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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Posicionamiento frente a la situación que viven las comunidades de la Montaña baja de Guerrero, víctimas de los grupos narco-paramilitares y de los malos gobiernos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás colectivos y organizaciones hermanas:

La situación por la que atravesamos los pueblos indígenas de la Montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no sólo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del país está siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformación, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los más, tiempos en los que los tres niveles de gobierno sólo están ahí para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoeléctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por sí pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

¡Pero así como lo indica nuestra historia, por más de 500 años han intentado exterminarnos, pero aquí seguimos, como pueblos indígenas, pertenecientes hoy en día al Congreso Nacional Indígena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organización, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son históricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman “la Cuarta Transformación”. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparición de nuestros dos hermanos fue realizada por la policía municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es así que el gobierno de Evelyn Salgado simuló diálogo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones ¡pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas continúan y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido cómplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en día enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que éstos junto a las policías municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compañeros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigación en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas ¿siguen pensando que son conflictos comunitarios? ¿siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

Nosotras y nosotros, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, con nuestro Sistema Comunitario, nacemos de entre nuestras comunidades, como una necesidad frente a la muerte que nos acechaba. Desde nuestro surgimiento, dejamos bien claro nuestro objetivo: LUCHAR POR LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL TERRITORIO. Es por eso que nos persiguen los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, porque nos negamos a ser un botín de guerra, porque nos negamos a pagar extorsiones y a permitir secuestros, torturas y desapariciones. Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal. Nosotras y nosotros no lucramos con la vida de nuestros pueblos.

También, desde que surgimos dejamos claro que no aceptaríamos migajas de los malos gobiernos, que nosotras y nosotros no tenemos líderes que se vendan y pacten con los gobiernos por un hueso, por unas monedas. Es así que refrendamos nuestro compromiso y que sea el partido que sea y la persona que sea que esté en el poder, nosotras y nosotros mantendremos nuestras demandas hasta que nuestras niñas, niños, hombres y mujeres, abuelas y abuelos, vivan con libertad, paz y justicia.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos deslindamos de los grupos delincuenciales y de cualquier partido político, también nos deslindamos de quienes se han montado en el movimiento popular, en las policías comunitarias, a quienes utilizan a los niños para negociar con el gobierno, nunca lo hemos hecho ni lo haremos como CIPOG-EZ perteneciente al CNI, pues nuestra lucha es por la vida. Como organización, hemos sido claros en lo que somos y honestos hacia nuestros hermanos y hermanas que solidariamente nos han abrazado en esta lucha y así seguiremos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

Finalmente, seguimos responsabilizando a los 3 niveles de gobierno por lo que ocurre en nuestras comunidades y en todo el Estado, que a lo largo y ancho se desangra de tanta muerte e indiferencia.

Demandamos la aparición de nuestros dos hermanos, que sabemos que están con vida y siendo torturados y obligados a hacer declaraciones falsas. En este sentido, el día de ayer Lunes 7 de febrero de 2022, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una petición de acción urgente a favor de nuestro hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez al Estado Mexicano, después de que fueran detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac, en el estado de Guerrero. Esta acción urgente demanda al Estado mexicano buscar y localizar a nuestros hermanos, una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada, sancionando “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda”. Es lo mismo que hemos demandado por muchos años a los tres niveles de gobierno, pues es de sentido común que quienes gobiernan y cobran por ello, aseguren mínimamente la vida, la seguridad y la paz en su territorio; esperamos que el Estado Mexicano y el estado de Guerrero, asuman su responsabilidad y atiendan al llamado de la ONU.

Denunciamos también, que el Ayuntamiento está llamando individualmente a nuestros comisarios para que se presenten a declarar, como si tuvieran algo que ver en los ataques que sufrimos y en las desapariciones de las que somos víctimas. Mejor Busquen y detengan a quienes nos dañan,  que ustedes saben bien quienes son y si tienen dudas, pregúntenle a la organización y no anden atemorizando a nuestros compañeros.

Sin más, dejamos claro que nuestra lucha es por la vida y que aquí seguimos, sin claudicar. Gracias a quienes escuchan y abrazan la lucha del CIPOG-EZ.

 

 

 

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA EL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA!

¡FUERA LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES DEL ESTADO DE GUERRERO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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fidencioaldama.org

Situación jurídica de Fidencio Aldama – Libertad para Fidencio Aldama

Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.

El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.

En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.

Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.

Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.

Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.

Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.

Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!

Febrero de 2022, Los Otros Abogadoz

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

  • Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.

El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.

El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.

El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.

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[1]    Ver Boletín No. 10 del 21 de septiembre de 2021, disponible en: https://frayba.org.mx/la-fiscalia-federal-y-la-fiscalia-del-estado-de-chiapas-complices-en-la-falsificacion-de-pruebas
[2]    Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del 21 de abril de 2014. A/HRC/28/68/ADD.3 Distr. General 29 de diciembre de 2014, párrafo 83.

 

       
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Avispa Midia

Caso del preso político Fidencio Aldama está en momento decisivo

Por Jeny Pascacio

Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.

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Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.

El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.

Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.

En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.

En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.

Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.

La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.

La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.

Proceso penal

En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.

Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.

Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.

Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.

En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.

Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.

“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.

El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.

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Avispa Midia

Organización internacional denuncia Israel por crimen de apartheid contra Palestina

Por Ñaní Pinto

En portada: Un manifestante lleva un cartel durante una manifestación de manifestantes palestinos, israelíes y extranjeros contra la recién inaugurada Ruta 4370, en Cisjordania, el 23 de enero de 2019. Foto: Abbas Momani/AFP

Un reciente informe de Amnistía Internacional se une a las voces que, desde hace décadas, reclaman que el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina constituye el crimen de apartheid.

Así lo indica mediante la investigación titulada “El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, difundido el pasado martes (1).

En el documento, la organización afirma que desde su creación en el año de 1948, Israel ha accionado para establecer y mantener la hegemonía demográfica judía para, con ello, maximizar su control sobre la tierra. Al mismo tiempo, restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas regresen a sus hogares.

Esto lo ejemplifica con momentos históricos como lo sucedido en 1967, cuando Israel amplió su dominio a Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que ocupa desde entonces, así como con la política actual de desalojos de familias palestinas que habitan Jerusalén Oriental.

Ataque sistemático

Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido violación de derechos humanos y del derecho internacional público que constituyen el crimen del apartheid. Según la documentación consultada, casi la totalidad de la administración civil, instituciones gubernamentales y las autoridades militares de Israel participan en la aplicación del sistema de apartheidcontra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio.

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La organización también señala un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina por parte de Israel “y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheidtanto según la Convención contra el Apartheid como según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

Activistas protestan por las acciones militares de Israel en Gaza frente a la embajada israelí en Washington, DC, el 18 de mayo de 2021. Foto: Alex Wong/Getty Images

En ese contexto, Amnistía Internacional detalla los componentes clave que constituyen el crimen de lesa humanidad, los cuales se expresan como una discriminación institucionalizada y sistemática por Israel en contra de la población palestina a través de leyes, políticas y prácticas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los TPO.

Así, se reconocen los elementos fundamentales de este sistema de opresión y dominación mediante “la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales”.

Todo ello se suma a la documentación, realizada durante décadas por distintas organizaciones locales e internacionales, de actos crueles e inhumanos concretos, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, “como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución”, detalla la organización.

Represión

Amnistía Internacional reconoce en su informe que su organización nohabía prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo y en específico en el caso de los crímenes contra la población palestina.

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También señala que Estados y aliados occidentales de Israelse muestran reacios a escuchar estos llamamientos y se niegan a tomar medidas significativas contra sus crímenes. Mientras, “organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos en Palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheidsufren desde hace años una represión israelí creciente como castigo por su labor”.

Israel ha alegado motivos de seguridad para imponer restricciones de viaje a los palestinos. Foto: Majdi Mohammed / AP

Ello lo ejemplifica con lo que sucedió en octubre de 2021, cuando las autoridades israelíes intensificaron los ataques contra la sociedad civil palestina “mediante el uso indebido de la legislación antiterrorista para proscribir seis destacadas organizaciones, tres importantes grupos de derechos humanos entre ellas, cerrar sus oficinas y detener y enjuiciar a quienes trabajaban para ellas”, denuncia la organización.

A su vez, Israel también ejecuta campañas de desprestigio y deslegitimación a las organizaciones israelíes que denuncian el apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina.

La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló durante más de cuatro años, tiempo en que examinó informes, leyes y directivas institucionales, entre otros documentos. De acuerdo a la organización internacional, el objetivo es “apoyar a la sociedad civil palestina y a organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación de Israel sobre la población palestina en un momento en el que su trabajo es cada vez más difícil. Con ello, también espera contribuir a una comprensión y un reconocimiento mayores de la discriminación institucionalizada que se comete en Israel y los TPO, así como contra la población palestina refugiada, como un sistema y un crimen de apartheid”.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Denuncia de la comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG por los ataques a las comunidades del CIPOG-EZ

Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación,
A la Sexta Nacional e Internacional.

 

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alerta que nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que desde el amanecer del domingo 30 de enero, estaban siendo atacados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos, cuyos sicarios abrieron fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco durante alrededor de 2 horas, sin que los gobiernos hicieran algo para detener el ataque a las comunidades miembros del CIPOG-EZ.

Los cuerpos de seguridad y castrenses del gobierno, teniendo la capacidad de repeler los ataques, particularmente el Centro de Operaciones Mixtas ubicado en la comunidad de Tula, no protegieron a la comunidad, sino que permitieron que los paramilitares atentaran contra la vida de las y los compañer@s; siendo los gobiernos en todos sus niveles, cómplices también de la desaparición forzada de los compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez a manos de la policía municipal de Atlixtac el pasado 25 de enero.

Denunciamos la impunidad y corrupción con la que el grupo delictivo Los Rojos mantienen una guerra en contra las comunidades que luchan y se organizan en el CIPOG- EZ, para defender, con autonomía, la paz y su territorio indígena.

Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de la integridad de l@s compañer@s del Conejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, así como de cualquier nueva agresión a las comunidades que lo integran.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias y medios de comunicación libres, para estar atentos ante nuevos ataques narco paramilitares.

 

Atentamente
Febrero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 febrero 2022

 

ROMPIENDO FRONTERAS
CHILE: Ni un día más en a cárcel. La lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión.
CHILE: Muerte de una reclusa por negligencia de la gendarmeria. La Zarzamora
PERU: Derrame de petroleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y areas naturales protegidas con 11,000 barriles de petróleo en la costa central de Perú, la multinacional Repsol y las autoridades responsables y complices. Jubileo Sur
UCRANIA: ¡Paz en Ucrania! Democracy Now

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUOS
MEXICO: Reclamo masivo ante el asesinato de comunicadores en México. Movilizacion en 67 ciudades de México por el  asesinato de al menos 3 periodistas en enero y 29 en la actual administracion federal. El dia 31 de enero sumarian 4 periodistas con el asesinato de Roberto Toledo.
LUCHA POR LA VIDA: Semblanza del espacio y los proyectos de la Galeria y cafeteria «La resistencia» en el centro del CdMx. Juan Perez
MORELOS: Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Zona Docs
AYOTZINAPA: Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43Previo a una jornada de manifestaciones los padres y madres fueron atacados por 800 policias. Tlachinollan
CDMX: Emplazan al gobierno a resolver y no criminalizar la protesta de la comunidad otomi. LLaman a foro para discutir sobre el acerco de arte indígena ante amenazas  y desprecio del INPI.
GUERRERO: Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad,CIPOEG-EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. CNI

Música:

Fue una larga noche-Kekoyema

El rio me enseño- Casiopeo

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Informa sobre este anuncio

Paradoxus Luporum – Muerte a la Anarquía

Manu Chao – No a la mineria en Chubut

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Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Comunicado de nuestro compañero Marcelino Ruiz, preso en lucha, exigiendo la libertad del compañero Fidencio Aldama

CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México.

31/1/2022

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Como presos tzotziles en lucha y como hermanas y hermanos y compañeros y compañeros del mismo caminar y sentir nos solidarizamos con el compañero Fidencio Aldama para exigir su libertad ya que sabemos que estos 5 años separado de su familia al estar en privado de su libertad pagando un delito prefabricado lo difícil que ha sido.

Sabemos lo difícil que ha sido para el y su familia pero sepan que siempre los acompañaremos con nuestros corazones sabemos que su digna lucha es por la justicia y por la vida por nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas.

Es por eso que sepan que su lucha es nuestra lucha y no están solos compartimos sus sentimientos su resistencia, su rebeldía y su sed de justicia. Somos uno contigo compañero Fidencio, desde estas cuatro paredes de esta prisión te enviamos un saludo combativo.

Con nuestra voz invitamos a las organizaciones independientes y colectivos a seguir tejiendo lazos de justicia y seguir sembrando semillas de dignidad rebeldía en contra de este sistema corrupto y opresor.

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Justicia para Samir!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Libertad para Fidencio Aldama!

¡Justicia para todxs lxs oprimidxs!

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

radio
Prensa Comunitaria

Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición

radio
It’s Going Down

(English) Two Members of the CIPOG-EZ Disappeared by Municipal Police in Guerrero

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

  • We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
  • We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
  • We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata

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