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Avispa Midia

A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Foto: Renata Bessi

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.

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Avispa Midia

Desplazamiento de 14 mil personas en Chiapas se mantiene en la impunidad

Por Jeny Pascacio

En portada: En febrero de 2018 se reportaron 750 personas en situación de desplazamiento forzado por las agresiones de un grupo armado contra las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, región de los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba

Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado que se convirtieron en un fenómeno histórico y de impunidad.

Entre los años del 2010 al 2021, la organización con sede en los Altos de Chiapas, documentó el desplazamiento forzado de 14, 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.

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Tan solo en el año 2019, México registró 28 episodios de desplazamiento interno masivo, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.

“Actos de desplazamientos vinculados al crimen organizado, que actúa con la aquiescencia del Estado y coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar el terror, y controlar a la población”, refiere el informe de Frayba.

Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió́ una recomendación, pero el Estado mexicano no ha cumplido en su aplicación.

La organización Sipaz (Servicio Internacional por la Paz) coincide con Frayba en que el panorama de esta entidad al sur de México, es parecido al que se vivió en los años 60, “en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido; pero más que el tiempo, la justicia”.

Otro conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de 5,000 personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la CNDH.

Sin datos oficiales

En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional. “No existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”, consideró la legislación en aquel momento.

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Sin embargo, a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.

Del total de la población de Chiapas en 2020, el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y de esta cifra, el 29% en condición de pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Más de un tercio de la población presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; 55,8% tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población, es decir 24,5%, tiene acceso a alimentación de calidad.

A estas condiciones, se suman los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren las poblaciones desplazadas por este evento traumático, equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, agrega Frayba.

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Avispa Midia

Albergues de migrantes en el sur de México denuncian aumento de violencia

Por Jeny Pascacio

Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.

En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.

En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.

Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.

Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

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Inseguridad

Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.

Albergue Betania Santa Martha, Salto de Agua, Chiapas

Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.

En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.

Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.

“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.

Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.

El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.

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Avispa Midia

Comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana denuncia nuevos ataques

Por Sare Frabes

La comunidad autónoma San Lorenzo de Azqueltán, conformada por los pueblos Wixárika y Tepehuana, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció que los ataques a la comunidad continúan. Un policía de nombre Adán Bañuelos Herrera, junto con otros elementos de la policía municipal, sin motivo alguno, sustrajeron a golpes a dos miembros de la comunidad. A uno de ellos lo sacaron de su casa a golpes y amenazas.

Los dos miembros de la comunidad fueron llevados ilegalmente y fueron torturados incluso con descargas eléctricas, reclamándoles el haber movido alambres de los “invasores agrarios en diversas movilizaciones comunitarias o el acompañar al comisariado autónomo”, sostiene la comunidad en un comunicado, “fueron torturados por defender la tierra y no es la primera vez que atentan en nuestra contra”.

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De acuerdo con el comunicado, han sido afectados en su salud y presentan secuelas de la tortura. “Persiste la pretensión de los caciques de apoderarse de nuestro territorio ancestral, (…) policías municipales se han prestado para reprimir a nuestra comunidad cometiendo delitos graves como es la detención ilegal y tortura de comuneros, para amedrentar, aterrorizar y tratar así de detener la defensa de la tierra y la organización comunitaria”, afirman.

Histórico de agresiones

Los ataques a la comunidad autónoma han intensificado en los últimos años. El 11 de julio de 2020 hubo la detención ilegal y tortura de un comunero, de donde se derivó la carpeta de investigación 158/2020 y la causa penal 63/2020. “Grave violación a los derechos humanos que permanece en completa impunidad”, sostienen en el comunicado.

El día 5 de julio de 2020, atrás agredir a un comunero le dijo que “contaban con luz verde para matar a uno de Los Valles y uno o dos tepehuanos que andaban luchando por la tierra”.

El 22 de marzo de ese mismo año, apedrearon a dos comuneros de avanzada edad en la localidad de Izolta, como represalia por la organización comunitaria.

El día 30 de mayo de 2019 el mismo policía Adán Bañuelos Herrera agredió y amenazó de muerte a un comunero.

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Lucha por la tierra

Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.

Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.

“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.

El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.

Chávez explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.

En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.

Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.

De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.

En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.

Chávez sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.

En el comunicado, la comunidad autónoma sostiene que sus tierras no están a venta. “A nuestros padres y abuelos han ido despojando poco a poco y de repente los gobiernos dan escrituras a algunas invasiones, y les hace creer que así de fácil es arrebatar a el territorio con impunidad y violencia. Por eso los gobiernos se hacen cómplices de ladrones de terrenos, que cínicamente se dicen dueños de grandes superficies de nuestras tierras”.

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Avispa Midia

Guerrero: Grupo paramilitar ataca a comunidades nahuas

Por Ñaní Pinto

En portada: Movilización de integrantes del CIPOG-EZ en el marco del 12 de octubre del 2020.

El pasado domingo (30), el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció el ataque del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” contra los habitantes de las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, municipio de Chilapa, en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Según los testimonios, desde el amanecer del domingo se registraron disparos contra las tres comunidades nahuas. “Abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado”, señaló la organización indígena ante la inacción gubernamental.

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De acuerdo al CIPOG-EZ, estos ataques suceden en el contexto de la emisión, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de medidas cautelares para la protección de las comunidades.

El pasado 11 de diciembre de 2021, la CNDH llamó a la gobernadora del estado, así como a distintos funcionarios encargados de la seguridad, tanto fiscalía del estado así como a la Guardia Nacional, “para realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal,patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de las comunidades de Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOG-EZ”.

La CNDH consideró emitir dichas medidas debido a los antecedentes de emboscadas y agresiones, mediante el uso de armas de fuego, por parte del grupo armado “Los ardillos” en contra de las citadas comunidades.

Temor

La organización indígena también enfatizó el hecho de que en la versión oficial el gobierno no menciona la responsabilidad de las agresiones por parte del grupo de “Los Ardillos”.

“Vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar”, denunciaron.

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Además, también desmintieron las declaraciones de la secretaría de Seguridad Pública del estado, quien comunicó los sucesos como un enfrentamiento entre pobladores.

“Resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar ‘Los Ardillos’.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial”, declararon en comunicado difundido también por el Congreso Nacional Indígena.

Las recientes agresiones se suman a la desaparición, el pasado 25 de enero, de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos integrantes del CIPOG-EZ y quienes fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Atlixtac.

Los actos de violencia contra las comunidades ocurren a pesar de la existencia en las inmediaciones de personal de seguridad que integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Denuncia de la comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG por los ataques a las comunidades del CIPOG-EZ

Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación,
A la Sexta Nacional e Internacional.

 

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alerta que nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que desde el amanecer del domingo 30 de enero, estaban siendo atacados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos, cuyos sicarios abrieron fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco durante alrededor de 2 horas, sin que los gobiernos hicieran algo para detener el ataque a las comunidades miembros del CIPOG-EZ.

Los cuerpos de seguridad y castrenses del gobierno, teniendo la capacidad de repeler los ataques, particularmente el Centro de Operaciones Mixtas ubicado en la comunidad de Tula, no protegieron a la comunidad, sino que permitieron que los paramilitares atentaran contra la vida de las y los compañer@s; siendo los gobiernos en todos sus niveles, cómplices también de la desaparición forzada de los compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez a manos de la policía municipal de Atlixtac el pasado 25 de enero.

Denunciamos la impunidad y corrupción con la que el grupo delictivo Los Rojos mantienen una guerra en contra las comunidades que luchan y se organizan en el CIPOG- EZ, para defender, con autonomía, la paz y su territorio indígena.

Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de la integridad de l@s compañer@s del Conejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, así como de cualquier nueva agresión a las comunidades que lo integran.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias y medios de comunicación libres, para estar atentos ante nuevos ataques narco paramilitares.

 

Atentamente
Febrero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 febrero 2022

 

ROMPIENDO FRONTERAS
CHILE: Ni un día más en a cárcel. La lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión.
CHILE: Muerte de una reclusa por negligencia de la gendarmeria. La Zarzamora
PERU: Derrame de petroleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y areas naturales protegidas con 11,000 barriles de petróleo en la costa central de Perú, la multinacional Repsol y las autoridades responsables y complices. Jubileo Sur
UCRANIA: ¡Paz en Ucrania! Democracy Now

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUOS
MEXICO: Reclamo masivo ante el asesinato de comunicadores en México. Movilizacion en 67 ciudades de México por el  asesinato de al menos 3 periodistas en enero y 29 en la actual administracion federal. El dia 31 de enero sumarian 4 periodistas con el asesinato de Roberto Toledo.
LUCHA POR LA VIDA: Semblanza del espacio y los proyectos de la Galeria y cafeteria «La resistencia» en el centro del CdMx. Juan Perez
MORELOS: Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Zona Docs
AYOTZINAPA: Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43Previo a una jornada de manifestaciones los padres y madres fueron atacados por 800 policias. Tlachinollan
CDMX: Emplazan al gobierno a resolver y no criminalizar la protesta de la comunidad otomi. LLaman a foro para discutir sobre el acerco de arte indígena ante amenazas  y desprecio del INPI.
GUERRERO: Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad,CIPOEG-EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. CNI

Música:

Fue una larga noche-Kekoyema

El rio me enseño- Casiopeo

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Paradoxus Luporum – Muerte a la Anarquía

Manu Chao – No a la mineria en Chubut

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Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Comunicado de nuestro compañero Marcelino Ruiz, preso en lucha, exigiendo la libertad del compañero Fidencio Aldama

CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México.

31/1/2022

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Como presos tzotziles en lucha y como hermanas y hermanos y compañeros y compañeros del mismo caminar y sentir nos solidarizamos con el compañero Fidencio Aldama para exigir su libertad ya que sabemos que estos 5 años separado de su familia al estar en privado de su libertad pagando un delito prefabricado lo difícil que ha sido.

Sabemos lo difícil que ha sido para el y su familia pero sepan que siempre los acompañaremos con nuestros corazones sabemos que su digna lucha es por la justicia y por la vida por nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas.

Es por eso que sepan que su lucha es nuestra lucha y no están solos compartimos sus sentimientos su resistencia, su rebeldía y su sed de justicia. Somos uno contigo compañero Fidencio, desde estas cuatro paredes de esta prisión te enviamos un saludo combativo.

Con nuestra voz invitamos a las organizaciones independientes y colectivos a seguir tejiendo lazos de justicia y seguir sembrando semillas de dignidad rebeldía en contra de este sistema corrupto y opresor.

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Justicia para Samir!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Libertad para Fidencio Aldama!

¡Justicia para todxs lxs oprimidxs!

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

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Colectivos e individuos Oulu, Finlandia

Con la comunidad Zapatista de Nuevo San Gregorio desde Finlandia

Una pequeña muestra de solidaridad desde la ciudad de Oulu, Finlandia, en donde se reunieron diferentes colectividades e individualidades para expresar su total enojo y digna rabia en contra de las constantes agresión de los grupos paramilitares hacia las comunidades autónomas Zapatistas.

Nos solidarizamos con los pueblos Zapatistas desde el Norte de Slumil K’ajxemk’op (Europa insumisa) y desde abajo a la izquierda abrazamos sus resistencias, sus dolores y luchas.

Exigimos al mal gobierno de México que detenga los ataques a las comunidades autónomas, rebeldes que construyen otra realidad día a día. Durante los encuentros de escucha y palabra celebrados durante la travesía por la vida nos enseñaron a caminar en unidad, con respeto, y coraje, construyendo poco a poco un frente común y resistiendo encontra del capitalismo voraz.

¡Viva el EZLN!

Colectivos e Individuos

Oulu, FInlandia

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El Salto Diario

Periodistas mexicanos denuncian su indefensión ante un repunte de violencia contra el gremio

El asesinato de cuatro comunicadores en lo que va de 2022 indigna a los periodistas que señalan un sistema de protección que consideran ineficiente.
 
Concentración del 25 de enero en protesta por el asesinato de dos periodistas en Tijuana. Foto: Luis Gutiérrez.
 Carlos Iván Molina Aguilar
Tijuana (México)

El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este pequeño blog de información local elaboraba piezas que señalaban la corrupción en los distintos niveles de la administración y entre los políticos, y había recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en México desde que empezara el año.

Según ha documentado Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en lo que va de mandato del presidente López Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el año 2000.

La semana pasada fue especialmente trágica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos días en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las más violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de México y que colinda con el estado de California, registró el año pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad física de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el “Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas” del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Martínez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Martínez, con más de 20 años de reportero gráfico en temas policíacos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 años saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas policíacas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales más reconocidos. Llegó a ser fuente de información de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejará un vació informativo ya que solo él cubría esta fuente con una valentía y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue más que reconocido. A pesar de esto, cuando pidió ser beneficiario del “Mecanismo de Protección” un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logró cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una página de Facebook que señala a miembros de cárteles llamado “Tijuana en Guerra”, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se veían afectados por las publicaciones de dicha página.

Después de un altercado transmitido en vivo a través de Facebook con un pseudo-comunicador llamado Ángel Peña, —quien administra una página en dicha plataforma con más de 100 mil seguidores, pero carente de ética periodística— donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expresó temer por su vida a través de un comunicado hecho por el colectivo #YoSíSoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tomó el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protección, incluso se comunicaron con ella para decirle que no existían fundamentos jurídicos para operarlo y debían volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a más de tres mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. La federación hizo llegar documentación a Margarito pero se desechó su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

“Quiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque él asumió que porque le llamaron por teléfono ya estaba incorporado. Sí tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transición de gobierno, lo delegaron a la federación y ellos no tienen contacto cercano con nosotros”, dijo Sonia de Anda.

“Estos dos crímenes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo están tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben cómo. No sé si no se pusieron en comunicación con la federación para que les explicaran que tenían que hacer o simplemente pensaron que podía esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis días después a Lourdes Maldonado”, explicaba la integrante de #YoSíSoyPeriodista.

Esta centralización característica en el sistema republicano de México ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejanía, sino también por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado vía libre a los “blogeros” e “influencers” de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021, que según el presidente de México garantizaría la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creación del colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podrían diferenciarse de aquellos “bloggeros” o “influencers” que mantienen una línea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagandística en sus contenidos.

“El mismo gobierno nos vulneró porque creó una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situación que generó el gobierno mexicano le abrió la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue víctima de uno de esos blogueros”, comentó la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de “desencantamiento” hacia los medios de comunicación por parte de la población mexicana, la cual vivió años de lo que algunos llamaron una “Teletiranía”. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha tenían con las televisoras y que rayaban en lo propagandístico, la guerra sucia mediática/política en épocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llevándose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado cómo sacar ventaja del término “Chayotero” o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los cárteles) o fotografías explícitas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos económicos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: “Yo no soy lame botas de nadie, a mí nadie me paga”.

“Estos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuestión de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de víctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones”, argumentó De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 años de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis días después, fue distinto. Ella sí era beneficiaria del Mecanismo de Protección desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella también le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado tenía una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el dueño del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje ganó la gubernatura del estado y ejerció el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la república.

Días antes de su asesinato, Lourdes  ganó su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicación —PSN— del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que daría control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, así como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendría la obligación de informar a las instituciones de seguridad social.

“No sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrentó a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria política y Lourdes fue un elemento desechable. Imagínate que ahora estén escogiendo periodistas para atacar políticos, esa es la preocupación”. Explicó la presidenta del colectivo.

La periodista ya había sido atacada en su domicilio en marzo del año pasado, y desde entonces tenía un botón de pánico, un teléfono que la comunicaba directamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, además de tener custodia policíaca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Según la Fiscalía General del Estado las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su vehículo justo frente a su domicilio.

El problema, según piensa De Anda y el colectivo #YoSíSoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunicó al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del año pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad pública, requirió de vuelta al servicio a todos los policías que realizaban actividades de custodia de personas, porque según ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretaría no ha facilitado las bitácoras de la custodia que tenía Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscalía: “Tengo la sospecha que se le había retirado parte de la custodia que se le había otorgado. Queda en evidencia que algo no está funcionando en el mecanismo estatal y el federal”. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram Sánchez, quien acudió a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no falló.

“Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”

“No podemos decir que falló el mecanismo en opinión de nosotros, el mecanismo que ella tenía, tenía algunas cosas específicas en las que consistía, sabemos que tenía un botón de pánico y comunicación constante con Seguridad Pública, sabemos que había rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compañera, es algo que estamos determinado en este momento”, señaló Sámchez.

El ambiente actual en el gremio periodístico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicológicas, delirios y paranoias de persecución. “Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”.

Los integrantes de #YoSíSoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilización nacional para exigir justicia a los periodistas caídos en lo que va de este año. Más de 40 ciudades en todo el país se unieron a esta movilización.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de países que no se encuentran formalmente en guerra con más periodistas asesinados, incluso arriba de países como Afganistán.

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