El 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional. Esto luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y protección de los derechos humanos, rechazamos rotundamente el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, -como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local.

Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica. Dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril,[1] se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump.

Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014. A raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes.[2] En este sentido, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad.[3] Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como su temporalidad, el número de agentes, sus facultades, las dependencias implicadas en esta nueva estrategia ni las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer.

En medio de un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes, y del contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos,[4] aunado a la coyuntura electoral actual, es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento. Tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales.[5] A estas estrategias se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017.[6]

Esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia. Por lo tanto, las organizaciones, redes y colectivos que suscribimos, consideramos que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general.

Por lo tanto, demandamos un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional, al mismo tiempo que exigimos se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional.

Firman:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Una Ayuda para ti Mujer Migrante, AC; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC; La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes Comalapa; Médicos del Mundo Francia – España, MdM; Servicio Jesuita a Refugiados Tapachula; Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala, ACCSS; FGER; ADECI; American Friends Service Committee (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes; COJDI, San Juan Ixcoy, Huehuetenango; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Movimiento Acción Esperanza (Action Hope); Nueva Luz Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; ENLACE; CEIBA; FUNDAR; INICIA; Parroquia de Palenque; ASDECOHUE; Molanil Kinal Be; Jóvenes por el Cambio de San Marcos.

Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA: Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD); Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana AC; Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG) ; Mayela Blanco; Susana Cruickshank; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Incide Social; Inclusión y Equidad, AC; Ximena Ortiz; Natalia Sánchez; Axel García; Hugo Ángeles ; Jorge Romero León; Lorena Cano; Michael Chamberlain; Mónica Salmón Gómez; Ricardo Machuca; Marta Villarreal; Rocío Osorno; Ximena Gallegos; Fabiola Mancilla; Carolina Alvarado Feldman; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); INSAMI; Nadia Nehls Martínez-Investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdeG); Martha Rojas – Investigadora ECOSUR; Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion / Global Workers Justice Alliance (GWJA); Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos/Instituto Mora; Mujeres Unidas y Activas – Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud AC (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM); Casa Refugiados, AC; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios en la Cd. De México (PRAMI-CDMX); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF) / Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Patricia Zamudio, Investigadora-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM) y; Washington Office on Latin America (WOLA).

Red Jesuita con Migrantes México: Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados México; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; FM4, Paso Libre; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Hidalgo Pastoral Migrante; Albergue Tierra Blanca; Misión Santísima Trinidad Arena Chiapas; Parroquia Plátano y Cacao, Tabasco; Voluntariado Jesuita; Proyecto Kino; Proyecto Huayacocotla; CAFEMIN; CAMMI, Albergue Querétaro; Parroquia Sagrada Familia; Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres; Albergue Oluta, Veracruz; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Secours Catholic Francia; Programa de Asuntos Migratorios, ITESO; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Torreón; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana León; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Universidad Iberoamericana Puebla; Rita Marcela Robles; Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría técnica.

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, REDIAS

Colectivo Kalsilaltik, Comitán

Casa de la Mujer de Palenque, Ixim Antsetik

Organización Familia Pasta de Conchos

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.

Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.

Melel Xojobal, AC

Comisión Ciudadana De Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, FrayBa
Comisión de Justicia y Paz, de la familia dominicana

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A. C.

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)

Espiral por la Vida, A.C.

Dinamismo Juvenil AC

Colectivo Indignación AC

Red de Pueblos Trasnacionales

Instituto de Investigación y Práctica Social y cultural AC

Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios

Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Cántaro Azul AC

Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC

Centro Diocesano para Los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Colectivo de Teatro Critico y Clown Zapayasos

Servicios para una Educación Alternativa a.c EDUCA

Foro para el Desarrollo Sustentable AC

Vecinos Amigos del Barrio Originario Cuxtitali, San Cristóbal de Las Casas

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, MODEVITE

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, IMDEC

Médicos del Mundo España

Médicos del Mundo Francia

Grupo Cultural Nueva Jovel

CEPAZDH, AC

American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Colectivo Oxlajuj Q’anil – terapeutas y acompañantes psicoespirituales desde la Cosmovisión Maya en Chiapas

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos CDH- Uruguay

Lourdes Jiménez, Tequisquiapan Qro.

Diego González, Tequisquiapan Qro.

Alejandra del Cueto Castro

Rodolfo Córdova Alcaraz

Celina Valadez

Araceli Mondragón, profesora UAM Xochimilco

Blanca Martinez Bustos

Rosa Pérez Godínez

Ofelia Santos Rodríguez

Alejandra Liceaga

Ofelia Medina

Leticia Calderón Chelius,

Libertad Enríquez Abad,

Brenda Valdés Corona,

Guadalupe Barrena Nájera,

María Fernanda Pinkus Aguilar,

Marta Villarreal Ruvalcaba

Tony Marcín

Pablo Romo Cedano

[1] Gobernador Velasco y Secretario de Gobernación coordinan acciones (2018) http://www.chiapas.gob.mx/noticias/gobernador-velasco-y-secretario-de-gobernacion-coordinan-acciones

[2] Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México (2015) https://www.wola.org/es/analisis/informe-conjunto-justicia-para-delitos-y-violaciones-a-los-derechos-humanos-contra-personas-migrantes-y-refugiadas-en-mexico/ ; El acceso a la justicia para personas migrantes en México. Un derecho que existe sólo en papel (2017) http://fundar.org.mx/el-acceso-a-la-justicia-para-las-personas-migrantes-en-mexico-un-derecho-que-existe-solo-en-el-papel/?ID=

[3] Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes (2015) https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

[4] En el informe de Amnistía Internacional (2017) Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México se corroboran violaciones graves a derechos humanos como desapariciones, tortura y muerte a manos de agentes policiales, enfatizando sobre los sesgos discriminatorios al momento de las detenciones que en muchos casos se dan de manera arbitraria, así como la impunidad en la que pertenecen dichos actos.

[5] En 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 por Violaciones Graves a Derechos Humanos debido al uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal durante un operativo realizado el 6 de enero del mismo año en Apatzingán, Michoacán, donde hubo al menos una ejecución extrajudicial.

[6] Apoyará el Comando Sur vigilancia en la frontera México-Guatemala (2017) http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol; Comunicado ¡Decimos no y nunca más a la presencia militar de estados unidos en los territorios de México y Centroamérica! (2017) http://redtdt.org.mx/?p=8648

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios ocasionando violaciones a derechos humanos. Escuchemos dos historias de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad: Las ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018

COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL

Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.

También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.

Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.

Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.

Atentamente

Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)

FIRMAS

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PRONUNCIAMIENTO DEL 9 DE FEBRERO DE 2018.

AL DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL UNICACH

AL MTRO. RICARDO PANIAGUA RODAS, SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA DRA. FLOR MARINA BERMÚDEZ URBINA, SECRETARIA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GRADOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LOS Y LAS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Los abajo firmantes trabajadores de las ciencias sociales y de las humanidades expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por la decisión de la UNICACH de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda y nos sumamos a las exigencias de cancelación total de dicho doctorado vía el ejercicio del veto de la autoridad correspondiente, es decir, el rector de la UNICACH. Esta exigencia la sustentamos en los argumentos que a continuación enumeramos y que hacen eco de los muchos rechazos masivos, públicos y rotundos que ha recibido dicha decisión y que, hasta el día de hoy, 8 de febrero de 2018, solamente ha sido “suspendida” según un oficio circulado en las redes sociales y firmado por el Secretario General de dicha institución. Enlistamos brevemente nuestros argumentos:

Uno. Como se ha dicho reiteradamente el General Cienfuegos no sólo no cuenta con los méritos académicos para recibir este reconocimiento universitario sino que es parte medular, desde 2012, de la estrategia militarista de seguridad nacional al ser el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del actual gobierno mexicano. Estrategia que ha contribuido a la agudización de la guerra interior en curso, ocasionando miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios, desplazados y masacrados. En Chiapas, la memoria del agravio pasa también por una larga noche de contrainsurgencia desde el 1994 en la que las fuerzas armadas han sido actores, no únicos, pero sí centrales. Coincidimos con quienes han afirmado que premiar al General Cienfuegos, es premiar a su institución y esas estrategias en agravio de la sociedad civil mexicana que se encuentra clamando, de diferentes maneras, justicia, verdad y alto a la guerra.

Dos. Nos preguntamos por las razones profundas que tuvo quien propuso la iniciativa y los Consejeros Universitarios que la aprobaron. Nos preguntamos sobre su entendimiento y compromiso con la autonomía universitaria y las razones de fondo que los mueve, pues no podemos dejar de lado la existencia de prácticas corporativas y clientelares de la cultura política mexicana y su actuar en esta actual coyuntura electoral, así como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, de la que el homenajeado fue promotor. Una ley, por cierto, también altamente cuestionada en lo nacional y en lo internacional por parte importante de la sociedad civil, los medios independientes y organismos defensores de los derechos humanos. Una ley hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitirá su dictamen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Tres. Exigimos también a las autoridades de la UNICACH otorgar las medidas de seguridad correspondientes a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH) así como a sus consejales universitarios y a los de otras unidades quienes, sustentados en criterios académicos y humanísticos, se han opuesto a dicho reconocimiento. Hacemos responsables de la integridad de cada uno de ellos y ellas a las autoridades correspondientes y hacemos firmes votos porque este obscuro capítulo de la vida de la UNICACH se cierre con la total cancelación y no sólo la simple suspensión del Doctorado Honoris Causa referido.

Firmas: Xochitl Leyva (CIESAS, Chiapas, México), Gustavo Esteva (Unitierra-Oaxaca, México), Jorge Alonso (CIESAS, Guadalajara, México), Rosalva Aída Hernández (CIESAS, Ciudad de México), Ana Esther Ceceña (IIE-UNAM, México), Walter Mignolo (Duke University, USA), Raquel Gutiérrez (ICSYH-BUAP, México), Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro, Patagonia, Argentina), Armando Bartra (UAM, Ciudad de México), Betty Ruth Lozano (Unibautista, Cali, Colombia), John Glehill (Universidad de Manchester, UK), Magdalena Gómez (UPN, Ajusco, Ciudad de México), John Holloway (BUAP, Puebla, México), Catherine Walsh (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador) Pablo Vommaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Shannon Speed (University of California, Los Ángeles, USA), Jaime Preciado (Universidad de Guadalajara, México), Guillermo de la Peña (CIESAS, Guadalajara, México), Joanne Rappaport (Georgetown University, USA), Gisela Espinosa (UAM, México), Francisco Morfín (ITESO, Guadalajara, México), María Teresa Sierra (CIESAS, Ciudad de México), Rosalba Icaza (Institute of Social Sciences-La Haya, Holanda), María Bertely (CIESAS, CDMX), Rolando Vázquez (Universidad de Utrecht, Holanda), Patricia Safa (CIESAS, Guadalajara, México), Gilberto Valdés (Instituto de Filosofía, Cuba), Alejandra Aguilar (CIESAS, Guadalajara, México), Yohanka León (Instituto de Filosofía, Cuba), Mercedes González de la Rocha (CIESAS, Guadalajara, México), Elena Nava Morales (IIS-UNAM, México), Santiago Bastos (CIESAS, Guadalajara, México), Raphael Hoetmer (Programa Democracia y Transformación Global, Holanda/Perú), Susan Street (CIESAS, Guadalajara, México), Gerardo González (ECOSUR, Chiapas, México), Reneé de la Torre (CIESAS, Guadalajara, México), Fernando García, (FLACSO Ecuador, Quito), Magadalena Villareal (CIESAS, Guadalajara, México), Mónica Carrasco (CIESAS, Chiapas, México), Jorge Aceves (CIESAS, Guadalajara, México), María Teresa Fernández (CIESAS, Guadalajara, México), Julia Preciado (CIESAS, Guadalajara, México), Humberto González (CIESAS, Guadalajara, México), Luis Gabriel Torres (CIESAS, Guadalajara, México).

Nota este comunicado une su voz a las muchas expresiones públicas de rechazo de la sociedad civil y a las 17, 699 firmas que exigen la cancelación del citado Doctorado, ver el sitio: https://www.change.org/p/consejo-universitario-de-la-unicach-que-unicach-cancele-el-honoris-causa-al-general-cienfuegos

El pasado 2 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Dicho acto ha provocado la indignación de la comunidad académica, de organismos de derechos humanos y de muchos individuos de la sociedad civil. Como denuncia el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (en comunicado abajo), esta decisión representa “un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa presionando al Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”.

En conferencia de prensa realizada el pasado viernes en San Cristóbal de Las Casas, la académica y activista Mercedes Oliveira renunció públicamente al Doctorado Honoris Causa otorgado a ella por la misma institución. Compartimos aquí las palabras pronunciadas durante la conferencia de prensa:

Ve también:

Pronunciamiento de estudiantes de posgrado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Pronunciamiento de la comunidad del CESMECA

Comunicado del posgrado en feminismo del CESMECA

Pronunciamiento público 001
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

Honoris Causa a la Infamia

• Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la UNICACH otorga la distinción a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA.
• En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera Bustamante renunció al mérito que recibió por la misma institución en el año 2012.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de febrero de 2018 / En el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del Conflicto Armado Interno No Resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado 02 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

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Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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