, —dentro del que se encuentran los municipios a los que pertenecen los quejosos— sino que sólo estaría realizando labores de mantenimiento y rehabilitación sobre vías férreas ya existentes y prestando los servicios públicos de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.

La ambigüedad reside en que FONATUR, en la foja cinco de su informe previo sobre la vía
férrea ya existente en el tramo Palenque-Escárcega, sostiene que “celebró contratos (con
diversas personas morales) para la construcción de plataforma y vía del tren maya.” ¿Por qué habría contratado empresas para construir plataformas y vías si solamente realizaba
labores de mantenimiento?

La Jueza abunda después en la omisión por parte de FONATUR al no exponer con claridad en qué consisten esas acciones de conservación y mantenimiento y cómo se ejecutan, menos aún cómo es que con el actual fenómeno de salud COVID-19, se ha modificado la realización de esos trabajos, a fin de minimizar el riesgo de que los trabajadores y los pobladores de las comunidades.

No hay en la exposición de FONATUR información ni justificación acerca de las
circunstancias de modo, tiempo y forma, en la que se estarían ejecutando las medidas
sanitarias para evitar el contagio de ese virus, ni cómo se está revisa su implementación. Este descuido no es menor, puesto que atenta contra un derecho constitucional, el derecho a la salud consagrado en el artículo IV de la Constitución Mexicana.

Más aún, la jueza considera que FONATUR, con su argumentación de no construcción, sino de mantenimiento y conservación de las vías pre-existentes, ha variado los efectos y
consecuencias de los actos reclamados, involucrando —con ello— cuestiones de interés
nacional como lo es el correcto funcionamiento de vías de comunicación pre-existentes.
Con sus ambigüedades, FONATUR ha extendido la discusión hacia fuera del llamado “Tren
Maya para afectar todas las labores de mantenimiento de vías férreas. En la colisión del
derecho a la movilidad y el derecho a la salud, debe privar, según el criterio de la Jueza, el
derecho a la salud. Para decirlo con otras palabras: a FONATUR le salió el tiro por la culata.

La Jueza estima indispensable contar con mayor información, respecto a los trabajos de
reparación y conservación que la responsable FONATUR dice estar realizando bajo todos
los estándares sanitarios que este fenómeno de salud ameritan, a fin de analizar la procedencia o no de la suspensión impetrada, y en su caso, los alcances que tendría que dársele a una posible concesión de la medida cautelar.

Por eso, la Jueza ha requerido a FONATUR aclarar si en el tramo ferroviario que va de
Palenque Chiapas, a Valladolid Yucatán, del proyecto denominado “Tren Maya”, se está
realizando trabajos de construcción, o bien, sí únicamente se está haciendo trabajos de
conservación y mantenimiento de vías ferroviarias pre-existentes. En el supuesto que
FONATUR estuviese dispuesto a aclarar esta ambigüedad, deberá también informar con
transparencia sobre las condiciones en que se llevan a cabo las acciones de conservación y mantenimiento del proyecto denominado “Tren Maya”.

Deberá informar también cuáles son los procedimientos en caso de accidentes o casos
fortuitos durante la realización de obras de mantenimiento y reparación de vías ferroviarias; o bien señalar si dichos procedimientos no existen; y en este caso cómo solventará esas problemáticas. Finalmente deberá informar de manera detallada, sobre las medidas sanitarias que se estarían implementado en caso de ser necesario realizar trabajos de conservación y mantenimiento de vías férreas, con motivo del COVID-19 y la forma en la que se estaría verificando su cumplimiento.

La audiencia ha sido fijada para mañana viernes 29 de mayo de 2020. De nuevo exhortamos y solicitamos a la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, que otorgue la suspensión definitiva solicitada de los trabajos del denominado “Tren Maya”. El Poder Judicial tiene la
oportunidad de ponerse al servicio de las necesidades de los pueblos originarios y sus
comunidades.

28 de mayo de 2020
Comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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Red Universitaria Anticapitalista

Tejiendo Resistencias Globales: Miradas colectivas sobre la pandemia y el capitalismo. Segunda parte.

“La naturaleza es una pared elástica que multiplica la velocidad de las piedras que le arrojamos. La muerte no regresa en la misma proporción, sino potenciada. Hay una guerra entre el sistema y la naturaleza. Esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte, o con la vida”.
Cuaderno de apuntes de gato – perro
La Red Universitaria Anticapitalista invita a Tejiendo Resistencias Globales: Miradas colectivas sobre la pandemia y el capitalismo. Segunda parte.
En esta ocasión participa:
Red de Resistencia y Rebeldía del estado de Guanajuato
Partido de los Comunistas (México)
Asamblea de solidaridad con México (Valencia, España)
Asamblea libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista (Grecia)

Viernes 29 de mayo, 20hrs de la CDMX.
La transmisión se realizará por:
Facebook: Red Universitaria Anticapitalista
Twitter: @rua_mx

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Frayba Comunicación

Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

 en Acciones Urgentes por

  • Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

     

  • Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

     

  • Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

     

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

 

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

 

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

 

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

 

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

 

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. 1

 

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. 2 Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 3 El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. 4

 

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

 

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

 

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

 

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

 

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

 

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

 

  1. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
    Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
    C.P. 11850 Ciudad de México.
    Fax: (+52) 55 5093 4901
    Correo: amlo@presidencia.gob.mex
    Twitter: @lopezobrador_

 

  1. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
    Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
    C.P. 06600 Ciudad de México.
    Fax: (+52) 55 5093 34 14;
    Correo: secretario@segob.gob.mx
    Twitter: @M_OlgaSCordero

  2. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
    Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
    Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
    Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
    Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

 

  1.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
    Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
    Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
    Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
    Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
    Twitter: @JuntoscnRutilio

 

  1. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
    Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
    Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

 

  1. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
    Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
    Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

 

  1. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
    Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
    Fax: (961) 60 2 57 84
    Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
    Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

  2.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

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 1 COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud. Advierte experto de la ONU. 18 de mayo de 2020.
2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available
3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).
4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75
5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

 

  1. Acción urgente No. 8

     

     

     

radio
CNI-CIG

TEJIENDO PALABRAS: Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.

TEJIENDO PALABRAS: Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.

Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.

Miércoles 27 de Mayo de 2020 a partir de las 17:00 horas

#ElEncierroNoMeCalla
#NuncaMasUnMexicoSinNosotros

Sígue la transmisión a través de facebook en Congreso Nacional Indígena y
y por yanapak.org:8000/radiocni