paramilitares
Campaña total por la liberación de Fidencio Aldama Pérez
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las comunidades que defienden el agua, el territorio y la vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamen
A la Sexta nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Compañerxs
Nos dirigimos a quienes luchan contra el Sistema para destruirlo, no para entrar en negociaciones con sus representantes ni para pedir audiencia con algún funcionario. Sabemos que la boca de los gobiernos está llena de mentira y que de los de arriba sólo podemos esperar desprecio, engaño y traición. Nada tenemos que pedirle a quienes nos han arrebatado todo, porque contra ellos es nuestra lucha.
Nos dirigimos ustedes porque sabemos que en sus oídos nuestra palabra será escuchada; que en sus compañías encontraremos el apoyo que sólo pueden dar los que luchan; sabemos que ustedes podrán llevar a otras geografías las causas por las que lucha el digno pueblo y Nación yaqui: por el agua, por la tierra, contra los megaproyectos, por la vida y por la libertad de Fidencio Aldama Pérez.
En abril de 2016, el pueblo yaqui de Loma de Bácum interpuso un amparo contra la construcción de un gasoducto que atravesaría por 90 kilómetros de la región, en su tramo Guaymas-Oro. A partir de entonces las menazas contra los habitantes se han intensificado y el problema sigue sin solución.
El proyecto pretendía construir 835 kilómetros de gasoducto por los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del oeste del país, sin embargo, el segundo de los tramos se detuvo por la negativa de los pobladores a que su territorio se viera afectado por una obra que ningún beneficio les traería y sí afectaría sus modos de vida con una falsa “consulta” y vulnerando los principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT, siete de los 8 pueblos que integran la Nación yaqui en la zona habían dado “su consentimiento”; pese a ello, y tras haber demostrado que no se había tomado en consideración la opinión de todos los pobladores, ni se les había informado con veracidad, claridad y suficiencia sobre las características de esas obras, a pesar del consentimiento de siete de las ocho tribus que conforman la tribu yaqui en la zona, las obras se detuvieron.
La construcción, estaba a cargo de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), había empezado en 2013, pero se suspendió en 2016 luego de que los habitantes de Loma de Bácum consiguieron el fallo a su favor, por parte del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón. Y empezó una escalada de amenazas contra los pobladores, para que se desistieran de la defensa de su territorio.
Entre calumnias, amenazas y muertes comenzó entonces una campaña de calumnias contra los opositores al gasoducto y de dádivas repartidas entre “líderes” de los que habían “aceptado” que se instalara el gasoducto.
Entre abril y octubre de 2016 se dieron varios hechos de violencia contra la comunidad: dispararon contra la madre de otra compañera y asesinaron a uno de sus primos; las amenazas continuaron; ni la empresa ni el gobierno se iban a detener ante nada con tal de eliminar el último obstáculo para construir su gasoducto.
Y llegó octubre del 2016 el día 21, personas armadas, acarreadas desde otros pueblos, ingresaron a Loma Bácum, y llevaron adelante una agresión contra la asamblea, se pretendía hacer pasar ésta como un “enfrentamiento entre comunidades” que están a favor o en contra del gasoducto, a “favor o en contra del progreso”; en entrevistas, algunos de los acarreados dieron a conocer sus motivos: los gobiernos estatal y federal los amenazaron de suspender todos los programas sociales.
Además, la tribu yaqui tiene usos y costumbres ancestrales para resolver sus diferencias. Por Ley, y en derecho consagrados por la Constitución DESDE 1917, los yaquis tienen un gobierno nombrado por la comunidad, ellos definen a sus autoridades tradicionales, nombran a sus guardianes y establecen las sanciones para los infractores de las reglas comunitarias; todas y cada una de sus grandes decisiones se adoptan después de largos procesos de consulta interna y, sólo cuando todas la comunidades están conformes, se toman los acuerdos; es decir, el gasoducto no avanzaría aún si fuera sólo una de las comunidades la que mantuviera su rechazo.
La agresión contra Loma de Bácum trajo como consecuencia la muerte de una persona, víctima de una bala de calibre 22.
Seis días después, el 27 de octubre, la policía estatal secuestró a Fidencio Aldama Pérez, guardia tradicional de Loma de Bácum, acusado sin testigos que lo señalaran, sin acreditar su participación en el hecho y sin que el arma que portaba LEGALMENTE, una calibre 45, pudiera haber disparado un proyectil de calibre 22.
El juicio contra el compañero Fidencio Aldama Pérez ha estado plagado de irregularidades; nadie lo señala como autor del crimen, ni siquiera hay testigos que indiquen que disparó su arma; no hay una prueba pericial que señale que existe una trayectoria posible entre el lugar en que se encontraba el guardia tradicional y el muerto. ¿Pruebas?: ninguna.
Según la ley es la autoridad la que debe demostrar la culpabilidad del procesado y no el acusado probar su inocencia; pero las leyes chuecas, las autoridades veniales, los jueces corruptos y gobiernos al servicio de los de arriba son los que mantienen tras las rejas a nuestro compañero.
No se trata de impartir justicia; más de una vez lo han insinuado, en corto, si Loma de Bácum desiste de su amparo, el secuestrado, que ya ha sido reconocido por el gobierno federal como un preso político, es decir, un rehén del Estado. sería liberado. Pero, hay un problema con esa “generosa propuesta” la comunidad de Loma de Bácum, una y otra vez ha dicho no al gasoducto; en su cara se lo han expresado a la gobernadora y al AMLO: Los derechos no se negocian. La tierra se defiende.
Las agresiones contra la comunidad de Lomas de Bácum no cesaron, se trata de vencer la resistencia de la comunidad mediante el miedo. El 14 de diciembre, un comando armado secuestró a dos opositores al gasoducto.
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Compañerxs: sabemos que no será por una resolución legal que Fidencio recupere su libertad; porque no es preso en cumplimiento de alguna ley ni por haber cometido delito. Fidencio permanece secuestrado, ilegal e ilegítimamente; por lo que no será ningún abogado quien logre “demostrar” su inocencia. El Estado sabe que Fidencio no es culpable.
Llamamos a quienes luchan por la vida a nombrar a Fidencio en cada acto, en cada documento, en cada acción que se realice en defensa de la tierra, del agua, de la vida, contra el mal gobierno y sus megaproyectos que sólo representan muerte para nuestros pueblos.
Llamamos a una campaña TOTAL hasta lograr su liberación. A que en toda resistencia y rebeldía, el nombre de Fidencio se escuche y resuene, será la lucha de abajo y a la izquierda la que lo logre libre.
Desde las sagradas tierras yaquis y otras geografías solidarias exigimos: ¡¡Libertad para el guardián tradicional de Loma de Bácum. Fidencio Aldama Pérez!!
21 de octubre de 2020
Carmen García de Aldama y Grupo de trabajo por la libertad de Fidencio Aldama Pérez
Chilón: Juan Hernández Morales ya fue localizado
- Urgimos respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de quienes defienden el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que Juan Hernández Morales, quien estaba en condición de desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, ya fue localizado. El día de hoy, 20 de octubre de 2020, sus familiares nos reportaron que se encuentra bien y en un lugar seguro.
De acuerdo a testimonios, Juan Hernández Morales, de 33 años de edad, originario de la Ranchería Centro San Gabriel, municipio de Chilón, Chiapas, México, se había reportado como desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020. En el contexto de un operativo violento en contra de una manifestación pacífica de ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, en apoyo al ejido San Sebastián Bachajón, en el punto conocido como crucero Temo’, ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo – Palenque. La población había convocado a un acto de protesta por la instalación de un cuartel militar en su territorio.
El Frayba reitera que la criminalización en contra del Pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastian, en Chilón, pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población. Por lo anterior urgimos al Estado mexicano respete los estándares internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estipula: «el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática.»1
20 de octubre de 2020
Nota informativa.
