Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro territorio quedaba cerrado para evitar una serie de masacres, ante el terror que siembra el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» y ante la ausencia del Estado mexicano, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después de un año del cerco narco-paramilitar que no has ha sofocado hasta el límite, decidimos romperlo el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan «Los Ardillos» como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos.

Un año y siete meses de estar enterrando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin justicia, y los asesinos impunemente se ríen de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de gobierno. Hoy anunciamos que nuestra resistencia continua, pero no podemos volver a encerrarnos, y nuestra Policía Comunitaria no se da abasto. Pues no solo se trata de combatir algunos grupos delincuenciales, ahora que vemos claramente como desde el gobierno Federal y Estatal se tiende una línea de complicidades.

No estamos enfrentando a la vieja delincuencia organizada, sino a una nueva forma de gobierno que realmente está transformando el país, pero no para beneficio de los pueblos, sino que ahora entrega aeropuertos a los militares y les da responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas los ataques contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en Guerrero, para poder pasar encima de nosotros, dan libertad absoluta a los narco-paramilitares, para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra quienes criticamos las políticas del supremo gobierno.

Desde hoy y en estos próximos meses iniciaremos una reflexión colectiva en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG de la región Montaña Baja, para definir los siguientes pasos que daremos en nuestro territorio, porque definidamente no queremos volver a ser esclavos de los grupos narco-paramilitares, el Estado mexicano ya mostró claramente de qué lado está su compromiso y no es con nosotros y nuestra Policía Comunitaria está rebasada bajo estas circunstancias.

Por lo pronto de inicio nuestra Policía Comunitaria será apoyada por la población en general, estableceremos filtros y puntos de vigilancia donde nos sea posible. Y nuestras autoridades y promotores locales y regionales se encargarán de convocar y realizar reuniones para ir acordando nuestros siguientes pasos. Continuaremos realizando movilizaciones, cierres carreteros, tomas de casetas y las acciones que consideremos necesarias para exigir justicia.

Hoy sembramos y devolvemos a la tierra a nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y a nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Honramos la memoria de nuestros caídos y seguimos exigiendo justicia para: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño Chautla.

ATENTAMENTE:

Desde el corazón de la resistencia del territorio comunitario de la Montaña Baja de Guerrero, por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): Comisarios municipales, Comisariados Comunales y Ejidales, Coordinadores Municipales, Concejos de Vigilancia, Coordinadores Municipales, Delegados Municipales y asambleas de: Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahueuetlan, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, Mexcaltepec 1.

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja en Resistencia.

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

En portada: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en reunión con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos para hablar sobre la entrada en vigor del T-MEC. FOTO: Cuartoscuro.

Por Eugenia López

Con una inversión inicial de 3 mil 300 millones de dólares proveniente de National Standard Finance a través de Caxxor Group, además del apoyo de los gobiernos de Sinaloa y Durango, así como del gobierno federal mexicano, se pretende desarrollar el “Corredor Logístico e Industrial T-MEC”, que conectaría a México con Estados Unidos y Canadá por vía ferroviaria y marítima.

La ruta conectaría a un nuevo puerto en Mazatlán, Sinaloa con el Centro Logístico en Winnipeg, Canadá, pasando por Durango y Monterrey, y con conexiones posibles con Kansas City, Tulsa y Chicago, entre otras.

El proyecto también pretende integrar a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, así como los estados sureños de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los cuales crearían una conexión para el tránsito de mercancías con el Caribe y Centroamérica.

Además del corredor, se establecerían parques industriales para transferir los productos de la agricultura, la minería y la industria energética, además de parques industriales automotrices y, en el caso de Sinaloa, aeroespaciales, que también contendrán un aeropuerto de carga.

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En entrevistas con distintos medios, así como en una conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el pasado 14 de diciembre, el director general de Caxxor Group, Carlos Ortiz, reveló una serie de detalles acerca del megaproyecto transnacional.

“Lo que principalmente nosotros vemos es que la parte centro de Estados Unidos necesita mejores condiciones de conectividad hacia el Pacífico; hemos estado desarrollando un portafolio portuario muy ambicioso, nosotros hemos estado proyectando que en el Pacífico mexicano se puede construir alguno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Es lo que estamos comenzando a trabajar, hay buena empatía por este tipo de desarrollo y por transformación”, detalló el ejecutivo.

De acuerdo al empresario, esta iniciativa responde al incremento de carga que se prevé con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque lo justificó como un objetivo histórico “que se ha tratado de desarrollar desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz”, pero que en la actualidad se inserta como la consolidación del intercambio comercial entre México, el área Asia-Pacífico y Norteamérica.

La continuidad del neoliberalismo

El nuevo corredor tiene el objetivo de aprovechar la implementación del T-MEC y de hecho se presenta como la primera gran obra de infraestructura tras el reemplazo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, la cual arrancó el 1 de julio pasado.

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Caxxor group, el principal financiador del corredor T-MEC es quien maneja inversiones con valor de hasta 40 mil millones de dólares que operan en 60 países, con un fuerte enfoque en proyectos energéticos y de infraestructura en América, Asia, Oriente Medio y África.

“Desde México se ha venido desarrollando la estructura de inversión para Ecuador, por ejemplo, en sectores marítimo, carretero y de servicios públicos principalmente. En Centroamérica tenemos un proyecto relevante con COESSA que es también una constructora o eléctrico… también estamos involucrados en el proyecto del Canal Seco en Costa Rica, un gran proyecto Eólico en República Dominicana, Argentina en Oil and Gas, y Colombia, Perú, Chile, Bolivia también son países en donde estamos estructurando importantes iniciativas de infraestructura”, detalló Carlos Ortiz sobre su cartera de negocios en una entrevista publicada en 2018.

El año pasado, CaxxorGroup invirtió 944 millones de dólares en tres proyectos portuarios mexicanos en los estados de Chiapas, Veracruz y Tamaulipas con lo cual busca conectar las exportaciones mexicanas hacia “mercados poco explorados como Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, así como dar una salida al sector minero y energético con Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor del T-MEC el primeo de julio de este año, distintas voces de comunidades y organizaciones en México han criticado el reforzamiento de la actual política extractiva minera que prevén un aumento en el despojo hacia los territorios.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el T-MEC “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, quien ahora da luz verde a proyectos como el corredor T-MEC.

T-mec busca reconfigurar norte de México y frontera sur 

Como parte de la primera fase del Corredor T-MEC, la firma mexicana Caxxor Group prevé construir un nuevo puerto de carga en Mazatlán, Sinaloa, llamado SI-PORT, con una inversión de 900 millones de dólares. Además, planea la rehabilitación de 167 km de ferrocarriles mexicanos y la construcción de otros 180 km de vías hasta Durango por un monto de entre 650 y 700 millones de dólares.

El proyecto comenzará con la construcción del puerto, cuya ubicación precisa se dará a conocer a finales de enero. Los estudios ambientales y permisos se comenzarán a tramitar en 2021, con el objetivo de operar un primer puerto de transferencia en 2024.

“Más o menos se calcula que para 2024 esté la terminal de contenedores, una terminal de transferencia, porque se espera de alguna manera resolver con esto la viabilidad del ferrocarril”, explicó Ortiz, quien prevé que en un plazo de 15 años el puerto se convierta en “el más importante” de México.

A las infraestructuras del norte del país, se contempla agregar otras inversiones en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en lo que sería denominado el Corredor T-MEC Frontera Sur.

En entrevista con Milenio, Carlos Ortíz, comentó que en la Frontera Sur se contemplan proyectos “de menor tamaño” comparado con los previstos en el Norte.

El mayor proyecto del Corredor T-MEC Frontera Sur se ubicaría en Puerto Chiapas, con la construcción de una terminal marítima de usos múltiples, para el que se anticipa una inversión de 250 millones de dólares.

El puerto sería destinado a ser un espacio para industrias como la automotriz, para el ensamble de partes, que se exportarían al Caribe y hacía Belice, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala. En Puerto Chiapas se contempla también la construcción de un centro de carga para las navieras asiáticas, así como inversiones para el sector agrícola de exportación.

En Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevé la creación de parques industriales y terminales portuarias para rutas de tráfico local entre puertos mexicanos, cuyo principal papel será recibir y distribuir mercancías, en especial autopartes que se generen tanto en industrias norteamericanas como en los parques industriales que contempla el corredor.

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En la zona sur de Quintana Roo, ya hay planes de construcción de un puerto, centro logístico y zona turística, inspirado en Puerto Chiapas. Según compartió El Economista, estos planes ya se presentaron al gobierno de Quintana Roo a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que encabeza Eduardo Ortiz Jasso, con quien han buscado apoyo para adquirir los terrenos para el nuevo puerto, así como el resto de la infraestructura logística y hotelera.

“Varias empresas de Texas nos han pedido el desarrollo de algunas terminales; el Caribe mexicano se puede volver un centro estratégico para todas esas compañías que les ayuden a la distribución de sus mercancías en toda la región centroamericana”, explicó el directivo.

Hasta ahora, según Ortiz, los capitales para llevar a cabo este proyecto están respaldados por 50 inversionistas de Estados Unidos y se está considerando la posibilidad de incorporar como inversionistas a los operadores.

El empresario también precisó que la inversión es 100% privada y que ha habido mucho interés por parte de las empresas, aunque por confidencialidad todavía no puede dar nombre de las compañías participantes.

National Standard se define a sí misma como una entidad independiente de inversiones a largo plazo, basada en activos y globalmente integrada. Desarrolla, financia, adquiere y es propietaria de bienes raíces y activos de infraestructura económica y social con un volumen que va desde 20 millones hasta más de 500 millones de dólares.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

                                                                                                     19 de diciembre del 2020

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos.

Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía, que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año, en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.

 Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

 En caso de que no puedan asistir en esos días, pueden apoyarnos con ver nuestro programa en vivo, http://espora.org:8000/acteal.mp3

  https://www.facebook.com/Las-Abejas-de-Acteal-170569689632465

Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

Por Sandra Suaste

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.

Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.

El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.

“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad.  “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.

La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.

Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

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Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

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Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

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El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

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YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.

A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.

A continuación, la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:

Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.

Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.

Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.

Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.

Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.

Firman

• Lof Pilinhue mapu,
• Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
• Lof Malchehue mapu.
• Lof Kona rupu Futa mapu
• Lof Trafun
• Lonko Pucura
• Lonko Traitraico
• Lof tralkapulli mapu
• Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
• Koyagtun Koz koz mapu.

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

Ver también ⇒ ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.