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onsejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata y Organización Campesina de la Sierra del Sur

(Español) CIPOG-EZ continúa las movilizaciones de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala con el EZLN y exigimos justicia para nuestros muertos

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Las mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos de las comunidades indígenas; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas del estado de Guerrero, que estamos organizados en nuestro Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ), y somos parte del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) en conjunto con nuestros pueblos hermanos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).
Continuamos hoy 1 de diciembre del 2020 las movilizaciones en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. No podemos tolerar que en nombre del «progreso» de la autoproclamada 4T pasen por encima de la ley, pase por encima de la dignidad y de la vida de nuestros hermanos y hermanas Nahua. Y seguimos realizando bloqueos y movilizaciones, porque vemos que los medios de comunicación, solo guardan silencio cuando se violentan los derechos de los pueblos, y guardan esas noticias para los espacios que no se ven, que no se leen o ni siquiera las cubren.
Volvió el silencio cuando reclamamos nuestros derechos, está volviendo ese México que prefiere voltear la cara para no ver los cadáveres de los indios muertos, para no ver las imágenes de dolor de tantas familias desplazadas. Volvieron los intelectuales que dicen que no sabemos, que no entendemos, que este si es «progreso» de a deberás, que nos están manipulando. Pero nosotros vemos las cosas muy diferentes, vemos como AMLO mintió descaradamente y dijo una cosa e hizo otra cosa aquí y allá.
Vemos como le siguen echando bala, como los siguen hostigando y sigue la violencia cada vez más fuerte contra nuestros hermanos y hermanas de diferentes comunidades en Chiapas, comunidades atacadas del CNI-CIG, vemos como se continua la guerra contra las bases de apoyo Zapatista y vemos como siguen impunes los paramilitares. Y vemos como los malos gobiernos federal y estatal hacen como que no pasa nada, voltean a mirar a otro lado, se van a cenar con grandes empresarios a los que por cierto antes les llamaba mafia.
Y aquí en Guerrero la cosa va peor, ya que logramos romper el cerco narco-paramilitar como CIPOG-EZ, hemos platicado en colectivo con las comunidades que durante más de un año han estado cercadas por «Los Ardillos» un grupo narco-paramilitar que goza de la impunidad de los tres niveles de gobierno en México. Hay mucho miedo, dolor, rabia e indignación.
Nos contaron como llego hasta acá llego Alejandro Encinas enviado por López Obrador en Enero del 2020 para ofrecer migajas y comprar conciencias, para tratar de tapar la barbarie de los 18 asesinatos de nuestras bases, promotores, promotoras y concejales del CNI-CIG a manos de «Los Ardillos». Pero no llego la justicia, no les importo y no les importa la vida de nosotros como pueblos, solo vinieron para ver qué tanta fuerza teníamos, y a quien podían comprar y a quien podían callar y medir si el impacto afectaría su 4T. Solo a eso viniste Encinas, la justicia no te acompaña, solo tus cálculos políticos. No vemos una 4T, vemos un nuevo PRI.
Por eso has negado una y otra vez las medidas cautelares para los promotores del CIPOG-EZ por qué quieres vernos muertos, quieres que no estorbemos y que no se denuncie la barbarie, la tortura, la violencia, el terror, y la complicidad del Estado. Pero los pueblos supieron reorganizarse, y están con todas sus fuerzas venciendo el miedo y el terror. Les pedimos a nuestras hermanas y hermanos que nunca nos han dejado solos, que estén atentos, que estén alerta, ya comienzan a llegar nuevamente las amenazas a nuestras vidas, por romper el cerco, por denunciar la complicidad gubernamental, pero sobre todo por atrevernos a luchar por nuestra libertad, dignidad, justicia y democracia.

ATENTAMENTE:
Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)
Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero,
Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotros y nosotras!

O.C.S.S.

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Latinoamérica Rompe el Cerco

(Español) SEMANARIO LATINOAMÉRICA ROMPE EL CERCO

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📅 30 de noviembre 2020

🌐 Semanario #37 desde el Caribe hasta el Sur 🌐

▶️ ESCUCHE AQUÍ:

(Descarga aquí)  

🌱 TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.

🥁 LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.

🌈 GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.

🎼 Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra

🔥 Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses

🎙Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla

🎛 Edición y masterización: Radio Epidemia

📸 Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano

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Semanario #37: desde el caribe hasta el sur : Latinoamérica Rompe el Cerco : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020

 

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Notimia

(Español) Piden investigar ataque y poner fin a desplazamiento de personas indígenas en Chiapas

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Imagen tomada de Serapaz México.
Imagen tomada de Serapaz México.

Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

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Avispa Midia

Perú: La lucha que desactivó un golpe armado

Por Javier Bedía Prado

La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.

A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.

La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente”  -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.

Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.

Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.

Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.

En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.

El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas

“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.

La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.

Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.

La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.

Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.

Ver también: Perú, tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto

Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y  estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.

Orden: extremar la represión

La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.

Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.

Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.

Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.

“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.

Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.

La autonomía y resistencia de las nuevas voces

Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.

Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.

Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.

Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.

“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.

Nuevo Gobierno, viejos discursos 

El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.

Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.

El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.

Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.

Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.

Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.

Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.

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Colectiva La Zarzamora

Bombozila: Muestra documental de realizadoras latinoamericanas feministas

“Latinoamerica es mujer y se defiende” es el nombre de la muestra que estará disponible hasta el 10 de diciembre en www.bombozila.com. Esto como una forma de activismo digital contra la violencia patriarcal capitalista de  distintxs creadorxs en todo el mundo.

La muestra consiste en 27 videos realizados de manera independiente que dan cuenta, desde distintos lenguajes audiovisuales, experiencias de lucha y resistencia de las mujeres y disidencias frente a la violencia patriarcal.

La curatoria de estos videos estuvo a cargo de las organizaciones “Maizal”, “La Sandia Digital” y “Bombozila”, que agrupan a realizadorxs feministas de Ecuador, Perú, México, Brasil y Chile.

“Los videos abordan temas como la experiencia de defensoras de la tierra, visibilizacion y reconocimiento de identidades disidentes, autodefensa y búsqueda de justicia contra femicidios, el arte y la cultura como formas de resistencia, registro de movilizaciones, afirmación y empoderamiento de lxs cuerpxs desde el amor propio” nos contó Ellen Francisco, integrante de Bombozila, desde Brasil.

Desde Chile, participan 5 cortometrajes

“Femfest” https://bombozila.com/femfest/, “separatismo” https://bombozila.com/separatismo-chile/, “comimo engrudo” https://bombozila.com/comimo-engrudo/, “visibilizar nuestra existencia es autodefensa” https://bombozila.com/visibilizar-nuestra-existencia-es-autodefensa-chile/ y “comunicado yeguada latinoamericana” https://bombozila.com/comunicado-yeguada-latinoamericana-chile-luchas-feministas/.

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Organización Campesina de la Sierra del Sur y Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata

La OCSS y el CIPOG-EZ SE SUMAN AL LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Las campesinas y campesinos pobres de la Costa Grande de Guerrero que conformamos la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), coordinadamente con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Nos sumamos al llamado del EZLN y el CNI-CIG para abrazar la lucha de nuestros pueblos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Hoy 30 de Noviembre del 2020 con los bloqueos carreteros, que realizaremos en tres regiones del estado de Guerrero. Porque como pueblos campesinos tenemos memoria y no olvidamos como AMLO no sólo traicionó su propia palabra, sino que traicionó a todos los pueblos con tal de concretar el llamado Proyecto Integral Morelos.

Y vemos como no le importa pasar por encima de nada, ni nadie para lograr los objetivos de su gobierno, que no son los objetivos de los pueblos. Favoreciendo a las elites empresariales nacionales y extranjeras. A costa de la vida de las y los campesinos.

(Continuar leyendo…)

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El Salto diario

(Español) Francia amordaza los vídeos de denuncia de la violencia policial

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La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía, pese a multitudinarias protestas como la de este sábado. Un texto simbólico de la deriva liberticida de Macron.

Enrics Bonet

@EnricQuart

29 NOV 2020

Unas 130.000 personas, según la Policía, y 500.000, según organizadores, marcharon por las calles de varias ciudades de Francia contra la nueva Ley de Seguridad Integral el sábado 28 de noviembre. En París, la “marcha de las libertades contra las leyes liberticidas” congregó a un total aproximado de 46.000 manifestantes. Allí se repitieron las imágenes de cargas policiales y fotoperiodistas heridos.

La policía francesa protagonizó otro vergonzoso episodio de uso abusivo de la fuerza el la noche del lunes 23 de noviembre en París. La ocupación pacífica de la céntrica plaza de la República por la asociación Utopia 56 y decenas de migrantes degeneró en un brutal desalojo. “Unas imágenes chocantes”, reconoció el mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, sin ruborizarse por la hipocresía de sus palabras.

Otro vídeo desvelado el jueves por el digital Loopsider acentuó la indignación por los abusos policiales. Grabado por las cámaras del acomodado distrito XVII de París, en él se veía a tres agentes dando una paliza a un joven negro. La víctima fue un productor de música que recibió insultos racistas y lo detuvieron con una violencia gratuita por el simple hecho de no llevar la mascarilla. Los episodios de uso indebido de la fuerza policial no resultan ninguna novedad en Francia. Pero esta sucesión de casos se produce en un momento en que el gobierno impulsa una ley para limitar la difusión de imágenes de las acciones policiales. ¿Abusos como los de esta semana se podrán seguir denunciando en las redes? ¿Cómo el ejecutivo macronista quiere enmordazar estas imágenes de denuncia?

La Asamblea Nacional aprobó el martes por la tarde la ley de “seguridad global”, que abre la puerta a sancionar la publicación de imágenes o vídeos no difuminados de agentes. Pese a la fuerte contestación en la calle, esta fue aprobada con 308 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones, gracias al apoyo de diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional. Bautizado con este nombre con tintes orwellianos, este texto legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París hasta el refuerzo de las competencias de las agencias privadas.

La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24 que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales

Su elaboración indignó, sin embargo, a la izquierda francesa al restringir derechos fundamentales, como el de manifestarse o la libertad de prensa. La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24. Este prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de “manera manifiesta” la “integridad física o psíquica” de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros con las que podrán sancionarse estas publicaciones. Además, el texto favorece el uso de drones y cámaras por los antidisturbios para grabar manifestaciones.

Aunque la presión social obligó al ejecutivo a introducir una enmienda en el último momento para garantizar el “derecho a informar”, esto no evitó la lluvia de críticas a nivel internacional, desde Amnistía hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Incluso la Comisión Europea recordó el lunes a las autoridades francesas el principio de la “libertad de prensa” y dijo que “seguía la situación de cerca”.

La “ley mordaza” francesa

“El artículo 24 sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben”, asegura a El Salto Fabien Jobard, especialista en temas policiales. “Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente”, advierte este sociólogo. Aunque muchas de estas hipotéticas detenciones no acaben en condenas ante la dificultad de demostrar que se perjudicó la integridad del agente, estas detenciones preventivas “ya supondrán un obstáculo al derecho de manifestarse”.

Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos

Este experto del prestigioso Centro de investigación científica (CNRS) observa similitudes evidentes entre la nueva ley de “seguridad global” y la ley mordaza: “El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España”. En el caso de la legislación española, “la policía española la ha utilizado en numerosas ocasiones”, recuerda Jobard, quien teme que en Francia se reproduzca una situación similar, aunque en este caso con una multiplicación de las detenciones preventivas y de agresiones contra periodistas o manifestantes que graben. Al otro lado de los Pirineos serán los jueces los encargados de dictar las multas.

Elaborada para contentar a los sindicatos de policías —mayoritariamente conservadores, o incluso ultraderechistas—, esta “ley mordaza” francesa amenaza con silenciar el principal medio de denuncia de los abusos de las fuerzas de seguridad. Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos. Más de 2.200 manifestantes heridos, 308 de ellos con heridas en la cabeza, 24 perdieron un ojo, cinco se quedaron sin una mano… Un balance escalofriante silenciado por los grandes medios en los primeros meses de protestas.

También fue gracias a un vídeo del militante Taha Bouhafs, ahora convertido en un influyente reportero, que salió a la luz el caso Benalla, el escándalo del ex guardaespaldas de Macron que pegó a manifestantes el 1 de mayo de 2018 en París. Además, estas imágenes resultan claves para denunciar la violencia policial enquistada en la “banlieue”. Así lo reflejan iniciativas como la aplicación UVP para difundir en directo en las redes los abusos de las fuerzas de seguridad.

Deriva autoritaria de Macron

“En realidad, no deberíamos grabar a la policía. Pero como hay tantos abusos, no nos queda otro remedio”, defiende Clara François, de 24 años, una estudiante universitaria de un máster de cine presente el sábado en la multitudinaria concentración parisina en la Plaza de Trocadero contra la ley de “seguridad global”. Según las fuerzas de seguridad, unas 22.000 personas se manifestaron ese día en el conjunto de Francia. Unas protestas nada despreciables teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia y el segundo confinamiento, que perdurará en Francia hasta el 15 de diciembre.

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad

“El hecho de que la policía pueda utilizar drones para grabar protestas y que estas imágenes dispongan de reconocimiento facial hará que la gente tenga aún más miedo para grabar protestas”, lamentaba François. Mientras se restringirá la posibilidad de los ciudadanos de difundir imágenes, se facilitará la capacidad de los policías para grabar sus acciones y a los manifestantes, tanto con drones como con cámaras normales.

“Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública”, advierte Jobard. Este experto sostiene que “no conozco ningún caso en que un policía haya sido amenazado físicamente por un vídeo grabado por manifestantes, pero estas imágenes sí que son utilizadas por la justicia para identificar a agentes que cometen abusos durante sus intervenciones u otras personas que cometen delitos durante las protestas”.

“Aprovechan que la gente está aterrorizada por el covid-19 para aprobar este tipo de leyes liberticidas. Me parece vergonzoso”, declaraba a este periódico Laure, de 30 años, una actriz que dijo “manifestarse por primera vez” durante la concentración contra el proyecto de ley en los aledaños de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Ese día empezaron los debates parlamentarios coincidiendo con el segundo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos. Tras haber reunido a varios miles de manifestantes bajo un ambiente pacífico, esta degeneró en enfrentamientos con agentes antidisturbios, que detuvieron a dos fotoperiodistas. El ambiente se caldeó aún más después de que el día siguiente el ministro Darmanin afirmara que los periodistas deben acreditarse para cubrir las manifestaciones.

Ante la presión social, el primer ministro Jean Castex anunció este jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24. Un movimiento que suscita desconfianza en el conglomerado de asociaciones y sindicatos que impulsan las protestas.

Deriva liberticida

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También generó indignación su voluntad de aprovechar los recientes atentados para ilegalizar asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF), que poco tienen que ver con el yihadismo.

“La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas”, aseguraba la semana pasada Macron en una entrevista para la revista digital Grand Continent. Numerosos periodistas y analistas internacionales criticaron las contradicciones de estas palabras. La misma prensa mainstream, especialmente los medios anglosajones, que elevó a los altares al joven dirigente en 2017 ahora expresa su preocupación ante su deriva islamófoba y autoritaria.

“Macron presume de la libertad de prensa francesa ante los países musulmanes, donde esta no existe. No solo no ha podido convencerles, sino que da la impresión de que se ha convencido de la superioridad de sus leyes liberticidas y securitarias”, defendía la semana pasada en un editorial Dov Alfon, director del diario progresista Libération y exjefe de redacción del rotativo israelí Haaretz. Más que una deriva securitaria, la ley de “seguridad global” refleja la apuesta del presidente de mirar hacia la derecha en los asuntos “regalianos”, es decir las vinculadas a la administración de justicia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Y así disputarle el mismo terreno a la ultraderechista Reagrupación Nacional.

Su gobierno ya impulsó en noviembre de 2017 una ley antiterrorista que introdujo en el derecho común la mayoría de los dispositivos excepcionales del estado de emergencia, que llevaba dos años en vigor. Un año después aprobó una dura ley migratoria que aceleró la expulsión de refugiados y migrantes. La violencia policial contra los chalecos amarillos fue criticada por el Consejo de Europa y la ONU. Y ahora amordaza los vídeos de denuncia de estos abusos de las fuerzas de seguridad. Un balance más bien digno de dirigentes neoconservadores, como el austríaco Kurz o el húngaro Orbán, que de un defensor de las libertades en Europa.

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CNI

(Español) Llamado del CIPOG-EZ a organizarse contra el despojo, la violencia del estado y la criminalización de los pueblos indígenas en resistencia

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Desde la llegada de los españoles a nuestras tierras y el inicio de la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, nos despojaron y fue con violencia que tuvimos que dejar los valles y refugiarnos en las montañas que hoy nos resguardan y se volvieron nuestro hogar. Las montañas nos cobijaron, nos han alimentado, nosotros aprendimos a cultivarlas, cuidarlas, a hablar con ellas, y a aprender de ellas. Ahora como hace cien años, como hace doscientos años llegan nuevos gobiernos junto con sus jefes los empresarios, los más ricos de este país y del mundo, para decirnos que también tenemos que dejar nuestras montañas, que van a construir autopistas, minería, industria, corredores transístmicos, termoeléctricas.

Dicen que ahora si viene el progreso y que por eso deben sacrificarnos a nosotros, a nosotras, como indígenas que no valemos, que no importa, que no hay derecho para nosotros, como decían los españoles; no tenemos alma. Así ahora la autonombrada 4T dice que estorbamos, que es necesario nuestro sacrificio para su progreso, pero esta historia ya la conocemos, así paso hace 528 años, así se repite ahora.

Como antes y como ahora resistimos y vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar contra el despojo, contra la violencia y contra los malos gobiernos vengan de donde vengan. Pretenden pasar por encima de nosotros, de nosotras, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra dignidad y nuestra vida. López Obrador habla mucho de que todo debe ser legal, pero su gobierno violenta las leyes constitucionales, violenta los derechos humanos y esta violentando a los pueblos indígenas.

A nuestros hermanos y hermanas Otomís en el Estado de México les impusieron la autopista Toluca-Naucalpan el pasado mes de Octubre, violando los amparos que estaban vigentes, en los cuales el juez ordeno la suspensión definitiva de la obra. Pero con golpeadores, compra de conciencias, trabajos forzados durante la pandemia, y por la negociación política entre del PRI y MORENA no les importo el bienestar de los pueblos y se impuso la voluntad empresarial.

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Mujeres y la Sexta

(Español) R. Aída Hernández Castillo*: Contra la violencia, acordamos vivir

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.

Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.

Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.

Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.

La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.

*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS

radio
Redtdt

(Español) Comunicado | 3ra Misión Civil de Observación de derechos humanos a la comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

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  • A partir de los testimonios recogidos durante la 3a MCO a la comunidad advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en San Lorenzo de Azqueltán.
  • Estas circunstancias violentan los derechos de la comunidad, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.
  • En reunión con autoridades del gobierno de Jalisco se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

La comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán celebra en el mes de noviembre, 7 años de autonomía. El camino no ha sido fácil. En la defensa del territorio y el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena, los pobladores enfrentan problemas estructurales como la ausencia de un enfoque intercultural en la educación, o la falta de garantía al derecho al agua, lo que se refleja en la carencia de servicios de drenaje, así como en la contaminación del río Bolaños, ello tiene graves efectos como lo son la falta de acceso a agua potable y la dificultad para tener una alimentación sana, suficiente y culturalmente adecuada.

Ante este contexto, desde 2018, organizaciones de la sociedad civil hemos realizado Misiones Civiles de Observación (MCO) de Derechos Humanos para documentar las condiciones de violencia ejercida contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán por su lucha para recuperar su territorio ancestral. A 3 años de la primera MCO, vemos con preocupación cómo continúa la situación de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, lo que incrementa el fuerte clima de inseguridad para sus integrantes.

A partir de los testimonios recogidos durante la visita a la comunidad el 21 y 22 de noviembre, advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en la zona, lo que ha llevado a que miembros de la comunidad sean víctimas de distintos delitos como detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, intento de homicidio y graves violaciones a derechos humanos como desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.

Estas circunstancias violentan los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.

Posterior a la visita, el día lunes 23 de noviembre, autoridades comunitarias y las organizaciones participantes en la MCO nos reunimos con autoridades del gobierno de Jalisco —SGG (a través del Secretario General de Gobierno, el Subsecretario de Derechos Humanos y la Directora de la Dirección General de Asuntos Agrarios), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y CEAV estatal—, además se contó con la presencia de la CEDHJ.  En dicha reunión, se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

Resulta relevante que las autoridades estatales hayan asumido el compromiso de crear un mecanismo de seguimiento a las carpetas de investigación, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  Consideramos que dar cumplimiento a este punto es de vital importancia, ya que sin acceso a la justicia no habrá resolución de fondo del conflicto.

Para más información:

Eber Huitzil – Comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx,
redtdt.org.mx

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