Noticias:

paramilitares

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Avispa Midia

SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

Por Sare Frabes

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

Te puede interesar: Exigen a Corte de México reconocer ley minera como violatoria de derechos indígenas

La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”. 

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

radio
Avispa Midia

Acuerdos de San Andrés perdieron vigencia con las reformas estructurales

Por Renara Bessi

Fotos: Santiago Navarro F.

Está en las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Después de su aprobación, el documento debe ser enviado al Congreso de la Nación para ser evaluado y ser votado por los parlamentarios.

“Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”, dijo el director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, durante el evento organizado por el Congreso, el 16 de febrero, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, realizado en la sede del Senado, Ciudad de México.

En diversas ocasiones el titular del INPI, Regino Montes, ha mencionado que “reconocer en la Constitución los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés es uno de los pendientes del Gobierno de México” y que con la reforma en materia de derecho indígena, que se está llevando a cabo, se sanaría esta deuda.

En la sede del Senado, el titular exhortó a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para aprobar la reforma.

El mismo 16 de febrero, día en el cual se cumple los 26 años del acuerdo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que actuó como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, afirmó que, si fuera objetivo del gobierno actual cumplir con los acuerdos de San Andrés, además “del retórico” y de los “formalismos jurídicos”, tendría que derogar las reformas constitucionales llevadas a cabo que permiten la “recolonización de los territorios de los pueblos indígenas”.

El investigador sostuvo, en un evento en la Casa de los Pueblos ‘Samir Flores Soberanes’, que habría que derogar, por ejemplo, la reforma del Artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización de las tierras ejidales. Si realmente están en la tónica de cumplir con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, “tendrán que derogar muchas leyes derivadas de las reformas estructurales, entre ellas, la Ley Minera”, que establece la actividad minera como prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso las que dicen respecto a la autonomía de los pueblos.

Para el abogado especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, que también participó del proceso de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos, la multiplicidad de reformas neoliberales desconfiguró por completo el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos. Como documento jurídico, “están totalmente rebasados, ya no responden a la realidad del país”.

“Entonces para haber un respeto mínimo a los derechos de los pueblos a nivel Constitucional y legal habría que haber profundas reformas que, con mucho, rebasa el contenido de los acuerdos de San Andrés”, evalúa.

Los acuerdos

Los acuerdos de San Andrés fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, los representantes de los partidos integrados en la legislatura federal y del estado de Chiapas y el EZLN.

El compromiso era incorporar los acuerdos a la Constitución política de México, “con el fin de producir una reforma profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente y más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos y de las garantías que el resto de los mexicanos tienen”, explicó González.

Además, “se entendía y se entiende que la nación había negado sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.

En este sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban, desde el punto de vista del abogado, dos aspectos fundamentales. Uno era el derecho al reconocimiento de los derechos territoriales y el otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos.

Los derechos autonómicos se establecían como un elemento angular, de manera que los pueblos pudieran ser reconocidos como entidad de derecho público como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que tuvieran el pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y que pudieran contar con recursos fiscales.

Reforma de 2001

La reforma constitucional, realizada en 2001, plasmó los derechos de los pueblos originarios en el artículo segundo constitucional. Sin embargo, los dos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron ignorados.

En lugar de hacer mención a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló de hogares, es decir, espacios individualizados. “El término ‘territorio’ está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente en artículo 13 del Convenio 169 y otros instrumentos internacionales”, dijo el abogado, pero no fue considerado.

En segundo lugar las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público sino como entidad de interés público, es decir, se definió que los indígenas deberían ser tutelados por el Estado. “Fue un giro total de lo que se estaba proponiendo”, afirmó González.

San Andrés: parte aguas

Si los Acuerdos de San Andrés “como documento están rebasados, no lo están como proceso”, sostiene la periodista Gloria Muñoz Ramírez y autora del libro EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra. “Fue un proceso de mucho aprendizaje”. Uno de ellos, recuerda la periodista, es que crearon una nueva forma de dialogar con el Estado.

La mesa de negociación estaba compuesta, en una parte, por representantes del gobierno y, en la otra, por los delegados zapatistas. En la parte del gobierno habían 10 personas, del lado de los zapatistas había 130 personas, representantes de los pueblos, antropólogos, intelectuales, cuenta Muñoz.

“El comandante David dijo: ‘Nosotros no queremos que solo escuchen nuestra palabra, queremos que se escuche las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros’”. Había más de 35 representante de pueblos indígenas.

Para la periodista, se inauguró una nueva manera de hacer política. “Ellos decían vamos hacer a un lado el sistema de ventanilla, en el cual los pueblos indígenas llegaban con algún funcionario de gobierno con un pliego petitorio” y el funcionario nada más palomeaba lo que sí se concedería y lo que no.

En el proceso de diálogo de San Andrés, “los pueblos llegan con demandas concretas que no son negociables. Y no solamente eran las demandas del EZLN, eran las demandas de todos los pueblos presentes”, afirma Muñoz.

Lo que siguió

Ante la reforma constitucional de 2001, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, los pueblos originarios, específicamente el CNI y el EZLN, decidieron ya no optar por la vía de “solicitar o exigir al Estado su reconocimiento constitucional integral, sino ejercitar sus derechos territoriales, sus derechos de autonomía por el camino de los hechos, sin necesitar de una Constitución que nunca va a llegar frente a los grandes intereses económicos y políticos”, dijo González.

Años después, en 2003, el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno que integran la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y los caracoles zapatistas como espacio de interlocución con el exterior.

“Así mismo los pueblos del CNI empezaron a caminar con más fuerza en dirección a la autonomía por la vía de los hechos, a ejercitar sus derechos de una manera más contundente en la gestión de sus territorios. Eso ha pasado de una manera más significativa a partir de las grandes crisis de seguridad, que ya se volvieron permanentes en este país”, analizó el abogado.

Así que el camino es “seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios e impulsar mayor unidad entre los pueblos originarios”.

radio
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO -APIIDTT-

Nuestra lucha es por la defensa de los bienes comunales y naturales: Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Jalapa del Marqués

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo istmeño
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que luchan y resisten por la vida

Quienes suscribimos, somos comuneras y comuneros constituidos en Asamblea pertenecientes al núcleo agrario de Sta. María Jalapa del Marqués, Oaxaca, somos una comunidad indígena zapoteca que nos resistimos a olvidar nuestras raíces y tradiciones, por lo tanto, nos resistimos a olvidar nuestra historia y memoria colectiva.

Como pueblo, fuimos desplazados hace más de 60 años por el mal gobierno, que con el discurso ya conocido de desarrollo, empleo y bienestar para nuestra comunidad iniciaron la construcción de la presa «Benito Juárez», con el mismo engaño, a los pueblos de la planicie costera les prometieron desarrollo agrícola, lo cual se desenmascaro en un par de décadas, ya que la principal necesidad de construir está presa fue para satisfacer el consumo de agua de la Refinería de Salina Cruz. Antes de la presa, nuestra comunidad era 100% campesina, destacaba nuestra capacidad de producción por contar con tierras fértiles rodeadas de 2 ríos: 1 proveniente del norte llamado río Grande y el río Tequisistlán proveniente del oeste. Pero esto se terminó por la ambición de unos cuántos.

En 2003 se anunció la modernización de la presa para convertirla en una Hidroeléctrica, la cual fue rechazada por la suma de fuerzas entre la comunidad, organizaciones y colectivos, que denunciaron la entrega de tierras y dinero por parte de los grupos políticos que pretendían imponer la hidroeléctrica, y que se fueron fortaleciendo con ayuda de gobierno hasta lograr tomar el control del poder municipal y comunal para hacer y deshacer a sus intereses particulares.

Desde hace décadas y al día de hoy, Jalapa del Marqués se encuentra secuestrado por autoridades municipales y comunales vinculadas al crimen organizado, que han amenazado, intimidado y comprado gente para poder sostener sus cargos en el poder, esto les ha permitido entregar tierras a sus familiares, políticos y socios a quienes les deben favores, claro, todo a cambio de dinero que es lo único que les interesa.

Por todo lo anterior y en vísperas de elecciones para elegir por asamblea al Comisariado Comunal, denunciamos lo siguiente:

  • Denunciamos al ex Sindico Municipal Ricardo Miniaga por la compra de votos para la elección de Comisariado financiada por la reelegida presidenta municipal Joselin Esquivel Balseca, quién se encuentra vinculada al asesinato del periodista Hebert López Vázquez.
  • Denunciamos a la Procuraduría Agraria de Tehuantepec encabezada por su directora y visitadores agrarios de estar coludidos con Ricardo y Joselin al darles prioridad e ignorar las necesidades y petición de la asamblea.
  • Denunciamos y Responsabilizamos a l@s antes mencionados del clima de conflicto y violencia al interior de nuestra comunidad, y de cualquier amenaza y/o agresión en contra de nuestros representantes, integrantes de la asamblea de comuneros y miembros de nuestra organización.

NOS OPONEMOS A LA COMPRA DE GENTE POR PARTE DE QUIENES SE SIENTEN DUEÑOS DE JALAPA DEL MARQUÉS Y PRETENDEN MANTENER SECUESTRADA LA COMUNIDAD EN FAVOR DE SUS INTERESES.

HACEMOS UN LLAMADO A L@S COMUNER@S DE JALAPA DEL MARQUÉS A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COMUNALES ESTÉ DOMINGO 20 DE FEBRERO Y DECIDIR QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTROS BIENES NATURALES Y COMUNALES

ASÍ MISMO, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE JALAPA DEL MARQUÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESTAR ATENTOS A LAS ELECCIONES POR CUALQUIER AGRESIÓN O ACCIÓN POR PARTE DE ESTE GRUPO POLITICO QUE QUIERE IMPONER SU VOLUNTAD.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRXS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES

Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Sta. María Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

radio

Noticias de abajo 17 de febrero 2021

 

ROMPIENDO FRONTERAS

GLOBAL: Día de la radio, de la libre rebelde solidaria.

GLOBAL: San Valentín no nos cuentes más cuentos + autonomía – dependencia. Crista

HONDURAS: Ambientalistas condenados judicialmente son liberados gracias a la presión internacional, la Corte Suprema resolvió en favor de los defensores. Radio Temblor.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

PUEBLA: Guardia Nacional destruye el Altepelmecalli, espacio comunitario construido tras la expulsión de Bonafont. Gobierno cómplice de empresas trasnacionales que saquean el agua.

MORELOS: Asesinan a otro opositor a la Termoeléctrica del PIM. Asesinan a Francisco Vázquez del Consejo de Vigilancia de ASURCO: La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre.
OAXACA: Libertad de expresión en peligro, asesinan al periodista Heber Lopez en Salina Cruz Oaxaca. El gobierno sigue sin garantizar el derecho a la libre expresion, se contabiliza el sexto asesinado en lo que va del año.y el número 150 desde el 2000 según datos de ongs.

MICHOACÁN: Policía estatal y Guardia Nacional reprimen a comunidad indígena de Caltzontzin por defender la lucha de sus maestros indígenas y denunciar la narco corrupción del Gobierno local y federal. Represión a Normalistas. Tiran estatuas coloniales

Música
Radio Capital – la furia
Reaparece -Lengualerta
Mar de fuegitos – Eduardo Galeano
Violencia – Lírica Podrida
Evelyn Cornejo – Sacrificados

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

CIPOG-EZ denuncia la relación del ejercito mexicano con grupos narco-paramilitares


POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ FRENTE AL OPERATIVO FALLIDO DE LA SEDENA EN QUECHULTENANGO, UNO DE LOS BASTIONES DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

17 de febrero de 2022

Frente a la estrategia fallida del ejército el día de ayer miércoles 16 de febrero en Quechultenango, pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el ejército mexicano, con toda la capacidad técnica, logísitica, tecnológica, con todo eso que llaman “inteligencia militar”, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en Quechultenango. No entendemos cómo entran a hacer un operativo y un grupo de 200 pobladores, cuya mayoría teme a “Los Ardillos” pero controlada por ellos, los amedrentan y expulsan de la comunidad.

Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de “Los Ardillos”, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias ¿a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de “Los Ardillos” y dirigidos por Bernardo Ortega, diputado local por el PRD en Chilpancingo? ¿A caso no hemos dicho hasta el cansancio y se ha comprobado que las policías municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales incluyendo el de Quechultenango? ¡Firmaron una minuta con dirigentes de sicarios!

¿Para qué tanta palabrería y operativo, si al final terminan negociando con quienes tienen que detener, si al final se fortalecen los grupos narco-paramilitares a los que se tenía que desarticular?

En el registro de video que queda del “operativo”, una mujer, les dice en su cara a los militares que “ellos son ardillos”, en alusión a la gente que se manifestó para expulsar a los militares; con todo el cinismo que brinda la protección del estado. Ella no miente, efectivamente Quechultenango, así como Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco (base donde viven los Ardillos), son bastiones de “Los Ardillos”. Lo que no dijo, es que tanto en Quechultenango, como en sus demás bastiones, la mayoría de la población les teme, pues sufren extorsiones y el miedo de vivir algunas de las atrocidades que “Los Ardillos” han venido haciendo en el estado de Guerrero por más de 30 años, con la protección de los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena.

Que quede claro, que no denunciamos a la gente de Quechultenango que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de “Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón. Hacemos responsable al estado por lo que esta sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecemos al CIPOG-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pues si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, como es Bernardo Ortega (diputado), a Celso Ortega (llamado La Vela, brazo jefe del brazo armado de “Los Ardillos”), a Jorge Ivan Ortega y a Antonio Ortega, hermanos todos y jefes del grupo delincuencial, el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará.

Por eso exigimos:

  • Que se mantengan los operativos en Quechultenango y en los territorios que ya hemos señalado nosotras y nosostros como CIPOG-EZ (Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco), pero no sólo, sino periodistas, otras organizaciones y personas que han sufrido la violencia de “Los Ardillos”.
  • Que se depuren y desarticulen a “Los Ardillos” desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como lo es la policía municipal, presidentes municipales, fiscalía; no es posible que el ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos.
  • Que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jiménez, empezando por el diputado Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a mas de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda.
  • También les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien ¡dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!

Nosotras y nosotros por nuestra parte, como CIPOG-EZ, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, nuestra palabra es verdadera y nuestra lucha es honesta, por la vida y el territorio, por eso sabemos que la razón está de nuestro lado y no escatimaremos en esfuerzos para proteger la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

radio
El Salto Diario

Marichuy: “Nuestra lucha es por la vida, una vida que no sea solo nuestra, sino de todos”

          

Por Sara Guerrero Alfaro

Las defensoras de derechos humanos María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores participan en la Gira de la Vida, orquestada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, es una médica tradicional de origen nahua y defensora de los derechos humanos. En 2017 fue elegida como vocera representante del CNI y precandidata en las elecciones presidenciales de 2018. Nisaguie Abril Flores es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y recientemente colaboró ​​con la producción del documental Gente de mar y viento.

Pudimos hablar con estos dos defensores de derechos humanos durante su breve visita a Galicia. Los encuentro una tarde soleada de fin de año en el Centro Social de Bouzas. En los días previos, ambas mujeres participaron en varios encuentros celebrados tanto en Santiago de Compostela como en Vigo por parte de universitarios y diversos colectivos. Llevan más de un mes de viaje, su final no está cerca y esa misma tarde su agenda apunta a un viaje a Barcelona.

A lo largo de la entrevista, la voz de Marichuy se quebró un par de veces por las varias semanas de trabajo continuo. A su lado, Nisaguie Abril Flores también se siente un poco cansada. Pero a pesar del largo turno de noche del día anterior y el viaje por delante, ambos me saludan con moderación. Su perspectiva de lucha, que se basa en la creación de alianzas entre diferentes grupos, establece pautas alternativas para la superación del realismo capitalista y los límites de las políticas identitarias.

Marichuy e Nisaguie Flores estiveron en Galicia. Pablo Santiago

Un poco de memoria, luchas a escala global

El 1 de enero de 1994 fue un año histórico para la República Mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la perspectiva mixta del país y visibilizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Dos años después se crea el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de organización propio de los pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con formas propias de organización.
Ahora, a 27 años del primer levantamiento y a 25 años de la creación del CNI, los pueblos indígenas de México intentan nuevamente cambiar la perspectiva de las luchas sociales. Esta vez, a escala global. Coincidiendo también con el 500 aniversario de la conquista de Abya Yala, el pasado mes de abril el EZLN anunció la denominada Gira por la Vida, una jornada en la que más de un centenar de representantes del EZLN y del CNI recorrerían varias ciudades europeas para realizar visible los procesos de lucha de las comunidades indígenas y la creación de redes con movimientos de resistencia a la opresión neoliberal en toda Europa.
El 20 de junio, tras varias semanas navegando, llegaba al Puerto de Vigo el barco bautizado La Montaña con el Escuadrón 421 a bordo. Esta comisión estuvo integrada por siete miembros del EZLN, quienes recorrieron varias ciudades europeas durante varios meses. Fue el 14 de septiembre de este año cuando llegó al aeropuerto de Viena una comisión llamada La Extemporánea, integrada por 177 personas de varias comunidades indígenas de todo México. María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores forman parte de esta Unidad de Escucha y Palabra que continuará con el camino iniciado por el Escuadrón 421.

¿Cómo está constituido el CNI?, ¿cuál es su relación con el EZLN?
Maria De Jesús Patricio (MA): En 1995, durante los diálogos de San Andrés, nuestros hermanos zapatistas convocaron a un Foro Nacional Indígena (FNI) en Chiapas, con el objetivo de que todos los pueblos transmitieran su palabra. En ese momento, tanto los medios como el gobierno dijeron que la situación en Chiapas era excepcional, que el resto de los indígenas estaban bien, que no tenían problemas. El Foro fue una respuesta a esto. Fue un movimiento estratégico de nuestros hermanos zapatistas. Absolutamente todas las poblaciones originarias de México llegaron a la FNI. Desde el principio notamos nuestro parecido físico. Mientras nos reuníamos allí, comenzamos a hablar. Todos vestían su traje, hablaban su idioma, compartían las costumbres de sus comunidades. Hablamos de los problemas que tenían nuestros hermanos de Chiapas, que venían resistiendo desde hace mucho tiempo. Eran problemas de salud, conflictos territoriales, violaciones de derechos colectivos.

El gobierno utiliza herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades

Fue ese encuentro el que nos hizo pensar en tener nuestro propio espacio. No una organización, sino algo que era un lugar donde se llevaba a cabo una gran asamblea y se sentía como el hogar de todos y cada uno. Luego se formó el Congreso Nacional Indígena. Esto ocurrió en un evento en la Ciudad de México, donde llegó la Comandante Ramona para entregar una bandera mexicana. En ese momento, los medios dijeron que los pueblos indígenas querían separarse del país, que querían crear otra nación dentro de la nación. Pero no, exigimos reconocimiento colectivo, como comunidades. Al entregar la bandera, la Comandante dejó en claro que somos mexicanos y queremos seguir siéndolo de México, pero queremos que se nos respete en nuestra integridad como pueblos.


Imagen: Eneas de Troya. Marichuy en Ciudad Universitaria. (CC POR 2.0)

El CNI integra a 68 pueblos. No todos están porque aunque todos llegaron a la primera convocatoria, algunos se han desvinculado con el tiempo o solo asisten a asambleas ocasionalmente. Los zapatistas son parte de este espacio y gracias a ellos el CNI no ha perdido el rumbo hasta el momento. Nació para hacernos más fuertes, para defendernos y buscar desde dentro nuestras propias formas de organización. Fortalecer nuestra autonomía en el tiempo.

Una lucha presente

¿Qué pasó con los Acuerdos de San Andrés, tanto en 1996 como en 2000?¿Cuál es el estado de la legislación en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas de México?
(MA): Luego de la aprobación de la contrarreforma indígena de 2001, la llamada Ley Cocopa, que cercenó derechos y no recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, quedó claro que todo iba a tomar el mismo rumbo. Era la intención de seguir reglamentando las normas que están vigentes, pero bajo aquella primera que nació para lesionar a las comunidades.

Desde los pueblos vemos que esta ley fue la forma en que el poder y el capital aseguraron el despojo de las comunidades. Fue una preparación para poner en marcha los megaproyectos. Por lo tanto, no todas las leyes protegen realmente a las comunidades. Hay otras leyes, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número seis, que establece que todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas debe ser consultado. Pero lo que está pasando ahora es que se están haciendo consultas simuladas para que los proyectos salgan adelante. El gobierno está utilizando estas herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades.

¿Entonces actualmente no hay un diálogo real entre el gobierno actual y las comunidades indígenas?¿El gobierno de López Obrador no representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores?
Nisaguie Flores (NF): No. No ha cambiado. Por el contrario, el botín se ha agudizado. Porque con este “nuevo gobierno”, que se llama de izquierda o “de los pueblos”, se han adelantado muchos megaproyectos que se pararon en los últimos seis años, lo que no quiere decir que en esos otros periodos estuviéramos bien. Creo que este cambio de gobierno ha sido estratégico. En México había demasiada insatisfacción y descontento y “¿cómo parar eso?” Porque se le puso a alguien que se suponía iba a beneficiar al pueblo. Pero no. En ningún momento este Gobierno tomó en serio a las comunidades indígenas. No respeta nuestras formas de organización. López Obrador no representó un cambio, le dio continuidad a los megaproyectos. Ya desde su campaña electoral dijo que no los detendrían. No importa qué partido político esté en el gobierno. Al final, los mismos políticos se quedan en el poder, solo cambian de partido.

En 2016 se aprobó la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). ¿Cuál fue la propuesta para postularse en la campaña electoral presidencial de 2018?
(MA): Este es otro tema que surgió cuando el CNI celebraba su 20 aniversario. Cuando realizamos el quinto congreso se hizo un repaso para analizar nuestra trayectoria y la situación de nuestras comunidades. La conclusión fue que las circunstancias eran más complicadas. A 20 años de caminar juntos hubo más despojos, más encarcelamientos, y ahora se sumaba la amenaza del crimen organizado, que estaba presente justo en los lugares donde se ejecutaban los megaproyectos. Llegaron, asustaron a la población e impidieron que los miembros de las comunidades se organizaran. Por eso dijimos: no podemos hacer otra declaración, como hicimos en las otras reuniones. Recuerdo a nuestros hermanos zapatistas diciendo: tiene que haber algo más fuerte, algo que sacuda al país y visibilice que el pueblo está sufriendo, que está siendo masacrado.

Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra los despojos que vivimos en todo el mundo

Fue entonces cuando nuestros hermanos zapatistas propusieron presentarse a las elecciones presidenciales 2017-2018. Creemos que fue muy preciso. Teníamos claro que el objetivo era visibilizar los problemas de nuestras comunidades y poder recorrer el país para invitar a la gente a construir otra forma de gobernar. Entonces dijimos, juguemos con las mismas herramientas, solo que vamos a tomar otros objetivos. Por eso participamos con una CIG, que iba a estar formada por concejales que iban a hacer una propuesta de gobierno. Al final, participar en este proceso electoral nos dio la oportunidad de viajar por el país y escuchar los problemas. Por lo tanto, aunque no logramos obtener las firmas necesarias para estar en una boleta electoral, el CIG terminó más fuerte. El hecho de salir a decir que tenemos que buscar otra forma de organización y no acatar lo que nos han impuesto. En ese proceso también nos dimos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación están de acuerdo con todo lo que se ordena desde arriba, porque eran ellos los que en vez de apoyar y preguntar por los problemas de las comunidades indígenas preguntaban tonterías que desviaban la atención.

¿Cuál fue el resultado de la campaña electoral?, ¿ha cambiado su perspectiva sobre el país y el estado de las comunidades indígenas?
(MA): Recuerdo que al principio éramos 70 regidores y al final éramos 157 hombres y mujeres que logramos formar el Consejo. Pero lo que “tomamos” de ese recorrido fue ver que los problemas que se discutían en las asambleas del CNI, se estaban dando en los pueblos. Y que no eran sólo problemáticas de los pueblos originarios. También caminamos en barrios, municipios y ciudades. Hablamos con estudiantes, mujeres y otros grupos. Nos dimos cuenta de que dondequiera que teníamos la oportunidad de escuchar a la gente, los problemas eran similares.

Todo esto nos hizo hacer un “mapeo” de cómo es México. Hemos visto y coincidido que la carencia que vivimos en nuestros pueblos y comunidades, también se lleva a cabo en barrios, municipios, escuelas… escuchamos a algunos estudiantes de varias universidades y los problemas que comunicaron tenían que ver con el avance del capitalismo. que prepara una privación individual y colectiva. Nos quedó claro que había una necesidad de tejer las luchas del campo y de la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de todas aquellas personas que de alguna manera resisten esta privación del capitalismo. Porque no solo manifestaron sus problemas, sino que relataron su proceso de resistencia. Eso nos pareció muy importante porque no importa si eran movimientos grandes o pequeños, son luchas que se están dando contra las condiciones impuestas, esto nos hizo iguales.

Los problemas de los pueblos ya no son sólo de los pueblos originarios, son más generales. Con esto nos quedó claro que la lucha no es solo nuestra. Si nos están afectando a todos por igual, necesitamos encontrar otras formas de relacionarnos, de tejer y de movernos juntas y juntas para construir algo fuerte de abajo hacia arriba. Estoy hablando de algo que no cabe en la urna. Tienes que hacer un esfuerzo adicional.

 

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar. propiedad .natural no importa quien este alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué esperan de Europa hoy?, ¿cuál es el propósito de esta gira?
(N): El propósito está en el mismo nombre: Gira por la vida. Porque creemos que la única forma de luchar es defendiendo la vida y la única forma de hacerlo es organizándonos. Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra el despojo que vivimos, porque no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en todo el mundo y eso es lo que estamos viendo ahora en los diferentes países que hemos ido. Conocemos su propio despojo: aquí en Galicia, por ejemplo, están luchando contra las empresas mineras; en Austria, contra la construcción de una carretera y contra los parques eólicos. En Europa también hay movimientos de resistencia y es importante que los conozcamos. No es lo mismo escuchar todo esto desde México.

Llámense como se llame un megaproyecto, lo que hay detrás es el capitalismo voraz que nos quiere acabar y a quienes lo evitamos como pueblos indígenas.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar los bienes naturales sin importar quien esté alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué opinas de la acogida e interés europeo por sus proyectos?
(MA): Vemos mucho entusiasmo. A pesar de no conocernos, son muy amables al darnos algo para comer y un lugar para dormir. Para nosotros esto ya es mucho porque venimos a invadir (risas). Sobre todo, nos están mostrando cómo el capitalismo está dañando a este continente. Antes de viajar, pensábamos que en los “países donde hay más progreso” no sufrimos lo que sufrimos en México. Pero, aquí estamos, dándonos cuenta de que era un concepto erróneo. Hay organizaciones de jóvenes, mujeres, agricultores que están desarrollando proyectos para recuperar la tierra. Y nos parece importante que nos compartan sus formas de organización porque tal vez podamos llevarlos a México para reforzar lo que allí se construye. Ya estamos encantados de compartir estas experiencias.

Ante la violencia, las desapariciones y otras prácticas represivas, ¿cómo continuar la defensa de la vida?
(N): La única forma es organizándonos. Lo que venimos a compartir en este recorrido son nuestras formas de organizarnos. Y vemos que el único camino es este: la organización desde abajo, desde las comunidades, desde la toma de decisiones de todos los pueblos y de los que luchamos por la vida. Creo que esa es la única forma en que podemos hacer frente a toda la violencia que estamos viendo como comunidades indígenas. Durante mucho tiempo nos hemos organizado a través de asambleas en las que todos tienen la oportunidad y el derecho a hablar. No podemos hacerlo solos. Y por eso necesitamos crear redes de apoyo para fortalecernos aunque estemos en geografías separadas.

Megaproyectos contra las comunidades

Nisaguie, estás trabajando para visibilizar las demandas de dos poblaciones del Istmo de Tehuantepec, que amenazas enfrenta actualmente esta zona de Oaxaca?
(N): La región del Istmo es una región que desde hace mucho tiempo ha sido identificada por el Gobierno como un punto estratégico, porque está en la parte más angosta de México, que conecta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un área en disputa. Actualmente existe un proyecto llamado Corredor Interocéanico, que en realidad es parte de un paquete de proyectos que conectan con el Proyecto Integral Morelos y el mal llamado Tren Maya. Al mismo tiempo, implicará la construcción de maquinaria, gasoductos, minas y más proyectos energéticos. También quieren hacer un canal seco, como el de Panamá. Este último cambia de nombre cada seis años, pero el proyecto es el mismo. El objetivo de este canal seco es reducir el tiempo que se tarda en mover mercancías. Sería mucho más rápido que Panamá.

México cuenta con 32 parques eólicos distribuidos en varios estados. La mayoría están en Oaxaca, donde hay 29. En total hay 2,100 aerogeneradores distribuidos en aproximadamente 50,000 hectáreas. Estamos luchando contra muchas cosas. Pero todo esto no está pasando sólo en la región del Istmo, está pasando en todo México. Cada pueblo está luchando contra un negocio o un megaproyecto que está despojando a las comunidades. Hay comunidades que incluso fueron desplazadas y tuvieron que migrar a la Ciudad de México, donde luego enfrentaron otras luchas. Por ejemplo, los yaquis del norte del país luchan contra un vertedero clandestino.

Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los que están debajo de nosotros, necesitamos construir otras que realmente garanticen la vida de todos.

Hay otros pueblos que luchan contra la imposición de los monocultivos de aguacate, un negocio que está totalmente controlado por el narcotráfico. Hay tantas luchas. De hecho, si miras en el mapa minero de México, verás que todo el territorio está concesionado a la minería. Es decir, nos quieren exterminar. Llámese como se llame la empresa o el megaproyecto, lo que hay detrás sigue siendo el capitalismo voraz que nos quiere aniquilar y a quien lo impedimos como pueblos indígenas. Por eso desaparecen y nos matan.

Sabemos que con todos estos megaproyectos viene el narcotráfico, la militarización, que a su vez aumenta el feminicidio, el tráfico de mujeres, de órganos… suena muy feo, pero, a pesar de todo esto, en cada comunidad nos estamos organizando para poder crear nuestros procesos de autonomía. No tenemos los años de lucha ni la capacidad de nuestros hermanos zapatistas, pero tratamos de hacerlo a nuestra manera desde nuestros propios contextos.

A nivel mediático poco se ha dicho sobre las implicaciones del narcotráfico en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha afectado y sigue afectando la guerra y cómo gestionan esa lucha?
(MA): Es un paquete de herramientas de represión que está usando el gobierno, al que llamamos “narco-Estado”, porque da impunidad y permite que estos grupos criminales se muevan libremente, especialmente donde se están ejecutando los diferentes megaproyectos. El problema se agudizó en el sur con el Proyecto Integral Morelos. Los grupos del crimen organizado están llegando a todos los pueblos de México donde hay resistencia, donde se están organizando para frenar cualquier proyecto que atente contra la vida de las comunidades. Que con el fin de impedir la organización. Precisamente estos grupos están para fortalecer y asegurar la imposición de los megaproyectos. Ante esto, el pueblo no tiene más remedio que fortalecer su propia seguridad, porque ya no hay confianza en la policía, el ejército o la marina. Donde se supone que deben estar para cuidarnos, son los que están en contacto con los grupos criminales, donde matan y desaparecen a los activistas.

¿Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades?
(MA): Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a sacar al ejército de las calles y no es así. Ahora las comunidades están tomando su seguridad en sus propias manos al crear su propio consejo de seguridad. Son policías asignados por la misma asamblea para cuidar a las personas y están a la espera de que los guardias caminen correctamente y no sean reclutados por grupos del crimen organizado. Entonces esto demuestra que la única opción es organizarnos. Aunque el Gobierno diga que estas medidas son ilegales, lo único que estamos haciendo es retomar los mecanismos de seguridad que originalmente tenían las comunidades y que finalmente se perdieron porque se introdujeron mecanismos ajenos, que son precisamente los que están perjudicando a la gente.

Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos

Por eso decimos que hay que buscar otros caminos, se trata de inventar. Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los de abajo, debemos construir otras que realmente garanticen la vida de todos porque de lo contrario seguiremos acatando lo que nos imponen, que ya hemos visto que no favorece la vida.

Mencionaste antes los problemas con los medios en cuanto a la visibilidad de los procesos de resistencia. ¿Cómo lidias con este problema?
Las comunidades y los medios libres están utilizando sus propias herramientas para poder difundir los problemas que existen. En ese contexto, los aliados que nos vamos encontrando en el camino son importantes para difundir la situación de nuestras comunidades, porque los medios tradicionales no hablan de nada de lo que pasa en ellas. Esto también ha llevado a las comunidades a crear sus propias radios o sus propios medios para comunicar lo que está pasando. Actualmente, los medios oficialistas, cuando hablan de Michoacán, Chiapas, Guerrero, solo hablan de narcotráfico, desaparecidos, muertos… han sido etiquetados en las regiones. Entonces lo que buscan las comunidades es comunicar que son mucho más que eso. Mostrar que son comunidades que tienen una historia y una forma de vida.

Sus reivindicaciones tienen muchos frentes. La lucha en defensa de la tierra, la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha decolonial, antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cómo se articulan?
(MA): Lo que vemos es que tenemos un gran enemigo en común, que es el capitalismo, que tiene diferentes formas de despojarnos. Yo creo que las luchas que se están dando en distintas geografías de México y el mundo van encaminadas a lo mismo: a derrocar paulatinamente el sistema capitalista. Eso nos da más energía para buscar aliados. No es una sola lucha. No es solo la lucha de los pueblos, hay luchas de mujeres, hay hermanas y hermanos que han emigrado y que están luchando donde están; luchas de los campesinos y obreros de la ciudad. Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos. Y hacerlo desde abajo.

Hay varias luchas y la nuestra no es más importante. Todos son importantes y necesarias. Sean grandes o pequeñas, entre todas estas resistencias, es que algo podemos hacer y luchar contra el sistema capitalista que nos está acabando por separado. De ahí la importancia de tejernos y fortalecernos. De lo contrario, les estamos dejando el camino fácil para que ellos sigan decidiendo sobre nosotros y sigan despojando y asesinando. En las comunidades decimos que el calentamiento global es un llamado de la Madre Tierra que nos dice: haz algo, no me dejes solo. Por eso, como pueblos, decimos que la lucha es por la vida. Y una vida que no sea solo nuestra, sino de todos.

radio
Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre: Asesinan a Francisco Vázquez, Consejo de Vigilancia de ASURCO

Comunicado Urgente

 

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

radio
Avispa Midia

Istmo de Tehuantepec: Intentan asesinar a defensor del territorio en Unión Hidalgo

Por Avispa

El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

radio
Avispa Midia

Sin registro en México de migrantes desaparecidos

Por Jeny Pascacio

A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.

De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.

El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.

La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.

A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.

Foto: Jeny Pascacio

“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.

La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.

“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.

Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.

El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Posicionamiento frente a la situación que viven las comunidades de la Montaña baja de Guerrero, víctimas de los grupos narco-paramilitares y de los malos gobiernos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás colectivos y organizaciones hermanas:

La situación por la que atravesamos los pueblos indígenas de la Montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no sólo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del país está siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformación, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los más, tiempos en los que los tres niveles de gobierno sólo están ahí para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoeléctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por sí pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

¡Pero así como lo indica nuestra historia, por más de 500 años han intentado exterminarnos, pero aquí seguimos, como pueblos indígenas, pertenecientes hoy en día al Congreso Nacional Indígena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organización, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son históricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman “la Cuarta Transformación”. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparición de nuestros dos hermanos fue realizada por la policía municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es así que el gobierno de Evelyn Salgado simuló diálogo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones ¡pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas continúan y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido cómplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en día enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que éstos junto a las policías municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compañeros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigación en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas ¿siguen pensando que son conflictos comunitarios? ¿siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

Nosotras y nosotros, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, con nuestro Sistema Comunitario, nacemos de entre nuestras comunidades, como una necesidad frente a la muerte que nos acechaba. Desde nuestro surgimiento, dejamos bien claro nuestro objetivo: LUCHAR POR LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL TERRITORIO. Es por eso que nos persiguen los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, porque nos negamos a ser un botín de guerra, porque nos negamos a pagar extorsiones y a permitir secuestros, torturas y desapariciones. Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal. Nosotras y nosotros no lucramos con la vida de nuestros pueblos.

También, desde que surgimos dejamos claro que no aceptaríamos migajas de los malos gobiernos, que nosotras y nosotros no tenemos líderes que se vendan y pacten con los gobiernos por un hueso, por unas monedas. Es así que refrendamos nuestro compromiso y que sea el partido que sea y la persona que sea que esté en el poder, nosotras y nosotros mantendremos nuestras demandas hasta que nuestras niñas, niños, hombres y mujeres, abuelas y abuelos, vivan con libertad, paz y justicia.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos deslindamos de los grupos delincuenciales y de cualquier partido político, también nos deslindamos de quienes se han montado en el movimiento popular, en las policías comunitarias, a quienes utilizan a los niños para negociar con el gobierno, nunca lo hemos hecho ni lo haremos como CIPOG-EZ perteneciente al CNI, pues nuestra lucha es por la vida. Como organización, hemos sido claros en lo que somos y honestos hacia nuestros hermanos y hermanas que solidariamente nos han abrazado en esta lucha y así seguiremos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

Finalmente, seguimos responsabilizando a los 3 niveles de gobierno por lo que ocurre en nuestras comunidades y en todo el Estado, que a lo largo y ancho se desangra de tanta muerte e indiferencia.

Demandamos la aparición de nuestros dos hermanos, que sabemos que están con vida y siendo torturados y obligados a hacer declaraciones falsas. En este sentido, el día de ayer Lunes 7 de febrero de 2022, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una petición de acción urgente a favor de nuestro hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez al Estado Mexicano, después de que fueran detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac, en el estado de Guerrero. Esta acción urgente demanda al Estado mexicano buscar y localizar a nuestros hermanos, una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada, sancionando “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda”. Es lo mismo que hemos demandado por muchos años a los tres niveles de gobierno, pues es de sentido común que quienes gobiernan y cobran por ello, aseguren mínimamente la vida, la seguridad y la paz en su territorio; esperamos que el Estado Mexicano y el estado de Guerrero, asuman su responsabilidad y atiendan al llamado de la ONU.

Denunciamos también, que el Ayuntamiento está llamando individualmente a nuestros comisarios para que se presenten a declarar, como si tuvieran algo que ver en los ataques que sufrimos y en las desapariciones de las que somos víctimas. Mejor Busquen y detengan a quienes nos dañan,  que ustedes saben bien quienes son y si tienen dudas, pregúntenle a la organización y no anden atemorizando a nuestros compañeros.

Sin más, dejamos claro que nuestra lucha es por la vida y que aquí seguimos, sin claudicar. Gracias a quienes escuchan y abrazan la lucha del CIPOG-EZ.

 

 

 

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA EL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA!

¡FUERA LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES DEL ESTADO DE GUERRERO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA