^{En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

El caso de criminalización contra Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha encendido la alerta debido a las motivaciones políticas detrás de la persecución en su contra y de lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de dicho municipio mazateco, quienes han hecho frente a los abusos de poder de la familia Zepeda.

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Ante la emisión de una nueva orden de aprehensión en contra de Peralta Betanzos, que revoca su libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, el colectivo Los Otros Abogadoz, responsable por su defensa jurídica, remarca que este es un caso penal fabricado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

“Nos estamos enfrentando a la sed de venganza de Elisa Zepeda, quien a través de su grupo político y después de haber estado en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Estado, ha influido tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado para revocar la sentencia de libertad de Miguel Peralta, así como para obstaculizar y retrasar la inminente libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria y la cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos políticos”, contextualiza el colectivo.

Debido a esta situación, el pasado 25 de agosto, Los Otros Abogadoz presentaron un Amparo Directo contra la sentencia condenatoria de Peralta Betanzos mediante el cual esperan que un Tribunal Federal en la ciudad de Oaxaca analice las violaciones procesales del caso, como son “la obstaculización de una defensa adecuada, el respeto a la presunción de inocencia, la parcialidad de la autoridad ministerial y judicial a favor de las víctimas, aunado a una inadecuada valoración de las pruebas y una inexacta aplicación de la Ley penal; así como las falsas acusaciones de la ex diputada Elisa Zepeda y sus testigos”, detalla la defensa legal de Peralta Betanzos.

El colectivo de abogados enfatiza que es de suma importancia que Miguel no sea detenido, “de lo contrario, tendrá que esperar la resolución del amparo directo en prisión, mismo que podría resolverse de uno a dos años”.

A continuación, presentamos una entrevista con Roberto López, integrante de Los Otros Abogadoz, para quien “no hay fundamento jurídico. Son intereses políticos los que están en juego donde se han valido de las influencias que tiene (Elisa Zepeda) en el poder judicial” para perseguir y criminalizar a Miguel Peralta Betanzos y lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Avispa Midia (AM): ¿Nos puede contextualizar acerca del contexto histórico del proceso penal contra Miguel Peralta Betanzos?

Roberto López (RL): Todo deriva del proceso penal que se inicia después de los hechos que ocurren el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón cuando se inicia una causa penal. A Miguel lo detienen en 2015, se lleva acabo un proceso irregular, con muchas violaciones procesales.

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Él es condenado en 2018 a una pena de 50 años de prisión. 30 años por el homicidio del hermano de Elisa Zepeda y 20 años por la supuesta tentativa de homicidio. Nosotros apelamos esa sentencia. La sala penal, cuando analiza el expediente se da cuenta que él no estuvo presente en su audiencia final y decide reponer el proceso, ello implicaba que se anulara esa sentencia de 50 años.

De nueva cuenta, el juez vuelve a tener la oportunidad de volver a dictar la sentencia. Para ese tiempo nosotros ya habíamos acreditado que es un asunto de una persecución política, que es un asunto de una familia que es cacique y esta en contra de la Asamblea Comunitaria lo que ellos hicieron. Eso trasciende y al final, el 14 de octubre de 2019, el juez mixto de Primera Instancia decide en sentencia liberar a Miguel, es decir, absolverlo al considerar que no era responsable del homicidio en contra del hermano de Elisa, Manuel Zepeda y la tentativa de homicidio en contra de Elisa. No hay un señalamiento directo que hagan Elisa y sus testigos en contra de Miguel, hicieron una acusación genérica, lo meten en un paquete de 35 personas, pero no especifican cuál fue la conducta real y material que Miguel hizo y ante esa situación no lo pudieron condenar.

AM: Ustedes mencionan que el proceso está plagado de irregularidades y violaciones, ¿podría detallar en qué consisten?

RL: Irregularidades en todo el proceso ha habido desde 2014. A las primeras siete personas que detienen les acusan del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa. Personas que iban a poner a disposición del Ministerio Público (MP) porque se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo del ejército. Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio.

Los hechos ocurrieron en Eloxochitlán, tendría que conocer el juez de Huautla, por la cercanía del lugar, pero los remitieron hasta la ciudad de Oaxaca. Desde ahí empezó la primera anomalía, que los sacan de la jurisdicción que les tocaba y los mandan a Oaxaca. Obviamente no estuvieron ellos en el momento de cometer el delito, no hubo flagrancia y aún así los detuvieron y los privaron de la libertad.

Cuando detienen a Miguel, lo detienen en la ciudad de México, no le informan por qué lo detienen, no le dicen nada y resulta que ya en un penal de Tlaxiaco (Oaxaca) es ingresado y puesto a disposición y ahí se le da a conocer que ya está acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. En el caso de Miguel, para llegar a la sentencia, tuvieron que pasar cuatro años y medio. Los siete presos que están todavía por ese asunto van a ser ocho años y todavía no tienen una sentencia.

También, cuando el MP tiene que presentar formalmente sus conclusiones acusatorias en contra de Miguel, no lo hace. Tenía seis días para hacerlo y las presentó casi un mes después y el juzgado, sabiendo que las conclusiones acusatorias ya estaban fuera de tiempo, las acepta, las convalida y les da trámite.

En otro momento, en un Estado realmente democrático y garante de los derechos humanos y de las garantías procesales, lo que debió haber hecho el juzgado es decir “me presenta sus conclusiones fuera de tiempo, yo ya no te las acepto”. Y como ya no hay acusación formal por el MP, ese proceso se tiene que eliminar y Miguel automáticamente se debió haber puesto en libertad y eso no ocurre. Ese es uno de los errores más importantes y mas trascendentes que el juez dejó pasar y que nos tiene ahora en este momento.

Otra irregularidad es que, en los hechos de 2014, otra persona que era escolta de la familia Zepeda también pierde la vida. Esos hechos jamás se consignaron en el expediente principal, en la causa penal 02/2015 y ellos (Elisa y su papá) en otro momento, mañosamente, ya que estaba la causa penal donde esta Miguel y los presos políticos de Eloxochitán abren otra causa penal para esta otra persona que fallece de nombre Gustavo. En esos hechos también la mamá de Elisa dice que fue lesionada. Por ello también dejaron abierta esa posibilidad, en otro momento, de iniciar otra investigación por esos delitos.

Ellos han utilizado políticamente esos hechos. Se fueron guardando poco a poco para en todo momento tener el control y que los presos no alcancen su libertad y que estén perseguidos, desplazados, para que ellos puedan seguir teniendo ese control y ese poder político a lo largo de estos casi ocho años que llevan de proceso.

Pasó con los primeros siete presos. Ellos solo tenían el delito de homicidio. Cuando ellos presentan un recurso, un incidente de libertad que ganan y van a recobrar la libertad, ya van a pisar la calle, llega el MP y les hace de su conocimiento que les cumplimentan una orden de aprehensión, ahora por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Elisa.

AM: Han mencionado también que las declaraciones mantienen inconsistencias y han sido fabricadas, ¿Cuáles son los elementos que consideran para hacer esta afirmación?

RL: Las declaraciones de Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, su papá, son declaraciones que fueron construidas a modo. De esas declaraciones derivan otras seis que copiaron, en algunas, casi textualmente lo que ellos decían, con toda la intención de perjudicar a los integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Cuando nosotros entramos a esta defensa, solicitamos los interrogatorios para Elisa y para sus testigos. Ellos retrasaron por más de un año presentarse al juzgado a declarar. Dilataron mucho tiempo para comparecer al juzgado porque sabían que era mentira lo que habían dicho, iban a ser cuestionados.

Cuando son interrogados nos damos cuenta que cuando menos dos testigos, Fernando Ramírez Carrera y Eleazar Hernández Ordaz, cuando se les pregunta específicamente sobre los hechos que declaran, ellos dicen no haber declarado nunca ante el MP y no recuerdan haber firmado alguna declaración. Cuando ven su firma y la copia de su identificación en el expediente sí las reconocen, pero dicen “yo no otorgue en ningún momento mi identificación”. Ahí nos damos cuenta que fueron testimonios fabricados sacados del testimonio de Manuel Zepeda Cortés, el papá de Elisa Zepeda. Con eso se evidencia que es una fabricación y esa acusación no tiene sustento jurídico.

Son acusaciones falsas. No lo decimos nosotros, ya Juzgados de Amparo, las salas del Tribunal de Justicia del estado ya han resuelto y se han pronunciado respecto a que esas declaraciones no son suficientes para responsabilizar a los presos de Eloxochitlán de los hechos que ella denuncia. Eso es lo único que hay y al final si realmente existe justicia en este país, los presos políticos de Eloxochitlán tendrían que salir libres. Vamos a seguir insistiendo para demostrar esa situación y arrancarles nuevamente la libertad, de Miguel y de los otros compañeros presos.

AM: Si en los hechos de diciembre del 2014 hubo un enfrentamiento en la población de Eloxochitlán donde se ha difundido que también hubo heridxs entre lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria, ¿por qué no vemos avance en las denuncias sobre estas agresiones?

RL: Cuando se da el enfrentamiento, previamente la gente de Elisa y Manuel Zepeda habían tomado el Palacio Municipal, ellos estaban atrincherados ahí. Se llama a la asamblea el 14 de diciembre para nombrar la Alcaldía Municipal y desde las instalaciones de la presidencia empiezan a dispararle a la gente de la Asamblea. Se hace la confusión, la gente corre y caen los heridos.

Hubo varias personas heridas por parte de la Asamblea Comunitaria y ellos en su momento denunciaron esas agresiones, esas tentativas de homicidio, pero en ningún momento tuvieron efecto o procedieron a otra instancia, simplemente se quedo ahí. Es una denuncia que nunca prosperó hasta la fecha a diferencia de, por ejemplo, de la de Elisa y de su papá, que ellos sí han obtenido eso que han buscado de siempre; mas que justicia ellos clamaron venganza y es lo que están obteniendo.

Es la forma distinta de procurar la justicia. Para ellos ya hay sentencias condenatorias y tienen a personas presas en la cárcel. Los responsables de las lesiones de la gente de la Asamblea Comunitaria, hasta la fecha no han procedido en contra de nadie y los responsables fueron el grupo político de Elisa Zepeda y de su papá.

Nos damos cuenta cómo la Procuraduría, que es la encargada de investigar, ha dejado de lado esas denuncias. De parte de la Asamblea Comunitaria hay imágenes, hay fotos, hay constancias médicas que acreditan que también hubo heridos de bala y de eso no ha pasado nada, absolutamente nada hasta esta fecha. El MP solo recaba los testimonios, pero no va mas allá, no busca mas pruebas, no manda a llamar a quienes inician esa agresión. Al dejar de hacer esa actividad jurídica pues prácticamente se queda en el olvido, se queda en el archivo y ahí puede pasar mucho tiempo.

AM: ¿Cuáles son los hechos que indican la presión política de la familia Zepeda para perseguir a lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán?

RL: Cuando Miguel sale en libertad (en 2019), Elisa Zepeda lanza un comunicado a la opinión pública donde dice que “la justicia se desvanece entre sus manos” y que peligra su vida, porque el asesino de su hermano, de Gustavo y quien intentó matarla a ella y a su mamá está suelto. Cosa mas falsa porque Miguel no ha sido sentenciado por los hechos del homicidio de Gustavo, no ha sido responsabilizado por la tentativa de homicidio de su mamá. Ahí nos damos clara cuenta que sigue mintiendo, que sigue diciendo cosas que jurídicamente no están demostradas en la causa 02/2015.

Después, el 29 de octubre de 2019, diputados de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) y del PT (Partido del Trabajo) sacan un punto de acuerdo donde le piden al Poder Judicial, a la Procuraduría de Oaxaca, que esos hechos “los juzguen con perspectiva de género”. Ese pronunciamiento sale y nos damos cuenta de la intromisión de uno de los poderes federales al trabajo de un poder judicial del estado.

Obviamente hacen referencia a la libertad de Miguel y dan a entender que su liberación es una injusticia que se comete en contra de Elisa. Cuando viene la intromisión del nivel federal es cuando el Tribunal del estado ya empieza a revocar esas libertades, es decir, la línea ya está dictada, ya está dicho que ese asunto, todo lo que se relacione con la causa penal de los presos de Eloxochitlán van a ser libertades que se van a cancelar. Y eso radica en que, dos años después, la Tercera Sala Penal revoque la libertad, porque recibe muy bien la encomienda que le hace el poder legislativo federal, obviamente para la defensa de los intereses políticos de Elisa y ese es el motivo por el cual nosotros pensamos que le revocan la sentencia a Miguel, porque ya se mete el poder federal, porque Elisa ha ido escalando políticamente.

Primero a la posición de presidenta municipal de Eloxochitlán. Después se postula para diputada local por el partido MORENA. Gana y en esa legislatura es nombrada presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia.

¿Esto qué significa y que representa? Elisa en esa posición tenía relación con el Procurador, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del estado. Esos dos años en que se tarda en llegar la apelación en la sala fueron suficientes para que Elisa moviera sus piezas, incidiera en el Poder Judicial para que pudieran revocar esa sentencia.

Porque la sentencia de Miguel es la primera sentencia condenatoria de los presos políticos de Eloxochitlán y la primera sentencia condenatoria de libertad que se revoca. Elisa tuvo el tiempo suficiente para operar mientras fue presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por eso nosotros ya nos damos cuenta que desde esa posición política hizo posible que esa libertad se revocara.

Por eso decimos, si realmente existe justicia en este país, Miguel tiene que volver a ser declarado inocente. Por eso es importante demostrar en instancias federales que esto sigue siendo una fabricación, que son intereses políticos los que están de por medio y que es el partido en el poder el que está apoyando a esta señora que no cesa en su venganza pues eso ha llevado que mucha gente ya desde hace ocho años esté desplazada de su comunidad y que siga siendo perseguida.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones sociales que en la medida de sus posibilidades que volteen a ver un poco y se solidaricen. Que no haya indiferencia porque en este país, en cualquier estado, la línea entre la libertad y el encierro es muy delgada. La fabricación de delitos está a la orden del día. Pasó con los compañeros de Eloxochitlán, pasó con Fidencio Aldama, que esta en Sonora, y está preso por una acusación falsa por oponerse a un gasoducto. Existen tantas historias donde ha habido represión política que tiene a las cárceles llenas de personas inocentes, por eso hay que pedir la libertad inmediata de las personas que están injustamente detenidas.

Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.

^{En portada: Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Foto: Santiago Navarro F.}

Un adolecente camina tranquilo mientras patea un bote vacío que, por su aspecto y color, pertenece a una marca reconocida de refrescos en México. Este bote de plástico se desbordó de uno de los contenedores de basura instalados en las principales calles de Oaxaca, ciudad al sur de este país que se ha convertido en un referente de los principales atractivos turísticos y que a diario generan decenas de toneladas de desechos que nadie se pregunta a dónde van a parar.

Según la Secretaría de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, tan solo en el mes de julio, fecha en que se realizó la Guelaguetza 2022, una de las fiestas más emblemáticas de esta entidad que atrajo a miles de turistas, dejó como saldo más de 800 toneladas de basura. El titular de esta instancia, Ferdinando Rosado Duarte, ha alertado que derivado de esta situación la capacidad para el transporte de los desechos fue rebasada en un 25%.

Esta basura tiene como destino el llamado “relleno sanitario” ubicado en el municipio de la Villa de Zaachila, establecido a menos de 40 minutos de la capital de Oaxaca, el cual ha llegado al límite de su capacidad desde hace más de una década. “Conocemos detalladamente que el relleno, desde la administración de Ulises Ruiz Ortiz en 2006 (exgobernador de Oaxaca) el basurero había llegado a su vida límite”, puntualizó Artemio Martínez, quien fue representante de la colonia El Manantial, ubicada en la zona baja de donde se concentra la basura.

Cuando el señor Martínez se refiere a la vida útil de este tiradero, está hablando principalmente de la geomembrana o celda de confinamiento que retiene los lixiviados de los desechos urbanos. “No solo sabemos que ha llegado a su límite, sino que lo vivimos. Nosotros, al no tener agua potable, hacemos pozos para obtener agua y así atendemos nuestras necesidades. Pero los lixiviados han llegado hasta el agua que extraemos de estas fuentes”, agrega el vecino del basurero quién hizo las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Incluso, la organización sin fines de lucro llamada Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda), quién intentó impulsar un sistema de reciclaje inclusivo en esta zona, evalúa que el nombre del llamado “relleno sanitario es solo en teoría”, que en realidad “es un basurero a cielo abierto. Simplemente porque no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para tratar estos desechos”.

Martínez agrega que los lixiviados, “en temporadas de lluvia pasan como un río en nuestras colonias. A esto se suman las enfermedades y las represalias hacia quienes hemos denunciado la contaminación y actos de corrupción. Nadie quiere hacerse responsable de su basura”.

Un trato especial

Son aproximadamente 26 los municipios conurbados que depositan sus desechos en el tiradero de Zaachila. Tres de ellos son los que apuntalan la cantidad diaria que se genera de residuos urbanos: Los municipios de la ciudad de Oaxaca, Santa Lucia del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán.

Edgar Sereno Cruz, integrante de Sikanda, asevera que “lo ideal es que cada municipio debiera hacerse cargo de su basura. La ley lo dice, en relación a los solidos urbanos son los municipios; los residuos de manejo especial es una responsabilidad compartida entre municipios y el Estado; los residuos peligrosos son responsabilidad de la federación”.

Sereno Cruz es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca y alerta que en los tres tipos de residuos no existe infraestructura ni lugares adecuados para el trato de la basura que generan estos municipios y, por tanto, terminan en basureros a cielo abierto, como el de Zaachila.

A esto se suma una red privada de recolectores que, a través de camionetas, recorren diversas colonias para colectar la basura mediante un pago y que al final termina en el mismo tiradero de Zaachila.

Este miércoles (3), los recolectores se manifestaron en la ciudad de Oaxaca obstaculizando el flujo vial en diversas avenidas y arrojando basura en la plaza de la Danza y el palacio municipal a manera de protesta. Sus exigencias son que se les permita depositar la basura que recolectan en este tiradero.

De acuerdo con el alcalde Francisco Martínez Nery, la prohibición del acceso de vehículos particulares al basurero “no es una decisión de la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez”, sino que es una determinación de los pobladores de la Villa de Zaachila, quienes se supone cerraron el basurero por las afectaciones ambientales y a la salud.

El señor Artemio Martínez lamenta que a pesar de que ha habido reuniones entre el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de quien depende el basurero de Zaachila, y los municipios que depositan su basura en este lugar, no se ha encontrado una solución radical, “por el contrario, se esta creando una mafia que está cobrado a quienes llegan a tirar su basura. Quienes pagan tienen acceso. Esto sin considerar que este lugar ya no es idóneo para soportar más basura”.

Martínez arremete y sostiene que “hay un trato especial para algunas personas o municipios. Durante las fiestas de la Guelaguetza se acordó que no se recibiría basura de los 26 municipio que comúnmente vienen a dejar sus desechos. Pero si recibiría la basura del municipio de Oaxaca y fueron cientos de toneladas que se generaron en las fiestas”.

En el caso de basurero de Zaachila la celda de confinamiento ha sobrepasado su límite. “Lo único que hacen es que una maquinaria va arrinconando la basura en forma de montañas generando contaminación aérea y lixiviados sin control”, agrega el integrante de Sikanda.

El modelo que prevalece

Es sencillo, casi todos en Oaxaca sabe como funciona el modelo. Pasa un camión y cada quien tira la basura revuelta, la cual al final termina en las montañas a cielo abierto. “Rellenos sanitarios como tal, son aproximadamente 23. Pero no todos cumplen con su funcionamiento, son solo algunos”, detalla Sereno.

El capacitador de la Organización Sikanda lamenta que de los 570 municipios que comprenden al estado de Oaxaca, los rellenos sanitarios existentes no cubren ni el 1% del trato de la basura de esta entidad. “Medianamente hay una experiencia en Huajuapan; San Lorenzo Cacaotepec; San Sebastian Tutla; El Tule; Mitla, el resto son basureros a cielo abierto. Existe como tal una crisis de la basura porque sistemáticamente no tienen un plan de manejo ni personal capacitado”, sostiene Sereno.

Mientras tanto, el alcalde del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca ha anunciado que ya hay planes para la adecuación de un nuevo espacio de 10 hectáreas, donde se establecerá una compactadora de residuos sólidos, a través del cual utilizarán materiales para los hornos de las cementeras Cruz Azul y Cemex. Por ahora, se esta buscando desesperadamente donde colocar cientos de toneladas de basura generadas diariamente. Algunas de las propuestas son la Central de Abastos y un viejo cuartel de policía que se mantiene en obra negra.

Pepenadores en el olvido

El mal manejo de la basura en Oaxaca se recarga sistemáticamente en los tres niveles de gobierno y de la propia ciudadanía que genera la basura. La lógica es que todo es desechable y la responsabilidad de tratarlo es de un tercero, lo cual no existe. Aunque en los tiraderos a cielo abierto hay gente que intenta clasificar y recuperar lo que sirve para reciclar y son llamados despectivamente como pepenadores.

Sereno advierte que hay gente que piensa que los tiraderos existen porque hay pepenadores, “la realidad es que estás personas trabajan en condiciones infrahumanas, sin ningún derecho ni seguridad laboral, están en el olvido. Lo que debe quedar claro es que ellos no son los responsables de la generación de basura, pero sí ayudan al intentar rescatar algo mínimo de estos desechos, como el aluminio, vidrio, cartón, entre otros”.

^{Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Fotos: Santiago Navarro F.}

Las malas condiciones de vida no solo se recargan hacia los llamados pepenadores, “sino a las colonias vecinas, quienes sufren de enfermedades como de tipo gastrointestinales, en la piel, en los ojos. En estos lugares es muy fácil la propagación de enfermedades”, agrega el capacitador de Sikanda.

Una experiencia inspiradora

En un contexto de crisis de la basura que vive Oaxaca pareciera que no hay opción a corto plazo, aunque a menos de 30 minutos de la capital existe una experiencia distinta. De entrada, no es un tiradero, pues los trabajadores aquí hacen énfasis en que es “un relleno sanitario” y que ellos no son pepenadores, sino “recicladores”.

Estas personas, incluyendo mujeres y no binarias, quienes integran la plantilla de recicladorxs, cuentan con equipo como guantes, botas, overoles y reciben capacitación continua. Además, tienen un sueldo seguro, vacaciones y atención de salud. Se les ve felices.

Esta experiencia ocurre en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec. “Esto solo es posible gracias a los usos y costumbres de esta comunidad. Esta responsabilidad lo atrajo la asamblea comunitaria y no solo recayó en las autoridades. Aquí hay una visión comunitaria”, comparte Sikanda.

En este relleno se aprovecha y se clasifica todo lo que es reciclable y se trabaja con la mayoría de los desechos orgánicos para la producción de abonos y para un criadero de gallinas, un proyecto más que se desprende de este trabajo. “Este relleno inició con un proyecto de 11 rellenos más y solo sobrevive este. Tenía proyectado una vida de 5 a 6 años y lleva casi el doble. Si sigue ese modelo la celda de confinamiento puede durar hasta otros 3 años más”, agrega Sereno, quien es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca donde trabaja asesorando al equipo de este relleno.

En este municipio se genera entre 3 y 3.5 toneladas de basura diariamente de una población de 8 mil personas y “se está recuperando entre un 5% y 7% de materiales reciclables, que para México es alto. Se tratan los residuos orgánicos, no un 100%, aproximadamente un 30%, porque la basura orgánica no se puede recuperar si viene contaminada o podrida. Ahí la importancia de separar desde los hogares”, complementa el integrante de Sikanda.

Pedro Cándido Díaz, encargado y trabajador del relleno, asegura que las condiciones laborales y que sea un proyecto comunitario “permite asumir el trato de la basura no solo como un compromiso con la comunidad, sino también con el planeta y la humanidad”.

Marisol Mendosa, trabajadora también del relleno comunitario, como mujer ha experimentado lo pesado que es trabajar con la basura, pero “me siento cómoda y me gusta”, y complementa que “la ciudadanía tiene que hacer conciencia para clasificar su basura. Ya que los materiales no se pueden reciclar si vienen contaminados con otras sustancias”.

De este proyecto ha derivado la producción de hortalizas, plantas medicinales, lombricomposta. En si mismo, no parece un tiradero de basura, ya que hay más vida que materia inerte. “Se puede hacer maravillas con la basura orgánica. Para reciclarla la recogemos directamente en las fruterías en el mercado y así las gallinas consumen comida limpia y así se producen huevos orgánicos”, dice Lorenzo Galván Juárez, trabajador del Relleno Sanitario, encargado de cuidar a las gallinas.

“Realmente podemos vivir de una mejor manera, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que todo es desechable. Tenemos que hacer conciencia que nuestro planeta no es desechable, porque no hay otro más”, concluye Lorenzo.

En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

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Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

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Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

^{*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.}