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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (Tercera de tres partes)

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.

Estado de excepción

Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.

Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.

De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.

Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.

Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.

En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.

Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.

Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.

Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.

Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.

Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.

A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.

Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.

Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.

Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas, Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 21 de diciembre de 2021

“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia” (Juan 10, 10).

“Cuando somos capaces de superar el individualismo, se vuelve posible un cambio importante en la sociedad”. (Papa Francisco)

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
A LAS MUJERES Y HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
A LA OPINION PUBLICA GENERAL

El pueblo Creyente de Chicomuselo, el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, (MODEVITE) y el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García” nos reunimos el día de hoy para celebrar la fiesta del maíz. espacio de encuentro para compartir nuestros anhelos en la construcción de un mundo más justo y fraterno de acuerdo al plan de Dios, Madre y Padre, por ello nos manifestamos en contra de todo proyecto que genera muerte y destrucción de nuestros pueblos y comunidades a través de la imposición de proyectos y programas impulsados por las grandes corporaciones multinacionales avalados por los gobiernos en sus distintos niveles.

Como pueblo creyente nos pronunciamos contra el incremento de bares y cantinas en la cabecera municipal y en las comunidades, problema que ninguna administración municipal ha podido atender, pese a que se encuentran regulados en las leyes y reglamentos a nivel municipal, estatal y federal, aumentando con esto la delincuencia, como son: robos a casa-habitación, asaltos, accidentes, asesinatos y desintegración familiar, generando descomposición social como es el caso en la cabecera municipal donde recientemente se han registrado asesinatos y balaceras derivado de la delincuencia, provocando más militarización que nada ha podido hacer para combatir esta situación .

Rechazamos el programa MOSCAMED porque insisten entrar en las comunidades aun en contra de la mayoría de la población, generando confrontación, división, contaminación y sin ningún beneficio, al contrario, nuestras plantaciones nativas se van exterminando lentamente provocando que las grandes empresas de semillas impulsen nuevas plantaciones en nuestra región de acuerdo a sus intereses económicos.

Seguimos resistiendo en la lucha por la defensa de los recursos minerales en el municipio amenazado por las empresas mineras transnacionales que insisten en el saqueo de nuestros bienes naturales poniendo en riesgo la vida de nuestras comunidades, toda vez que los recursos naturales como el agua, la tierra, la flora y fauna de la región se ven amenazados con este proyecto que solo beneficia a unos cuantos, dejando a nuestras comunidades más pobres y sin recursos naturales para subsistir.

Rechazamos la creación de nuevos municipios en los ejidos Pablo L. Sidar y Unión Buena Vista, por ser una estrategia de despojo, control territorial de los bienes naturales y del control político y económico, dejando en manos de las empresas el libre comercio, redes de trata, migración, incremento del alcoholismo y de los problemas sociales que las autoridades no han podido frenar.

De igual manera nos pronunciamos en contra de la inseguridad que se vive en el municipio y la región, amenazados por diversos grupos delictivos que a diario se enfrentan por el control de plazas y del territorio para imponer sus intereses, a quienes no les importa la vida de las personas como aconteció el 9 de diciembre del presente año en el estado de Chiapas, la mayoría originarios de Honduras y Guatemala que intentaban por todos los medios la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Por ultimo Rechazamos de manera enérgica el Acuerdo Presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional, los megaproyectos mineros, Tren Maya, Programa Integral Morelos, Corredor Interoceánico, Aeropuerto de Santa Lucia entre otros, impulsados por el gobierno federal y que ordena a las dependencias oficiales que las autorizaciones para su realización se otorguen en un plazo de cinco días hábiles. Con ello nuestros pueblos quedan en un estado de indefensión, ya que promueve la imposición de los megaproyectos, el ocultamiento de información, la imposibilidad de las comunidades de utilizar medios de defensa frente a la militarización y criminalización de la protesta social.

Lo rechazamos por ser un acto autoritario, contrario a la Constitución y por ser violatorio de los derechos de nuestros pueblos, conquistados después de largos años con la lucha y sangre de nuestras hermanas y hermanos que han dado su vida.

Hacemos un llamado a los diversos sectores, colectivos y movimientos en general en nuestro municipio, estado y país a levantar la voz para anular este Acuerdo por todas las vías posibles y de manera organizada, movilizándonos e impulsando recursos legales con el fin de frenar esta ofensiva que desde el gobierno de la mal llamada cuarta transformación beneficia al gran capital y que ponen en peligro el territorio, los derechos de los pueblos, la soberanía nacional y la vida de nuestras comunidades.

Nos solidarizamos con la lucha y el trabajo del párroco Marcelo Pérez Pérez, por su trabajo como mediador en la búsqueda de la paz con justicia y dignidad entre los pueblos que sufren la violencia y el despojo de sus derechos individuales y colectivos. Y a la vez, solicitamos a los distintos órdenes de gobierno, garanticen el derecho a su vida e integridad personal.

Nuestra resistencia es también propuesta, por lo que hacemos un llamado fraterno para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra autonomía con el fin de defender nuestros bosques, el agua y conservar las semillas nativas; convocamos a impulsar con mayor fuerza el rescate de las medicinas tradicionales que han mostrado su eficacia ante la pandemia de covid, las redes de comercio justo y de resistencia civil pacífica.
Nos pronunciamos en favor de la vida, los derechos de nuestros pueblos y de la Madre Tierra, por lo tanto, hacemos un llamado a la unidad para fortalecer la capacidad organizativa de nuestras comunidades.

Nos manifestamos en contra de las acciones autoritarias de los gobiernos, de la militarización, de los abusos de las empresas y de sus megaproyectos de muerte.

VIVA LA RESISTENCIA DE NUESTROS PUEBLOS
VIVA LOS PUEBLOS ORGANIZADOS
VIVA LA UNIDAD
VIVA NUESTRAS SEMILLAS CRIOLLAS
VIVA LA PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO
VIVA LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.

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Radio Kurruf

Se realiza un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en su proceso de recuperación de tierras en Wallmapu

El sábado 13 de noviembre de 2021 se realizó un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en la comuna de Lautaro, donde han iniciado hace unos meses un proceso de recuperación de tierras. En el transcurso han tenido represión, intentos de desalojo, pero se han mantenido controlando territorialmente, desarrollando una huerta, ruka, recuperando ceremonias y prácticas que van desapareciendo como el Trafkintu y Awkantun juegos mapuche.
Se realizó una radio abierta producida por Hue Nehuen y Radio Kvrruf. Pudimos conversar con asistentes a la actividad como el peñi José Santander Pichún del Lof triftrifko comunidad autónoma de la comuna de Galvarino, el peñi Patricio Peña Railaf, con el Lonko Javier Huentenao que nos compartió un pichi pentukun, con los pichikeche que tuvieron actividades con la organización de salud invitada Cruz Negra donde manifestaron su rechazo a la militarización y por último con la ñaña Rosario Railaf quien apoyó en la organización de esta actividad.

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Radio Kurruf

[Comunicado] Convocatoria Jornada de agitación y propaganda en solidaridad con el Wallmapu

«QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA; CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.
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Comunicado

JORNADA DE AGITACION Y PROPAGANDA EN SOLIDARIDAD CON EL WALLMAPU
(19 al 31 de diciembre).

Marri marri pu peñi pu lamien ka pu wenuy

Desde la coordinacion realizada hace un mes para dar a conocer el caso del desaparecimiento forzado de nuestro hermano Jose Huenante por parte de Carabineros de Chile en la que se convoco a diversos territorios para exigir verdad y justicia, confluyendo distintas organizaciones y lugares dando el apoyo y difusion a la familia de nuestro hermano , hoy nuevamente nos autoconvocamos frente a la actual situacion que se esta viviendo en el wallmapu y la militarizacion por parte del estado chileno, comunicando lo siguiente :

Kiñe._Queremos saludar a las organizaciones mapuche y a todxs nuestrxs hermanxs en pie de lucha y resistencia a lo largo de todo el territorio del wallmapu; pu peñi y lamngen ejerciendo control territorial en los lof de una y otra forma aportando a liberación del pueblo nacion mapuche y su autonomia ;a los presxs políticxs mapuche y chilenxs a cada una de sus pu reñma (familias) que sufren diariamente el abandono , la persecucion y los continuos asesinatos de weichafe ; al pueblo consciente que trabaja por la recuperación del kvme mongen en sus distintas expresiones: tomas de terreno urbanas, escuelas autogestionadas, autocultivo, cuidado y protección de menokos y humedales, etc.

Epu._ Hoy, en un momento politico en que nuevamente la pequeña burguesia frena las luchas sociales y buscando su acomodo en este sistema winka y capitalista,con su tendencia fascista por una y por otro la socialdemocracia llevando como ganado a la «ciudadanía» a elegir su proximo opresor en esta mal llamada «democracia»; la represión y la injusticia no han terminado, por el contrario, crecen y se perfeccionan cada día. La misma policía y los yanakonas es la que cuida los predios que lxs ricxs le han robado a nuestros pueblos, la que nos golpea en las marchas, llega con sus tanquetas a las comunidades, invade las calles de nuestras poblaciones y encarcela y asesina a lxs nuestrxs.
Sin ir más lejos, durante estos meses el gobierno del delincuente $ebastián Piñera junto al lacayo poder legislativo ha decretado el estado de excepcion para una parte del Wallmapu, luego de preparar un escenario mediático (con el apoyo de la prensa tradicional) de supuesto «narco-terrorismo desenfrenado» en su zona macrosur, coronado por la presion de camioneros -gremio que históricamente nunca ha dudado en prestarse para los montajes que sirvan a la derecha fascista de este país. Sabemos que este decreto no es otra cosa que el avance militar que hace tiempo buscaban, como respuesta al gran aumento en el número de recuperaciones territoriales por parte de las comunidades. La mayoría de éstas han afectado al gran latifundio agrícola (Kunz, García,etc.) Y a extensos predios dispuestos para el negocio forestal, que pertenecen a los grupos económicos más influyentes de este país, cómo forestal Mininco y forestal Arauco (Matte y Angelini), entre otros.

Kila._ Las fuerzas armadas y de orden han demostrado entonces no ser otra cosa que la bala que protege a lxs verdaderxs asesinxs: lxs ricxs y poderosxs, quienes se amparan en un Estado latifundistas que dicta las leyes para ellxs y dirige sus fuerzas contra quienes se les oponen o atentan sus intereses ($$$). Cómo quedó también de manifiesto durante la revuelta social de octubre, en la que no dudaron en disparar a su propio pueblo, al ver cuestionadas sus políticas de miseria.

Meli._Corren tiempos difíciles, nuestra mapu ha sido ya muy golpeada por el interés capitalista: los ríos se secan, los bosques se destruyen, ya se habla de la crisis del agua que se nos viene, la devastación continúa a pasos agigantados. En este punto, hacemos un llamado a organizarnos, lejos de las instituciones que ellxs mismxs han preparado bajo sus reglas (como la actual convención constituyente), pero no por eso descuidando los avances que hacen en materia de leyes, ya que de esa manera igual nos van achicando la cancha, poniendo candados a nuestra posibilidad de organización, y dándose más licencias con sus leyes malditas para reprimirnos, saquear y destruir la tierra.

Kayu._Por todo lo anterior -y por mucho más- QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA;
CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.

Que no se apague la llama que por estos días ha vuelto a encenderse, ¡sigamos encontrándonos y conversando, compartiendo experiencias, tendiendo nuestras manos en solidaridad, organizándonos y haciéndonos fuertes, superando juntxs el llafkun (división) y kvtran (enfermedad) que nos aqueja, y así encontrando la manera de golpearlxs y recuperar lo que es nuestro, nuestro kvme mongen, la vida!
Amulepe taiñ weichan!!!

Enviado a la radio.

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Avispa Midia

Refugiados haitianos en Tapachula exigen alto a discriminación y racismo

Por Sare Frabes

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.

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Avispa Midia

Surge nueva escuela autónoma en resistencia en la sierra Mazateca

Por Santiago Navarro F

Fotos: Mapoc

En México los proyectos expansivos del capital, a través de mega emprendimientos de “desarrollo”, se aceleran e incluso son considerados de seguridad nacional. En medio de este escenario, donde la incertidumbre ha tomado por asalto a varios pueblos originarios de México, en un rincón del estado de Oaxaca, en la sierra Mazateca, la comunidad de Agua de Lluvia ha decidido marchar a contracorriente.

La mañana del domingo (12), el sol les pintó distinto, era el día, un nuevo comienzo se asomaba con un nuevo espacio de esperanza en la comunidad, el comienzo de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia. Con la presencia de las autoridades tradicionales, la comunidad en general e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) inauguraron la escuelita comunitaria.

El surgimiento de esta iniciativa remonta a un escenario de crisis y convulsión política que vivía el estado de Oaxaca en el año 2006. En ese momento, una protesta de los profesores afiliados a la denominada Sección 22, había escalado a nivel estatal. Obtuvieron un gran respaldo de diversos pueblos originarios, es entonces que el gobierno creó un sindicato paralelo para contrarrestar fuerza, la Sección 59.

La comunidad de Agua de Lluvia sufrió las consecuencias de esta estrategia, “la Sección 59 tomó la escuela”, cuenta la profesora Rocío Escudero Rodríguez. Fue entonces cuando nace una primera iniciativa en 2011, “junto con algunos padres de familia, quienes apoyaban a la Sección 22, solicitamos personal docente para que se abriera una escuela alterna en una casita”, que les fue prestada.

La profesora, quien también es parte de esta comunidad, relata que todo iba caminando bien, incluso, el número de estudiantes aumentó. “El espacio era muy chico y ya no cabían los niños. De esta manera surge la idea de conseguir un terreno para la construcción de un aula, bajo un proyecto comunitario”, explica la profesora.

Tras varios intentos de recuperar la escuela tomada por la Sección 59 no obtuvieron una respuesta favorable por parte de instancias del gobierno y de la propia Sección 22. Por ello, “decidimos, con los padres de familia en resistencia que, a través de faenas, se iba a realizar el solar y los adobes. Se realizaron rifas. Los niños vendieron lo que cosechamos, chicharos, rábanos. Con lo poco que se iba juntando, comenzamos a comprar lo necesario. Con los niños elaboramos los adobes, cerca de 2500 adobes, y se compraron algunas cosas como cemento y algunas de las comunidades vecinas aportaron grava y arena”.

Esta acción impactó directamente a los padres que apoyaban a la Sección 59 y comenzaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa de la escuelita comunitaria. “Se encargaron de realizar un trabajo político, mal informando a los padres en resistencia, obligándolos a que sacaran a sus hijos, queriendo debilitar el trabajo que ya iba avanzando”, señala la profesora.

Pero no solo realizaron estas acciones, sino que también los lideres de la comunidad, el gobierno y líderes de la Sección 22 hicieron acuerdos sin tomar en cuenta a los padres en resistencia. “Recibí una orden de mis superiores para que me retirara de este lugar y así se pudieran recuperar la escuela. No me quedó otra opción más que aceptar y retirarme de esta comunidad”, agrega la profesora Rocío.

Hoy, la iniciativa de la escuelita comunitaria camina y se le “está dando otro rumbo al proyecto”, remarca la profesora, va a seguir siendo comunitario, pero más abierto. “Se pretenden rescatar las costumbres, la ayuda mutua, la colectividad. Que consolide la armonía de las comunidades que están lastimadas por los partidos políticos, que controlan y dividen a los pueblos”.

Rocío sostiene que el trabajo que se pretende realizar en esta escuelita no busca afectar el trabajo de los docentes de la escuela oficial de la comunidad. “Al contrario, sentimos, que va a ser un apoyo para que realicen sus trabajos pedagógicos de ellos. Porque en esta escuelita comunitaria se van a dar talleres de cuentos, dibujo, lectoescritura, valores, artesanías y del trabajo con el campo, entre otros más, como la música, que pueda servir a la comunidad y a otras comunidades que se quieran integrar. Es un trabajo con los niños, pero también, para los padres”.

Juan Carlos Escudero, mazateco que forma parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (Mapoc), rememora a cada una de las personas que han iniciado este proyecto y el giro que dio la escuela que, en un principio, se buscaba que estuviera bajo la jurisdicción del gobierno. Hoy ha dado un giro radical. “La escancia política de este lugar se ha inspirado en las escuelas y caracoles zapatistas, así como las luchas autónomas y las ocupaciones de tierras”.

El espacio de uso común es una respuesta, también, a los diversos actores que han fracturado a las comunidades mazatecas. “Lo que se pretende con la escuela es retejer el tejido y los lazos en la comunidad. Con el tiempo, se pretende que también sirva para la lucha por la justicia y la dignidad humana y de los pueblos originarios”, agrega Juan Carlos.

Actualmente, mediante los lazos y puentes de solidaridad que han venido construyendo, también se busca resolver las necesidades que requieren. “Porque aquí nadie recibe un sueldo, no se recibe recursos del gobierno y nos movemos con nuestros propios medios. Esa es una gran diferencia con la escuela oficial y nuestra escuela esta inspirada en procesos de lucha que pretende ser desescolarizada”, argumenta Juan Carlos, que anuncia que el próximo año 2022 iniciarán con rifas y una campaña de recaudación de fondos para completar lo que les hace falta.

La profesora Rocío reflexiona que este proceso es una lucecita más que va a fortalecer el caminar de los pueblos que forman parte del CNI. “Con este proyecto vamos a retomar los principios zapatistas. Sentimos que este proyecto va a fortalecer internamente y esperamos que también al pueblo Mazateco y el resto de los pueblos que luchan”.

En el caminar de los 25 años del CNI con sus diversas iniciativas desde los pueblos originarios, “nosotros pensamos que, el hecho de definir este lugar de esta manera, nos fortalece, porque tenemos claro la reconstitución de nuestro pueblo”, agrega Juan Carlos.

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Subcomandante Insurgente Moisés / Comisión Sexta Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés: Gracias

Fuente: Enlace Zapatista

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Перевод на русский язык (Ruso)

Comisión Sexta Zapatista.
Coordinación Travesía por la Vida-Capítulo Europa.

14 de Diciembre del 2021.

A las organizaciones, movimientos, grupos, colectivos, pueblos originarios, e individualidades de las distintas geografías de la tierra ahora conocida como Slumil K´ajxemk´op.

De la Delegación Zapatista La Extemporánea.

Compañeras, compañeroas, compañeros:
Hermanoas, hermanas, hermanos.

Les saludamos desde las montañas del Sureste Mexicano y les avisamos que ya todas las compañeras y compañeros de la delegación aéreo-transportada que, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año del 2021, les visitaron en sus respectivas geografías, ya están en sus respectivos pueblos y posiciones.

A las 21:34 hora zapatista -20:34 hora de México-, de este 14 de diciembre: las 03:34 del 15 de diciembre, hora de Slumil K´ajxemk´op, se confirmó que todas y todos están ya en sus parajes, poblados y posiciones.

Llegamos todas y todos con bien, completos y sanos.  Aunque tod@s estamos movidos y conmovidos por los días y noches que nos permitieron compartir con ustedes.  Regresamos con una herida en el corazón que es de vida.  Una herida que no dejaremos que se cierre.

Ahora nos toca revisar nuestros apuntes para informar a nuestros pueblos y comunidades de todo lo que aprendimos y recibimos de ustedes: sus historias, sus luchas, su resistencia, su insumiso existir.  Y, sobre todo, el abrazo de humanidad que recibimos de sus corazones.

Todo lo que les llevamos fue de nuestros pueblos.  Todo lo que recibimos de ustedes, es para nuestras comunidades.

Por todo eso, por su hospitalidad, por su fraternidad, por su palabra, por su oído, por su mirada, por sus alimentos, por sus bebidas, por su hospedaje, por su compañía, por su historia, por el abrazo colectivo del corazón que son, les decimos:

Kiitos
Danke schön
Hvala ti
Благодаря ти
Gràcies
Děkuju
Grazie
Hvala vam
Tak skal du have
Ďakujem
Aitäh
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¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Pronto nos comunicaremos de nuevo con ustedes, porque la lucha por la vida no ha terminado.  Tenemos todavía mucho que aprenderles y mucho que abrazarles.

Hasta pronto, compas.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre de La Extemporánea Zapatista.

Subcomandante Insurgente Moisés.
Coordinador.
México, Diciembre del 2021.

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Avispa Midia

CIG-CNI: El gobierno “tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio”

Por Avispa

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.

El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.

El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.

El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.

Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.

Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.

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Avispa Midia

México: Se está normalizando y legalizando la actividad militar en la vida civil

Por Samantha Demby

El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.

El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”

En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”

A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.

En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.

“Militarización sin precedente”

La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.

Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.

Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.

Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.

En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.

Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.

Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”

Megaproyectos en el sur de México

¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?

Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.

Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.

Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.

De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.

Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

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El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.

Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.

El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y           riquezas de las ricas tierras del Sureste”.