^{En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene}

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

Te puede interesar – Perú: Defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

Te puede interesar – Perú: Los pueblos indígenas sostienen lucha contra la dictadura

Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.

^{En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza}

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

Te puede interesar – Sed de venganza de una diputada contra un ex preso político

Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

Te puede interesar – Mujeres mazatecas sostienen resistencia por libertad de presos políticos

El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.

Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

Te puede interesar – Resolución pendiente en el caso del perseguido político Miguel Peralta

Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo

La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

Te puede interesar – Crimen organizado toma control de territorio minero en Chiapas

Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

Te puede interesar – Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de barita en Chicomuselo

Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

Te puede interesar – Chiapas, denuncian contrainsurgencia, desplazamiento y complicidad del Estado

“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.

^{En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness}

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

Te puede interesar – Industria de la palma aceitera boicotea convenio para devolución de tierras campesinas en el Bajo Aguán

La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.