Los que somos el Congreso Nacional Indígena; pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de este país, hacemos un llamado a los pueblos de México indígenas y no indígenas, a las organizaciones honestas de derechos humanos, a los medios de comunicación, a la comunidad científica e intelectual a repudiar la escalada represiva contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena de Gobierno para México, lo que representa para nosotros una agresión en contra del CNI y de nuestra propuesta que hemos lanzado a toda la nación, por lo que denunciamos y señalamos que:

En Chiapas, crece la hostilidad y grave tensión que los malos gobiernos han generado en el ejido Tila, por caciques ligados grupos paramilitares en su intento por que regrese el mal gobierno a la comunidad, como es el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, quienes realizando disparos y acompañado por mas personas pertenecientes a su organización cerraron el acceso al pueblo de Tila; recientemente el día 5 de junio de este año, bloquearon la carretera que va de Tila a Salto de Agua frente al hospital integral de Tila y otra parte en la carretera Tila a Yajalon, incluso bloqueando caminos dentro de terrenos ejidales con personas encapuchadas y armadas. La escalada de hostigamientos se agudizó a partir una movilización que este grupo realizó el pasado 2 de junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez encabezada por partidistas y paramilitares de Paz y Justicia.

Responsabilizamos al mal gobierno en sus tres niveles de lo que pueda ocurrir y llamamos a la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en el ejido Tila.

En el mismo estado, los ricos pretenden arrebatar nuevamente la tierra dignamente recuperada por nuestros hermanos de la comunidad San Francisco, municipio de Teopisca, miembros del grupo de trabajo Semilla Digna, como es el hostigamiento realizado por los ricos Juan Hernández Molina, Pedro López Girón y Pedro Hernández Espinoza. El pasado 4 de junio del presente año se presentó el señor Pedro López Girón, acompañado por un grupo de aproximadamente de 50 personas que destruyeron violentamente la tranca, alambres de púas y la cerca del potrero que delimita las tierras recuperadas el pasado 19 de septiembre del 2016. Ese día amenazaron a las compañeras con violaras sexualmente y amenazaron con desalojar por la noche acompañados por la fuerza pública. Condenamos estos cobardes ataques, y exigimos pleno respeto al territorio recuperado por nuestros hermanos de San Francisco y la cancelación definitiva de las seis ordenes de aprehensión existentes contra nuestros compañeros.

También en Chiapas, el pasado 28 de mayo fue allanada la casa de la compañera Alejandra Padilla, del grupo de trabajo Semilla Digna, robando una computadora portátil de su habitación, en la cual resguardaba información sobre el acompañamiento que ha hecho a comunidades indígenas del CNI en sus luchas, así como parte que es del equipo de trabajo del CIDECI- UNITIERRA.

El 22 de mayo de este año a las 05:20 horas, un grupo paramilitar que se identifica como Nuevo Guadalupe Victoria, atacó con armas de grueso calibre a un grupo de compañeros y compañeras de la comunidad de Cruztón, participantes en el CNI, a las 07:00 horas, nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, salió del lugar donde se resguardaba del ataque para verificar si los agresores se habían retirado, cuando recibió un impacto de bala en la sien. Los agresores fueron identificados como provenientes del ejido Guadalupe Victoria.

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Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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26 de Abril CDMX .  Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 31 meses, marcharon sobre Reforma y realizaron un  mitin  frente al hemiciclo a Juárez.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

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A los hermanos y hermanas de Arantepacua.
A la sociedad civil en general
A Los medios de comunicación

Reciban un saludo respetuoso, combativo y fraterno, sepan que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, tienen amigos que estamos y estaremos con ustedes en su dolor y en su lucha. Nos duelen, como nuestros, los compañeros comuneros purépechas que fueron cobardemente asesinados por la policía represora de Silvano Aureoles.

Nos duele porque conocemos el dolor y la rabia que se siente al ver un niño muerto por las balas asesinas del gobierno que responde con descaro y cinismo. Nos duele porque conocemos el miedo que queda en la mirada de los niños que crecen sintiéndose amenazados. Nos duele porque conocemos la profunda corrupción criminal del gobierno.

Nos sumamos a la exigencia de castigo a Silvano Aureoles, así como a todos los mandos políticos, policiacos y militares que orquestaron la masacre en contra de la comunidad de Arantepacua y hacemos nuestra la exigencia de libertad inmediata de todos los comuneros detenidos.

Condenamos la cobarde forma de hacer política del gobierno del estado de Michocacán, que está lleno simulación, criminalización, asesinatos y atemorización de los pueblos. Es decir, condenamos la traición en todas sus formas.

Condenamos el terrorismo de Estado operado por  los gobiernos de todos los niveles en las comunidades indígenas de Michoacán a través del uso del ejército en contra de la población civil y exigimos la inmediata salida de militares y policías del territorio de Arantepacua.

Atentamente

Abril de 2017

Comunidad de Santa María Ostula

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán.

A la Comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán,
A los medios alternativos de comunicación,
A los pueblos del mundo.

El Congreso Nacional Indígena, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos, manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, los días 4 y 5 de abril del presente año.

Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron junto con fuerzas federales a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres comuneros de Arantepacua:

• José Carlos Jiménez Crisóstomo (25 años)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (15 años)
• Francisco Jiménez Alejandre (70 años aproximadamente).

Además hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para criminalizar la exigencia de sus derechos.

Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.

Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar.

Nos pronunciamos junto con la asamblea comunal de Arantepacua por:

1. Que cese de inmediato la escalada represiva en contra de Arantepacua y las comunidades purépechas de la región.
2. La libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno.
3. Justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados.
4. Castigo al gobernador Silvano Aureoles y a todos los responsables, materiales e intelectuales, de los crímenes cometidos.
5. Que sean retiradas las fuerzas policiacas y militares de Arantepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros.

Atentamente
A 6 de abril de 2017

Justicia para Arantepacua
Justicia para el Pueblo Purépecha

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fuente: Enlace Zapatista

Información vía Somos el medio (Heidi Sebastián); Vídeo vía Centro de Medios Libres:

Ciudad de México, 5 de abril 2017. Este miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 38 personas provenientes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, cuando ingresaban a Morelia a bordo de un autobús presuntamente robado. Estas personas pretendían manifestarse frente a Casa de Gobierno.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, además los mantuvieron incomunicados, entre ellos dos personas con diabetes que requerían urgentemente de medicamentos. Este conflicto agrario que comenzó por los límites entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, municipio de Uruapan, exigen al gobierno que se respete un acuerdo que se llevó a cabo desde 1941.

La comunidad había accedido a negociar con el gobierno. Se realizó una mesa de negociación con 13 comuneros y el subsecretario Armando Hurtado en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Mientras tanto policías partieron rumbo a la comunidad indígena a reventar las manifestaciones, 150 oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) con uniformes de granaderos llegaron a quitar a los manifestantes de la comunidad indígena, aprovechando que 20 comuneros se manifestaban frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),13 más estaban negociando y otros 38 ya habían sido arrestados.

La SSP mantiene operativos de vigilancia fuertemente armados en todo el municipio, en la meseta purépecha y en las carreteras de la zona. Hasta el momento se tiene confirmado que hay 4 muertos, entre ellos estudiantes normalistas y por lo menos otras 12 personas más heridas por arma de fuego, luego de la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y Fuerzas Federales.

Sección XVIII SNTE Michoacán acusó al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo de “represor por activar a la fuerza represiva en contra de las comunidades indígenas, los federales irrumpieron en la comunidad de Arantepacua y violentaron los hogares deteniendo, golpeando y asesinando a comuneros, artesanos y maestros de esa localidad. Las fuerzas represivas de Silvano Aureoles entraron a los hogares y sacaron por la fuerza a sus habitantes”. Exigieron al Gobierno del Estado de Michoacán detenga la represión, libere a los detenidos y detenga a los culpables de los asesinatos.

Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias.
19 de marzo de 2017

Después de nueve meses de la represión sufrida por parte de las fuerzas federales y estatales contra los habitantes de la comunidad de Asunción Nochixtlan, los medios libres, comunitarios o como se llamen, nos hemos dado a la tarea de reunirnos para el Tercer encuentro nacional de radios comunitarias y medios libres. Cuyo objetivo, al igual que en sus dos reuniones anteriores, ha sido Conservarlos, promoverlos y desarrollarlos, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo que busquen unir problemas y esperanzas afines, entre las comunidades y los comunicadores que la integran.

Se  decidió que  la comunidad de Asunción Nochixtlan fuera la sede para dar el  apoyo y cobertura a los compañeros en resistencia, quienes han sido víctimas de la agresión cobarde del mal gobierno; es una comunidad que ha mantenido su duelo, pero también su organización y su rebeldía. Su Radio Comunitaria: La Combativa, es espacio para la palabra de abajo. Ellas y ellos, compas de los rebeldes pueblos oaxaqueños son sede de este tejemedios donde se busca compartir los saberes, colectivizarlos; enlazar redes de afinidad fortaleciendo la comunicación independiente, desde abajo.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de marzo de 2017

Boletín Prensa No. 04

Allanamiento y Robo de equipo a Regeneración Radio

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) repudia el allanamiento a la cabina y robo del equipo de transmisión del colectivo de comunicación libre Regeneración Radio, con lo que se viola el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho humano a la información y comunicación.

Según información proporcionada por Regeneración Radio, el pasado 7 de marzo en la Ciudad de México, los integrantes del colectivo se percataron que la cabina de la radio había sido forzada y que habían robado equipo de trabajo como micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio y computadoras que contenían información sobre su trabajo. Es importante mencionar que solamente la habitación en donde se encuentra la cabina de radio fue forzada, los perpetradores no ingresaron ni robaron nada de otras habitaciones.

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El pasado martes 7 de marzo, nos percatamos de que nuestra cabina de radio fue abierta por la fuerza. Al ingresar, lo primero que vimos fue la ausencia de nuestro equipo: micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio, computadoras con el acervo de Regeneración Radio -entre otras cosas- fueron extraídos de nuestro centro de trabajo. Llama la atención que de una casa completa, solo el espacio radiofónico fue afectado.

Estos acontecimientos se dan en un clima de violaciones al derecho a la comunicación, agresiones a la prensa y ataques constantes a los proyectos ubicados en la CDMX, en donde la consigna es exterminar a todo aquel que pretenda construir desde el aspecto político, social y cultural; desde abajo y a la izquierda.

ANTECEDENTES: No es la primera vez que recibimos un ataque. Es preciso recordar que el 21 de septiembre de 2015 nuestra anterior cabina fue completamente destruida por un grupo porril en la UNAM, aunado a las agresiones físicas, amenazas de muerte y el intento de asesinato a uno de nuestros integrantes. Aquella vez logramos reconstruirnos y reinventarnos en un nuevo sitio.

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