Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.

Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.

En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.

Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.

Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:

1. Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
2. Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
3. Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.

Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.

Firmas:

Colectivos y organizaciones:

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El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

• El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

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22 de junio de 2023
Acción Urgente 010

Firma la petición aquí.

Continúa en riesgo la salud de Jorge López Sántiz, Base de Apoyo Zapatista

Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizaron una serie de ataques que ponen en riesgo a tres comunidades zapatistas^: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi y están ubicadas en el municipio de Ocosingo, Chiapas: los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados que al momento de la emisión de esta Acción Urgente, no han frenado.

Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, contabilizando al menos 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres, simultáneamente atacaron a las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi; en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.

A la emisión de esta Acción Urgente -para el 22 de junio- se han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo calibre, con información documentada por la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.

Este día se cumple un mes del ataque en donde resultó herido el Base de Apoyo Jorge López Sántiz, que aún se encuentra en un estado de salud delicado con la necesidad de manejo especializado para dar continuidad a su proceso de recuperación.

Respecto al estado de salud del Base de Apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, egresó del Hospital Gómez Maza el 5 de junio de 2023, después de 10 días de estar en terapia intensiva y 4 días de estar en hospitalización. A su egreso aún presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. Las secuelas son graves, pues el funcionamiento de su intestino quedó afectado. El proceso de recuperación es lento, pues las complicaciones derivadas de la cirugía necesitan cuidados especializados para una cicatrización adecuada, así como manejo con medicamentos antibióticos y analgésicos.

Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” continuaremos documentando las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios, y señalando la complicidad del Estado mexicano.

Ante estos hechos exigimos con urgencia:

• Garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
• Se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
• Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
• Cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Antecedentes:

El 23 de mayo de 2023 presentamos la Acción Urgente 009, en donde solicitamos a las autoridades su atención inmediata y un cese a la violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas.

En mayo de 2022 emitimos la Acción Urgente 002-2022  en donde se documentan diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.

Solicitamos enviar sus llamamientos urgentes a:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

Rompiendo Fronteras:

• HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
• WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
• GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
• ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

• OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
• OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
• MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
• CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudio Transición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).

El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.

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Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.

El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRA).

De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.

“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.

Emisión de carbono

Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.

Inversiones para la “transición”

La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.

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Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.

Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.

Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.

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Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.

Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.

Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.

Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.

“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo.

A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

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Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?

Myrna Valencia (MV):  Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.

AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?

MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.

Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.

Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.

Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.

No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.

AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?

MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.

Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.

El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.

AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?

MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.

Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.

Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.

En el programa Cruce de Palabras (TeleSur), Luis Hernández Navarro conversa con investigador Gilberto López y Rivas sobre los constantes ataques contra las comunicades zapatistas por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO).

Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:

https://frayba.org.mx/tema-prioritario/antoniogonzalez

Programa de radio de NotiFrayba sobre la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González:
(Descarga aquí)