Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.
Cómo se preparo el escenario previo
La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».
En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».
En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».
Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.
Crónica de una muerte anunciada
Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.
Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.
El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Ante los señalamientos al gobierno provincialde que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.
Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.
«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.
Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.
Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).
En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.
Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.
En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.
Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.
Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.
Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.
Por Prensa Comunitaria
96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.
Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.
Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.
-Una comunidad perseguida y violentada
La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.
Caso Lemún: Solicitan anulación de juicio que condenó a ex carabinero por homicidio simple sin pena de cárcel
En la víspera al 19° aniversario del asesinato de Alex Lemún Saavedra, adolescente mapuche que agonizó cinco días tras el disparo percutado por el entonces Mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer Heysen, los abogados querellantes, junto a la familia de su representado, interpusieron un recurso de nulidad al Tribunal de Angol: solicitando rehacer el juicio que dejó sin cárcel efectiva al responsable, pese a ser declarado culpable de homicidio.
WALLMAPU.- “A una distancia aproximada entre 70 o 100 metros de distancia de la víctima Edmundo Alex Lemun Saavedra de 17 años de edad, teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del grupo impactando al adolescente”, señala el texto de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, tras el juicio contra Marco Treuer Heysen realizado por primera vez en la Justicia Civil, durante los meses de septiembre y octubre del presente año.
Los hechos fueron investigados en 2002 por la Justicia Militar, jurisdicción que sobreseyó el caso dejando en completa impunidad al ex carabinero Treuer. En ese entonces, la familia del adolescente de 17 años recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “donde se acusó a Chile de vulnerar los derechos a la infancia, al acceso a la justicia, entre otros derechos reconocidos internacionalmente. Recomendando al Estado investigar la causa por la Justicia Civil”, explica Eduardo Painevilo, abogado de la familia Lemún.
La querella presentada por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR,, representantes de la familia Lemún Saavedra, solicitaba 20 años por delito de homicidio calificado en consideración a la premeditación del asesinato. Entre otras razones, debido al cambio de munición realizada por Treuer en su arma de servicio, pasando de balines de goma a postas de plomo.
Argumento desestimado por el Tribunal de Angol, que calificó el delito como homicidio simple, condenando al ex funcionario a tres años de presidio menor en su grado medio y suspensión de cargos públicos durante este tiempo. Pena que, además, se dio por cumplida al considerar la prisión preventiva que Treuer sostuvo en Santiago.
“Recordemos que el 28 de septiembre de 2018, Marco Treuer Heysen es formalizado y queda en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Sucre. En junio de 2019, se revisan las medidas cautelares y sale en libertad a su casa con arresto domiciliario total hasta hoy que, finalizado el juicio, su condena de 3 años se dio por cumplida sin cárcel efectiva”, señala el abogado Painevilo.
“No existe razón suficiente para establecer una legítima defensa como justificación”
Al conocer la sentencia, Sebastián Saavedra, también abogado querellante, señaló que en su criterio, “han operado lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros. Se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho. Teníamos la esperanza de que un Tribunal Civil actuaría de una forma distinta a como lo ha hecho la Justicia Militar y la verdad es que se asemeja bastante a las penas que se impusieron a los casos de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio”, agregó.
Dentro de los diez días que estima la ley, la parte querellante presentó un recurso de nulidad, señalando en su argumentación que “no existe razón suficiente para establecer una legítima defensa como causal de justificación, ni de legítima defensa incompleta como circunstancia atenuante” y tampoco la supuesta colaboración sustancial del acusado.
Según profundiza Saavedra, “la legítima defensa requiere, como principio básico, que exista una agresión ilegítima y según los propios antecedentes establecidos por el tribunal al momento de cambiar la munición de goma a plomo, o a letal, las piedras ya no les llegaban (a carabineros) o al menos ya podían esquivarlas, es decir, ya no existía un peligro inminente o actual en contra de la integridad física de ninguno de los funcionarios”.
En cuanto a la colaboración que el ex carabinero habría entregado en el proceso, “la ley señala que debe ser sustancial y el mismo tribunal establece que cada uno de los puntos en los que se supone el condenado colaboró, ya estaban siendo acreditados o habían sido acreditados por otros medios, como testigos y pericias”.
En la sentencia, el Tribunal, pese a considerar el carácter del delito contra los Derechos Humanos al ser cometido por un funcionario público, no lo reconoció como un agravante. “Según los jueces, el condenado no sé aprovechó de su calidad de funcionario para ejercer el delito, lo que evidentemente nosotros no entendemos, puesto que utilizó armamento fiscal, que fue entregado precisamente para cumplir la ley y es utilizado, al contrario, para cometer el crimen”, reforzó Saavedra.
Finalmente, el abogado agregó que, a su criterio, no se aplicó correctamente el derecho tanto en la calificación del asesinato como homicidio calificado como en la consideración de la agravante, “esto mermó los derechos de las víctimas al no haber aplicado una pena superior, dentro de lo que corresponde según la ley”, puntualizó Saavedra.
La causa ya se encuentra en la Corte de Apelaciones de Temuco y en el plazo aproximado de un mes se desarrollarán los alegatos de rigor.
ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una solución a la crisis climática mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una “peligrosa estafa” por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países. “Es un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender”, se pronunciaron en un comunicado.
Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten árboles. En cambio, las empresas compensarían el daño climático provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el área de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensación de emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.
Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. La solución, para ellas, está en dejar el petróleo en el suelo y eso no está en discusión en la conferencia.
Además, las SBN generarán la expulsión de los pueblos y comunidades que viven en una relación integral con los bosques. “(…) Cercarán los espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducirán la ‘naturaleza’ a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos climático”, sostienen las organizaciones.
Para comprender de forma más detalla qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevistó a Winnie Overbeek, miembro de la coordinación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en inglés), organización que, desde hace tres décadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. “Es nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones”, dijo.
A continuación presentamos la edición de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.
La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.
El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.
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El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.
Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.
Durante este medio día en Concepción, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarización en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.
La convocatoria emanó desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepción, quienes también llamaron a una marcha para el próximo lunes, conmemorando los tres años del asesinato de Camilo Catrillanca a manos de efectivos del Gope de Carabineros.
Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersección de las calles Aníbal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llamó a las y los transeúntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepción impuesto en primera instancia por el imputado Sebastián Piñera y ratificado por la cámara de Diputadas/os el pasado martes.
Cabe recordar que el estado de excepción se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingresó un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 días más, situación aprobada por 76 votos a favor y 59 en la cámara baja.
Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepción se hizo hincapié en que el resultado del estado de excepción solo aumentó los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.
Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarización del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.
Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepción:
Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.
Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:
Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.
Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!
Por último, extendemos la invitación para el próximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos caídos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam.
Más de una docena de rostros blancos recorren sin esfuerzo las laderas escocesas en bicicletas eléctricas de alta gama. Sus uniformes, una paleta de tonos verdes, llevan el logotipo del gigante energético español Iberdrola, junto al emblema de la Conferencia de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la COP, que se celebra actualmente en Glasgow (Reino Unido) hasta el 12 de noviembre.
Cada año, Iberdrola organiza la rodada a la COP para “concienciar en la lucha contra el cambio climático”, según la propia ONU. Este mes la empresa multinacional anuncia en tuits decorados con corazones verdes y emojis de bicicletas: “Lideramos la lucha contra la #EmergenciaClimática con las #renovables, pero no es suficiente: ¡TODOS debemos acelerar la transición energética!”. Con el objetivo declarado de hacerlo, Iberdrola patrocina a sus empleados de alto nivel, junto con representantes de la ONU y otras instituciones ambientales influyentes, para que acudan a la COP 26 en bicicleta eléctrica para entregar un “manifiesto para la acción climática”.
Iberdrola proyecta una imagen de empresa líder en energías renovables. La asociación de la empresa con la ONU contribuye en gran medida a esta imagen.
La filial de Iberdrola, Scottish Power, es un “socio principal” de la COP 26. Durante la conferencia, el Grupo Iberdrola organiza eventos con actores clave en la toma de decisiones en torno a la crisis climática, como el gobierno británico, el país anfitrión de la conferencia este año. Además, el “Auditorio Scottish Power” es la sede de “sesiones interactivas” organizadas con instituciones como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Finalmente, Iberdrola cuenta con una caseta en la “Zona Verde” de la COP 26, donde visibiliza su propio “liderazgo climático”.
Lejos de la pompa verde de Glasgow, en México, casi el 90% de la energía que produce Iberdrola no es renovable. De un total de 10.511 megavatios generados por la empresa en el país, 9.146 proceden de 12 centrales de ciclo combinado, mientras 4 plantas de cogeneración producen otros 202 MW. En cuanto a las energía renovables, Iberdrola – que ha jugado un papel destacado en el sector energético del país desde los 1990 – opera 7 parques eólicos con una capacidad total de 693 MW, además de 3 parques fotovoltaicos capaces de producir 470 MW, lo que supone una producción total de 1.163 MW en energías renovables.
Defensoras indígenas denuncian a Iberdrola
De los 7 parques eólicos de la empresa en México, 4 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde el aprovechamiento de las intensas ráfagas de viento por empresas como Iberdrola ha provocado intensos conflictos territoriales.
El 4 de noviembre, un par de días antes de que la rodada de Iberdrola partiera de Edimburgo hacia Glasgow, defensoras y defensores indígenas se concentraron frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México para denunciar “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación” ocasionados por Iberdrola.
En el marco del día de acción contra el lavado verde, convocado por el Encuentro de los Pueblos que se celebra paralelamente a la COP 26 en Glasgow, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura y del Congreso Nacional Indígena precisaron en un comunicado que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, así como “las supuestas ‘energías limpias’ como los parques eólicos y fotovoltaicos también despojan, contaminan y matan la tierra fértil, lo mismo que explotan y desplazan a los pueblos.”
Usando un megáfono para tapar el sonido de los coches que pasaban por la autopista, una miembra de la APIDTT leyó una carta que se entregó a los directores de la empresa, en la que se expresa “nuestra indignación porque empresas trasnacionales como Iberdrola y su filial Scottish Power, responsables de tales delitos en contra de los pueblos en México…sean los socios principales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática Mundial COP 26.”
En el Istmo, Iberdrola actualmente opera 4 parques eólicos: Bii Nee Stipa en el Espinal; Dos Arbolitos en Juchitán; PEM (Parques Ecológicos de México), antes conocido como La Ventosa, en Juchitán; y el Parque Eólico La Venta III en Santo Domingo Ingenio. Desde que Iberdrola comenzó a operar en la región, ha sido acusada de corrupción, falta de transparencia y graves impactos ambientales y sociales.
Como documenta el investigador Luis Miguel Uharte Pozas: “En los proyectos eólicos que Iberdrola tiene en Oaxaca…los testimonios recogidos en el marco de nuestra investigación indican que Iberdrola sobornó a las autoridades municipales para que convencieran a los ejidatarios de alquilar sus tierras para instalar los molinos de la empresa.”
Uharte Pozas agrega: “La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (2011) tiene registradas diversas denuncias contra ‘el representante en la región de Iberdrola’ por haber intimidado y amedrentado a los ejidatarios del parque La Venta III. En el parque de La Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio.”
Los impactos ambientales de los parques eólicos están bien documentados. Un ejemplo que atañe a Iberdrola es la muerte de unas 3 mil 900 aves y 6 mil murciélagos al año como consecuencia de la colisión con las turbinas del parque eólico La Venta II, en el que Iberdrola participó. Al mismo tiempo, en la COP 26 la multinacional promueve actos con su socio Birdlife International, una mega-asociación de grandes organizaciones de conversación dedicada a la protección de las aves.
A estas acusaciones se suma la evidencia de las puertas giratorias que han existido entre Iberdrola y el gobierno mexicano durante décadas, como documenta el informe “La insolación mexicana de Iberdrola” (2020). Por ejemplo, hasta 2015, el presidente de la filial mexicana de Iberdrola fue Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000). Entre 2016 y 2019, el ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006 – 2012) – cuyo sexenio dio lugar a la adjudicación de varios contratos para Iberdrola – se desempeñó como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa.
COP 26: Plataforma para el lavado verde
Mientras la COP 26 llega a su fin este viernes, los activistas indígenas y medioambientales siguen denunciando que la conferencia es una plataforma para las estrategias de lavado verde de empresas contaminantes como Iberdrola.
Como resume la destacada activista climática Greta Thunberg: “Los líderes no se están quedando de brazos cruzados, sino que están creando activamente lagunas y configurando marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo”.
Las y los defensores del territorio tampoco se quedan de brazos cruzados. Más allá de manifestarse en contra de Iberdrola y sus socios en la ONU y en la COP, buscan generar salidas alternativas a la crisis climática. Como dicen los propios pueblos en su carta a los directores de Iberdrola, “soluciones reales y verdaderas (…) apegadas a la Naturaleza y en defensa de la Vida.”
El lunes, 8 de noviembre, se cometieron dos graves atentados en el departamento de Cauca, en Colombia, con un modus operandis similar, contra líderes indígenas de la región, lo cual ha alertado a las autoridades tradicionales.
El primer atentado aconteció durante la tarde, fue en contra del exgobernador indígena Cauca, Ovidio Hurtado. Cuando el indígena se encontraba en la vereda Santa Helena, municipio de Caldono, en Cauca, dos sujetos armados intentaron interceptar el auto en donde viajaba acompañado de su familia y personal a cargo de su seguridad.
El personal de seguridad, al percatarse de que ambos sujetos tenían en su poder armas, optaron por acelerar el auto en un intento de sobrepasarlos. Acto seguido, los sujetos dispararon al auto en movimiento en varias ocasiones. Afortunadamente, ni el exgobernador, los miembros de su familia, ni su guardia resultaron heridos.
El segundo siniestro sucedió por la noche y tuvo como objetivo a Edison Zetty, coordinador Kiwe Thegnas de la Guardia del Resguardo de Las Delicias, Cauca. El indígena habría sido amedrentado esa misma tarde por miembros de grupos delictivos de la región.
No obstante, no fue hasta la noche, mientras Zetty y sus guardias se movilizaban en un auto hacia su hogar, cuando en medio de la zona rural del municipio de Buenos Aires fueron abordados por hombres armados que les dispararon repetidamente. Nuevamente, la reacción de los guardias salvó la vida del indígena y el personal, únicamente dejando como consecuencia danos al automóvil.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lanzó un comunicado rechazando y criminalizando los actos violentos a los que se enfrentan los defensores del territorio y puntualizando que el atentado contra Zetty cobra relevancia considerando que en menos de tres días la asamblea del Plan de Vida Sa’th Fxinxi Kiwe se reunirá en Las Delicias.
“En el 2018 se registraron 26 homicidios, en el 2019 fueron 108, en el 2020 se contaron 106, y en lo que llevamos de este 2021, son 81 los comuneros y líderes asesinados en el Cauca. Es una situación complicada, rechazamos la ola de violencia en nuestros territorios y exigimos al Gobierno Nacional que nos dé las garantías”, expresó Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, de la zona norte.
Durante la jornada de éste lunes se llevó a cabo una concentración en memoria de Yordan Llempi, y rechazo al decreto de estado de excepción para comunas de la región del Biobío y de la Araucanía, medida que ha significado permanente presencia militar en caminos y accesos a comunidades mapuche, procedimientos considerados como irregulares por parte de las familias mapuche como controles excesivos y dirigidos a personas mapuche en vías y rutas públicas, e incluso la muerte del joven Yordan en el sector de Huentelolen.
Cerca de las 15 horas comenzó la manifestación en la plaza Camilo Catrillanca (ex plaza Dagoberto Godoy). En el lugar se reunieron decenas de personas con el fin de visibilizar la realidad que se vive en las comunidades mapuche del Wallmapu
Sin embargo, ésta acción no ha sido la única; a pesar de encontrarse muchas zonas del territorio mapuche bajo la militarización del estado chileno, las manifestaciones por la muerte de Yordan a manos de un miembro de infantería de marina se han multiplicado y diversificado en distintos territorios. Desde cortes de ruta, recuperaciones territoriales, concentraciones y marchas, hasta acciones de sabotaje, han sido algunas de las formas en que se ha expresado el descontento ante éste nuevo episodio donde un mapuche muere en manos de las fuerzas de orden durante el gobierno de Sebastán Piñera.
Compartimos registros de algunas de las acciones llevadas a cabo estos días, y declaraciones de familiares de Yordan donde desmienten la versión oficial entregada por fiscalía e incluso gran parte de representantes del gobierno en Tv abierta, donde afirman la hipótesis de enfrentamiento
Cárcel de Temuco 07 de noviembre: Comunicado del machi Celestino Córdova
Panguipulli 07 de novimbre: Inicio de reuperación territorial » la comunidad José Miguel Velásquez Aillapan y las comunidades en resistencia del territorio de Panguipulli Mapu, honramos a través de la recuperación territorial a nuestro peñi Jordán llempi caído en la defensa de nuestro territorio por las balas asesinas del Estado chileno.Creemos que la recuperación territorial es una de las mejores formas de honrar a todos los weichafe que han entregado su vida por la defensa y recuperación de nuestro territorio que fue usurpado y robado a través del genocidio de nuestro pueblo por parte del Estado chileno…», señalan en una declaración pública.
Osorno 05 de noviembre:
Temuco 05 de noviembre: Jóven del hogar mapuche Pelontuwe resulta lesionado por fuerza policial en manifestación por Yordan Llempi:
05 de noviembre 07:42 AM: En estos momentos las comunidades Kilape López y Liempi Colipi están realizando una acción en conjunto en un camino local que conecta con la ruta internacional, en las afueras de Curacautín. El corte de camino que se está concretando, es en respuesta al asesinato de Jordan Lliempi Machacan y en contra de la militarización del Wall Mapu . Información en curso.07-42 AM.»
Concepción, 04 noviembre 2021- Conversamos con Danitza Herrera, pareja de Yordan Llempi Machacán, desde el Servicio Médico Legal donde estuvimos a la espera que entregasen el cuerpo del joven mapuche asesinado por la armada. Relata que Yordan fue baleado al interior de su hogar, que los militares impidieron que lo trasladaran aún consciente hacia el hospital más cercano en Cañete, teniendo que ir hacia Tirúa perdiendo tiempo valioso en lo que pudo quizás ser reanimado. Describe como disparaban a mansalva hacia las personas que transitaban por la ruta.
Ercilla, 04 novimebre 2021: Fuerte represión de fuerzas policiales y ejército a comunidades mapuche que se manifestaron por el asesinato de Jordan Llempi Machacán. Registro de Werken Noticias
Villarrica, 4 de noviembre del 2021 20:30 hrs: Se realiza una concentración en el frontis de la municipalidad de Villarica, en memoria de Yordan Llempi.
Éstas son solo algunas de las manifestaciones y expresiones que se han dado desde que cae Yordan Llempi, en un estado de excepción que desde el primer día fue motivo de cuestionamiento por parte de autoridades tradicionales del pueblo mapuche y las comunidades en general.
Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.
No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.
El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.
La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.
Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.
Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.
Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).
Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.
Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.
Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.
De la vista gorda
Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.
Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.
Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.
Covid-19
Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.
Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.
¿Las autoridades?
La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo ha sido presentado el 28 de octubre.