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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 28 de Agosto 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS

-PALESTINA:  Las comunidades de Gaza resisten al bombardeo de Israel el más temido Estado terrorista en respuesta y  venganza a las manifestaciones palestinas. En Cisjordania la población palestina impulsa una resistencia sin partidismos frente a la ocupación. Palestina Libre.

-BRASIL: 6 mil indígenas se movilizan en Brasil contra reformas que desconocen sus tierras. Avispa Midia.

-GLOBAL LOS FACHOS: La estructura de la ultraderecha en Mexico España y el mundo. Contralinea

-COLOMBIA:  Asesinan a Esteban Mosquera, líder estudiantil y comunicador popular. Red Eco Alternativo. Colombia Informa.

-ESTADO ESPAÑOL PODCAST INVITADO: Para la libertad. Semana Internacional de Solidaridad con Anarquistas Prisionerxs Extracto. FAI Asturias.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

-YAQUIS SONORA: México: la permanente batalla de los yaquis contra el despojo Mongabay

-CDMX Lucha por la Vida: PRESAS POLITICAS: Rodada por Tiara. Juan Perez.

-MICHOACAN: Los indígenas de Santa María Ostula se manifestaron pacíficamente para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la solución de su conflicto agrario, en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Comuna Cine.

-CHIAPAS: Detienen caravana de Obrador y se compromete a liberar a los 95 procesades normalistas de Mactumacza.

-PUEBLA: La Casa de los Pueblos (exBonafont) Convoca a un Encuentro de Mujeres el 27 28 y 29 de agosto.  CONAGUA dice no tener facultades en el conflicto hídrico del socavón en Puebla. La ley dice que sí

MÚSICA
Incendio – Gato e Monte
Manu chao – Presentación de comunidades zapatistas
Canción del Fantoche – Cuerdas Disidentes

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Armando Medios Libres

Noticias de abajo 20 de Agosto 2021

-AFGANISTÁN: E.U. El verdugo justiciero condenó a Afganistán al terrorismo, “pretendió salvarle” y le dejo hundido en el caos.
-HAITI: Se suma temblor y huracan a la ya dura crisis haitiana que han promovido las politicas asistnecialistas.
-MEDIOS LIBRES: Cadenazo por Macarena Valdez 22 de Agosto. Radio Kurruf
-PANAMA: Boletín Ecológico de Panamá # 140 Radio Temblor.
-AUTONOMIA DIGITAL PODCAST INVITADO Cosecha Digital Episodio 2 Seguridad en teléfono. Radio Progreso

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
-MUNDA CAPUCHA: 13 de Agosto accion dislocada a 500 años de resistencia a la violencia colonial en Madrid y en Ciudad de México.
-MEGAPROYECTOS Y MILITARIZACION: Empresas alemanas en “tren maya” refuerzan despojo y militarización, informe da cuenta del desastre que se avecina. Avispa Midia
-OAXACA La resistencia en el Istmo de Tehuantepec México se organiza contra el despojo del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo
-ESTUDIANTES EN LUCHA. Reporte de la lucha contra el gobierno hipocrita, que pretende eliminar la estructura educativa de las escuelas normales rurales.

MÚSICA rebelde sin copyright
Huanac Cel – Rapticulo 14 la clase politica
Amparanoia – Somos viento
Segunda Linea – Esto no para aquí

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Avispa Midia

Pacto de silencio intenta borrar huellas del caso Ayotzinapa

Por Ñanì Pinto

En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México.  Foto: Clayton Conn.

Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.

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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.

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Avispa Midia

La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola

Por Aldo Santiago

En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

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En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad

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AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN

COMUNICADO Y POSICIONAMIENTO ANTE NEGATIVA DE LA SEMARNAT A A AMPLIACIÓN DE PROYECTO MINERO «SAN JOSÉ II»

El 6 de mayo de 2009, con un operativo de más de 2000 elementos policiales de corporaciones federales, estatales y municipales, se desalojó de manera violenta un plantón que sostenían pobladores de varias comunidades zapotecas del valle de Ocotlán en las instalaciones de una mina vieja en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán.
Esta mina y sus instalaciones han sido compradas por la empresa Canadiense Fortuna Silver Mines, que en México utiliza el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán.
El desalojo se dio por la mañana. Miles de policías golpearon a las personas que mantenían el plantón pacífico en las afueras de las instalaciones mineras. Hubo 24 detenciones arbitrarias, y fueron cateadas, de manera ilegal, casas particulares en la comunidad vecina de Magdalena Ocotlán, hasta donde llegaron los elementos policiacos en persecución de las personas que huían de las agresiones.
Fue así como el Estado Mexicano instaló por la fuerza la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, y con ello se inició el ecocidio, el despojo y la destrucción de nuestra tierra, nuestros campos, nuestro territorio y nuestros pueblos.

Durante estos 12 años, paulatinamente han comenzado a surgir problemas graves por la contaminación del ambiente: pérdida de flora y fauna, enfermedades y muerte de nuestro ganado, erosión de la tierra y pérdida de cosechas, son algunos de los impactos visibles. No obstante, la situación el deterioro fue agudizado a partir de un derrame tóxico de jales mineros que tuvo lugar el 8 de octubre de 2018.

1,516,000 litros de jales contaminantes fueron arrastrados por varios kilómetros en el cauce del Río Coyote, el cual recorre 7 comunidades antes de unirse con el Río Atoyac cuya desembocadura es el Océano Pacífico.
Estudios realizados por las propias instancias del gobierno, en su administración anterior y actual, demostraron la presencia de contaminantes en el cauce del Río Coyote; pero estas mismas instituciones, PROFEPA y CONAGUA -ambas dependientes de SEMARNAT-, decidieron exonerar a la criminal minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.

El 22 de Julio pasado, por medio de la gaceta ecológica de la SEMARNAT no enteramos que se había negado el permiso de ampliación al proyecto minero, ahora llamado “San José ll”, la terminal empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Pocos días después, por medio de un comunicado, de la misma empresa tuvimos conocimiento de que habían iniciado un proceso de impugnación, cómo se lo permiten las laxas y proempresariales leyes mexicanas.
Es de esperarse también que lastima la empresa minera haya echado andar ya su aparato de presión a través del poderoso lobby minero, como lo demuestra su campaña cínica y mentirosa que montó en sus redes sociales, medios locales y estatales. Nos es que con estas acciones, Fortuna Silver Mines Busca ejercer presión a las instituciones del estado mexicano.

Ante esta situación, la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, comunidades afectadas una red de afectados y afectadas por el proyecto minero que autodeterminados “Articulación por la vida, contra la minera del Valle de Ocotlán”,

Nos pronunciamos:

1.- Que ante la negativa de la ampliación del proyecto minero “San José ll” EXIGIMOS a la SEMARNAT no ceder a la presión del lobby minero y de la criminal Compañía Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines y ratificar la negativa a este proyecto de muerte.
2. Que no es suficiente negar el permiso de ampliación; está negativa no es un logro de las instituciones, de gobierno alguno, ni de ningún actor o actores ajenos a nuestros pueblos. Por el contrario, la vemos como consecuencia de una larga lucha de resistencia de los pueblos y comunidades afectadas que día a día ven morir su tierra y territorio y que ven enfermar y morir de enfermedades graves y extrañas a sus familiares.
3. Qué permaneceremos ALERTA ante el constante asedio que compañía Minera Cuzcatlán ejerce hacia nuestro territorio en busca de minerales, toda vez que continúan vigentes 31 concesiones en nuestro Valle zapoteco. Ni un paso atrás en la defensa nuestro territorio.
4. Que ahora se hace impostergable, urgente el cumplimiento de los acuerdos que se asignaron con el Dr. Daniel Quezada Daniel, quien actuó a nombre de la SEMARNAT y de la secretaría Mtra. María Luisa Albores González el día 28 de marzo de este año en la comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán.

Los acuerdos que signaron en esta mesa de diálogo con el Dr. Daniel Quezada Daniel son producto de reuniones que se iniciaron desde el 22 de septiembre del 2020 y que han sido exigidos en diversas reuniones de trabajo; pero hasta la fecha no se han cumplido. En ocasiones pasadas hemos denunciado el trato discriminatorio que hemos recibido como autoridades, como pueblos originarios y como personas afectadas; sin embargo, hasta el día de hoy la secretaria del Medio Ambiente, Mtra. María Luisa albores González, no ha mostrado interés en dialogar con nosotros y tampoco se nos ha dado explicación alguna por falta de cumplimiento a nuestras peticiones. Ante este panorama, reclamamos: nosotros y nosotras somos autoridades comunitarias y personas afectadas que habitamos y sufrimos día con día los estragos que genera el proyecto minero; no somos representados por ningún grupo u organización ajena a nuestros pueblos y exigimos a un trato digno y libre de discriminación por parte de la SEMARNAT.

 

Los acuerdos que pedimos se cumplan son de inmediato son los siguientes:

1.-Se inicie a la brevedad posible la realización de estudios que hemos solicitado mediante el plan de muestreo que se entregó a SEMARNAT desde el mes de julio del año en curso.

2.-Se haga entrega de todo el expediente del derrame tóxico suscitado el 8 de octubre del año 2018, por el cual se vertieron 1,516,000 litros de desecho de la presa de jales Mineros de la Compañía Minera Cuscatlán al Arroyo Coyote, tal como fue la petición original desde el pasado 22 de septiembre del 2020.

3.-Se retome el diálogo con este municipio se encuentra en representación de comunidades vecinas y de personas afectadas.

4. Y por último, se ratifique la negativa de la MIA- regional presentada por la criminal empresa minera Cuzcatlán Fortuna Silver Mines.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, DE NUESTRA TIERRA Y TERRITORIO, NO A LA MINERÍA DE MUERTE EN NUESTROS TERRITORIOS ZAPOTECOS

AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN, OAXACA.

ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN.

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Avispa Midia

Empresas alemanas en “tren maya” refuerzan despojo y militarización

Por Aldo Santiago

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

El informe Tren Maya made in Germany. La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción, destaca la participación de empresas alemanas que a primera vista no tienen nada que ver con el sector de infraestructura.

“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.

Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados

Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.

“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.

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El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.

Inversiones

“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.

El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren.

Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas

Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:

La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.

“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.

Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.

Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.

“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.

Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.

En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.

Sureste, el objetivo

En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.

“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.

Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.

La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.

“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”.

Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.

Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.

“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.

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En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.

“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata

POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ A 500 AÑOS DE LA LLAMADA “CONQUISTA DE MÉXICO”: ¡AQUÍ SEGUIMOS, NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS!

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

13 de agosto de 2021, a 500 años de la Resistencia contra la muerte y el olvido:

Cada vez más se va cuestionando en México, Latinoamérica y el mundo, la llamada Conquista de México; aquel proceso de genocidio, exterminio, despojo e imposición que inició en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y que se agudizó con la llegada de más y más invasores como Hernán Cortés. Sufrimiento, despojo, enfermedades
como la viruela, que dejaron millones de muertes a su paso, tal como la actual
pandemia (que hoy nos asedia pero a la que resistimos con nuestros propios
saberes y organización frente al abandono de los malos gobiernos), fueron las amenazas que llegaron junto a los invasores.

Sin embargo, hubo pueblos, comunidades enteras en resistencia, que pudieron preservan sus lenguas, cultura, tradiciones, creencias; que mantuvieron la relación con la tierra y los bienes naturales que el invasor pretendía destruir. Hombres y mujeres de maíz que se resistieron a ser historia pasada y mantuvieron la memoria para las generaciones venideras, que heredaron eso que algunos hermanos y hermanas, llaman la ética indígena, el cuidado de la madre tierra y con ello el cuidado de la vida, del nosotros, nosotras, nosotroas.

Así como en 1521 se intentó acabar con los pueblos originarios, hoy los malos gobiernos y el sistema neoliberal, buscan las formas de acabar con nosotros y nosotras. Cambian el nombre y las formas, desarrollo, bienestar, progreso, Cuarta Transformación, le llaman ahora a la guerra de conquista, pero en esencia continúan los mismos actos de muerte, despojo y destrucción. Siguen queriendo
exterminarnos, despojarnos, desaparecernos.

Los gobiernos, y el sistema, detrás de sus palabras de desarrollo, progreso, Cuarta
Transformación, busca exterminar todo aquello que no quepa en su lógica neoliberal. Quieren acabar con nosotros y nosotras, que no hablamos de competencia sino de cooperación, ni de ganancias, sino de bien común, ni hablamos de elecciones democráticas electorales, sino de autonomía y autogobiernos.

Hoy nos siguen amenazando las compañías mineras que se quieren imponer en nuestros territorios; el crimen organizado, los grupos narco-paramilitares; la guerra sucia de los malos gobiernos se mantiene. Nos amenazan los partidos políticos y su clientelismo pues buscan dividir a nuestras comunidades, comprándolas con sus migajas; todos ellos son los herederos de quienes llegaron en 1521 con su idea de superioridad respecto a nuestros pueblos, herederos de la idea de destruir para reconstruir, de despoblar para repoblar, como ya lo han explicado nuestros hermanos del EZLN, bajo una nueva lógica, la de la muerte de la madre tierra y de quienes con ella vivimos. Nosotros, nosotras, nosotroas, somos los herederos de quienes resistieron.

A pesar de todo, a pesar de ellos, seguimos aquí, defendiendo nuestro territorio, cuidando la vida de los niños, niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de nuestras comunidades. Hoy más que nunca decimos que no hemos sido conquistados, que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos, ni
olvidamos. Que caminamos con los pueblos del Congreso Nacional Indígena y con las y los hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional así como con los pueblos del mundo que también pretendieron ser exterminados, pero que siguen dignamente en pie.

RESISTIMOS, recordando que la resistencia no solo es aguantar, sino luchar, enfrentar, proponer, organizar, construir el mundo nuevo desde la autonomía y desde los pueblos, desde abajo y a la izquierda, desde nosotros, nosotras y nosotroas.

Aquí seguimos y aquí seguiremos.

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN REBELDÍA Y RESISTENCIA!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO!
¡VIVA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

 

ATENTAMENTE

Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata

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FrayBa

Acceso a la justicia para Sergio Alberto González Castro, sobreviviente de tortura


Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agentes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia. Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acercamiento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato (robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditarse la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares internacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mientras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad condicionada.

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2021
Nota informativa

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Avispa Midia

En México, pueblos indígenas sin reconocimiento al derecho al agua

Por Renata Bessi

En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.

Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.

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No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.

Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.

El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.

La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.

Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.

Concesiones, por mayoreo

En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.

La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto.  Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.

A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.

Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.

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La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.

radio
Avispa Midia

CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos

Por Vanessa García Navarro

En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.

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